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C. ARELLANO Y G. CASTILLO
by La Jornada
GIEI se pronunciará al concluir evaluación del informe de la comisión
JESSICA XANTOMILA
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que proporciona asistencia técnica internacional en la pesquisa por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, evalúa el informe que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia entregó el jueves, así como las acciones que se han llevado a cabo, entre ellas la detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas organizaciones manifestaron ayer su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, informó que será cuando se termine la evaluación sobre lo que ha sucedido hasta el momento, incluidas las 83 órdenes de aprehensión libradas contra mandos militares y personal de tropa, autoridades administrativas y judiciales de Guerrero y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, cuando emitan un pronunciamiento.
CNDH expresa apoyo
La CNDH refrendó su compromiso de acompañar a los padres de los 43 normalistas hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que reclaman desde hace ocho años.
Confió en que en esta ocasión el trabajo de las autoridades de justicia sea pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todos los responsables, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho.
Destacó que estará atenta al desarrollo de los procesos y llamó a los jueces “para que no permitan que la impunidad manche” sus acciones, “fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado”.
En redes sociales, organizaciones que respaldan la iniciativa para que la ex glorieta de La Palma sea llamada Glorieta de las y los Desaparecidos, entre ellas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, expresaron a las familias de los normalistas su esperanza para que “la verdad y la justicia aflore hoy más que nunca ante tanta incertidumbre”, y con ello se termine la impunidad.
En un comunicado, Amnistía Internacional México consideró que las 83 órdenes de aprehensión “son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen”.
QUÉ SALVADOTA ● HERNÁNDEZ
CASO ROSARIO ROBLES
El abogado de la ex titular de Sedatu prevé un proceso complicado
CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO
El proceso de Rosario Robles será largo y complicado, señaló su abogado, Epigmenio Mendieta. Anunció que el próximo lunes se reunirá con la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a fin de abordar las cuestiones legales pendientes, luego de que el viernes abandonó el penal femenil de Santa Martha Acatitla para continuar su proceso en libertad.
“Rosario Robles tiene que enfrentar el proceso y tendrá que demostrar si es inocente o la declaran culpable, pero hoy tiene la posibilidad de recabar todas las pruebas que sean necesarias para el efecto de demostrar su inocencia.
“El proceso va a ser largo, y me parece que es complicado debido a la gran cantidad de medios de prueba, pero estamos confiados en que hemos preparado una buena estrategia. Y vamos a enfrentar lo que tenga que enfrentarse, desde luego, como lo hemos venido haciendo, desde la lealtad que tiene que haber frente a los jueces”.
Agregó que la liberación de la ex secretaria de Estado debe ser una celebración para la justicia. “Hoy el Poder Judicial de la Federación ha demostrado que es ese dique y ese garante para la legalidad con independencia, que quede claro, de los intereses de carácter político que puedan tenerse en cualquier asunto”.
La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien abandonó antenoche el reclusorio de Santa Martha Acatitla, está acusada por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de un cargo público y daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.
Robles Berlanga seguirá cumpliendo un par de medidas cautelares: presentación quincenal directamente ante la Fiscalía General de la
▲ Epigmenio Mendieta, abogado de la ex titular de Sedesol y Sedatu acusada de daño al erario por 5 mil millones de pesos. Foto José Antonio López
República y la prohibición de salir del país con el consecuente informe de alerta al Instituto Nacional de Migración (INM).
Ayer, Francisco Robles Berlanga, hermano de Rosario, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter con familiares y amigos. “De nuevo Rosario Robles junto a su familia, amigas y amigos. Enhorabuena, estamos felices de tenerla de nuevo con nosotros. Gracias a tod@s por su respaldo y solidaridad que nos cobijó durante estos tres largos años”.
Morenistas: “ella debe responder porque encubre a responsables”de desviar recursos
ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA
Senadores de Morena consideraron que Rosario Robles no debe festejar mucho su salida del penal de Santa Martha Acatitla, ya que no ha sido exonerada de los cargos que enfrenta y sólo logró llevar en libertad su proceso judicial, que definirá si es culpable o no de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República.
