GEORGINA SALDIERNA, EMIR OLIVARES, ANDREA BECERRIL Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y

VE TARDANZA DE LA OPOSICIÓN EN LLEGAR A ACUERDOS En 2024, un referendo para elegir entre proyectos de nación contrapuestos: AMLO

GEORGINA SALDIERNA Y EMIR OLIVARES

Las elecciones de 2024 serán un referendo sobre la Cuarta Transformación que promueve el actual gobierno y ahí la gente podrá decidir entre proyectos de nación contrapuestos, consideró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, pidió a la oposición no comer ansias, al referirse a las tendencias en redes sociales en las que se aludió a la destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, y se promovió el hashtag “Sigues tú AMLO”.

“¡Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando!, diría mi paisano Chicho Che”, ironizó el mandatario en su conferencia matutina, donde señaló que ese golpe de Estado está muy fantasioso. “Nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente”, agregó.

También destacó que cuando se lanzan mensajes en Twitter, hay que quitarles como 70, 80 o 90 por ciento de quienes interactúan, porque son bots.

López Obrador calificó además de incongruente a la oposición, pues se reformó la ley para establecer la revocación de mandato y decidió no participar. “Llamaron a no votar”, recordó.

El jefe del Ejecutivo federal resaltó que viene ahora otra oportunidad, porque 2024 va a ser también como un referendo. No sólo se va a elegir al próximo presidente, mujer u hombre, a los diputados y senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación distintos, contrapuestos, enfatizó.

La gente va a poder decir si quiere que continúe la transformación o no; si quiere que regrese lo que había, el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Si quiere que siga el saqueo, porque “nos gusta el masoquismo”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, insistió en que el bloque opositor se está tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar en 2024.

Resaltó que el tema no es fácil y se preguntó si sus adversarios piensan que “Claudio va a decir: Va a ser este y ya todos de acuerdo.

“Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, ironizó el Presidente.

Del lado de su partido, expuso que el método para elegir al abanderado de 2024 ya está resuelto. Va a ser una encuesta. No hay dedazo, reiteró.

▲ Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, consideró ayer que está en juego la estabilidad política del país; imagen de 2019. Foto Cristina Rodríguez

La corrupción no sólo merma el desarrollo, también erosiona la democracia, advierten

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Lorenzo Jiménez de Luis, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, afirmó ayer que cada dólar que se pierde por la corrupción deja de usarse para el desarrollo.

En una ceremonia para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, organizado junto con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, entre otras instituciones, agregó que “hay una dimensión que agrava el problema, no sólo es la dicotomía corrupción-desarrollo; a la ecuación se le suma la democracia, pues ésta se erosiona como consecuencia de la corrupción. Se erosiona la credibilidad y la arquitectura institucional de los estados”.

El representante en México de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, Kristian Hölgue, mencionó que la corrupción incrementa la desigualdad social y la pobreza y que las personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas.

Francisco Álvarez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del SNA, señaló que México tiene pendiente mejorar sus capacidades institucionales para colaborar y articular nuevos esquemas con el fin de combatir este flagelo.

También, dijo, se requieren espacios de participación ciudadana que formen parte de las decisiones públicas.

María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aseguró que es importante la unidad en este tema. “Sabemos que no sólo contamos con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, sino con todos los que queremos que México y el mundo sean un lugar mejor para todos”, declaró.

El secretario ejecutivo del SNA, Roberto Moreno, subrayó que el Día Internacional contra la Corrupción es un recordatorio continuo de que el quehacer en la materia es un esfuerzo permanente, en el cual converjan el uso de la tecnología y la participación social.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que esta conmemoración promueve el diálogo y la vinculación institucional para afrontar con éxito este problema.

Asegura Córdova que la reforma pone en riesgo la credibilidad de los comicios

FABIOLA MARTÍNEZ

Dos días después de la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, advirtieron que la enmienda pone en riesgo la organización y credibilidad de los comicios venideros, así como la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

En opinión de Córdova, la reforma –apoyada por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados– “parece ser la menos racional y responsable que hayamos visto las y los mexicanos en casi medio siglo”.

Agregó que no permitirá “se socave” el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, cuya plantilla es actualmente de cerca de 18 mil trabajadores; llamó también a no permitir que se “dinamite” o se pierda el sistema electoral del país.

“Eliminar indiscriminadamente plazas del servicio profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo; aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para capacitar a quienes integrarán las casillas son, entre otras, medidas que claramente no contribuyen a la certeza de los procesos electorales”, señaló.

Sin hacer menciones explícitas, dejó entrever que combatirán al menos algunas de las reformas, en cuyos efectos, por ejemplo, está ya aprobado el cese de su brazo derecho, Jacobo Molina, de quien, al saludarlo, expresó: “Tiene un mandato constitucional, aunque algunos no se hayan dado cuenta”.

