REDACCIÓN

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POLÍTICA

PROGRAMAS SOCIALES AYUDAN A “DOMAR LA VIOLENCIA”

Anuncia AMLO planes de seguridad para los pueblos del Gran Nayar

DE LA REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que se siente optimista porque vislumbra que “estamos domando el problema de la inseguridad y la violencia” en el país y los programas sociales “están dando efectos”, anunció ayer que se diseñará un plan de seguridad para el Gran Nayar –que comprende territorios serranos de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas–, donde autoridades tradicionales de pueblos indígenas le pidieron insistentemente que se construyan cuarteles de la Guardia Nacional (GN) para abatir la criminalidad.

El mandatario se reunió con representantes de comunidades n’ayeri y wixárika en Nayarit y Jalisco, que le plantearon su preocupación por los altos índices de inseguridad y pidieron que se refuerce la presencia de la GN, solicitud que también le hicieron la víspera autoridades tradicionales de Durango.

López Obrador aseguró que la petición es importante porque da cuenta de que “las comunidades han cuidado y conservado la tranquilidad en sus pueblos, nada más que ya hay grupos muy poderosos en la delincuencia y se requiere del apoyo del Estado”.

En Jesús María, municipio Del Nayar, Nayarit, los representantes indígenas presentaron el Plan de Justicia para el Pueblo N’ayeri y solicitaron que se atiendan rezagos históricos en materia de infraestructura, educación y salud, entre otros. “Queremos seguir siendo lo que somos, indígenas, pero también queremos vivir de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo”, expresó Martín Valentín Vargas, uno

PAN prepara impugnación a reforma de GN

La acción de inconstitucionalidad que prepara el PAN contra los cambios legislativos sobre la Guardia Nacional parte de la base de que violenta los artículos 21 y 129 de la Constitución, así como el 5 transitorio de la ley que crea el organismo, señaló Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. “Nosotros queremos defender al Ejército de esa responsabilidad, para que no siga asumiendo las tareas de seguridad pública porque se pone en alto riesgo, de acuerdo con la Constitución y el derecho internacional”, precisó entrevistado en el contexto del informe del gobernador de Querétaro. Georgina Saldierna

de los gobernadores tradicionales. Acompañado por el gobernador nayarita Miguel Ángel Navarro y diversos funcionarios federales, López Obrador llamó a terminar con el racismo y sostuvo que su gobierno está destinando “más apoyos a los municipios indígenas, porque la justicia es dar más al que tiene menos”. En Mezquitic, Jalisco, junto con los gobernadores Navarro y Enrique Alfaro, López Obrador recibió de autoridades tradicionales una propuesta para emitir un decreto

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador en el acto de presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika en el Centro Ceremonial Kwauriyapa, en Mezquitic, Jalisco. Foto Presidencia

que reconozca y proteja los lugares sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos wixárika (huichol en español), o’dam (tepehuanes del sur), n’ayeri (cora) y mexicanero o mexica (nahua).

Al presentar el Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika, los representantes de las comunidades indígenas pidieron proteger en particular cinco sitios sagrados: Tatéi Haramara en Nayarit, Tee’kata y Xapawiyemeta en Jalisco, Hauxamanaka en Durango y Wirikuta en San Luis Potosí. También solicitaron reforzar en la región la presencia de la GN.

López Obrador se comprometió a iniciar la revisión del decreto y anunció que solicitará al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, que diseñe un plan integral de seguridad para el Gran Nayar. Con ello, afirmó, se construirán los cuarteles solicitados para que los pueblos indígenas “puedan tener seguridad y protección como merecen”.

Para cerrar el día, el mandatario federal inauguró con el gobernador Alfaro un cuartel de la GN en Colotlán, Jalisco.

Alfaro refrendó el compromiso de su gobierno para “cerrar filas y no distraernos en el debate político, y entender que tenemos un reto enorme todos los mexicanos” para recuperar la paz y la tranquilidad. Con información de Arturo Sánchez Jiménez

Disfrutaron un millón de personas el espectáculo La Gran Fuerza de México

SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ CORRESPONSAL TECÁMAC. MEX.

Más de un millón de personas, de manera presencial y virtual, disfrutaron ayer el octavo espectáculo La Gran Fuerza de México, fiesta de proezas y maniobras de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, Ejército y Guardia Nacional (GN), que se retoma después de la pandemia por covid-19.

