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SANTIAGO NIETO CASTILLO
by La Jornada
Grupo de Médicos sin Fronteras sigue desaparecido en Guerrero
SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.
El Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero informó que se desconoce el paradero de varios integrantes de la organización internacional Médicos sin Fronteras, una mujer y ocho pobladores, quienes el domingo fueron emboscados y atacados en la zona conocida como El Río, del municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, por presuntos miembros del grupo delincuencial La Familia Michoacana, quienes son apoyados por el cacique El Chano Arreola.
Un integrante del Observatorio, que solicitó el anonimato, explicó vía telefónica que el domingo en la mañana partieron del poblado de Guajes de Ayala un grupo de personas que trasladaban a una mujer de 32 años, embarazada de tres meses, oriunda de El Pescado, porque presentaba una fuerte hemorragia debido a un aborto, por lo que recibiría atención médica en un sitio ubicado en el kilómetro 67 de la carretera Ciudad Altamirano (Tierra Caliente) a Zihuatanejo (Costa Grande).
Sin embargo, al llegar a El Río, fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que les dispararon, por lo que repelieron el ataque y se desató un enfrentamiento a balazos, sin que hasta el momento se sepa si hubo víctimas.
“Estamos preocupados porque no conocemos el estado de salud de la señora ni el paradero del equipo de Médicos Sin Fronteras, que han realizado una noble labor en varios pueblos de la sierra de Coyuca de Catalán y también en otros municipios”, agregó la fuente.
Detalló que el grupo está conformado por ocho hombres y una mujer, mientras se desconoce cuántos miembros de la organización humanitaria internacional iban en la caravana.
Solicitan apoyo de autoridades estatales
Precisó que la noche del domingo se enteraron de otros combates, “pero no se ha tenido más comunicación; nos dijeron que la gente de Guajes de Ayala sigue resistiendo en El Río, esperando ayuda de las autoridades estatales, a quienes ya se les notificó de la embestida”.
Asimismo, señaló que en una de las últimas llamadas por radio “se informó que los pistoleros también incendiaron dos casas deshabitadas de El Río, donde está ocurriendo la confrontación”.
Las familias de esta zona del municipio de Coyuca de Catalán han pedido durante dos años apoyo a los gobiernos en turno, “tiempo en que han ocurrido varias hostilidades armadas que han provocado el desplazamiento de miles de personas”, concluyó.
Reconocen sentencia de la SCJN, aunque siguen sin legislar en la materia
DE LOS CORRESPONSALES GUANAJUATO, GTO.
Las parejas del mismo sexo en Guanajuato ya pueden contraer matrimonio sin la necesidad de presentar un amparo judicial, ya que la Secretaría de Gobernación envió un oficio a la Dirección General del Registro Civil y todas sus oficialías, en el que los instruye a efectuar este tipo de unión.
Aunque el matrimonio igualitario aún no se legisla en Guanajuato, el estado se sumó al reconocimiento por una sentencia promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2015, la cual se establece que todas las autoridades deben otorgar la protección más amplia de los derechos humanos y la prohibición de toda discriminación por razón de preferencias sexuales y otros supuestos que atenten contra la dignidad humana.
El oficio, firmado por la secretaria de Gobernación estatal, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se emite dos semanas después de que las diputadas Dessire Ángel de Movimiento Ciudadano y Yulma Rocha del PRI, junto con Gerardo Fernández del PVEM y David Martínez Mendizabal de Morena, presentaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato una petición de exhorto hacia el Congreso estatal para garantizar el acceso al matrimonio igualitario. Tras conocer la respuesta de la Secretaría de Gobernación, ambas legisladoras utilizaron sus cuentas de Twitter para urgir al resto de la Legislatura a trabajar en la reforma al Código Civil estatal para que este derecho quede asentado en la ley.
Desde 2015 se han presentado diversas iniciativas de reforma tanto a la Constitución estatal como al Código Civil a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin que ninguna haya pasado de la etapa de radicación.
