EDUARDO MURILLO

“ABUSOS, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD” Facultar a la Judicatura para vigilar y disciplinar al TEPJF, pide Zaldívar

EDUARDO MURILLO

El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso que se den a este organismo facultades constitucionales para encargarse de la disciplina y vigilancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federción (TEPJF), con el fin de combatir abusos, corrupción e impunidad.

Es la primera ocasión en que Zaldívar, también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronuncia respecto al caso del TEPJF, cuyo presidente,

LA UIF señala al presidente del tribunal por su probable enriquecimiento ilícito

José Luis Vargas Valdez, fue denunciado desde el año pasado por su probable responsabilidad en enriquecimiento ilícito, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En su cuenta de Twitter, Zaldívar publicó: “El CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio de los abusos, la corrupción y la impunidad.”

En febrero de 2020, la UIF informó que detectó movimientos bancarios en cuentas a nombre de Vargas por más de 36.5 millones de pesos, los cuales no correspondían con sus ingresos como funcionario.

Sin embargo, el mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó cerrar la investigación, ante lo cual la UIF anunció que impugnó esa decisión y además presentó una nueva denuncia que implica ya no sólo al presidente del tribunal electoral, sino también a sus familiares y empresas, quienes operaron para realizar transferencias bancarias y depósitos, incluso en el extranjero, que nunca fueron informados a las autoridades financieras.

Dichas firmas habrían sido utilizadas para lavar el dinero ilícito “al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, señaló la UIF.

Un día después de este anuncio, Zaldívar hizo notar que el TEPJF es el único organismo del Poder Judicial Federal sobre el cual el CJF no tiene jurisdicción.

▲ El presidente de la Corte demanda corregir anomalía en el diseño institucional para que la Judicatura vigile al Tribunal Electoral. Foto Yazmín Ortega C.

Ordena el INE retirar mañanera del día 19; viola veda de la consulta

ALONSO URRUTIA

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que durante la conferencia matutina del día 19 realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se describieron programas y políticas que constituyeron propaganda gubernamental ilegal.

Lo anterior, debido a la veda electoral que rige por la realización de la consulta popular sobre el desempeño de políticos del pasado, por lo que ordenó a la administración federal retirar de todas sus plataformas y redes sociales el contenido de esa conferencia hasta que concluya dicha consulta.

Por unanimidad, los consejeros señalaron que durante esa mañanera, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, expresó detalles de la incorporación de personas de entre 65 y 68 años al programa universal de pensiones, lo cual, subrayó Adriana Favela, se encuadra en las prohibiciones contempladas en la veda electoral, por lo que debía aprobarse el proyecto presentado.

La consejera Claudia Zavala respaldó la postura, al considerar que “cualquiera que participe en esas conferencias tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de no exponer ni logros ni programas”.

En su oportunidad, el presidente de la comisión, Ciro Murayama, estimó pertinentes las medidas cautelares en el proyecto que finalmente fue aprobado en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal a evitar estas prácticas a futuro, hasta la conclusión de la veda, el primero de agosto, dado que estamos a 10 días de la realización de la consulta.

Así, al resolver una queja promovida por el Partido Acción Nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó que las expresiones de Montiel vulneraron la equidad y neutralidad a que están obligados los funcionarios públicos.

Por ello, ordenó a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia y al Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales retirar provisionalmente el contenido de la conferencia.

Asimismo, llama a los funcionarios que participen en las mañaneras a abstenerse de realizar expresiones que se encuadren dentro de la propaganda prohibida en estos 10 días que faltan para la consulta popular sobre políticos del pasado.

Exhorta al Ejecutivo y a funcionarios a evitar dichos que encuadren en propaganda ofi cial prohibida

Instituto electoral instala comisión para analizar su presupuesto de 2022

ALONSO URRUTIA

Para la elaboración de su proyecto de presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe partir de combinar un criterio de racionalidad en el gasto con obtener los recursos necesarios para garantizar la operación y el cumplimiento de sus obligaciones, sostuvo el presidente de la comisión temporal de Presupuesto, Jaime Rivera.

