EMIR OLIVARES, ARTURO SÁNCHEZ Y GUSTAVO CASTILLO / P 3 Y

Confi rman que el fi scal especial entregó a Israel el expediente de Zerón

GUSTAVO CASTILLO Y EMIR OLIVARES

El titular de la Fiscalía Especial del Caso Iguala, Omar Gómez Trejo, viajó a Israel y, junto con otros funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entregó toda la documentación que acredita la probable participación de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la procuración de justicia, en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Funcionarios federales confirmaron que Gómez Trejo se trasladó a aquel país en compañía de sus principales agentes del Ministerio Público, aunque no precisaron si acudió para tratar de mantener las negociaciones con Zerón de Lucio –prófugo de la justicia mexicana–, a fin que éste reciba los beneficios de ley si colabora en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes.

El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa apunta a que los 43 normalistas fueron privados de la libertad, desaparecidos y ejecutados por el grupo criminal Guerreros Unidos, en colusión con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014; posteriormente, desde las más altas esferas del poder público se urdió la llamada verdad histórica, en la que Zerón y el ex procurador Jesús Murillo Karam –hoy detenido– fueron actores centrales.

En torno a Murillo Karam, quien cumplió ya ocho días preso en el Reclusorio Norte, fuentes cercanas a su defensa legal aseguraron que “confía en que se haga justicia y, si se realiza un proceso con apego a derecho, recuperar su libertad.

“Sin embargo, lo preocupante es su estado de salud, sobre todo por el padecimiento cerebrovascular que presenta y afecta su memoria y limita su capacidad física. Aunque se mantiene lo más tranquilo posible porque un estado altamente nervioso podría generar una crisis.”

Sobre el caso de la extradición de Zerón, hace unos días el canciller Marcelo Ebrard declaró: “Ya está integrado todo el expediente, ya se entregó la mayor parte de la información que solicitó el gobierno de Israel, según nos ha informado la FGR”.

Indicó que en Israel se encuentra el director jurídico de la cancillería, César García Mondragón, “viendo todo lo que sea de apoyo a la gestión de la FGR, pero yo diría que vamos por buen camino”.

“El A1 es el gobernador”

Familiares del ex alcalde del PRD José Luis Abarca Velázquez responsabilizaron al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero de los trágicos sucesos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas.

En conferencia de prensa, ayer en la ciudad de Iguala, anunciaron también que este domingo llevarán a cabo una manifestación.

Yazaret Abarca Pineda, hija del ex edil y de María de los Ángeles Pineda Villa, presos desde hace ocho años, dijo que con la extradición de Zerón se conocerá la verdad de los hechos y quiénes fueron los responsables.

Por su parte, Zaid Lara Abarca, primo de Yazaret, aseguró que una de las claves, A1, que utilizaron los elementos de seguridad pública y protección civil correspondía al go-

▲ Autoridades de la FGR y la SRE buscan la extradición de Tomás Zerón. Foto Afp

bernador del estado (Ángel Aguirre Rivero), y la clave la A5 era la del presidente municipal.

Acusaron que desde hace ocho años en que está preso, a Abarca Velázquez no se le ha permitido declarar su verdad acerca de los acontecimientos. “Él sólo cumplió con los protocolos que le instruyeron los altos mandos, de lo que en esos tiempos era el mando único. Lo sucedido en Iguala no fue su decisión como autoridad municipal”.

Con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal

El Ejército y la noche de Iguala

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Escalofriante. El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.

Quien denuncia la atrocidad perpetrada por los uniformados no son los padres de familia, ni los normalistas, ni periodistas, ni defensores de derechos humanos. No. Es el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Esa noche, el coronel estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. No era casualidad, había entablado una magnífica relación con el alcalde. De hecho, aparecieron juntos en distintos momentos, encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, según declaró a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, Rodríguez Pérez “no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.

Al rendir su testimonio, el coronel declaró que no tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo falsamente. A pesar de su experiencia, durante los años que estuvo al mando del batallón tampoco pareció darse cuenta de los centenares de fosas clandestinas que se cavaron en su territorio, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en Iguala un punto central de distribución hacia Chicago y Atlanta.

El día de la matanza, integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo fueron a las instalaciones del batallón para buscar ayuda, luego de que uno de sus compañeros murió después de ser salvajemente atacados a balazos a las 12:30 de la noche, por policías y sicarios. El coronel Rodríguez se negó a auxiliar a los heridos.