En la última, presentada por
▲ Las iniciativas de reforma se han presentado desde 2015, pero no han fructifi cado. En la imagen, matrimonio en la CDMX. Foto Notimex
Fernández el 30 de septiembre pasado, el legislador pevemista enfatizó que Guanajuato es uno de los siete estados que aún no reconoce este derecho.
La Alianza Federalista, fi n de una mentira
SANTIAGO NIETO CASTILLO
La forma de construir el federalismo en nuestro país es a partir de los diseños constitucionales y legales que tenemos, así como de los acuerdos políticos que existen en México. La Alianza Federalista nació con la intención de cercenar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y generar un grupo “alterno” de gobernadores, en franca oposición al gobierno federal, lo que de inicio no sólo es contrario a los principios establecidos en la Constitución mexicana, sino que refleja una actitud poco democrática de quienes idearon y encabezaron este movimiento.
La Alianza Federalista surgió en abril de 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguno en realidad. Lo cierto es que el pasado 16 de diciembre acudieron a la reunión de la Conago en Villahermosa, Tabasco, nada más y nada menos que 31 estados, incluyendo los integrantes de la llamada Alianza Federalista: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, con excepción de Jalisco, ya que el gobernador de esa entidad anunció que no podría acudir a la reunión. El encuentro no sólo refleja el ocaso de un proyecto poco sólido en sus bases políticas, sino que demuestra la capacidad del gobierno federal de generar las condiciones para volver a reunir a todas y todos los gobernadores en un modelo que había dado resultados, así como rencaminar el debate público hacia el diálogo en los estados, y llegar a acuerdos sobre temas que nos involucran a todas y todos los mexicanos, como el combate a la corrupción, que no es un problema exclusivo del gobierno federal sino también de los estados de la Alianza Federalista.
El nacimiento de dicha alianza tampoco fue casualidad. De cara a los procesos electorales de 2020-2021, ésta tuvo un objetivo claro: ganar votos y dividir los del partido dominante. En la actualidad, prevalece la postura, en teoría constitucional, que hacer política significa que las decisiones de las y los gobernantes deben ir acompañas del respaldo de la ciudadanía, es decir, deben gozar de legitimidad. En una democracia predominantemente representativa, como la nuestra, la preferencia popular se ejerce a través del voto, que significa sólo el arranque de un proceso social que debe vincular las acciones de quien resulta ganador o ganadora con las necesidades de la ciudadanía que participó en su elección.
Entonces, ¿qué pasó con la Alianza Federalista en los comicios del año pasado? En la mayoría de los estados de la Alianza Federalista ganó Morena y en dos de los cuatros estados que compitieron para la gubernatura, la población de Colima y Michoacán decidió cambiar su voto y votar por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, darle el voto de confianza al proyecto nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El próximo año se realizarán los comicios de tres estados más (Aguascalientes, Durango y Tamaulipas), con pronósticos a favor de Morena. Sobre el futuro de la Alianza Federalista no hay mucho que decir, en el concurrido evento, el gobernador de Guanajuato la dio prácticamente por muerta; una alianza que sólo reveló la poca legitimidad de los gobernadores en su desacreditada estrategia política.
Entrada de SPF al CIDE obedece a la conclusión de contrato con policía privada
Desde 2020, el Ejecutivo instruyó que este órgano resguardara las instalaciones públicas
EDUARDO MURILLO
La entrada del Servicio de Protección Federal (SPF) en el resguardo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es parte de la directriz del gobierno federal para concluir con todos los contratos que las dependencias públicas tenían con policías privadas, señalaron fuentes del gabinete de seguridad.