Sin embargo, destacó que hay dos factores que generan incertidumbre y debe analizarse su presupuestación o no: la revocación del mandato y otra consulta popular.

Durante la instalación de dicha comisión, Rivera especificó que el trabajo colegiado se deberá realizar con las áreas ejecutivas para conocer los requerimientos de gasto y a partir de criterios de eficacia y racionalidad definir el presupuesto para 2022.

“Debemos asegurar que con un presupuesto racional se puedan cumplir las funciones permanentes del INE, definiendo los objetivos específicos propios del año de ejercicio”.

El instituto deberá aprobar su proyecto de presupuesto para 2022 a más tardar el 27 de agosto, con el objeto de remitirlo a la Secretaría de Hacienda para que se integre en el paquete de egresos que se enviará al Congreso. No obstante, será hasta septiembre cuando se conozca si se realizará una nueva consulta y en noviembre empezaría el proceso de petición para realizar el ejercicio de revocación de mandato.

Representantes partidistas plantearon que el INE debería contemplar como parte de su partida la realización de ambos ejercicios, independientemente de que al final se efectúen o no. En su caso, ante la muy probable ejecución de un nuevo recorte del presupuesto al instituto electoral –dijeron–, como ha ocurrido en los últimos dos años, el organismo debería programarlo, y de no concretarse, devolver los recursos a la Secretaría de Hacienda.

ASTILLERO Mil 805 hectáreas “excluidas” // Ofi cios de Semarnat // 2019: AMLO fi rmó en contra // Inmobiliarias se preparan

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL 4 DE junio del año en curso, la Dirección General de Conservación para el Desarrollo, perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Cnanp), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió el oficio DGCD/250/2021 para informar a autoridades comunales de San Luis Potosí que mil 805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra.

EL ESCRITO FUE dirigido a los integrantes del “Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”: Rodolfo Valdés García, presidente; Antonia Menchaca Llanas, secretaria, y María Martina Bravo Menchaca, tesorera. El texto lleva la firma de “M. en D. César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo”.

SÁNCHEZ IBARRA DIVIDE sus señalamientos en dos apartados. El primero dice: “1, Se respetarán 1,805-48-42 ha al norte de la Comunidad, y se excluyen del proyecto presentado en el citado Aviso”. El fraseo significa que del total del proyecto de declaración de Área Nacional Protegida en la sierra de San Miguelito se “respetarán” mil 805 hectáreas. Tal “respeto” implica que “se excluyen” de la protección del medio ambiente de la sierra en general, de tal manera que quedan disponibles para operaciones como, por ejemplo, su venta a desarrolladores inmobiliarios que llevan tiempo preparando el arranque de la construcción de un proyecto de residencias de lujo que podría denominarse Cañadas. TRES DÍAS DESPUÉS del primer escrito, firmado por Sánchez Ibarra, fue enviado a Andrés Carlos Covarrubias Rendón, entre otros destinatarios, un texto aparentemente apaciguador o intencionalmente enredador. El oficio DRCNANP/395/2021 fue firmado por la bióloga Lilian I. Torija Lazcano, titular de la Dirección de Representatividad y Creación de Nuevas Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la dirección general a cargo de Sánchez Ibarra, de la Cnanp, a su vez de la Semarnat a cargo de María Luisa Albores.

EN POCAS PALABRAS, Torija Lazcano dice a Covarrubias y a otros involucrados en el tema, que son “procedentes” sus planteamientos, entre ellos el que demanda “ratificar o incluir en el Área Nacional Protegida las hectáreas “pretendidas por el proyecto inmobiliario Cañadas”. Los planteamientos “procedentes” no tuvieron correspondencia con la realidad. En asambleas a modo se ha ido tejiendo la “aprobación” para que los comuneros dispongan de sus tierras; es decir, las puedan vender al proyecto Cañadas.

