LA JORNADA Jueves 22 de julio de 2021
POLÍTICA
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“ABUSOS, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”
Facultar a la Judicatura para vigilar y disciplinar al TEPJF, pide Zaldívar EDUARDO MURILLO
El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso que se den a este organismo facultades constitucionales para encargarse de la disciplina y vigilancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federción (TEPJF), con el fin de combatir abusos, corrupción e impunidad. Es la primera ocasión en que Zaldívar, también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronuncia respecto al caso del TEPJF, cuyo presidente,
LA UIF señala al presidente del tribunal por su probable enriquecimiento ilícito
José Luis Vargas Valdez, fue denunciado desde el año pasado por su probable responsabilidad en enriquecimiento ilícito, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En su cuenta de Twitter, Zaldívar publicó: “El CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio de los abusos, la corrupción y la impunidad.” En febrero de 2020, la UIF informó que detectó movimientos bancarios en cuentas a nombre de Vargas por más de 36.5 millones de pesos, los cuales no correspondían con sus ingresos como funcionario. Sin embargo, el mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó cerrar la investigación, ante lo cual la UIF anunció que impugnó esa decisión y además presentó una nueva denuncia que implica ya no sólo al presidente del tribunal electoral, sino también a sus familiares y empresas, quienes operaron para realizar transferencias bancarias y depósitos, incluso en el extranjero, que nunca fueron informados a las autoridades financieras. Dichas firmas habrían sido utilizadas para lavar el dinero ilícito “al haber funcionado únicamente
como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, señaló la UIF.
Un día después de este anuncio, Zaldívar hizo notar que el TEPJF es el único organismo del Poder Judicial Federal sobre el cual el CJF no tiene jurisdicción.
▲ El presidente de la Corte demanda corregir anomalía en el diseño institucional para que la Judicatura vigile al Tribunal Electoral. Foto Yazmín Ortega C.
Instituto electoral instala Ordena el INE retirar mañanera para analizar del día 19; viola veda de la consulta comisión su presupuesto de 2022 ALONSO URRUTIA
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que durante la conferencia matutina del día 19 realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se describieron programas y políticas que constituyeron propaganda gubernamental ilegal. Lo anterior, debido a la veda electoral que rige por la realización de la consulta popular sobre el desempeño de políticos del pasado, por lo que ordenó a la administración federal retirar de todas sus plataformas y redes sociales el contenido de esa conferencia hasta que concluya dicha consulta. Por unanimidad, los consejeros señalaron que durante esa mañanera, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, expresó detalles de la incorporación de personas de entre 65 y 68 años al programa universal de pensiones, lo cual, subrayó Adriana Favela, se encuadra en las prohibiciones contempladas en la veda electoral,
por lo que debía aprobarse el proyecto presentado. La consejera Claudia Zavala respaldó la postura, al considerar que “cualquiera que participe en esas conferencias tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de no exponer ni logros ni programas”. En su oportunidad, el presidente de la comisión, Ciro Murayama, estimó pertinentes las medidas cautelares en el proyecto que finalmente fue aprobado en el sentido de exhortar al Ejecutivo federal a evitar estas prácticas a futuro, hasta la conclusión de la veda, el primero de agosto, dado que estamos a 10 días de la realización de la consulta. Así, al resolver una queja promovida por el Partido Acción Nacional, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó que las expresiones de Montiel vulneraron la equidad y neutralidad a que están obligados los funcionarios públicos. Por ello, ordenó a la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia y al Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales retirar
provisionalmente el contenido de la conferencia. Asimismo, llama a los funcionarios que participen en las mañaneras a abstenerse de realizar expresiones que se encuadren dentro de la propaganda prohibida en estos 10 días que faltan para la consulta popular sobre políticos del pasado.
Exhorta al Ejecutivo y a funcionarios a evitar dichos que encuadren en propaganda oficial prohibida
ALONSO URRUTIA
Para la elaboración de su proyecto de presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe partir de combinar un criterio de racionalidad en el gasto con obtener los recursos necesarios para garantizar la operación y el cumplimiento de sus obligaciones, sostuvo el presidente de la comisión temporal de Presupuesto, Jaime Rivera. Sin embargo, destacó que hay dos factores que generan incertidumbre y debe analizarse su presupuestación o no: la revocación del mandato y otra consulta popular. Durante la instalación de dicha comisión, Rivera especificó que el trabajo colegiado se deberá realizar con las áreas ejecutivas para conocer los requerimientos de gasto y a partir de criterios de eficacia y racionalidad definir el presupuesto para 2022. “Debemos asegurar que con un presupuesto racional se puedan cumplir las funciones permanen-
tes del INE, definiendo los objetivos específicos propios del año de ejercicio”. El instituto deberá aprobar su proyecto de presupuesto para 2022 a más tardar el 27 de agosto, con el objeto de remitirlo a la Secretaría de Hacienda para que se integre en el paquete de egresos que se enviará al Congreso. No obstante, será hasta septiembre cuando se conozca si se realizará una nueva consulta y en noviembre empezaría el proceso de petición para realizar el ejercicio de revocación de mandato. Representantes partidistas plantearon que el INE debería contemplar como parte de su partida la realización de ambos ejercicios, independientemente de que al final se efectúen o no. En su caso, ante la muy probable ejecución de un nuevo recorte del presupuesto al instituto electoral –dijeron–, como ha ocurrido en los últimos dos años, el organismo debería programarlo, y de no concretarse, devolver los recursos a la Secretaría de Hacienda.