Durante la firma de un convenio con las entidades en las que habrá comicios el año entrante (Coahuila y el estado de México), indicó que los términos en que se aprobó la reforma, la madrugada del miércoles, “pueden poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones del país, y con ello la gobernabilildad democrática que hemos conseguido”.

Mencionó que desde su creación, en 2014, el INE ha organizado 330 comicios de todo tipo y en ninguno ha habido conflictos postelectorales o fraudes.

Esos ocho años y medio, sostuvo, es el “periodo más largo de estabilidad política, de paz pública y de gobernabilidad democrática” en el país.

No se ha entendido, añadió, que las elecciones son una responsabilidad de Estado y tampoco que las reglas del juego democrático requieren del mayor consenso posible para garantizar que el día después todos acepten los resultados.

La reforma que está en proceso, dijo, todavía no concluye el trámite legislativo y ya está dividiendo a la sociedad y a las fuerzas políticas; es decir, son cambios “que están naciendo con el germen de la división, del atizamiento a la polarización... Se está gestando un problema en donde hoy no lo hay”.

Hoy le toca al Senado, añadió, actuar con prudencia y visión de Estado “para corregir el rumbo” y no colaborar en la “erosión” de las instituciones electorales “por prejuicios o eventuales rencores personales”.

Como primer orador en la ceremonia, Jacobo Molina consideró que de aprobarse la reforma en los términos actuales se “pone en jaque a la organización de las elecciones y la certeza de que la expresión ciudadana a través del voto sea respetada; con ello lo que está en juego es la credibilidad del resultado electoral y la estabilidad política de este país. En medio de todo eso, aquí estamos”.

UNIDAD Y AUTONOMÍA, IMPRESCINDIBLES Se propone Alberto Pérez recuperar la confi anza ciudadana en la justicia

El candidato a presidir la Corte plantea combatir la corrupción y la excesiva burocracia

EDUARDO MURILLO Y GUSTAVO CASTILLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe mantener un diálogo institucional, de colaboración y respeto, pero también con independencia, con los otros poderes del Estado mexicano, pues esto es indispensable para la democracia, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien conoció la intención de utilizar la justicia con fines políticos, y en 2002, como magistrado, fue contra la posición de dos de sus pares y consideró que el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplió la sentencia de amparo en el caso El Encino, por lo que consideró improcedente que se le sometiera a un juicio de procedencia.

Con una década como ministro, Pérez Dayán, quien el próximo martes cumplirá 62 años de edad, compite para ser presidente del máximo tribunal con una propuesta que incluye dar mayor credibilidad al Poder Judicial Federal (PJF), con unidad y autonomía, afirma en entrevista con La Jornada.

“La comunicación entre los poderes es fundamental, no puede prescindirse de ella. El Estado es uno y la soberanía del pueblo se ejerce por medio de sus poderes, y la colaboración entre ellos es no sólo necesaria, sino una exigencia en la eficacia de la gestión. La democracia en sus nuevos avances ya no sólo se reduce a la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus gobernantes, sino que sus gobernantes cumplan con lo que manda la ley y le den ese bienestar que exige”, afirmó.

A Pérez Dayán no le son desconocidos los intentos por utilizar la ley con motivos políticos. En 2002, cuando se intentó desaforar al presidente López Obrador por el presunto incumplimiento de una suspensión judicial para no afectar al predio El Encino, él formaba parte del séptimo tribunal colegiado administrativo del primer circuito, y fue el único que dio su voto contra la decisión de declarar en desacato al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A 20 años de esa decisión, afirma: “Mantengo mi criterio sobre lo que ahí dije: creo que las pruebas me demostraban a mí que no había ninguna infracción a la suspensión”.

El equilibrio de poderes, explicó, es necesario para aplicar el derecho y la justicia y no permitir los intentos por utilizarlos para “un mero amago del poder”. Los ejes de su propuesta de trabajo son combatir la corrupción, la excesiva burocracia, la demora en la impartición de justicia y recuperar la confianza ciudadana.

“El manejo de la estructura judicial a partir de su autonomía supone un profundo respeto a las decisiones de los jueces, pero también su vigilancia. Estoy absolutamente convencido de que los más de mil 500 jueces y magistrados saben hacer muy bien su trabajo. Hay que insistir constantemente en que lo sigan haciendo bien, la ciudadanía espera mucho de ellos. Se confía en nosotros, tendremos que seguir insistiendo, trabajando, mejorando para que nuestra justicia sea precisamente la que la Constitución ordena”, sostuvo.

Los juzgadores federales tendrán la confianza y la autonomía para trabajar en libertad y con responsabilidad, pero cuando esto no suceda, afirmó, el Consejo de la Judicatura Federal tomará las medidas necesarias para impartir disciplina. Y define: “Insistir en nuestra honestidad, nuestra rectitud, y tener en cuenta que cualquier anomalía que se detecte tendrá que ser castigada”.