Recordaron que, desde octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a todos los secretarios de gobierno la instrucción de que las instalaciones públicas debían ser resguardadas por el SPF, un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al cual se han adherido la mayoría de los elementos de la extinta Policía Federal que aceptaron ser reubicados, luego de que dicha corporación fue liquidada. Adjudicaciones sin licitar para “empresas predilectas”
El Ejecutivo tomó la decisión debido a que se detectaron abusos en la contratación de policías privadas, tratos donde había “empresas predilectas” a las que se les entregaban las licitaciones por adjudicación directa.
López Obrador también advirtió la incongruencia de que dependencias estratégicas, incluso la Secretaría de Gobernación, estuvieran bajo el resguardo de policías privadas, cuando existía una corporación púbica especializada en esas tareas.
El pasado 18 de diciembre, el director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, informó en un comunicado que el próximo 1º de enero concluirá el contrato con la policía privada que cuida actualmente sus instalaciones y entraría en su lugar el SFP.
Los estudiantes, que mantienen tomada la sede de este centro en Santa Fe, en protesta por la elección de Romero, interpretaron esta acción como una intimidación.
Las fuentes consultadas señalaron que es responsabilidad de la administración de cada dependencia a la que el SPF brinda sus servicios permitir el acceso de sus elementos a las instalaciones para puedan realizar su trabajo.
▲ Aspectos del paro de estudiantes del CIDE que mantienen desde el 29 de noviembre pasado en las instalaciones del centro en Santa Fe. Foto Cristina Rodríguez
Entre reproches al Conacyt y el RNA, comisionados del INAI tuvieron su última sesión del año
DE LA REDACCIÓN
Para ser los salvadores de la patria, se les ve muy relajados. Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) saltaron a las primeras planas hace unos días porque presentaron una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que define las megaobras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional. Ayer tuvieron su última sesión ordinaria del año y, salvo asuntos relevantes bien abordados por las comisionadas, la dedicaron al elogio mutuo y a dar lecciones sobre la importancia de la transparencia. La agenda era abultada. En los asuntos reservados para su atención particular hubo uno contra el Conacyt, relacionado con el Fondo Mixto que mantiene con el gobierno del estado de Chihuahua. Un ciudadano solicitó conocer las sanciones aplicadas por irregularidades administrativas y, en su respuesta, los “sujetos obligados” no sólo dijeron no encontrar la información pedida, sino se declararon incompetentes para brindarla.
La consejera Josefina Román hizo una explicación amplia de la contradicción evidente: el “sujeto obligado”, es decir, la dependencia pública que debe responder a la solicitud de información argumentó simultáneamente ser incompetente para dar respuesta y no encontrar los datos solicitados. “Esos conceptos no pueden coexistir”, dijo la comisionada.
El consejero Javier Acuña subrayó el hecho de que la respuesta inadecuada proviniera de una entidad –se entiende que el Conacyt– “que ha mostrado el mayor número de resoluciones adversas”.
El comisionado Adrián Alcalá se refirió a la negativa de la Secretaría de Educación Pública para entregar a un ciudadano solicitante los diagnósticos de los comités ciudadanos del programa “La Escuela es Nuestra” (referidos a su operación en el municipio de Puebla en 2019, Recurso de Revisión 13813/21). La SEP declaró inexistente la información y remitió al solicitante a la Secretaría del Bienestar. El comisionado Alcalá dio una extensa explicación sobre cómo tal resolución (el diagnóstico de la manera en que estaban las escuelas antes del programa) afecta el derecho a la educación garantizado en nuestro marco legal.
El tercer asunto tuvo que ver con un cliente regular del INAI, el Registro Nacional Agrario (RNA). Lo presentó la comisionada Julieta del Río y tiene que ver con la negativa del RNA a entregar a un solicitante la información sobre 587 núcleos agrarios del estado de Chihuahua. Varios comisionados intervinieron para dejar claro que la burocracia del RNA es una enemiga contumaz de la transparencia, pues más de 60 por ciento de las solicitudes de información que recibe son rechazadas o simplemente no son respondidas. Se trata, dijeron, de una dependencia que “sistemáticamente” demora las respuestas en el marco del sistema de transparencia.
