Rescate y reparación, ¡ya!

MARIANA BERMÚDEZ

El domingo pasado se conmemoró la vida de los 65 compañeros mineros fallecidos hace ya 17 años en el desastre minero ocurrido en Pasta de Conchos, Coahuila, donde sus familiares han buscado de manera perseverante el acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación integral del daño, desde aquella fecha hasta hoy. Sin embargo, han sido muy pocos los avances obtenidos, tanto en el rescate de los cuerpos como en la búsqueda de verdad y justicia para ellos, aunado a la ausencia de acciones para prevenir otros siniestros en la región, como los ocurridos en El Pinabete y Predio Rancherías.

La reparación integral del daño es un derecho de las víctimas y sobrevivientes que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, ocasionados por la acción u omisión del Estado en su sentido más amplio. Si nos basamos en la Ley General de Víctimas, ésta se compone por medidas de restitución, rehabilitación, indemniza- ción, satisfacción y garantías de no repetición y, por ende, las acciones destinadas a ello deben resarcir los impactos o daños ocasionados en los distintos niveles y esferas de su vida personal y colectiva, de acuerdo con sus necesidades.

En ese sentido, el gobierno federal anunció en 2019 la creación del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos con la finalidad de cumplir con las exigencias de las familias de los mineros fallecidos. No obstante, dicho comité se desdibujó cuando el representante del Poder Ejecutivo federal decidió traspasar las actividades de rescate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto generó un retroceso en el proceso de rescate debido a su falta de experiencia y capacidades especializadas en las labores, lo que abona aún más a la impunidad y obstaculiza el acceso a la justicia.

Por ello, pese al compromiso asumido por las instancias responsables, el progreso en esta acción de rescate ha sido sólo de 6 por ciento, aún cuando se proyectó 37 por ciento para estas fechas.

En cuanto a las indemnizaciones económicas para las familias de los desde arriba y para arriba ha sido la estrategia de ese mandato.

Fue ese día en Cuautla, en el deportivo El Almeal, donde ocurrió la confrontación con la gente que confió en la palabra del entonces candidato, que se acuñó el concepto de “conservadores de izquierda”. Esos que quedaron del otro lado: del otro lado de la razón, del derecho, de la exigencia de que se les tomara en cuenta.

Días después, a Samir lo mataron. Su asesinato continúa impune.

Cuatro años llevamos recordando ese día, conversando con Samir en acciones colectivas. Pintando su imagen en las plazas, haciendo fogatas para escucharlo con el viento, llevando flores a su placa en la Plaza de Armas de Cuernavaca, la placa que está al lado de la ofrenda de las víctimas que se han ido sumando en Morelos.

Este año la resistencia tomó la forma de una carrera por la vida. El llamado fue de la escuelita de Amilcingo. Samir acostumbraba correr con los niños, llegar hasta los ahuehuetes y la barranca. Otra forma de hacer escuela. Este 20 de febrero se organizó una carrera por la vida, en memoria de Samir. Se puso ahí el cuerpo, la energía, así como la risa y la alegría. Porque existen muchas formas de recordar, de rememorar, de hacer de la rabia y el dolor, organización y resistencia. Esa es la semilla de Samir Flores Soberanes. Continuaremos exigiendo justicia.

* Socióloga y antropóloga social compañeros mineros, si bien ha significado un avance en la reparación integral del daño para algunas de ellas, no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia y a las medidas de no repetición.

¿Hasta cuándo los tiempos de justicia podrán ser más cercanos a las víctimas? ¿Cuántos damnificados más tendremos que sumar, por las omisiones del Estado y las empresas? ¿Hasta cuándo las reparaciones integrales y las medidas de no repetición serán una realidad para las familias y víctimas? ¿Cuántas promesas más de campaña y gobierno faltarán para atender y cumplir las demandas en Pasta de Conchos a cabalidad? Estas preguntas y muchas otras tantas, tendrán que responderse a través de la construcción de políticas públicas que incorporen de forma integral las demandas de las víctimas de Pasta de Conchos, con perspectiva de derechos humanos y enfoque de desvictimización.

Esto implica, en primer lugar, consolidar los procesos de búsqueda, acceso a la justicia y castigo a los responsables de la catástrofe minera. En segundo lugar, fortalecer las condiciones y derechos laborales dentro de las empresas mineras, ya que, como denunció Miguel Concha dos años atrás, “(...) no cumplen la legalidad y no hay una base de datos confiable que permita conocer el número total de minas legales, ilegales y clandestinas que existen, lo cual no permite establecer políticas públicas adecuadas” (La Jornada, 27/2/21).

Es importante analizar, en conjunto con las víctimas y comunidades, las concesiones otorgadas por el gobierno federal a empresas privadas para que éstas garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde la perspectiva de los derechos humanos y con base en las necesidades de las comunidades y las víctimas.

Ello con el fin de que transformen positivamente condiciones de trabajo digno y seguro para sus trabajadoras, trabajadores y familias. Como mencionó Miguel Concha Malo en uno de sus artículos: “Y si bien la reparación del daño se determina en la emisión de sentencias y recomendaciones, sus criterios deben encaminarse a la transformación de las condiciones estructurales e institucionales para garantizar a todas las personas el derecho a la no repetición, y promover una justicia transformativa y restaurativa para las víctimas y la sociedad” (La Jornada, 20/11/21).