DE TODO ELLO supo oportunamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 24 de mayo de 2019, en una gira por la ciudad de San Luis Potosí, escuchó los reclamos y denuncias sobre el tema e incluso fue el primer firmante de un documento, que llegó a conseguir más de 15 mil firmas de apoyo, en el que se puntualiza: “Desde este momento digo NO al Proyecto Inmobiliario en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y digo NO a la destrucción de la Sierra de San Miguelito”. El texto señala: “Tengo conocimiento de que un grupo de empresarios encabezados por Carlos López Medina intenta formar una inmobiliaria denominada ‘Reserva SA de CV” en 2 mil 65 hectáreas de la comunidad y sus anexos antes referidos.

LA REALIDAD ACTUAL es que en “asambleas” amañadas, como históricamente ha sucedido en el país entero, se van obteniendo los “votos” para que la Semarnat y la 4T se laven las manos. “Es decisión de ellos”, “con respeto a las leyes” se arguye, tal como sucedió en el caso de Cerro de San Pedro, durante el gobierno de Vicente Fox, referencia de depredación histórica que justamente utilizó el presidente López Obrador en su discurso de mayo de 2019 al prometer que defendería la mencionada sierra de San Miguelito (videos, documentos y testimonios de lo aquí reportado, en https:// bit.ly/3Brww52 y en www.julioastillero.com ). ¡Hasta mañana!

HOMENAJE A EL LIBERTADOR La Permanente da entrada a iniciativa para aplazar normas de subcontratación

Morena pide un mes y el PAN seis meses

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y JARED LAURELES

La Comisión Permanente dio entrada ayer a la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que pretende aplazar un mes la entrada en vigor de las disposiciones centrales de la ley en materia de outsourcing y a otra reforma en ese mismo tema de la bancada del PAN, sólo que ésta amplía ese plazo a seis meses.

Ambas fueron turnadas a la Cámara de Diputados y se tiene contemplado aprobarlas en el periodo extraordinario que se planea realizar la próxima semana.

A pesar de que advirtió que no habría ninguna prórroga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresó su aval a la iniciativa presentada por Monreal para ampliar hasta el primero de septiembre todos los plazos de transición de las modificaciones referentes a la subcontratación laboral.

“De aprobarse en el Congreso, se ampliará el plazo de regularización de las empresas hasta el primero de septiembre”, indicó en redes sociales.

En tribuna, la panista Kenia López destacó que desde un principio advirtieron que “era imposible” que los empresarios cumplieran, en un tiempo tan limitado, con las nuevas normas en materia de subcontratación, y por ello ahora Morena tiene la intención “de resarcir los errores”.

Tanto en las reuniones en comisiones como en el pleno, subrayó, Morena no aceptó que la reforma entrara en vigor hasta enero de 2022, que fue el plazo que se dio al gobierno federal para que regularizara el outsorcing, y por ello, agregó, en la iniciativa, que según admitió elaboraron el martes por la noche, luego de enterarse de la propuesta de Monreal, plantean que se prorrogue seis meses.

Al respecto, la diputada María de los Ángeles Huerta (Morena) calificó de oportunistas a los legisladores del PAN y resaltó que apoyarán la iniciativa Monreal, quien expuso que elaboró la iniciativa después de haber sostenido reuniones con diversos organismos empresariales que utilizan la figura del outsourcing, quienes solicitaron una alternativa legislativa.

Avala tribunal que partidos no tengan representantes en consulta sobre políticos

ALONSO URRUTIA

Por unanimidad y sin mayor discusión, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimaron el recurso promovido por Morena contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no contemplar la posibilidad de que los partidos cuenten con representantes en las mesas receptoras de votos durante la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado, a efectuarse el primero de agosto.

En el proyecto de resolución se estableció que, en su momento, el INE determinó que con base en la legislación anterior de la consulta popular, se emitieron lineamientos sin contemplar que los partidos tuvieran representación durante este ejercicio. Dichos lineamientos nunca fueron impugnados por Morena ni ningún otro partido, por lo que el acuerdo aprobado por el Consejo General quedó legalmente firme.

Con base en ello, su aplicación no le depara ningún perjuicio al partido impugnante, pues se le señaló la norma aplicable. Por ello, los magistrados estimaron que el recurso promovido por Morena es improcedente y fue desechado en la sesión pública de la sala superior.