Los tres temas, que resumen muchos otros votados en paquete, fueron aprobados por unanimidad, al igual que el nombramiento de la nueva titular de la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia, cargo que fue otorgado a Ángeles Ducoing, quien hasta hace poco encabezaba el órgano de transparencia en el estado de Guanajuato.
Asegura UNAM la conectividad de su comunidad académica
DE LA REDACCIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que mantiene la conectividad permanente para su comunidad. Señaló que en 2021 sumó 14 Centros de Acceso PC Puma en diferentes zonas del país y la disponibilidad de 4 mil dispositivos en estos espacios. Además, mediante la Beca Tablet con Conectividad 2021, entregó 9 mil tabletas con internet a estudiantes de escasos recursos. Se trata de algunos de los 25 mil dispositivos electrónicos de dicho programa.
“Lograr la conectividad para los universitarios continuó como uno de los grandes retos que enfrentó la universidad ante la pandemia. Dotar a los alumnos y docentes de herramientas para el aprendizaje en plataformas digitales fue de los grandes esfuerzos de la institución en el año que concluye. La UNAM logró mantener su actividad educativa gracias al intensivo apoyo a su comunidad estudiantil y académica, mediante infraestructura y capacitación, para continuar desarrollándose en el mundo virtual”, informó la casa de estudios.
En 2021 abrió nuevos espacios para seguir cumpliendo con sus actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Asimismo, se inauguró el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, proyecto científico y cultural que, a través de una museografía interactiva y lúdica, propone un recorrido por la riqueza natural de México.
El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología cuenta con ocho Aulas del Futuro en las que se hace uso de las nuevas tecnologías para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un novedoso método que se implementa en diversos grados y campos del conocimiento.
La UNAM puso en operación otros dos Centros de Acceso PC PUMA con equipos de cómputo y conectividad para alumnos y académicos en los planteles Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra, con lo que suma 14 módulos y una disponibilidad acumulada de 2 mil 276 equipos. Para septiembre, los 14 PC Puma sumaron 6 mil computadoras para préstamo en sitio.
La universidad también otorgó 8 mil becas de conectividad más para estudiantes desde iniciación universitaria hasta posgrado, las cuales se suman a las 32 mil entregadas en 2020 y dirigidas a quienes carecen de una herramienta informática.
Asimismo, durante la pandemia se implementó el Collaborative Online International Learning, que fue puesto en marcha por la Unidad de Educación Continua y a Distancia del Instituto de Geología.
Crecen operaciones aéreas, pero viajan 30% menos pasajeros que antes de la pandemia
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
Con motivo de las fiestas decembrinas e inicio del periodo vacacional de invierno, creció la afluencia de pasajero en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Fuentes aeroportuarias señalaron que durante la temporada las operaciones se incrementan hasta 20 por ciento e informaron que esperan cerrar este año con 35 millones de pasajeros movilizados, 30 por ciento menos que en 2019, previo a la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con cifras de la terminal aérea, en noviembre el AICM atendió 31 millones 997 mil 150 pasajeros nacionales y extranjeros y realizó 274 mil 414 operaciones de despegue y aterrizajes. Durante el mes el día con el mayor número de usuarios atendidos fue el lunes 29, con 135 mil 198 viajeros y el de vuelos comerciales atendidos fue el viernes 19, con mil 34 operaciones.
En diciembre el AICM está movilizando arriba de 120 mil personas al día. El domingo 12 realizó 960 vuelos de despegue y aterrizaje, el 13 contabilizó mil 17, el 14 registro 972, el 15 cerró con mil 34, el 16 hubo mil 87 despegues y aterrizajes, el 17 sumó mil 24 y el 18 llevó a cabo mil 37 operaciones aéreas.