Rechazaron que la ex jefa de Gobierno perredista y ex secretaria de Desarrollo Social peñista haya estado encarcelada tres años por una revancha política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el caso de los videoescándalos, como ella afirma.
Robles “estuvo luchando mucho por lograr la libertad condicional, acudió a muchos recursos, y este último le resultó, pero que no crea que ya la libró. Debe responder a la justicia por ese megafraude conocido como la Estafa maestra, en el que están involucrados altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los que ella encubre”, resaltó la senadora Antares Vázquez. El senador César Cravioto destacó que la desviación de millonarios recursos de los programas sociales, por la que se le procesa, se conoció en el sexenio pasado, por lo que no hay venganza. “Robles echó por la borda su trayectoria en la izquierda luego de los escándalos que protagonizó con el empresario Carlos Ahumada, los que la afectaron mucho, y al vincularse a uno de los gobiernos más corruptos, el de Peña Nieto”.
En contraparte, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, calificó de buena noticia la liberación de Robles, y el diputado panista Jorge Triana aseguró que ella pasó tres años presa para que el presidente López Obrador “curara sus resentimientos anidados desde los videoescándalos de 2004”.
Jesús Zambrano, dirigente del PRD, coincidió en que el encarcelamiento obedeció a una venganza política por la publicación de los videos. Expresó haber pensado que permanecería en prisión todo el sexenio de López Obrador, porque éste nunca dejó de creer que ella fue autora o coautora de los escándalos en los que se vieron envueltos colaboradores del político tabasqueño.
DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA La incipiente democracia mexicana
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI
HAY QUIEN AFIRMA que el actual gobierno es el más autoritario de la historia contemporánea. Otro sector de la población piensa que ha impulsado políticas tendientes a abrir el camino a la democracia.
PORFIRIO DÍAZ GOBERNÓ al país en forma autoritaria 30 años. La República Imperial duró de 1929 (fundación del partido único) por lo menos hasta el año 2000. Podemos afirmar que la tendencia autoritaria ha predominado claramente en casi toda la historia política de México. Apenas se vislumbra un intento de democratización en los breves meses que gobernó Madero y si queremos encontrar otro periodo de intento de modernización política, tendríamos que buscarlo hasta fechas recientes. Las elecciones durante la época de Zedillo resultaron eficaces y culminaron con la alternancia y el PAN y Fox ganaron los comicios en el 2000, pero un auténtico cambio de régimen es tan cercano como el año 2018, cuando el actual gobierno gana las elecciones y es reconocido por sus adversarios.
ESTO NOS LLEVA a la forzosa conclusión de que el régimen autoritario ha sido la forma predominante de la estructura del poder y que los periodos democráticos han sido demasiado breves. En 2024 se presentará una nueva crisis. Como el actual presidente se reconoce como maderista no puede plantearse su relección. Esto significa que otro régimen, otro gobierno de otro tipo iniciará su gestión justamente en 2024. La crisis que se presentará consiste en que las precarias reformas democráticas que se han completado puedan subsistir y crecer en los próximos sexenios.
NADIE PUEDE NEGAR que el actual gobierno representa un Ejecutivo fuerte como el que aconsejaba Bolívar en los periodos de transición. Está pendiente un proceso de maduración colectiva e institucional para que podamos hablar de una verdadera democracia, la tentación de restaurar el autoritarismo será muy fuerte y solamente la persistencia en un proceso colectivo de crear simultáneamente un Estado democrático y de bienestar podrá impedirlo. Se requieren varias generaciones y muchos sexenios para que pueda consolidarse un Estado moderno y democrático.
Pedirá el INE 4 mil mdp de “presupuesto precautorio”
FABIOLA MARTÍNEZ
El Instituto Nacional Electoral (INE) optó por separar, dentro de su petición de gasto para 2023, la partida de gasto ordinario y puso 4 mil 25.4 millones de pesos como “presupuesto precautorio”, es decir, una bolsa adicional frente a una eventual consulta popular que, en su caso, le tocaría organizar.