Los vínculos estrechos del entonces alcalde con el Ejército son anteriores al arribo del coronel Rodríguez al frente del 27 Batallón. El 22 de enero de 2008, se colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de José Luis Abarca.

El presidente municipal pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del futuro gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo despensas a sus simpatizantes. Conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. El PRD no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes criminales de la región.

Plaza Tamarindos se ubica frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21, “en su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”.

El 27 Batallón de Infantería está especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas. Tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.

Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. En marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.

Como parte de su estrategia contrainsurgente, el Ejército sembró a varios soldados como espías en la Normal Rural de Ayotzinapa. Según declaró el doctor Arturo Miranda a Sergio Ocampo de La Jornada, a través del gobernador Ángel Aguirre “infiltró a presuntos jóvenes pobres, dos de los cuales estuvieron al tanto de la desaparición de sus demás compañeros… No supimos si entraron los seis, o solamente uno o dos, entre ellos Julio César López Patolzin, que ingresó en 2012”.

La mañana del 31 de octubre de 2014 una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 Zona Militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Después de enumerar una larga lista de políticos vinculados con el cártel, el mensaje indicaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 Batallón de Infantería: el teniente Barbosa y el capitán segundo Crespo (quien estaba al frente del pelotón encargado de operar en el terreno), involucrados con la organización criminal.

En octubre de 2015, ante las cámaras de Televisa, el general Cienfuegos impidió que se interrogara a militares por Ayotzinapa. “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento”, subrayó. El coronel Rodríguez fue removido del 27 Batallón un año después de la masacre y ascendido a general brigadier el 19 de noviembre de 2015. ¿Cuándo se detendrá a estos militares y a otros más implicados en el crimen? ¿Cuándo se apresará a Gualberto Ramírez, ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, pieza clave de la “Mentira Histórica”? Twitter: @lhan55

Defi ende AMLO la conveniencia de que la GN dependa de la Sedena

“Tengo la responsabilidad con el pueblo de garantizar la paz y la tranquilidad”, asegura

EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que lo conveniente para garantizar la seguridad pública en el país es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No me puedo quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México. Tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y tranquilidad”, apuntó durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.

Al preguntarle sobre el proceso que seguirá para alcanzar ese propósito, indicó que el 1º de septiembre enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley preferente. Corresponderá, dijo, al Legislativo aprobarla o desecharla y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en caso que se promuevan recursos– definir si es o no constitucional.

La iniciativa será “preferente, para que de inmediato se decida. Y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley puedan acudir a la Suprema Corte y ahí se decida. Si los poderes Legislativo y Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que digan, porque somos independientes, como no se había visto en la historia”.

El mandatario remarcó que no propondrá una reforma constitucional debido a que los legisladores de oposición, “el bloque conservador”, han manifestado que no aprobarán no sólo ésta, sino muchas de las iniciativas que envíe para cerrar su sexenio, declarándose en “moratoria” legislativa, “aunque siguen cobrando”.

Afirmó que en este debate debe considerarse también la opinión de la ciudadanía y no sólo de los intelectuales, expertos, políticos, defensores de derechos humanos y de los “sabiondos”.

Presentó dos gráficas con resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la percepción ciudadana del papel de las fuerzas armadas en cuanto a desempeño y confianza, según la cual la Marina es evaluada con 84.3 y 86.6 por ciento favorable, respectivamente; el Ejército, con 81.3 y 83.3, mientras a poco más de tres años de operaciones, la Guardia Nacional tuvo 70 por ciento de aprobación.

Aunado a ello, el jefe del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de que la SCJN mantenga la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa contra los presuntos responsables de delitos graves, pues de lo contrario se pondría el riesgo la estrategia de seguridad.

Señaló que los jueces han abusado de la prisión preventiva oficiosa y dijo estar en desacuerdo con el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, quien se ha manifestado en favor de suprimirla.

“¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué, es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza?”

Cuando se le hizo ver que Zal-

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que enviará una iniciativa de ley preferente, para que el Congreso de inmediato decida. Foto José Antonio López

dívar argumenta que eliminar la detención de oficio podría beneficiar a la mayoría de detenidos sin sentencia de escasos recursos, el mandatario respondió que están presos porque “el Poder Judicial no los defiende, (éste) debería tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura”.