La primera vez que el aeropuerto capitalino tuvo una reducción fue en 2009, por la emergencia sanitaria de la influenza A/H1N1 y la crisis económica de ese entonces, y luego en 2010 a causa de la salida de operaciones de Mexicana de Aviación y sus empresas filiales. En esos dos años el número de pasajeros apenas rebasó la cifra de 24 millones.
Las zonas arqueológicas ubicadas en Yucatán, Quintana Roo, estado de México y Chiapas son las que más frecuentan turistas nacionales e internacionales, entre ellas Chichén Itzá, Tulum, las Pirámides de Teotihuacán, Cobá y Palenque.
Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) señaló que las 19 terminales aéreas que opera están listas para atender el flujo de pasajeros durante el periodo vacacional “Invierno 2021”, que concluye el 9 de enero de 2022.
Apuntó que las terminales aéreas de la red ASA que se encuentran preparadas para cubrir de manera óptima la demanda de usuarios en esta temporada son: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chetumal, Colima, Guaymas, Ixtepec, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.
El personal administrativo y operativo de la Red ASA establecerá durante todo este periodo vacacional una estrecha coordinación con las líneas aéreas, autoridades locales y federales, destacadas en los aeropuertos, y prestadores de servicios, para mantener una correcta supervisión de todas las áreas en cada aeropuerto.
Agregó que para tranquilidad y seguridad de los usuarios, en todos las terminales aéreas continúan aplicando las medidas sanitarias: control de temperatura al ingreso en las instalaciones, empleo de gel desinfectante, aplicación de cuestionario para identificación de factores de riesgo en viajeros, además de la instalación de carteles y medios visuales para la difusión de las medidas sanitarias.
¿A qué le temen los “demócratas”?
CARLOS VELASCO M.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su fallo y en abril el Instituto Nacional Electoral (INE), en manos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, deberá realizar la consulta para revocar o ratificarle el mandato presidencial a Andrés Manuel López Obrador.
Pero ante la desproporcionada reacción de CórdovaMurayama, quienes realmente mecen la cuna en el INE, así como de Claudio X. González a través de Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano (PRD) y Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), nos lleva a un callejón sin salida donde millones de mexicanos se pregunten ¿A qué le temen en esta democracia participativa?
Los restos del establishment, que no son pocos en el país, se mueven a tratar de evitar que aparezca el verdadero ciudadano, ese que exige respeto a sus derechos político-electorales, el que demanda la justicia real en todos sus ámbitos, el que está en contra del monopolio del poder gubernamental, el que busca el respeto que no le han dado históricamente. ¿A qué le temen los encargados de respetar y hacer respetar la democracia electoral en México?
Porque los argumentos esgrimidos por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cabezas visibles de la contrademocracia en el país, para no realizar la consulta de ratificación o revocación del mandato presidencial, uno a uno, caen en el absurdo, por ello podemos concluir que la política electoral en el INE, es demasiado seria como para dejarla en manos de quienes anteponen el interés personal o faccioso en una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. ¿A qué le teme la oposición?
Nada nuevo se descubre cuando estamos ante una opereta de oposición política en México. Han transcurrido tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo único que los mexicanos escuchan de los partidos opositores son infundios, diatribas, calumnias, mentiras completas y, en pocas ocasiones, medias verdades.
Estamos, pues, en un escenario en el que el PAN, el PRI y el PRD se han develado como partidos que carecen que ideología y apenas hace unos días el PRI, por “acuerdo” de Asamblea Nacional se descubrió como socialdemócrata, feminista, ambientalista y antineoliberal. En este caso, hay que imaginar la reacción de Carlos Salinas de Gortari, el creador de ese priísmo que privatizó casi todo el territorio nacional.
A su vez, el PRD se imagina de centro y que definitivamente ya no es de izquierda ¿esta es la oposición que quieren los mexicanos? Estamos ante una oposición simuladora o camaleónica.