Así, su petición de gasto regular para el año entrante es de 14 mil 437.9 millones de pesos y en otra partida irá el citado “presupuesto precautorio”, para financiar todo el soporte operativo, logístico y de comunicación de la consulta. El gasto aquí lo absorberían principalmente dos áreas, la de organización y la de capacitación electoral.
De acuerdo con el documento que será aprobado mañana en sesión de consejo general, los 14 mil 437.9 millones del gasto regular del Instituto está integrado, a su vez, por dos grandes partidas: gasto ordinario por 11 mil 769.7 millones de pesos y 2 mil 668.1 millones como “cartera institucional de proyectos”.
Dichos proyectos están clasificados de la siguiente manera: 916 millones van para organizar elecciones locales, que en 2023 serán para elegir gubernatura en los estados de México y Coahuila, donde si bien el grueso de recursos deben ser aportados por las entidades, el INE tiene responsabilidades principalmente en la capacitación y organización.
Un segundo apartado es “organizar proceso electoral federal”, para lo cual propone gastar 780.8 millones para la sucesión presidencial, así como la renovación del Congreso de la Unión.
Por otra parte, pide 97 millones para “fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público”; 531.8 millones para “fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público”; 239.6 millones para “fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales”; 51.9 millones para “fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales”; 43.1 millones para “fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos” y 6.8 millones para “coordinar el Sistema Nacional Electoral”.
Tras su aprobación por el consejo general, el INE enviará el proyecto al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y esperará la decisión de la Cámara de Diputados para proceder, en su caso, a realizar los ajustes en materia de racionalidad y disciplina presupuestaria, se indica en el documento.
En cuanto al gasto ordinario, el INE propondrá que la presidencia del consejo general disponga de 67.7 millones de pesos (la mayor parte de los recursos son para sueldos); 250.9 millones para los otros 10 consejeros; 64 millones para la secretaría ejecutiva y 89.5 millo-
▲ El INE solicitará $14 mil millones de gasto regular para el año que entra. Imagen de las instalaciones en 2020. Foto Notimex
nes para la coordinación nacional de Comunicación Social, mientras que la de Asuntos Internacionales tendría 35 millones.
Adicionalmente, el anteproyecto indica 78.9 millones para la dirección del secretariado, 174.4 millones para el Órgano Interno de Control, 116.8 millones para la dirección jurídica, y 531.4 millones para la unidad de servicios de informática.
Una de las partidas más grandes la tiene el Registro Federal de Electores (mil 322.5 millones de pesos), así como la dirección de Administración, con 861.7 millones, mucho más que 357.6 millones de la Unidad de Fiscalización.
Otro rubro que absorbe la mitad del presupuesto base del INE son sus oficinas estatales y distritales, ambas con casi 7 mil millones de pesos.
Asambleas de Morena, sin contratiempos
Sin incidentes mayores, Morena inició ayer las asambleas estatales, de donde surgirán sus líderes locales, a su vez, participantes al congreso nacional de este partido, programado para el mes entrante.
Por la noche, Morena felicitó a algunos de los nuevos dirigentes. Por ejemplo, en Chihuahua presidirá el consejo estatal Hugo González Muñiz, mientras Myrna Brighite Granados de la Rosa y Omar Holguín, la presidencia y secretaría del comité ejecutivo estatal, respectivamente.
En Puebla, estarán Andrés Villegas Mendoza (consejo) y Olga Lucía Romero García-Crespo y Agustín Guerrero Castillo (comité ejecutivo estatal), este último cercano al gobernador Miguel Barbosa.
Daniela Mier abandonó el congreso al señalar que no había condiciones para una elección democrática.
De 11 entidades programadas para este fin de semana, este sábado comenzó con Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Puebla y Sonora. Hoy continuará con Coahuila, Colima, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.
Aguascalientes y Yucatán, originalmente propuestas para este fin de semana, se pasaron al bloque siguiente, el 27 de agosto.
Los 20 consejeros en Baja California Sur eligieron ayer para el periodo 2022-2025 a Guillermo Guzmán Cota, quien fungía como dirigente interino.