Descarta Godoy trato de urgente y obvia resolución para iniciativa presidencial

GEORGINA SALDIERNA, FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA BECERRIL Y ALFREDO VALADEZ

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados seguirá el procedimiento establecido en las iniciativas preferentes para desahogar la propuesta que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional (GN) y no pedirá que se le dé trato de obvia y urgente resolución, precisó ayer el vicecoordinador Leonel Godoy.

En el Senado, legisladores de Morena respaldaron la iniciativa preferente, pero su coordinador, Ricardo Monreal, advirtió que no es viable, porque para dejar el control operativo y administrativo de la GN en la Secretaría de la Defensa (Sedena) se requiere una reforma constitucional.

El artículo 71 de la Constitución indica que la propuesta de cambio legislativo de carácter preferente debe ser discutida y votada por el pleno de la cámara de origen en un plazo máximo de 30 días naturales.

Si no ocurriera de ese modo, la iniciativa en sus términos, y sin mayor trámite, será discutida y votada en primer lugar durante la siguiente sesión plenaria.

En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá procesarla en las condiciones referidas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario, el Presidente de la República puede presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente.

La Carta Magna también define que no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma constitucional.

En tanto, en la maestría de derecho que imparte en la UNAM, Monreal reiteró que entiende que el Ejecutivo federal opte por modificaciones a leyes secundarias porque su partido no cuenta con la mayoría calificada para reformar la Constitución ni en la Cámara de Diputados ni el Senado.

La propuesta, recalcó, no es aplicable, “ya que no puede ser por la vía del decreto ni acuerdo ni tampoco ningún otro ordenamiento jurídico menor a la Carta Magna”.

Contrario a la visión de Monreal, el senador César Cravioto resaltó que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría simple necesaria para aprobar la iniciativa preferente.

La senadora Antares Vázquez lamentó que el coordinador de la bancada adopte posturas similares a las de la oposición.

Los morenistas debatirán el tema el próximo martes con el propio titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien por primera vez asistirá a una plenaria del grupo. Acompañarán al funcionario la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio.

Prisión oficiosa

En Zacatecas, la senadora Olga Sánchez Cordero opinó que es “un buen momento” para reformar la Constitución sobre los ilícitos que pueden ser objeto de prisión preventiva y cuáles no deben ser añadidos a esta figura.

Ahora es “un buen momento de revisar qué delitos deben ser considerados como graves, con prisión oficiosa, y cuáles delitos no” la ameritarían.

Insta la CIDH a eliminar la prisión preventiva y el arraigo

JESSICA XANTOMILA

En la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años por su presunta participación en el asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamez Pérez, ex regidora de Atizapán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatizó la necesidad de eliminar de la Constitución dicha figura y la del arraigo.

El Estado mexicano respondió que el país se encuentra en revisión de esta medida cautelar, lo que es “reflejo de una democracia sólida”.

En Brasilia, la comisionada Esmeralda Arosemena, de la CIDH, expuso que Daniel y Reyes sufrieron detención arbitraria, que viola el principio de inocencia. Recordó a la Coridh que este tribunal señaló en el caso Montesinos versus Ecuador que “una figura que faculta la detención basada en la gravedad del delito y presunta responsabilidad de las personas es inconvencional, pues implica una detención arbitraria contraria a la presunción de inocencia”.

Rememoró que la Coridh ya ha requerido la adecuación del marco constitucional, como en el caso Olmedo Bustos versus Chile. Y subrayó “la importancia de que la Corte en su sentencia haga implícito que las restricciones constitucionales no pueden prevalecer sobre la Convención Americana ni la interpretación de este mismo tribunal si son éstas más protectoras”.

La representación del Estado, encabezada por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, precisó que la figura del arraigo está “como reminiscencia en la Constitución para casos de delincuencia organizada”. Sobre la prisión preventiva oficiosa, retomó que hay dos proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconvencionalidad e inconstitucionalidad.