Entre los que mueven los hilos de la oposición del talante que hoy padecemos, ¿habrá un grupo de opositores legítimos y preparados que puedan enfrentarse seriamente al gobierno? ¿A qué le temen los hacedores de la “democracia” en México? ¿Por qué se ha convertido en “monstruo” de mil cabezas la democracia participativa?
¿Por qué el IFE y, después, el INE estaban en una zona de confort con la democracia participativa? ¿Realmente el Instituto Nacional Electoral defiende la democracia electoral o simplemente se había convertido en una especie de Secretaría de Elecciones del prianismo?
Y como el INE se ha convertido en parte de la oposición, podemos asegurar que ésta generalmente se encuentra al cuidado de pedir lo que está segura de no obtener, porque de lo contrario dejaría de ser oposición. ¿A qué le temen?
Ubicada en la autopista México-Puebla km 24 + 500, colonia Santa Catarina, Delegación Tláhuac, CDMX, C.P. 13100.
Promueve ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos la Manifestación de Impacto Ambiental por la Operación y Mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. en el predio de zona industrial, no colindante con áreas naturales protegidas ni cuerpos de agua. La actividad de la planta puede presentar efectos ambientales en el aire por emisiones furtivas de Gas L.P. (que son casi imperceptibles), de las válvulas de pérdida mínima que se utilizan para el trasiego del Gas L.P. Otro efecto ambiental afectable es el ruido que se genera por la actividad de vehículos circulando al interior de la planta (80 db máximo) mismo que sólo se aprecia en un radio de 15 metros al interior de la planta, este se presentará exclusivamente en los horarios laborales de 8 horas de la planta; otro efecto de posible afectación a considerar es el ambiental, mismo que puede presentarse en caso de una catástrofe o incendio. La planta cuenta con los procedimientos, programas y políticas para garantizar la integridad mecánica y física de sus instalaciones, así como todo el equipo contra un posible incendio, y en óptimas condiciones de operación para mitigar cualquier eventualidad o emergencia, así como los programas de atención a emergencias y programas de prevención de accidentes para garantizar la seguridad de las instalaciones y la comunidad en general. Todo el personal que labora al interior de la planta tiene la capacidad, entrenamiento y competencia para el manejo del Gas L.P., así como la atención de emergencias, incidentes y accidentes.
PQS, S.A DE C.V.
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Con fundamento en el artículo 182, 183 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las cláusulas DECIMA, DECIMA PRIMERA, DECIMA SEGUNDA, DECIMA TERCERA, DECIMA CUARTA y demás relativas y aplicables de nuestra escritura constitutiva, se convoca a los accionistas a participar en la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día catorce de enero del año dos mil veintidós, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en su caso a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad mercantil, ubicado en la calle de Las Torres número 353, Colonia Tepepan, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14646, en la Ciudad de México, bajo la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Pase de lista de asistencia. II. Inclusión de nuevo socio. III. IV. Propuesta, discusión y en su caso aprobación para aumentar el capital social V. Sociedad. VI. Asuntos generales
Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE ATENTAMENTE
Las resistencias populares frente al despojo
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS
El sol todavía no asomaba en el horizonte cuando comenzaron a aparecer los primeros contingentes. Unos tras otros se fueron concentrando y como a las 10 de la mañana eran más de los esperados. Llegaron de todas partes de la República: de la península hasta el norte del país, pasando por el centro y sus regiones. De acuerdo con los organizadores, al final fueron 298 representantes de 79 organizaciones, pueblos y colectivos provenientes de 14 estados, los que se concentraron en el Polvorín, Petapa, en la región del istmo oaxaqueño, todos respondiendo a la convocatoria para reunirse durante los días 4 y 5 de este mes en Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos ante el Capital Trasnacional. También hubo representaciones de Brasil, Honduras y El Salvador, entre otros.