Antes de las siete de la mañana, las familias comenzaron a llegar a la base aérea de Santa Lucía para disfrutar la exhibición, que se desarrolló en un espacio contiguo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde se estima asistieron unas 122 mil personas.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de brigada diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejos, en representación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, destacó que por primera vez se integra la GN.

La demostración comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las dos de la tarde. Pilotos tripularon 106 naves e hicieron pases de formación y acrobacias en el aire; además, dieron muestra de estrategias de salvamento, rescate, traslado de víveres y medicamentos en contingencias.

Realizaron lanzamiento de paracaidistas en caída libre y los asistentes fueron sorprendidos cuando a corta distancia pudieron ver helicópteros, de los cuales descendieron militares, que simularon infiltración de tropas a zonas de inseguridad.

Entre otras demostraciones, aviones F5, acompañados con su característico fuerte sonido al surcar el cielo, fueron ejemplo de la capacidad de pilotos mexicanos en el adiestramiento de combate aéreo. Aeronaves Pilatus PC7, utilizados en la capacitación de cadetes, desarrollaron tablas acrobáticas. El Escuadrón Aéreo 402 exhibió tácticas de adiestramiento de pilotos aviadores.

Durante el acto no se suspendieron vuelos comerciales y civiles en el AIFA.

“Falta mucho por hacer” en labor conjunta contra el crimen: embajador Salazar

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La seguridad es un tema compartido entre México y Estados Unidos, en el que “aún falta mucho por hacer”, aseguró el embajador estadunidense Ken Salazar.

En un mensaje emitido con motivo del primer aniversario de su llegada a México, el diplomático expresó que “para alcanzar la visión de la unión económica del mundo que beneficia a todo el pueblo, se requiere seguir el trabajo compartido para la seguridad de las dos naciones”.

Salazar añadió que “respetando la soberanía de México, trabajamos con los gobiernos federal y estatales y la sociedad civil para poner un alto a las peligrosas organizaciones criminales que llevan corrupción y criminalidad a nuestros países”.

“Falta mucho por hacer, incluyendo invertir mayores recursos para fortalecer la procuración y el sistema de justicia en todos los niveles”, aseveró el enviado de Washington. Dijo que, entre otras acciones en materia de seguridad, su gobierno “está comprometido a frenar el tráfico ilegal de armas para que no lleguen a nuestras comunidades en los dos países”.

Confi rma Ricardo Monreal sus aspiraciones para 2024

ANDREA BECERRIL

En un acto masivo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que no se confrontará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la víspera lo criticó por no votar la reforma que permitirá fortalecer a la Guardia Nacional, y aseguró que no dará marcha atrás y peleará por la candidatura presidencial de 2024.

La presentación de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen en el Monumento a la Madre se convirtió en un mitin en el que reiteró su aspiración de suceder a López Obrador y en el que participaron organizaciones de comerciantes, locatarios de mercados, tianguistas, deportistas y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, que él encabezó.

Ahí, Monreal insistió en que, en su momento, participará en la elección interna por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República y la ganará a “la buena”, sin ser corcholata.

Su discurso fue coreado con gritos de “sí se puede” y “presidente, presidente.”

FGR reserva por 5 años las carpetas de la guerra sucia y las masacres del 68 y el 71

En respuesta a una solicitud de La Jornada, señaló que la información afectaría las líneas de investigación y pondría en riesgo a los involucrados

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

La Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como confidencial por cinco años toda la información relacionada con las más de 450 averiguaciones previas iniciadas por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por la desaparición de más de 500 opositores políticos durante la guerra sucia en hechos ocurridos en Guerrero, Sinaloa, Puebla, la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, entre otras entidades, así como con las indagatorias de las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

En respuesta a una solicitud de información de La Jornada, la institución también se negó a responder qué unidad está a cargo de los expedientes que entre 2002 y 2006 se integraron en la extinta Femospp.

Señaló que la medida responde a la necesidad de “preservar los intereses de la justicia”, pese a que en diciembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa en Chihuahua, ordenó la apertura de todos los archivos e instalaciones civiles y militares para que se conozca lo ocurrido durante la guerra sucia y se pueda hacer justicia a las víctimas y familiares.

En ese acto se instaló la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990.