En Nayarit, Zaira Iturbe Quirarte fue elegida por unanimidad como la nueva dirigente en el estado.
En Chihuahua la disputa fue cerrada entre la regidora Ana Carmen Estrada García y Briggitte Granados de la Rosa, sobrina del delegado federal Juan Carlos Loera.
Fabiola Martínez y corresponsales: Raymundo León, Luis Martín Sánchez, Jesús Estrada y Vicente Juárez
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ
Se prevé que nombren a directivos de siete Ople
FABIOLA MARTÍNEZ
El Instituto Nacional Electoral (INE) se perfila para aprobar mañana nombramientos de consejeros y consejeros presidentes de los institutos electorales de siete entidades, incluida Coahuila, donde se renovará la gubernatura el año próximo.
Morena emitió observaciones, entre otras, respecto a los aspirantes a encabezar el organismo electoral de Coahuila (Larissa María Rodríguez Villarreal y Hugo Alejandro González Bazaldúa) porque a su juicio no tienen el perfil idóneo para el cargo ni garantizan la credibilidad necesaria para dirigirlo.
En un escrito a Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación entre el INE y estos organismos locales, el partido anexa un mensaje de Twitter de Rodríguez Villarreal, en el que dentro de conversación respondió “sin jotear”.
Morena señala que se trata de un lenguaje peyorativo u ofensivo, y advierte que frente al proceso electoral venidero es necesario ser sensible con elementos como la inclusión, además de que en otras publicaciones “la aspirante ha demostrado afinidad con un partido” (PRI).
En cuanto a González Bazaldúa, indica que laboró como directivo en una empresa sancionada con una amonestación de prevención de lavado de dinero y, además, el aspirante fue acusado de presunto responsable de conductas discriminatorias y acoso en el Instituto Electoral de Coahuila, se indica en la misiva firmada por Mario Llergo, representante de Morena ante el INE.
En cuanto a Tlaxcala, se agrega en otra carta que Moisés Palacios Sandoval, aspirante a presidir el instituto electoral de esa entidad, no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria porque no es originario de Tlaxcala, sino de la Ciudad de México, por lo que tendría que comprobar una antigüedad de residencia de al menos cinco años en el estado. Presuntamente omitió señalar que desempeñó un puesto en Hermosillo, Sonora, hasta el 1º de septiembre de 2017.
Frente a esta denuncia morenista, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople) le requirió por escrito y de inmediato la aclaración respectiva, lo mismo al aspirante a consejero presidente de Coahuila.
Durante la sesión del consejo general se presentará, además, un informe de la situación financiera de todos los Ople, así como un reporte del estado jurídico de los procedimientos administrativos sancionadores de 2016 a 2022.
Confía AMLO que su relevo no sea politiquero o corrupto
EMIR OLIVARES Y CRISTINA GÓMEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL RAHUM, GUAYMAS, SON.
Al supervisar el avance para resarcir los históricos agravios al pueblo yaqui, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que su relevo no sea un “politiquero” y menos aún alguien “corrupto”, a fin que se conserven los avances de las políticas dirigidas a los más necesitados.
“Lo que queremos es que se conserven si vienen autoridades que le tengan amor al pueblo, qué bueno, que yo espero eso, que los que nos releven sea gente que le tenga amor al pueblo, no politiqueros y mucho menos corruptos”, planteó ante autoridad y pobladores de los ocho pueblos yaquis.
El mandatario verificó ayer los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, de tres vertientes: tierra y territorio, derecho al agua y bienestar integral, para lo que se destinará una inversión de 11 mil 330 millones de pesos.
Aseveró que en noviembre se saldará una de las demandas: la restitución de 30 mil 200 hectáreas de tierras que les pertenecen, y con ello, 82 años después, dar cumplimiento al decreto de 1940 emitido por el general Lázaro Cárdenas, que no fue respetado por el gobierno de Ernesto Zedillo.