Que el evento tenía el sello de los movimientos indígenas se supo desde el principio, cuando verdaderas curanderas y médicas tradicionales celebraron una ceremonia antes de los trabajos, alejadas del folclore que ha permeado su uso oficial con otros fines, tiempos y lugares; ese perfil se mantuvo en el discurso de bienvenida que el indígena Pedro Albino, en nombre de los organizadores, dirigió a los asistentes, quien resaltó la importancia de reunirse “tras la desmovilización que provocó la pandemia, en un momento en que los gobiernos desprecian y violan los derechos de nuestros pueblos, y donde se reviven viejos proyectos de despojo, violencia y muerte”. Después de ese mensaje, los presentes trajeron a la memoria los nombres de sus compañeros asesinados, desaparecidos, presos y perseguidos por gobiernos, caciques y grupos de poder, por defender sus derechos.
Durante los dos días de trabajo en plenarias y en mesas, se presentaron testimonios de las agresiones contra los pueblos para despojarlos de sus patrimonio. Hubo algunos desgarradores. Desde Campeche, por ejemplo, se expuso cómo los despachos contratados por Fonatur para convencer a los mayas que vendan sus tierras, en los casos que lo han logrado, se han coludido con personal de la Procuraduría Agraria y grupos delincuenciales para despojarlos de las indemnizaciones; por el norte se denunció la farsa de consulta que la Secretaría de Gobernación efectuó en Ahome, con la finalidad de simular que los habitantes apoyan la fábrica de amoniaco que se pretende instalar y que la mayoría de la gente rechaza porque destruiría los humedades y violenta los derechos de autonomía, territorio y desarrollo propio de los pueblos indígenas.
De la sierra negra de Puebla se denunció la agresión que caciques regionales y empresas mineras trasnacionales, coludidos con los diversos órdenes de gobierno, ejercen contra quienes se oponen a la explotación minera. Del Istmo de Tehuantepec las integrantes de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca que participaban en el foro, se manifestaron en defensa de la educación comunitaria, mientras otras mujeres denunciaban el hostigamiento del gobierno y delincuentes contra los defensores comunitarios, exigiendo que las demandas y necesidades de las istmeñas sean atendidas y dejen de impulsarse obras que sólo beneficiarán a las grandes empresas. Demandas de ese tipo presentaron los participantes de Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Sonora y los representantes de las diversas regiones del país.
La denuncia que más se reiteró fue el acuerdo del Presidente de la República que otorga carácter de interés público y seguridad nacional a las obras del gobierno, lo cual no sólo facilita y acelera el otorgamiento de los permisos que tales obras requieren para su ejecución, sino también permitirán que las autoridades militares y policiacas puedan intervenir “inmediatamente” cuando los inconformes con ellas recurran a la acción directa para detenerlas cuando violen sus derechos o destruyan su patrimonio, como algunos funcionarios han reconocido. Sobre la inconstitucional medida, que ya ha provocado la renuncia de funcionarios que no están dispuestos a acatarla, los foristas acordaron presentar amparos para combatirla. Sólo falta que la SCJN no declare, como en otros casos, que los pueblos no tienen facultades para defenderse de esa manera.
Mientras este foro se celebraba en el Istmo de Tehuantepec, en otras latitudes del país se efectuaban actos similares, donde se exhibían públicamente despojos perpetrados por el gobierno, caciques y empresarios nacionales y extranjeros contra los pueblos indígenas. Al parecer, los pueblos vuelven a la lucha para defender su existencia y su futuro. Después de dos años in movilizados a causa de la pandemia, comienzan a actuar y mostrar su ira, decepción y descontento contra un gobierno que prometió cambios que modificaran su situación y lo que ven es la continuidad de las políticas neoliberales. Nuevos vientos comienzan a agitar el horizonte.
Paridad en la impartición de justicia federal
LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ*
En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo se convirtió en la primera mujer en ocupar una posición en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De entonces a la fecha, la brecha de la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación (PJF) todavía no se cierra, a pesar de que en días pasados se eligió a una nueva ministra en la persona de Loretta Ortiz Ahlf. La presencia de cuatro mujeres en el máximo tribunal constitucional mejora la correlación de género y es indicativo de confianza entre la opinión pública. A la par, este camino inacabado por la paridad laboral también es la senda de las conquistas políticas y sociales desde que se instituyó el voto femenino en 1955.