▲ En entrevista con La Jornada, el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció por el respeto y la vigilancia de las decisiones de los jueces. Foto José Antonio López

Añade que para lograr las mejoras y el desarrollo que busca para la SCJN es necesario capitalizar lo que ha funcionado de anteriores administraciones, pero corregir lo que no. El camino para ello, propone, es reactivar las comisiones integradas por ministros, que se incluyen ya en el reglamento interno del máximo tribunal, para hacer plurales las tareas y responsabilidades.

“Me gustaría que el Poder Judicial se ejerciera de un modo más compartido. La Suprema Corte está compuesta de 11 ministras y ministros, todas y todos ellos tienen altísima capacidad y la posibilidad de dar un resultado a su propia participación. Es imposible en el tiempo que vivimos que el Poder Judicial se pueda regir sólo a través del propio criterio”, señaló. –¿Cuál será su estilo personal de gobernar el PJF?, ¿habrá conferencias mensuales, TikToks? –Será sencillo, solamente sencillo, esa es la mejor comunicación –concluyó.

SCJN dará prioridad a resolver recursos contra el apoyo de militares en seguridad pública

EDUARDO MURILLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó dar prioridad a los asuntos pendientes de resolver sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, para lo cual enlistará cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo para que se voten en enero próximo. En sesión privada, el pleno de ministros aprobó la solicitud de atención prioritaria 3/2020, promovida por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pues consideró que estos asuntos cumplen las características de urgencia en atención al interés social u orden público, por lo que aprobó por unanimidad resolverlos cuando antes. Algunos de estos juicios datan de 2016 y otros fueron promovidos este mismo año. Entre ellos están la acción de inconstitucionalidad 46/2016 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra diversos artículos del Código de Justicia Militar y el Militar de Procedimientos Penales.

También las acciones de inconstitucionalidad 62/2019, 63/2019, 173/2021 y 137/2022.

Las controversias constitucionales 91/2020, 85/2020, 87/2020, promovidas por el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes y los gobiernos de Colima y Michoacán, respectivamente, contra el acuerdo presidencial de mayo de 2020 para usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

También se impugnan diversas disposiciones de la Ley Nacional de Registro de Detenciones; las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Finalmente, el amparo en revisión 282/2020 contra la Ley de la Guardia Nacional.

En último informe, titular del TFJA destaca manejo responsable del presupuesto

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Al rendir su tercer y último informe anual de labores, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Rafael Anzures Uribe, dijo que de noviembre de 2021 a octubre pasado se admitieron 154 mil 431 demandas de amparo y se emitieron 174 mil 652 sentencias, y sólo 9.3 por ciento de ellas fueron revocadas en otras instancias de justicia.

“El interés económico controvertido en todos los asuntos en trámite del tribunal ascendió a más de 792 mil 541 mil millones de pesos, lo que equivale casi a 3 por ciento del producto interno bruto correspondiente al tercer trimestre del año”. Apuntó que de las 164 mil 902 sentencias definitivas, se impugnaron 65 mil 882, es decir, 39.95 por ciento.

Señaló que esta institución tiene alto prestigio como órgano impartidor de justicia ante la sociedad mexicana, por lo que su compromiso “es actuar día a día con plena autonomía en las decisiones de los órganos de gobierno y en el dictado de sus fallos conforme mandata nuestra Constitución”.

Indicó que en el periodo correspondiente a este informe, el Poder Judicial de la Federación resolvió 51 mil 841 recursos de amparo y revisión, mediante los cuales únicamente revocó 15 mil 291 sentencias, lo que equivale a 9.37 por ciento. “Si bien esta cifra se incrementó en 2 por ciento en relación a la del año anterior, ello también se debe a que aumentó en casi 30 por ciento el número de impugnaciones derivado de que hubo más sentencias”.

Detalló que en este lapso también se recibió a 389 mil litigantes y emitieron 30 mil citas. También se relanzó la versión 2.0 del juicio en línea, que ya opera en todas las salas del país, pues cuenta con 17 mil 394 usuarios, que han promovido 13 mil 951 demandas con un valor de 109 mil millones de pesos, para las cuales se han emitido 6 mil 790 sentencias.

Recordó que el pasado 8 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el techo presupuestal fijado por el Ejecutivo federal en 3 mil 153 millones de pesos, con lo que se garantiza, dijo, un óptimo funcionamiento para la próxima administración y la seguridad de mantener la plantilla laboral.

Dijo que a partir del manejo presupuestal “con disciplina y responsabilidad”, este año la Auditoría Superior de la Federación revisó 89 por ciento del presupuesto ejercido para 2021, lo que abarcó el capítulo 1000, relacionado con recursos humanos. Fue una auditoría presencial que duró casi cuatro meses, y el tribunal salió “con cero recomendaciones, cero observaciones y cero responsabilidades. Es un ejemplo más del manejo responsable del gasto público”.