Si bien destacó que ello es una oportunidad para avanzar en el ajuste con los compromisos internacionales, enfatizó que la posición del Ejecutivo federal es “evaluar, reflexionar y atender la necesidad de estas figuras por el contexto de inseguridad, de percepción de impunidad, en el sentido de la sustracción de ciertos individuos de la acción de la justicia, de la posibilidad de que la corrupción llegue a los operadores de justicia o incluso amenazas a su vida, a su integridad o a la de sus seres cercanos”.

Atendió Héroes Paisanos a 634 mil personas, reporta el INM

Concluyó el operativo para apoyar a connacionales que visitaron el país en las vacaciones de verano

DE LA REDACCIÓN

Al concluir el periodo vacacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio por terminado el Operativo Especial de Verano 2022 de Héroes Paisanos, mediante el cual se atendió a 634 mil connacionales en 214 módulos fijos, ubicados en aeropuertos y cruces internacionales, centrales de autobuses y plazas públicas del territorio nacional.

En un comunicado, informó que el operativo se inició el 25 de julio pasado y contó con la participación de 454 voluntarios de la sociedad civil, quienes atendieron a personas mexicanas provenientes en su mayoría de Estados Unidos.

A los visitantes se les proporcionó información sobre trámites y servicios que se requieren dentro y fuera del país, con la finalidad de que su viaje a México se realizara sin contratiempos y de manera segura, destacó.

El INM señaló que pese a la conclusión de este operativo especial de verano, se ofrece de manera permanente la Guía Héroes Paisanos, disponible a través del enlace http:// www.gob.mx/paisano.

En ella se encuentra información relacionada con trámites y medidas de seguridad, a fin de que sean satisfactorios, tanto su estancia como su recorrido por territorio mexicano.

Con el programa Héroes Paisanos del INM, de manera coordinada con diferentes instancias federales y estatales, se garantiza el ingreso, tránsito y salida de los connacio-

▲ El plan contó con el respaldo de 454 voluntarios, informó el INM. En la imagen, garita de San Ysidro, en Tijuana. Foto Notimex

nales con absoluta garantía de sus derechos, así como la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Entender Ayotzinapa

FABRIZIO MEJÍA MADRID

La “verdad histórica” fue un encubrimiento. Se produjo mediante la tortura de 77 personas, la fabricación de una escena del crimen y un gasto de millones de pesos para producir una película, al menos tres libros y cientos de opiniones en los medios. Tres verdades se trataron de encubrir con este despliegue monumental de mentiras: que no había diferencia entre el crimen organizado y las policías municipales y estatal de Guerrero; que los estudiantes de la Normal Isidro Burgos fueron detenidos para, luego, dividirlos en grupos, asesinarlos, destazar sus cuerpos y repartir los restos en diversos puntos de la propia ciudad de Iguala; finalmente, ocultar que el Ejército había participado de toda aquella monstruosidad.

La primera mentira del entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy preso, y Tomás Zerón, el encargado de las investigaciones criminales en el país, hoy prófugo en Israel, fue asegurar que los normalistas se habían buscado su desenlace por estar involucrados con un grupo criminal. Así, como en una versión calcada de la matanza del 2 de octubre de 68, se sostuvo que era un enfrentamiento entre Rojos y Guerreros Unidos. Se ha probado que los normalistas no tenían nada que ver con el crimen organizado y, para muestra, hoy se puede leer en el informe de la presidencia de la Comisión del Caso Ayotzinapa, que todos los mensajes telefónicos de los estudiantes la noche de su desaparición son entre alumnos. Por el contrario, los de los policías municipales son con dirigentes del crimen organizado de Guerreros Unidos. La “verdad histórica” trató de ocultar que existía un grupo de élite de las policías de Iguala, Huitzuco y Cocula llamado Los Bélicos, que eran ya un cuerpo intermedio entre la autoridad policiaca y el sicariato. Su existencia señala con claridad que en el Guerrero de Ángel Aguirre las policías eran ya un brazo armado del crimen organizado, y no al revés. No es que la policía haya “entregado” a los jóvenes de 16, 17 años a los narcotraficantes, sino que estaban bajo sus órdenes. Esa noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, se desplazan casi la mitad del total de policías de Huitzuco y los municipales de Cocula, sin que exista una orden oficial, sólo la comunicación de Guerreros Unidos. La actuación de la policía estatal y federal responde a la misma orden. Después del 27 de septiembre, una vez que Guerreros Unidos recibe de un personaje en la Ciudad de México al que se identifica como el A1 la certeza de que “todo se va a enfriar rápido”, se rompe la relación y los delincuentes acaban en manos de los otros delincuentes, los de la autoridad del gobierno de Peña Nieto, Murillo y Zerón, para, torturados, confesar lo que se les dice: que incineraron a los muchachos en el basurero de Cocula y dispersaron los restos en el río San Juan.