Ante decenas de personas de estos pueblos que se congregaron en el Polideportivo Rahum de esta comunidad, enclavada en el corazón de la zona yaqui, se informó que los recursos para el plan se dividirán de la siguiente forma: para la restitución de tierras se aplicarán 350 millones de pesos, para garantizar el agua a los ocho pueblos yaquis se destinarán 9 mil 203 millones, mientras para las obras de bienestar, incluida infraestructura, mil 777 millones.
Previamente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, dijo que como parte de las obras (centros de salud y educativos, la universidad yaqui, deportivos y otras) se tiene 96 por ciento de avance, pues sólo falta por concluir una de 47; aunque alertó que 42 por ciento de éstas han sido vandalizadas.
Frente a esto, López Obrador planteó tres escenarios a las autoridades y pobladores a fin de que estas obras sean protegidas:
“Una, que se envíe un recurso de mantenimiento de obras al gobierno del estado; otra, a los gobiernos municipales; y una más, es que se entregue a las autoridades tradicionales de cada pueblo. Creo que esa va a ser la mejor, y que de manera democrática decidan cómo manejar ese presupuesto.”
Así, agregó, se establecerá un decreto presidencial para la entrega de manera directa de esos recursos. “Porque si no, va a ser muy transitorio el Plan de Justicia y lo que queremos es que se conserve si vienen autoridades que le tengan amor al pueblo, qué bueno, que yo espero eso, que los que nos releven sea gente que le tenga amor al pueblo, no politiqueros y mucho menos corruptos”.
Detalló que los pueblos yaquis también serán beneficiarios del programa de entrega gratuita de fertilizante del gobierno federal, que es una de las estrategias para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Esta es la sexta visita de López Obrador a los pueblos yaquis. Antes ha estado dos veces en Vicam, una en Potam, Torim, Loma de Guamúchil, y ayer por primera ocasión visitó Rahum, ubicada apenas a 45 minutos en automóvil de la costa, de ahí que esa sea una de las principales actividades para la economía local.
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reunión con autoridades tradicionales yaquis en la comunidad de Rahum, en Guaymas, Sonora. Foto Presidencia
La comunidad estuvo de fiesta y, como varios lo dijeron, no era para menos. La última ocasión que un presidente estuvo en la región fue en 1939, cuando Cárdenas visitó a los pobladores. De ahí que definieran la presencia de López Obrador de “histórica, de la que hablarán nuestras próximas generaciones”.
El tabasqueño también dijo que se atenderán demandas, como comenzar con la rehabilitación de la segunda etapa de vivienda, de un hospital de segundo nivel y concluir carreteras; además, habrá atención médica de calidad y abasto de medicamentos gratuitos.
Falta al nuevo plan de la SEP una ruta clara: maestros
LAURA POY SOLANO
El nuevo plan de estudios para la educación básica, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2023-2024, plantea una “nueva forma de entender la escuela, el trabajo docente y la participación de los propios alumnos, pero carece de una ruta clara de cambio en la formación inicial de los docentes y en servicio. Se propone una transformación radical, pero sin un diagnóstico sobre cómo están hoy las escuelas tras la pandemia de covid-19”, afirmaron profesores-investigadores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM).
En entrevista, Érika Anaya, Óscar Cortés Jiménez y Juan Manuel Rendón Esparza, catedráticos de esa casa de estudios, destacaron que “nuevamente se deja al maestro como simple operador de la reforma que se quiere llevar al aula, y no como un profesional de la educación que puede aportar conocimiento y soluciones”, pues a partir del lunes comenzarán en escuelas de todo el país los talleres intensivos de capacitación sobre el nuevo plan, que deberá ponerse en marcha en todos los planteles en agosto de 2023.
Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió este viernes en el Diario Oficial de la Federación el nuevo plan de estudios para la educación prescolar, primaria y secundaria, cuya fase piloto se aplicará en el ciclo 20222023 en 30 escuelas por estado, subrayaron que el actual gobierno federal “desaprovechó la oportunidad de construir, desde lo realmente colectivo, un modelo educativo distinto”.