De manera concreta se solicitó a la FGR que informara qué instancia de esa institución tiene bajo su responsabilidad dar seguimiento, integración o conclusión a las averiguaciones previas o indagatorias iniciadas por la extinta Femospp; cuántas indagatorias siguen en integración, y cuántas han sido enviadas a reserva o se ha decretado el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, se pidió el número de indagatorias o averiguaciones previas de los casos que inició la Femospp y que continúan en integración o investigación.

Sin especificar o revelar qué área de la FGR tiene bajo su responsabilidad estas indagatorias, la institución respondió: “Dicha unidad administrativa manifestó que todos los datos relacionados con las averiguaciones previas se encuentran clasificados como reservados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

Agrega el oficio FGR/UTAG/ DG/005259/2022, cuya respuesta ya fue recurrida, que “los expedientes de investigación y todo lo relacionado a los mismos podrán permanecer reservados hasta por un periodo de cinco años”.

Según la FGR, en caso de dar a conocer los datos solicitados existe “riesgo real, toda vez que dar a conocer la información relacionada con los expedientes menoscabaría las facultades de investigación llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público de la Federación, en este caso afectando las líneas de investigación pendientes, ya que al hacerlas públicas pudiera llevar a la destrucción de evidencias e incluso poner en riesgo la vida o integridad de testigos o terceros involucrados.

“Asimismo, afectaría la capacidad de allegarse de los elementos necesarios para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del investigado en otros expedientes en los que se encuentre involucrado.”

Ordenan modifi car requisitos para otorgar ayuda a familiares de migrantes desaparecidos

JESSICA XANTOMILA

Las familias de migrantes centroamericanos y de otros países víctimas de desaparición y asesinato en México, “que en su mayoría viven en condiciones muy pobres”, enfrentan serias dificultades para tener acceso a los apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), acusaron organizaciones.

Indicaron que entre los requisitos para iniciar el trámite están la acreditación fiscal, disposición de cuentas bancarias y su presentación personal en las instalaciones de la dependencia.

Ante ello, a partir de una demanda interpuesta por la Fundación para la Justicia (FJEDD), que acompaña casos como la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, un tribunal colegiado ordenó a la CEAV modificar los lineamientos para otorgar ayuda, asistencia y reparación integral, publicados el 5 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

El vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que los lineamientos publicados “son efectivamente contrarios al principio de progresividad, al condicionar el acceso de las víctimas a sus derechos”, y “se pronunció sobre las indebidas exigencias impuestas” para iniciar los trámites de acceso a los recursos, informaron la FJEDD, Casa del Migrante Saltillo y Cofamide, entre otras.

Igualmente, indicaron, la autoridad “consideró contrario a los principios constitucionales el otorgamiento ‘vía rembolso’ de recursos para el pago de gastos funerarios”.

En un caso relacionado con la masacre de los 72 en San Fernando, “nos han pedido un código bancario que no existe en el país” de donde es originaria la familia, y la CEAV argumenta que “la Secretaría de Hacienda se los exige”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia. Recordó que a pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida en 2014, “desde ese año las víctimas no han tenido acceso a la reparación”.

Sobre el otorgamiento de recursos por rembolso, indicó que es muy complicado para las familias, que se han endeudado para pagar, por ejemplo, el traslado de los cuerpos de sus seres queridos a sus países.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) medidas cautelares a favor de cientos de migrantes que se encuentran “en condiciones precarias” en el perímetro de las oficinas de dicho órgano en Tapachula, Chiapas, en espera de realizar sus trámites, “ya que las fichas que otorgan no son suficientes”.

Agregó que niños, adolescentes, mujeres embarazadas e individuos con discapacidad permanecen “expuestos a las inclemencias del clima e inseguridad, lo que pudiera generar afectaciones a su salud e integridad, violentando con ello sus derechos humanos”, expuso la CNDH en un comunicado.

Por ello, requirió a la Comar realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes para “garantizar la atención humanitaria de urgencia” a estos migrantes, privilegiando aquellos que se encuentran en especial en situación de vulnerabilidad.

DANDO LA CARA ● HERNÁNDEZ

CEAV no considera víctimas a desplazados “porque no es delito”, denuncian ONG

JESSICA XANTOMILA

El hecho de que a escala federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento forzado interno no esté tipificado como delito ha obstaculizado que los afectados sean considerados víctimas. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, las entidades que lo consideran como tal son Sinaloa, Sonora y Guerrero. Esta situación impide que los perjudicados reciban oportunamente diversos apoyos y atención, advirtieron organizaciones como Serapaz.

