G. CASTILLO Y E. MURILLO

EL 25 DE AGOSTO, LA PRÓXIMA AUDIENCIA Añade EU documentos del gobierno de Colombia a las pruebas contra García Luna

DAVID BROOKS CORRESPONSAL NUEVA YORK

Los fiscales federales encargados del caso contra Genaro García Luna informaron que han acumulado más evidencia, incluyendo documentos proporcionados por el gobierno de Colombia.

Los fiscales señalaron, en una carta registrada en el archivo del caso ante el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, que entre lo nuevo que están integrando en su expediente sobre García Luna se encuentran “documentos proporcionados por el gobierno colombiano” y avisan que se presentarán en el juicio “registros extranjeros de actividades de negocio” que se obtuvieron de Colombia.

En la carta enviada a César de Castro, abogado defensor del ex secretario de Seguridad Pública de México, y registrada ante el tribunal, detallan que también están compartiendo con él –bajo la ley los fiscales deben compartir su evidencia con los defensores– más documentos financieros y textos “recuperados de los aparatos electrónicos” del acusado, entre otros. En total, el expediente ya supera más de un millón de páginas.

García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigación, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública, aceptó “millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”.

El acusado fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. El caso ahora incorpora a dos de sus ex subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.

Su próxima audiencia preparativa para su eventual juicio está programada para el 25 de agosto.

Seguridad Interior ofrece a FGR software para evitar espionaje ilegal y duplicidades

GUSTAVO CASTILLO Y EDUARDO MURILLO

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security), ofrece a la Fiscalía General de la República (FGR) un software para realizar actividades de intervención telefónica y seguimiento, el cual, una vez autorizadas judicialmente, sólo permitiría llevar a cabo estas acciones al Ministerio Público Federal y se detectaría y bloquearía cualquier intento de penetración ilícita.

Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que con esta tecnología se pondría fin a la intervención ilegal o múltiple en investigaciones que se hacen contra grupos o personas implicadas en ilícitos.

La información recabada refiere que la tecnología ofrecida a las autoridades ministeriales estaría enfocada en la captación de información relacionada con grupos delictivos, pero también permitirá a la FGR ser la autoridad encargada de realizar toda clase de intervenciones que se procesen de manera legal, con base en autorizaciones judiciales.

Con ello, explicaron los funcionarios consultados, se pondría fin a la contratación de múltiples sistemas informáticos, como el malwarePegasus, con el cual se realizaron intervenciones y seguimientos legales e ilegales a funcionarios, periodistas y activistas de derechos humanos, desde diversas instituciones, durante el gobierno de Peña Nieto.

Expusieron que la tecnología ofrecida por los representantes estadunidenses se enmarca en las posibilidades de cooperación bilateral que mantienen México y Estados Unidos, como parte de los acuerdos que datan de la llamada Iniciativa Mérida, la cual se encuentra detenida, ya que las autoridades mexicanas solicitaron que se adecuen los programas de cooperación y que sus recursos se utilicen para programas sociales, y no solamente en la dotación de equipo y armamento.

La tecnología, de la cual no se dio a conocer su nombre o denominación, la usaría sólo la FGR, y una vez que un número telefónico sea intervenido, ninguna otra institución u organización privada podrá realizar intervenciones legales o ilegales, ya que el mecanismo impide y detecta cualquier otro intento de penetración en las comunicaciones.

El problema de estos equipos, señalaron, es que la información que se obtenga de grupos delictivos de interés bilateral deberá ser compartida y por ello no se ha dado autorización para que esto se lleve a cabo.

Exigen ONG garantías de que el seguimiento ilícito no se volverá a repetir

Después de conocerse la adquisición y operación de Pegasus para utilizarlo en el espionaje ilegal por la pasada administración, organizaciones sociales destacaron la postura del gobierno federal para investigar estas acciones. Sin embargo, demandaron “el acompañamiento de organismos internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que garanticen la independencia y solidez de las indagatorias de la FGR”.

A través de un pronunciamiento efectuado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Social Tic, entre otros, consideraron la importancia de aprobar reformas que “impidan el ejercicio abusivo de las tecnologías de vigilancia y garanticen la rendición de cuentas en su adquisición y uso”. En su consideración, hacen falta garantías gubernamentales de que estas prácticas ilegales para espiar a periodistas, defensores de derechos humanas o políticos de oposición no se volverán a repetir.

Destacaron que el compromiso presidencial de esclarecer todo lo relacionado a la operación del Pegasus debe involucar la apertura “total de los expedientes de contratación por parte de todas las dependencias federales, especialmente del extinto Cisen y de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto de los cuales hay evidencia incontrovertible de su existencia”.

En este contexto plantearon que este proceso se realice mediante las gestiones necesarias para asegurar un mecanismo de asistencia técnica internacional a las investigaciones en curso, con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos. Se debe diseñar un paquete de reformas para contar con controles democráticos para la utilización de la tecnología de vigilancia. Alonso Urrutia

ORGANISMO LACAYO ● EL FISGÓN

Impugna García Cabeza de Vaca la negativa a levantar el bloqueo a sus cuentas

EDUARDO MURILLO

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y sus familiares, promovieron recursos contra la negativa a levantar el bloqueo a sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, el consejero de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra, como represalia por las denuncias que ha presentado contra el mandatario tamaulipeco.

El gobernador, junto con su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca y su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, promovieron cada uno por separado los recursos ante un tribunal colegiado, en busca de revertir la decisión del juzgado séptimo de distrito, notificada el 7 de julio pasado.

Al mismo tiempo, el apoderado general para pleitos y cobranzas del mandatario tamaulipeco, José Alfredo Cavazos Mercado, presentó un recurso similar en busca de levantar el bloqueo de las cuentas de la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, propiedad del gobernador y su familia.

Cabe señalar que el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela negó la suspensión definitiva contra el aseguramiento de todas estas cuentas, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera comprobó que aplicó esta medida cautelar en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien investiga al mandatario por posible lavado de dinero y delincuencia organizada.

Casi simultáneamente, se publicó un acuerdo judicial en donde se informa que Alejandro Rojas Díaz Durán obtuvo una suspensión provisional por parte de Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal.

El morenista denunció desde el 15 de julio pasado que fue notificado de un citatorio de la Fiscalía de Tamaulipas para presentarse a declarar en Ciudad Victoria.

Rojas Díaz Durán acusó que esta se trataba de una represalia por parte de García Cabeza de Vaca, a quien ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos nexos con el narco y desvío de recursos del erario.

La FGR no ha informado si ha dado trámite a estas denuncias, sin embargo, sí solicitó en mayo pasado una orden de captura contra García Cabeza de Vaca, cuya ejecución está pendiente, debido al conflicto entre el Congreso federal y el Legislativo estatal por el juicio de desafuero contra el mandatario estatal, caso que está pendiente de resolverse en la Suprema Corte.