Cortés Jiménez reconoció que el nuevo plan de la SEP es distinto a los anteriores porque “plantea una visión de ciudadanía e interculturalidad, y hay cambios sustanciales al reconocer el trabajo en el aula por proyectos, que es una propuesta pedagógica que no es nueva, pero que fue intensamente combatida en anteriores administraciones”.
Sin embargo, enfatizó Anaya, experta en temas educativos, “esta propuesta también nos llega con muchas contradicciones, pues se habla de una educación en diálogo con la comunidad, con el alumno y los padres de familia, pero no se construyó con esa base. En las escuelas lo que ocurrió es que no hubo discusión alguna. Y ahora, pareciera que sólo se quiere legitimar una supuesta consulta al magisterio, afirmando que hubo foros y asambleas”.
Rendón Esparza indicó que si bien “coincidimos con muchos de los planteamientos, como buscar la construcción de un pensamiento crítico en los estudiantes, y por tanto una educación emancipadora y descolonizadora, no es un proceso que se pueda dar por decreto o sólo porque se incluye en un nuevo plan de estudios. Habría que analizar cuáles son las condiciones reales, tanto materiales como de organización, de lo que ocurre en las escuelas”.
Aseguró que estamos ante un magisterio “cansado de ser un simple operador de reformas que van y vienen, que cambian cuando se acaba un sexenio e inicia otro. Se corre el riesgo de que este proyecto sólo quede en un discurso o una impostura, sin convertirse en una herramienta para el cambio educativo que necesita el país”.
Brecha de desigualdad en la infancia, hasta de $4 mil por niño
CAROLINA GÓMEZ MENA
En el gasto público per cápita en infantes de cero y hasta antes de los seis años de edad existe una “brecha de desigualdad” entre las entidades federativas. Por ejemplo, la Ciudad de México registró en 2021 la mayor cifra en el rubro, con 4 mil 330 pesos por infante, mientras en Chiapas fue de sólo 247 pesos.
La investigación Gasto en la primera infancia, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), desglosa que otros de los estados en los que más se invierte en el sector son Chihuahua y Colima, con gastos per cápita arriba de 2 mil 500 pesos. En Hidalgo también se invirtió poco, con menos de 330 pesos. “Esto representa una brecha de 4 mil pesos entre las entidades que más canalizaron al sector y las que menos”.
Esa desigualdad en la inversión “no abona a cerrar las brechas de pobreza” en la primera infancia. “Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen mayor porcentaje de población infantil en pobreza, y esta situación no está siendo compensada a través del gasto público para su atención”.
Advierte que siempre los recursos destinados a la niñez de cero a antes de los seis años “tienen altos rendimientos, en especial entre los más vulnerables”.
El estudio, elaborado por el CIEP, instancia civil sin fines de lucro y apartidista, remarca que dicha inversión es “detonante para reducir las desigualdades a lo largo de la vida. En 2021 el gasto para la primera infancia fue de 16 mil 120 millones de pesos; es decir, mil 247 pesos per cápita y representó 0.21 por ciento del total del gasto ejercido en el año”.
Retoma que, de acuerdo con Unicef, “la inversión en la primera infancia puede llegar a alcanzar una tasa de rentabilidad hasta de 13.7 por ciento”; es una “inversión social. Durante esa etapa el cerebro se forma y crea conexiones neuronales, por lo que invertir en ella mejora las condiciones presentes y futuras de las infancias”.
El gasto en primera infancia se compone de las transferencias monetarias al sector, que representan 14.8 por ciento, y a centros de atención integral públicos o privados.
“Los servicios de guarderías del IMSS concentraron 65.5 por ciento del gasto exclusivo para la primera infancia en 2021; las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Issste ejercieron 16.3 por ciento de gasto, mientras el programa de Expansión de la Educación Inicial de la SEP ejerció 3.2 por ciento del gasto.”
Bloquean mineros por 8 horas la carretera Ímuris-Cananea
JARED LAURELES Y CRISTINA GÓMEZ LIMA CORRESPONSAL
Trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana protagonizaron ayer un bloqueo de ocho horas en la carretera federal México 2 en el tramo ÍmurisCananea, en Sonora, para exigir al gobierno federal resolver la huelga que ya sumó 15 años en la mina Buenavista del Cobre, que explota el consorcio Grupo México.