“Se les argumenta que por ser desplazados no son víctimas, que el desplazamiento no es delito y tienen que hacer alguna denuncia penal por algún delito, a pesar de haber sufrido enfrentamientos armados, expulsiones, amenazas, agresiones con armas de fuego, destrucción y quema de casas, cultivos y negocios, saqueo de viviendas y robo de animales”, aseveró el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado, integrado por 12 comunidades y grupos de desplazados en siete estados.

En sus observaciones preliminares sobre su visita oficial a México, la semana pasada, la relatora de la ONU sobre los derechos humanos de desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, manifestó que recibió información sobre la dificultad de tener acceso de manera oportuna al registro de víctimas a escalas nacional y estatal, debido a que el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito, pero también porque por la vía de violaciones a derechos humanos no se otorga esa condición “hasta que exista una recomendación de organismos autónomos” en la materia.

Esa situación, subrayó, impide que reciban los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas. No obstante, reconoció que la Ley General de Víctimas es un instrumento “altamente complementario” en el reconocimiento de los desplazados internos “para efectos de protección y asistencia”.

Víctimas y organizaciones apremiaron al Senado a aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se tipifique como delito, y demandaron “acciones claras de la CEAV para agilizar el reconocimiento de su calidad de víctimas, entendiendo su problemática específica”.

Julián Méndez Córdoba, originario de El Guanal, en Ocosingo, Chiapas, representante de desplazados en la entidad, expuso que a pesar de que huyeron de sus poblados hace 28 años por conflicto armado, no han sido indemnizados por sus tierras.

DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA Revive la Suprema Corte

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI

DURANTE EL RÉGIMEN presidencialista y de partido único vigente de 1929 a 2000, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo carácter independiente en lo que toca a asuntos privados, pero en los públicos se sometió a la voluntad del Poder Ejecutivo. Varios ministros destacaron por sus opiniones bien fundadas, pero la suerte de la Corte y sus resoluciones no provocaron siquiera curiosidad para el gran público. Esta situación empezó a cambiar con una reforma tempranera de Ernesto Zedillo, que reorganizó el tribunal supremo. En la etapa en que ha transcurrido la vida de “la nueva Corte”, los fallos siguieron siendo aún previsibles y la influencia del Poder Ejecutivo muy poderosa. Sin embargo, es hasta fecha reciente que parece revivir la Corte y convertirse en lo que es: un órgano supremo que dicta la última palabra en conflictos privados y públicos. ¿POR QUÉ ACTUALMENTE resulta relevante el origen de los nombramientos de los ministros y su ideología y por qué se han vuelto asuntos de interés las resoluciones de la Corte que tan poco atraían la curiosidad pública? UN ANÁLISIS INTERESANTE es comprobar qué resoluciones han sido favorables a las iniciativas del gobierno y cuáles contrarias. Nos encontramos entonces con una sorpresa: las resoluciones de la SCJN han avalado indistintamente los actos impugnados que son intereses del gobierno. PERMÍTANME CITAR ALGUNOS ejemplos de los casos más representativos en los que la Corte ha resuelto en contra del interés del gobierno: la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la legislación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, la ley Zaldívar y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y los que ha resuelto a favor: la consulta popular, la figura de los superdelegados, ley del uso de la fuerza, la legislación eléctrica y otras. ADEMÁS, HA SIDO particularmente sensacional la discusión en torno a la figura de la prisión preventiva oficiosa, en la que el proyecto del ministro Luis María Aguilar encontró vasta resistencia, al punto de que tuvo que retirarlo para reconstruir su propuesta en busca de consenso.

NOS ESPERAN GRANDES sorpresas, porque las instituciones están cobrando vida y han dejado de ser las estructuras inertes del pasado, cuando la Corte se ajustaba a las intenciones y a las decisiones de la Presidencia como poder absoluto en los asuntos públicos.