Y, por último, impulsar los planes de reparación integral del daño, principalmente las medidas de no repetición, para prevenir que estas catástrofes estructurales se continúen replicando y sigan generándose zonas de sacrificio para quienes buscan condiciones de vida dignas para sí, para otras y otros. Que la reparación integral del daño y las medidas de no repetición sean una alternativa de memoria y dignidad real ante la justicia tardía para Pasta de Conchos y todas las víctimas.

ANA MARÍA ARAGONÉS

La migración indocumentada, también llamada “sin papeles”, “irregulares” e “ilegales”, se ha convertido en un fenómeno masivo, sobre todo desde inicios del siglo XXI, flujos siempre acompañados de tragedias que podrían haberse evitado. No pasa un solo día sin que tengamos noticias de muertes, de hundimientos de balsas, de accidentes en tráileres, de seres humanos hacinados y asfixiados, todo porque en su intento por encontrar nuevos horizontes de vida los países a los que intentan llegar cierran sus fronteras, impidiendo su paso porque “son indocumentados”. Seres humanos que son estigmatizados, considerados invasores, una amenaza a la seguridad, que sólo buscan abusar de sus fondos públicos, delincuentes, violadores y un largo etcétera, reforzado con visiones xenófobas y racistas. El contexto perfecto aprovechado por enormes redes de traficantes de personas que convierten en beneficios gigantescos esas tragedias humanas.

¿Por qué no hay protección internacional para estas personas? ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno masivo?

¿Por qué el flujo predominante proviene del sur?

No hay ningún foro, convención o recomendación de Naciones Unidas en los que en concreto tengan cabida los migrantes indocumentados, como sí lo tienen otros grupos. Por ejemplo en la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951 y en el Protocolo de 1967 se señala que “un refugiado es una persona que no puede o no quiere regresar a su nación de origen debido a una persecución pasada o a un temor fundado de ser perseguido en el futuro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”. Los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen: “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su nación” y “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”. Es decir, hay una definición internacional para el refugio, pero resulta que el desempleo, la pobreza, la vivienda inadecuada, la falta de atención médica, la inseguridad, la falta de justicia, la corrupción, ninguna de estas condiciones califica para una solicitud mundialmente reconocida de asilo, a pesar de que estas carencias puedan suponer peligros para su sobrevivencia. Y las naciones justifican sus cierres fronterizos al afirmar: “se trata de migrantes económicos, no son posibles refugiados”. Ni siquiera los 22 millones de personas que de acuerdo con el ACNUR son desplazados por actos relacionados con el clima, incendios, inundaciones, temperaturas extremas (Joseph Chamie).

Se ha pretendido abordar el fenómeno como un caos que puede ser ordenado con el llamado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin duda importante esfuerzo en estos últimos tiempos en relación con la migración, pero la verdad es que la indocumentada no se ha reducido un ápice ni se redujeron las actividades de las redes de contrabando. Por un lado, porque son propuestas no vinculantes, por lo tanto los países pueden apelar a su soberanía y dejar sin efecto cualquier posibilidad de incorporación migratoria e invocar a las buenas intenciones de aquellos que no quieren abrir sus fronteras es una pérdida de tiempo.

El último informe de la Oxfam, La ley del más rico: Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, documenta que millones de personas se enfrentan al hambre, millones más no pueden sufragar los altos costos de la energía, millones más deben dejar sus hogares por el colapso climático al enfrentar sequías, ciclones, inundaciones. La pobreza se ha incrementado en los últimos 25 años a niveles gravísimos, aunque, al mismo tiempo, los ultrarricos han incrementado su riqueza a niveles récord, haciendo que la desigualdad se dispare en forma desorbitada y “los milmillonarios, jefes de gobierno y directivos de megaempresas vuelan a Davos (Suiza)”. La concentración de riqueza acumulada en manos de una minoría de ultrarricos, que ya alcanzaba niveles récord, se ha intensificado. Esto supone que por cada dólar de nueva riqueza obtenido por una persona perteneciente al 90 por ciento más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1.7 millones de dólares.

El sistema permite los flujos de los “sin papeles” y fue diseñado para el beneficio de los poderosos

No se puede cambiar la tendencia de los flujos de indocumentados si no se abordan las causas estructurales del fenómeno, y si se continúa asignando la responsabilidad única a una mala gestión de las naciones expulsoras, países del sur, subdesarrollados y pobres, cuando en realidad estamos ante un sistema que permite la situación planteada por la Oxfam y, por ejemplo, expolian a esas naciones sus recursos naturales, sufren concesiones mineras abusivas, que generan daños ambientales irreparables, y lo peor es que en el contexto de los organismos internacionales lo que encontramos es que están diseñados para beneficiar a los poderosos.

Eso está en la base de los movimientos migratorios de indocumentados, no hay que darle muchas vueltas para encontrar los caminos que reviertan tan triste destino. El materialismo histórico nos espera.