La decisión fue tomada en asamblea por unanimidad por la base trabajadora luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “incumpliera en dos ocasiones su compromiso” de acudir personalmente a Cananea –los días 6 y 13 de agosto pasados–, con el fin de presentar a los mineros avances concretos a su pliego petitorio.
De las 8 a las 16 horas, con el propósito de ejercer presión ante la visita del presidente López Obrador al estado de Sonora, unos 400 mineros acompañados de sus familias obstruyeron la vía desde el entronque entre Cananea-Ímuris, lo que dejó varados a cientos de tráileres de carga, camiones de pasajeros y autos particulares. A pesar de la intensa lluvia, los manifestantes marcharon y gritaron consignas.
Esta es la segunda ocasión en el año que los mineros paralizan esa carretera por la que a diario circulan camiones y tráileres que transportan mercancías para entregar al otro lado de la frontera.
Por la tarde, luego de que la Secretaría de Gobernación se comprometió a reanudar las negociaciones, los mineros y sus familias levantaron el bloqueo. Se acordó reanudar las pláticas en la sede de la dependencia el próximo 6 de septiembre, en la Ciudad de México, donde se analizarán las principales demandas de los mineros.
Antonio Navarrete, vocero e integrante de la comisión negociadora de la sección 65, en Cananea, detalló que se analizó la posibilidad de avanzar en temas de seguridad social, restructuración de deudas con el Infonavit, así como tratar la restitución de su contrato colectivo y la reinstalación de los mineros, los cuales son “puntos neurálgicos” para dar solución al conflicto que, dijo, acumula tres lustros debido a la “cerrazón y arrogancia” de Germán Larrea, dueño de la empresa.
▲ Los inconformes manifestaron su hartazgo por los 15 años sin respuesta a sus peticiones. Foto Cristina Gómez
La protesta de ayer coincidió con la fecha denominada “domingo verde”, que se refiere a cuando, en 1989, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari envió militares a Cananea con el objetivo de sofocar la protesta de los mineros en contra de la declaración de quiebra fraudulenta de la histórica mina, que luego fue entregada a Germán Larrea.
Tras cumplirse 15 años de que estalló el conflicto laboral en la mina de Cananea, los 657 mineros afectados advirtieron que ellos y sus familiares están hartos de todo el tiempo que ha pasado sin recibir respuesta a sus peticiones.
Heriberto Verdugo, delegado de la Sección 65 en Sonora, expuso que uno de los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue resolver el conflicto laboral de los mineros de la sección 65 del sindicato nacional, por lo que esperan que cumpla su promesa antes de que concluya su administración en el gobierno federal.
Reconoce Gómez Urrutia intervención de la SG para atender demandas sindicales
Ofrece titular de Gobernación presidir reunión en Bucareli el 6 de septiembre
ANDREA BECERRIL
El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, reconoció la pronta intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para avanzar hacia la solución integral de las demandas de los trabajadores de Cananea y con ello levantar ayer el bloqueo carretero ocho horas después que ese gremio lo comenzó.
Precisó que López Hernández se comprometió a presidir una reunión el próximo 6 de septiembre en las oficinas de la dependencia a su cargo, en Bucareli, con la representación nacional y local de los mineros de Cananea y en la que se discutirán las vías para la solución de la huelga que desde hace 15 años protagonizan en la histórica mina de cobre, operada por Grupo México.
El senador Gómez Urrutia precisó que los trabajadores agrupados en la sección 65 accedieron a la petición de López Hernández de levantar el bloqueo a la carretera Cananea- Ímuris, que es el paso a la frontera con Estados Unidos, y esperar a la reunión en septiembre, a condición de que la propuesta fuera por escrito e incluyera los puntos concretos “que nuestros compañeros han puesto en la mesa de negociación”.