Refugios para mujeres y sus hijos recibirán menos recursos en 2023

El aumento de 5.3% en el proyecto de presupuesto es inferior a la infl ación, señaló la directora de la red nacional de estos albergues

CAROLINA GÓMEZ MENA

Si bien la propuesta de presupuesto 2023 para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos considera un incremento de poco más de 5 por ciento, dicha alza es inferior a la inflación, la cual –de acuerdo con datos del Banco de México al 9 de septiembre– es de 7.49 por ciento, señaló a La Jornada Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR). La sicóloga feminista indicó que, de aprobarse ese monto, los refugios en realidad recibirán un poco menos que el año en curso, lo cual apunta a que no hay real reconocimiento de los contextos de violencia en que viven las mujeres. Detalló que según el paquete presupuestal 2023, presentado esta semana, al esquema “se le asignan 443 millones 719 mil 953 pesos. Nuestra primera reflexión al comparar el presupuesto de este año 2022, que es de 420 millones 203 mil 440 pesos, es que existe un incremento de 5.3 por ciento, el cual sin duda se reconoce, pero sigue resultando no estar acorde con la inflación”.

Si se avala ese monto para 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres y niños en situación de violencia, el esquema operará en realidad con “1.05 por ciento menos que el año en curso”.

Compromiso del gobierno

Precisó que ello “no solamente sigue reflejando que se determinan los presupuestos sin considerar la inflación”, sino que también se continúa “careciendo de una mirada y reconocimiento de las realidades y los contextos de violencias y transgresiones que viven las mujeres en México y, por supuesto, alejada totalmente de los derechos humanos y de poner en el centro de los presupuestos a las mujeres”.

En la RNR “seguimos insistiendo en tener mesas de diálogo para construir presupuestos progresivos, garantes y con perspectiva de género. Es indispensable ver en los presupuestos el compromiso de los gobiernos; lo seguimos diciendo: un país democrático y con Estado de derecho pleno no ignora el incremento de las violencias machistas contra las mujeres”.

La agrupación feminista destacó que las violencias contra ellas “no se han podido disminuir” en el país. “Datos de junio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que de enero a junio de 2022 fueron re-

▲ Mujeres de Guerrero se manifestaron contra la violencia de género en marzo de 2020 en la Plaza de la Constitución. Foto Roberto García Ortiz

portados 479 feminicidios y mil 398 mujeres asesinadas por homicidio doloso. México se mantiene en la cifra de 10 mujeres asesinadas al día, y se superó la media en el último mes, reportado con 12 diarias”.

La RNR lamentó que “la investigación de delitos graves y los procesos de denuncias siguen marcados por ausencia de perspectiva de género y de derechos humanos, volviéndose un obstáculo para el acceso a la justicia integral de las mujeres, niñas y adolescentes”.

Señalan expertas avances contra la violencia de género en “palabras y leyes, pero no en los hechos”

CAROLINA GÓMEZ MENA

Entre las dificultades para prevenir y atender la violencia contra las mujeres está la ausencia de voluntad política que permita destinar recursos suficientes para enfrentar el problema y diseñar políticas efectivas.

Asimismo, “aunque desde finales de los años 90 y principios de este siglo se empezó a tomar más en serio el tema y se ha incorporado a nivel legal (y) tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, y hay muchas normativas que hacen que las instituciones públicas adopten perspectivas de género, todo eso está lejos de traducirse en un compromiso real y sostenido”.

Es decir, “hemos adelantado mucho a nivel de papel, de las palabras y de las leyes, pero no hemos adelantado en los hechos, y éstos nos están sobrepasando, porque de hecho la violencia contra las mujeres no disminuye, se incrementa. Tal es el caso de los feminicidios”, aseguró a La Jornada Irene Casique Rodríguez, investigadora del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al anunciar la realización, por primera vez en México, del foro The Sexual Violence Research Initiative (SVRI) del 19 al 23 de septiembre en Cancún, expresó que en el país se cuenta con información cuantitativa de las agresiones de género, principalmente la proporcionada recientemente por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh). “Aunque no levanta información sobre todas las expresiones de violencia (sólo se centra en algunas), México está en mejores condiciones que otros países de la región, donde se carece de esos datos”.

Claudia García Moreno, fundadora de SVRI, destacó que la investigación sobre las distintas formas de violencia hacia las mujeres genera cada vez más interés en el ámbito académico y hay muchas personas “jóvenes interesadas en el tema”.

Casique Rodríguez indicó que la Endireh 2021 evidenció aumento de las agresiones en relación con la levantada en 2016, “o sea, los problemas no están disminuyendo a pesar de tener políticas públicas e instituciones orientadas a la prevención”.

La Endireh detalla que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado una situación de violencia al menos una vez en la vida, esto es, 4 por ciento más que la encuesta de 2016, cuando el porcentaje fue de 66.1. EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