No obstante, se sigue perpetuando disparidad y lo que se ha visto recientemente en la SCJN debe reproducirse proporcionalmente en los demás cargos, desde consejeras, magistradas, juezas, secretarias y actuarias de tribunal y juzgado, así como oficiales judiciales y personal administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La regla básica que justifica la paridad subyace en las libertades y derechos humanos que nuestra Constitución Política otorga, y no es una idea menor, porque las instituciones del Estado deben apresurar la inclusión efectiva de la mujer en el servicio público para lograr que otras esferas sociales escuchen ese eco de integración y respeto por nuestro trabajo.
La impartición de justicia federal con perspectiva de género es inconsecuente sin el actuar de las juzgadoras, por citar algún ejemplo, en materia penal y laboral. En la primera, reiterada y nocivamente se advierte que los delitos quedan impunes y/o no son denunciados por las víctimas derivado de las amenazas y los riesgos que corren en sus diferentes áreas de interacción familiar y social. Mientras en el ámbito laboral, algunas mujeres sufren discriminación y/o acoso en su afán de satisfacer sus legítimas aspiraciones profesionales.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia (CNIJF) 2021, realizado por el Inegi, en 2020 había 50 mil 999 servidores públicos integrantes del PJF, de los cuales 50.4 por ciento eran hombres y 49.6 mujeres, pero cuando se desagregan las cifras la relación del personal es asimétrica, ya que la representación femenina es mayoritaria en los cargos menores del escalafón judicial, mientras los hombres tienen mayor presencia en los puestos superiores de impartición de justicia.
Por ejemplo, en el pleno del CJF hay cinco hombres (71.4 por ciento) y hasta hoy (diciembre 2021) todavía dos mujeres (28.6 por ciento), lo mismo ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, a medida que bajamos en la escala de jerarquías, la proporción de mujeres aumenta pero no es igualitaria, salvo en el caso del CJF, donde hay 49.9 por ciento de hombres y 50.1 de mujeres en cargos menores.
Quizá la distribución de personas juzgadoras desagregada por género es ilustrativa de la desproporción. Las magistradas de los tribunales colegiados de circuito representan 19 por ciento de la distribución total, las juzgadoras de los tribunales unitarios de circuito participan con 25.3 por ciento y las juezas de distrito representan 25.7 por ciento del total de los impartidores de justicia federal.
Otra justificación que aplica a la proporcionalidad de mujeres y hombres en la integración del PJF es la gestión y el desempeño. Los censos nacionales de impartición de justicia permiten a los creadores de política pública en materia judicial apenas ver que dichos ejercicios son coordenadas de transparencia y deben, en lo sucesivo, generar eficiencias mediante el desglose de las cifras y la consecuente política para que la gestión de los órganos jurisdiccionales y gobierno interno del CJF sean objeto de toma de decisiones sustentadas en la realidad social, pues no puede haber justicia sin confianza ciudadana en sus instituciones judiciales. Justicia y opacidad son antagónicas.
En este ámbito de ideas, sólo se puede avanzar en el camino de la democratización de los espacios judiciales con paridad en la cadena de mando. La demanda no es ambigua y mucho menos trivial, pues se refiere a los avances progresistas que hoy posibilitan una mayor presencia de las mujeres en la toma de decisiones de todos los espacios de la vida pública nacional y el PJF está comprometido con la búsqueda de la paridad. Este poder está a la vanguardia de los cambios que se exigen día con día para que la paridad y la perspectiva de género aplique en la impartición de justicia y el efecto se reproduzca en los poderes judiciales de las entidades federativas y en la sociedad. Todo lo demás es y será inaceptable. *Magistrada federal y académica universitaria
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