“Ello se logró” y la Secretaría de Gobernación, a través de su representante en Sonora, Máximo Moscoso, hizo llegar un oficio al delegado del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero en la entidad, Heriberto Verdugo, en el que se precisa que entre los temas a discutir en dicha reunión están “la reparación del daño económico derivado de la extinción de su contrato colectivo, así como analizar las opciones para que un importante número de afiliados a la sección 65 recuperen sus empleos en la mina de Cananea.
El dirigente del sindicato minero resaltó que éstas son las principales demandas que los trabajadores de Cananea han enarbolado desde que empezó la huelga, en 2007, y es importante que queden plasmadas en ese documento, así como los avances para incorporar a los integrantes de la sección 65 al IMSS y el Infonavit, así como “reforzar las acciones tendientes a desbloquear las cuentas bancarias” sindicales.
“En la plática con el secretario de Gobernación, le dije que seguimos confiando en su interlocución y en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que finalmente este gobierno haga llegar la justicia para los trabajadores de Cananea, pero debían entender que son muchos años, que les arrebataron sus empleos, su contrato colectivo y la posibilidad de una vida digna para ellos y sus familias, y están desesperados.”
El senador Gómez Urrutia dijo que confía en que antes de la reunión del 6 septiembre se obligue al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a sentarse a negociar las peticiones de los verdaderos trabajadores de Cananea, con el fin de terminar un conflicto que él propició y que se niega a resolver “por mera soberbia”.
No se trata, señaló, de un asunto de dinero, porque es uno de los hombres más ricos del país, “para su inmensa fortuna no es nada pagar los salarios caídos de los mineros de Cananea y las demás prestaciones que les corresponden”. Larrea será el responsable si los mineros acuden nuevamente a movilizaciones y protestas sociales, advirtió.
STPS desatendió los derechos laborales en las minas: Auditoría Superior
JARED LAURELES Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
En su más reciente revisión a las labores de regulación e inspección de las condiciones del empleo minero que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la dependencia no fue efectiva para incidir en la mejora de las condiciones en las minas ni para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector. De acuerdo con el dictamen de la ASF, la propia STPS reconoce que existen centros de trabajo minero que no cuentan con condiciones dignas ni decentes, donde existe una deficiente vigilancia del cumplimiento de la normativa, y el fomento de la seguridad social y salud es insuficiente, entre otras anomalías. Además, en la revisión de la cuenta pública 2019, la ASF encontró que la STPS no tenía ni siquiera el número preciso de mineros que debía proteger, y es que la dependencia operó el sistema del Directorio Nacional de Empresas, el cual cumplió la función de patrón, en el que se registraron 7 mil 416 centros activos, de los cuales 60.2 por ciento sí contaron con dicho registro y el resto no, por lo que “no se dispuso de un dato exacto de los trabajadores que se buscó proteger mediante la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral”, concluyó la ASF.
Ese año, la STPS dispuso de 551 millones de pesos para inspeccionar las condiciones mineras, que corresponden al proyecto “Ejecución de los programas y acciones de la política laboral”, pero no ejerció 81.9 millones, es decir, casi 15 por ciento.
En la operación de estos recursos, la instancia federal no tuvo una metodología de indicadores ni de información suficiente “que permitiera comprobar que las acciones de regulación e inspección de las condiciones laborales mineras contribuyeron a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente”, de acuerdo con la Auditoría Superior.
El presupuesto del que dispone la dependencia para este propósito se ha reducido: en 2018 era de 658 millones de pesos y en 2022 es de 551 millones de pesos.
En cuanto a las inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo; seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, la STPS realizó 845 inspecciones a estos centros, cifra que representó 11.4 por ciento de estos espacios.
En cuanto a la elaboración y actualización del marco normativo regulatorio, la STPS contó con dos normas oficiales mexicanas específicas para el sector minero y 30 normas en materia de seguridad y salud; sin embargo, no acreditó si las normas vigentes en materia de seguridad y salud permitieron resolver las necesidades de estos trabajadores.
En opinión de la ASF, es necesario que la secretaría fortalezca su gestión en la vigilancia del cumplimiento de esta normativa, con el fin de disminuir los riesgos que vulneren los derechos de los empleados mineros.