La segunda mentira de la “verdad histórica” es, precisamente, que los normalistas habían sido llevados juntos, los 43, a su incineración en un basurero. Desde marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, había presentado un video encontrado durante la apertura, ordenada por López Obrador, de los archivos de la Marina: en él se ve cómo la Procuraduría de Murillo y Zerón esparce bolsas y enciende un fuego, horas antes de que aparezcan los forenses. Lo que vimos fue la fabricación de una escena del crimen, aun antes de que los torturados de Guerreros Unidos la señalaran. Para quienes todavía recordamos los debates de si era o no posible que se incineraran 43 cuerpos humanos en una noche lluviosa, el video resultó en uno más de los huecos de aquella verdad que dio Murillo Karam para pasar la página, para “superar” la tragedia –como dijo en diciembre de 2014 y enero de 2015 Enrique Peña Nieto– con una mentira manufacturada que ponía a salvo a las policías y al Ejército mexicanos. Porque, según se lee en el anexo 8 del informe, los 43 desaparecidos no abandonaron Iguala: unos fueron cremados y otros llevados probablemente al batallón 27 del Ejército, lugar al que los familiares de los muchachos llegaron para tratar de buscarlos. Se encontraron con un militar que, con media sonrisa, respondía con silencio al padre de familia que le preguntaba: “¿Dónde están? ¿Dónde los tienen?”

La tercera mentira fue que el Ejército no estaba involucrado. Consideraba a la Normal Isidro Burgos como un objetivo de contrainsurgencia. La tenía espiada con el programa israelí Pegasus. Ahora sabemos que tuvo conocimiento en tiempo real de los balazos, las detenciones y las desapariciones. No sólo los militares de Iguala, sino los de Chilpancingo, la zona militar de Guerrero y, probablemente, la Secretaría de la Defensa. También, el CISEN de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, a cargo de Eugenio Ímaz. El Ejército tenía tres infiltrados siguiendo las actividades de los alumnos de la normal rural. Uno de ellos, Julio López Patolzin, resultó desaparecido sin que la institución a la que pertenecía levantara un dedo para rescatarlo. Otros, como el capitán José Martínez Crespo, se dedicó a pedir identificaciones a los estudiantes que buscaban ayuda médica en la Clínica Cristina. Pero los militares tuvieron una participación destacada en el encubrimiento de las desapariciones. El coronel José Rodríguez Pérez aparece en las comunicaciones de los criminales como el que va a garantizarles un lugar al que llevar “los paquetes” –duele ese nombre que le dan a los jóvenes capturados– y que presumimos es el cuartel del 27 Batallón. Al final, así como la autoridad de seguridad se mezcla con el crimen organizado, la contrainsurgencia militar termina confundida con el encubrimiento.

Como en el caso de otras atrocidades cometidas por las autoridades en décadas pasadas, la pregunta por el motivo siempre tendrá respuestas nebulosas. Si pensamos, por ejemplo, que la matanza de estudiantes que iban a conmemorar los normalistas desaparecidos, la del 2 de octubre de 68, tuvo como motivación que el presidente Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, querían terminar con las protestas a 10 días de la Olimpiada o que la razón del gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer para mandar asesinar el 28 de junio de 1995 a 17 campesinos cafetaleros fue: “El gobierno no se puede doblegar ante la intolerancia”, entonces, los motivos para Ayotzinapa pueden ser igual de difusos. Al 68 se le ha tratado de dar un contenido de lucha por la sucesión presidencial y a la matanza de Aguas Blancas la actividad del narcotráfico en manos de los asesores militares de Figueroa, Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo. A Ayotzinapa se le atribuye como motivo el quinto autobús, que supuestamente llevaba millones de dólares en heroína, tomado por azar en las apropiaciones de los estudiantes. Como sea, entender Ayotzinapa es comprender el desdén por las víctimas y la certeza que tienen las autoridades, que tuvo Murillo Karam, de que la verdad era la que él decidía.