JUEVES 20 DE JUNIO DE 2013
■ Tribunal
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Unitario de Zacatecas ejecutará hoy mandato judicial
Ordenan a Peñasquito devolver 599 hectáreas La empresa rehusó pactar una renta justa para seguir explotando la mina de oro a cielo abierto más grande de AL: abogado de ejidatarios ■
ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ Corresponsal
ZACATECAS, ZAC., 19 DE JUNIO.
La firma canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, en Zacatecas, deberá devolver hoy a los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo 599 hectáreas que rentaba desde 2005 ■ Foto Alfredo Valadez / Archivo
El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco emitió un mandato judicial expedito, con el cual ejecutores del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas acudirán este jueves a la mina Peñasquito para restituir físicamente a los 29 campesinos del ejido Cerro Gordo las 599 hectáreas que en 2005 rentaron a la empresa Goldcorp, de capital canadiense, operadora de ese yacimiento, informó el abogado de los demandantes, Alfonso Herrera Gómez. En el municipio de Mazapil, Goldcorp rentó a los ejidos El Vergel, Cedros, Cerro Gordo y Mazapil un polígono de 5 mil 400 hectáreas para operar la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina. En el centro de esa superficie se localizan las 599 hectáreas donde el consorcio desarrolla sus principales actividades. Iniciado en 2009, el litigio entre los 29 campesinos de Cerro Gordo y Goldcorp comenzó a resolverse en enero pasado, cuando el magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal unitario de circuito, rechazó un
amparo que interpuso Peñasquito. Los abogados de la trasnacional pretendían invalidar con ese amparo la sentencia definitiva 528/2012 y la auxiliar 1176/2012, que previamente emitió el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas (TUAZ), que ordenaba a Peñasquito restituir las tierras a los ejidatarios. Los pobladores de Cerro Gordo probaron que Goldcorp incurrió en actos ilegales para rentar las tierras ejidales, como falsificación de títulos agrarios y engaño a los campesinos, a quienes ofreció 50 centavos por metro cuadrado como renta anual. A principios de marzo el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco citó a las partes a la audiencia de ejecución de la sentencia en la sala principal del TUAZ. Los representantes de Goldcorp advirtieron que una de las condiciones para restituir las 599 hectáreas al ejido Cerro Gordo no estaba cumplida: los 29 campesinos debían restituir a Goldcorp tres millones de pesos que la trasnacional les pagó por ‘‘renta anual’’. Los ejidatarios reunieron el
dinero y cuando iban a realizar el depósito, el magistrado no quiso aceptar el efectivo y les exigió un cheque de caja. Luego los representantes de Goldcorp pidieron al magistrado que un perito contable determinara el monto exacto que los campesinos debían restituir (menos de tres millones de pesos, debido al tiempo que Peñasquito ha tenido el dominio y aprovechamiento efectivo de las tierras en el presente año). ‘‘El magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco certificó que se tiene por efectuado el pago de los ejidatarios de Cerro Gordo, por dos millones 500 mil pesos, y ahora sí se ordena la restitución inmediata por parte del Tribunal Unitario Agrario, lo cual procederá a realizarse este jueves 20 de junio a las 8 horas’’, dijo el abogado, quien señaló que la parte contraria ya fue notificada. Agregó que fue imposible lograr un acuerdo económico extrajurídico con Goldcorp para que ésta pagara una renta justa por las tierras de los 29 campesinos, a pesar de dos reuniones con directivos de la firma canadiense en las ciudades de Toluca y Zacatecas.
Alerta Frisco sobre peligro de accidente en el yacimiento El Coronel ZACATECAS, ZAC., 19 DE JUNIO. Grupo Frisco solicitó al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, ‘‘tomar las medidas necesarias’’ para que se abra la mina de oro a cielo abierto El Coronel, a fin de que una brigada completa de mantenimiento ingrese y evite un accidente que pondría en grave riesgo tóxico la flora, la fauna y a los habitantes del semidesierto sur de Zacatecas. En un oficio firmado por Humberto Garibay Vanegas, apoderado legal de Minera Real de Ángeles, unidad El Coronel, el corporativo propiedad de Carlos Slim advierte al gobernador –con copia a las secretarías de la Defensa Nacional y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa)–, que se deslinda de cualquier contingencia en sus instalaciones debido a los productos químicos y toneladas de explosivos ahí guardados. El complejo minero fue ocupado el 29 de mayo por 740 trabajadores que se declararon en paro en demanda de que las autoridades laborales autoricen su adhesión al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, y abandonar el llamado Frente Minero, que dirige Carlos Pavón Campos y tiene la titularidad del contrato colectivo, pues consideran que no defiende sus intereses. En el texto con fecha 15 de junio, entregado en la oficina de Francisco Escobedo Villegas, secretario gene-
ral de gobierno, Frisco refiere: ‘‘El grupo minoritario (de trabajadores) colocó retenes en los accesos para obstruir el paso de vehículos y transeúntes e impidió a los trabajadores realizar sus operaciones cotidianas’’. Este bloqueo, sostiene, pone en riesgo inminente de catástrofe ambiental no sólo a la mina, sino a toda la población de la zona. El representante de Frisco explicó que en El Coronel se utilizan cada día ‘‘75 millones de litros de solución que contiene 400 gramos de cianuro por metro cúbico, lo cual la hace altamente tóxica, resultando imperativo el monitoreo y mantenimiento constante (durante 24 horas) por un grupo especializado de ingenieros’’. Además, en los polvorines de la mina hay 175 toneladas de explosivos. ‘‘Ante una falla de los equipos y un
Los empleados de la mina El Coronel, en Zacatecas, iniciaron el 29 de mayo una huelga para exigir que los dejen adherirse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia ■ Foto Alfredo Valadez eventual derrame de solución de cianuro, como ya ocurrió el 4 de junio, cuando intervino la Profepa, se corre el riesgo inminente de contaminación de abrevaderos y escurrimientos a los cauces de agua superficiales, lo
que afectaría a la fauna silvestre por la infiltración al subsuelo y el posible contacto con pozos de abastecimiento para uso humano’’, señala el texto. ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONSAL