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F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO
by La Jornada
Polémica por contratos de Pemex y Baker Hughes, una campaña contra mí: AMLO
Claudio X. González, detrás de los señalamientos en que se involucra a José Ramón López, asegura
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO
El “escándalo” relacionado con la empresa estadunidense Baker Hughes “no es en contra de mi hijo José Ramón, sino contra mí”, por parte de Claudio X. González y “periodistas deshonestos, corruptos y mercenarios”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario llevó ayer a la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, para que explicara el historial de la contratista; al mismo tiempo pidió otra vez al gobierno de Estados Unidos que explique las razones del financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción, asociación encabezada por Claudio X. González, uno de los autores de la nota en la que se involucra a José Ramón López.
El Presidente sostuvo que no conoce a ningún directivo de las petroleras ni recibe a quienes buscan contratos. “Entonces, montaron todo esto”, acusó, en relación al episodio elaborado por integrantes de ese grupo y un medio de comunicación digital, según el cual el alquiler de una casa en Houston, Texas, por la nuera de López Obrador, propiedad de un ex ejecutivo de la firma en referencia, ocurrió en medio de beneficios de Pemex a Baker Hughes.
El caso fue calificado por López Obrador como escándalo sin fundamento, calumnia y campaña de desprestigio. “Claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo, junto con muchos mexicanos, un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía”, dijo.
Llamó a los autores de la “campaña” a decir públicamente quiénes los financian y cuánto ganan, porque oficios como el periodismo o la política requieren imperativos éticos.
Romero Oropeza niega que haya empresas consentidas
Romero Oropeza negó que Baker Hughes tenga privilegios o adjudicaciones directas; al contrario, la mayor parte de las licitaciones para esa compañía se dieron en los dos sexenios anteriores (años 2008, 2012 y 2014).
Desmintió que la compañía haya obtenido una asignación directa en 2019 por 89 millones de dólares.
Lo cierto, expuso, es que se trató de una licitación pública en la que participaron seis empresas y la señalada ofreció un precio 42 por
Cumplir el deber, único interés de las fuerzas armadas: Sedena
EDUARDO MURILLO
La lealtad de las fuerzas armadas es institucional y no tiene más interés que el cumplimiento de su deber, afirmó el subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Agustín Radilla Suastegui, durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Marcha de la Lealtad, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cadetes del Heroico Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire recordaron cuando, el 9 de febrero de 1913, sus antecesores de aquel entonces escoltaron al presidente Francisco I. Madero hasta Palacio Nacional para protegerlo en plena Decena Trágica. “Asumimos y aceptamos la gran responsabilidad de emular y perfeccionar lo que ellos hicieron por la patria. Como los cadetes que escoltaron al presidente Madero en 1913, tenemos presente que la ley suprema de la nación establece el lugar de las fuerzas armadas dentro del Estado democrático de derecho; por ende, a lo largo de 109 años de vida institucional, nuestra norma ha sido el respeto y la lealtad a las instituciones legalmente constituidas por mandato del pueblo, sin que haya un interés más allá que el cumplimiento eficaz y eficiente de las misiones generales y tareas asignadas en beneficio de México", afirmó el funcionario militar.
Radilla fue el único orador en la ceremonia, debido a que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, dio positivo a covid-19 el martes pasado y permanece en aislamiento, trabajando desde su domicilio.
Ante miembros del gabinete legal y de seguridad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, el subsecretario concluyó: “ratificamos que México tiene en sus fuerzas armadas a mujeres y hombres leales e institucionales, refrendamos nuestro irrenunciable compromiso de fidelidad a la patria, de respeto a la Constitución, a los poderes legalmente constituidos y a los derechos humanos”. ciento menor. Añadió que la supuesta ampliación por más de 100 millones de dólares no es tal, sino órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales permitidos por la ley, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación no reportó ninguna irregularidad.
Explicó que las empresas vinculadas a la extracción tuvieron incremento de actividad porque Pemex ha logrado elevar sus inversiones. “Para que quede más claro, en Pemex no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración”, aseveró. Puntualizó que Baker Hughes está en el quinto sitio dentro de las 25 empresas que más facturan a Pemex, la mayoría de las cuales prestan sus servicios a la paraestatal desde hace más de cinco décadas, y facturan la mitad de toda la inversión en Exploración y Producción. Los incrementos en la facturación, agregó, se deben al aumento en la actividad en el ramo, lo cual se evidencia en los números de Pemex.
LA RECONQUISTA EL FISGÓN
Chocan en San Lázaro por la consulta de revocación de mandato
GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Morena llamó a votar en el proceso de revocación de mandato presidencial, el 10 de abril, y advirtió que, si el Instituto Nacional Electoral (INE) “no cumple, el pueblo tomará otras alternativas; así que mucho cuidado”.
Al cierre de la sesión, y a solicitud de las bancadas que hacen mayoría, en la agenda política los legisladores abordaron la consulta, que la oposición aprovechó para criticar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y calificar la revocación como “una farsa, un ejercicio absurdo e inútil”.
En ese tono, el priísta Eduardo Zarzosa afirmó que Morena recurrirá al acarreo de ciudadanos para llevarlos a las urnas, “para lograr números que ya no tienen, porque esos 30 millones (de votos) que tanto presumen, no los volverán a ver, porque la gente ya se cansó al darse cuenta de la podredumbre de Morena, que es peor de la que siempre criticaron”.
Acusó incluso que Morena no sólo “buscó firmas hasta debajo de las piedras, sino hasta debajo de las tumbas” e incluso sostuvo que, si se eligió el 10 de abril fue porque, un día así, en 1864, Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona como emperador de México “y en esa fecha ustedes van a querer nombrar rey de México a quien vive en un palacio”. En respuesta, Marcos Rosendo Medina (Morena), acotó que la fecha de la consulta la impuso el INE y puntualizó: “para nosotros es más importante porque recordamos el injusto asesinato de Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919. A ustedes sí les gusta ser cortesanos de los monárquicos. Les interesa, más que el rey de España, quedar bien con Iberdrola. Les molesta la consulta porque no les alcanza para remover al Presidente, pero más les molesta porque vamos a dejar un precedente para que nunca más vuelvan al poder”.
El panista Jorge Triana dijo que la revocación representa “un distractor más, como hemos visto muchísimos en este sexenio” y añadió que “Morena y sus satélites” se refieren a este proceso como ratificación.
“Nació mal, con una pregunta mal hecha, torcida, porque los propios aplaudidores del régimen solicitan la revocación de su Presidente, eso es esquizofrenia política. Y entregaron miles de firmas falsas, con fotografías de muertos, perros, gatos y hasta muebles”, abundó. Incluso Triana sostuvo que se debe investigar “la mansión del bienestar y el conflicto de interés del hijo del Presidente”.
Rosendo Medina devolvió: “No, no es esquizofrenia política. Se llama democracia y ejercicio ciudadano”.
DINERO Comisión bilateral para el tema energético // Calambres españoles // Las nuevas carabelas
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
Calambres
ESTADOS UNIDOS ESTÁ pidiendo a México un “mercado abierto” en energía, pero no sigue esa política en su propio territorio. En su primer día de gobierno, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que canceló el controvertido oleoducto Keystone XL. Transportaría millones de barriles de petróleo desde Canadá a refinerías estadunidenses. Se trataba de una inversión de 7 mil millones de dólares y una parte era capital del gobierno canadiense. Otro caso que nos resulta más cercano: la compra por Pemex de la planta petrolera de Deer Park, aunque ya era dueño de la mitad de las acciones, pasó por una serie de autorizaciones, filtros y restricciones que por poco se frustra el negocio. Las empresas internacionales que explotan los recursos energéticos de México entraron gracias a una reforma constitucional engendrada por el Pacto por (contra) México de Enrique Peña Nieto. Asumieron el riesgo de que si ganaba la siguiente elección Andrés Manuel López Obrador, probablemente la echaría para atrás, porque lo anunció en su campaña. Ahora están moviendo sus recursos políticos y financieros para que las cosas sigan como están. En este escenario ocurrió la visita del comisionado para asuntos climáticos de Estados Unidos, el veterano político John Kerry. Hubo una conversación franca y sin reclamaciones, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Al final acordaron crear una comisión que trace una ruta que incorpore a ambos países al futuro de las energías limpias, pero con respeto a la soberanía de México.
Recorrido por Palacio
“EMPEZÓ TARDE LA reunión –narró el canciller–, porque el Presidente le mostró el Palacio (Nacional) a John Kerry, ellos tienen una muy buena relación desde que Kerry fue a Palenque. Le explicó los murales, por qué se hizo el palacio, la historia de México. Siempre es importante, porque pensamos que todas las personas que nos visitan conocen la historia de México y no tiene por qué ser así”. Agregó: “Le hizo una explicación que le tomó como una hora, muy interesante. Hablaron de la historia de México, de cómo en etapas muy importantes de México ha sido muy importante Estados Unidos. De Abraham Lincoln, en fin, la historia de México y de Estados Unidos”. CUANDO EL PRESIDENTE José López Portillo reanudó las relaciones diplomáticas con España, en marzo de 1977, con una fastuosa visita a Madrid en la que se hizo acompañar por prominentes empresarios, se pensó que era una buena idea (uno de los festejos fue la memorable corrida de toros en la Maestranza de Sevilla). Existía el antecedente del exilio republicano y la mano tendida generosamente por el general Lázaro Cárdenas; ya fallecido el dictador Francisco Franco, no había razón para mantener la desconexión. Hasta entonces sólo funcionaba una oficina de negocios que representaba a México en Madrid. El intercambio comercial ha crecido escasamente a lo largo de 45 años, en 2020 rondaba en torno a 10 mil millones de dólares anuales, pero tropezó por la pandemia. Lo que sí ha crecido es la corrupción en las redes de empresarios y funcionarios de ambos países. Símbolo claro es el empleo que Iberdrola dio al ex presidente Felipe Calderón y a su secretaria de Energía Georgina Kessel. El presidente López Obrador ayer mencionó en la mañanera la posibilidad de hacer una pausa con España, sin romper relaciones. Antes, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, había mencionado tres casos de corrupción, incluyendo los famosos floteles. Le dieron calambres al ministro español de Exteriores de España, José Manuel Albares. Anunció que verificará las declaraciones del Presidente de México y se preguntó “qué quería decir” al plantear “una pausa” en las relaciones. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel: “Queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, sólo que no queremos que vengan y nos roben. Así como los españoles no quieren que vayan de otros países y les roben, así, también, nosotros tampoco queremos que nos roben”. ¿De veras no entendió?
Twitterati
CUENTO CORTO: EL rey de España, en su segundo viaje de reconquista, envió tres nuevas carabelas de nombre Iberdrola, Repsol y OHL. Al mando de los capitanes Fox, Calderón y Peña Nieto. Venían al saqueo y por más riqueza. Pero el nuevo tlatoani los expulsó diciendo: “A robar a su tierra”.
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Es seguro volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, dice la ASPA
CAROLINA GÓMEZ MENA
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumple con la normatividad internacional en materia de seguridad aérea.
A poco más de un mes de que arranquen las operaciones en la terminal aérea, indicó que “en ASPA consideramos que el diseño del AIFA cumple con lo establecido en la reglamentación de la Organización de Aviación Civil Internacional”.
La agrupación sindical expuso que los pilotos participaron en “reuniones de safety case con autoridades responsables de la navegación aérea” en la nueva terminal, que será inaugurada el 21 de marzo, “exponiendo aspectos técnicos que debían ser modificados o mejorados. Tales temas fueron atendidos”.
Añadió que la experiencia operacional “nos permitirá tener mayor información para continuar haciendo las observaciones correspondientes”, así que “nuestros pasajeros pueden tener la certeza de que, al volar con los pilotos de ASPA, contarán con profesionales con las mejores condiciones en preparación y adiestramiento”.
José Suárez Valdez, secretario de prensa y publicidad de la ASPA, señaló a La Jornada que “desde el punto de vista técnico, es seguro volar desde y hacia el AIFA” y dejó en claro que los usuarios deben tener la certeza de que “cuando vuelen con pilotos de ASPA, independientemente del aeropuerto que elijan y en la parte del mundo que sea, estamos capacitados y adiestrados para hacerlo, y que no vamos a aterrizar y no aterrizaríamos en un aeropuerto que no tenga los estándares internacionales”.
Los pilotos de la ASPA “hicimos varias observaciones sobre temas que nos preocupaban”, por ejemplo “cómo estaban las aproximaciones fallidas hechas, los patrones de espera, la separación entre los aeropuertos, fueron diversos temas muy técnicos”, los que fueron “atendidos”, y esperan seguir siendo escuchados, cuando se incrementen las operaciones en el nuevo aeropuerto.
El AIFA “va a comenzar con pocas operaciones aéreas, por lo que la configuración que tiene el espacio aéreo no debería presentar hoy ningún problema, sin embargo en ASPA estamos muy atentos a cómo se va desarrollando con el incremento de tráfico, en relación con los demás aeropuertos de la zona metropolitana”.
Destacó que “los comentarios y reportes de los pilotos, que son los que todos los días vamos a estar operando, son los que nos van a llevar a generar datos para hacer las observaciones correspondientes”.
Ayer, Aeroméxico, donde laboran la mayor cantidad de pilotos adscritos a la ASPA, anunció que volará en esa terminal desde abril próximo.
Frena SCJN la ampliación del puerto mercante de Veracruz; exige más estudios ambientales
EDUARDO MURILLO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elaborar nuevos estudios de impacto ambiental para que puedan continuar las obras de ampliación del puerto mercante de Veracruz; los ministros de la Primera Sala otorgaron un amparo a habitantes de la zona, quienes denunciaron que en los primeros análisis se ignoraron los efectos de la obra en humedales y arrecifes.
Por unanimidad y sin necesidad de debate, la Primera Sala del máximo tribunal concluyó que la Semarnat vulneró el derecho humano a un medio ambiente sano al aprobar el proyecto con base en estudios incompletos.
La sentencia del caso, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ordena a la Semarnat volver a hacer los estudios, pero ahora incluyendo “la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia de dicho proyecto, entre ellos el conocido como La Loma.”
Los nuevos estudios ambientales deben tomar en cuenta la cercanía del proyecto de ampliación del puerto con el Sistema Arrecifal Veracruzano, un área natural protegida con carácter de parque nacional, considerando también la regulación nacional y convencional aplicable.
Entre lo novedoso del asunto se encuentra el hecho de que reconoce a los habitantes de una determinada zona geográfica el interés legítimo para acudir a tribunales contra un proyecto de construcción que consideren vulnera su derecho a un medio ambiente sano.
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ
Imponen 10 años de cárcel a Reyes Arzate; no será testigo cooperante en otros casos
DAVID BROOKS CORRESPONSAL NUEVA YORK
Iván Reyes Arzate, ex policía federal y ex comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales, fue condenado ayer a 10 años de prisión por delitos de narcotráfico y corrupción ante un tribunal federal en Nueva York, donde también se aseguró que no será testigo cooperante en otros casos pendientes en Estados Unidos.
En una audiencia ante el juez federal Brian Cogan, del tribunal del distrito este de Nueva York en Brooklyn –en la misma sala donde se juzgó a El Chapo Guzmán y procede el caso del ex jefe del hoy sentenciado, Genaro García Luna– Reyes Arzate recibió la condena recomendada por los fiscales, aunque serán ocho a partir de hoy, ya que fueron incluidos los dos años que ya cumplió encarcelado desde que fue arrestado por los cargos de conspiración de trafico internacional de cocaína.
Fue notable el esfuerzo tanto del acusado como de los fiscales y el juez de asegurar que Reyes Arzate, La Reina, no será testigo cooperante en otros juicios. Desde que se entregó voluntariamente a las autoridades de Chicago en 2017, después de que se le giró orden de arresto por otra acusación, como por su decisión de no impugnar los cargos en su contra en ese caso y el actual, se han generado suposiciones de que buscaba acuerdos con los fiscales a cambio de su cooperación, sobre todo, en el caso pendiente de su ex jefe García Luna.
Es agredido en la cárcel
Ayer el juez y los fiscales, después de una consulta privada entre ellos, afirmaron que Reyes Arzate no es cooperante, pero Cogan selló los documentos de la sentencia con la justificación de no revelar estrategias empleadas en las investigaciones de este y otros casos. Durante la audiencia, Reyes Arzate se quejó de que lo agreden en la prisión por filtraciones en los medios de que es testigo colaborador, informó Jesús García, periodista de El Diario y La Opinión.
El fiscal federal Breon Peace declaró al conocerse la condena que “oficiales de policía corruptos que usan sus puestos gubernamentales para promover los intereses de los cárteles de droga y dañar a nuestras comunidades serán llevados ante la justicia y castigados por sus delitos”.
El jefe de la DEA en Nueva York, Timothy Foley, señaló que “los delitos de Reyes Arzate son una afrenta a las autoridades de seguridad pública, especialmente aquellas que trabajan para evitar que las drogas ilícitas lleguen a las calles de Estados Unidos”.
Reyes Arzate estaba a cuatro días de concluir una condena dictada en enero de 2020 por cargos en Illinois, pero fue arrestado de nuevo por las acusaciones federales en Nueva York, a las cuales se refiere la sentencia de ayer.
El ex mando de la Policía Federal (PF) se declaró culpable de los cargos de conspiración para la distribución internacional de cocaína formulados en Nueva York en octubre de 2021, según los cuales en su calidad de comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales se reunió con jefes de El Seguimiento 39 –asociado con el cártel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leyva– para informarles sobre una investigación conjunta con autoridades estadunidenses y aceptó un soborno de 290 mil dólares.
Reyes Arzate fue integrante de la PF de 2003 a 2016 y en 2008 fue nombrado comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales, creada con apoyo de Washington. Fue cesado poco después de su reunión con los líderes de El Seguimiento 39.
La prisión preventiva deberá durar sólo dos años, defi ne la SCJN
EDUARDO MURILLO
Los jueces federales pueden revisar la prisión preventiva oficiosa y decidir, caso por caso, si se puede prorrogar luego del plazo constitucional de dos años de esta medida cautelar, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por cuatro votos contra uno, los integrantes de la primera sala del máximo tribunal aprobaron otorgar amparo a un imputado sometido a prisión preventiva por un delito clasificado como grave, y quien solicitó que se revisara la medida cautelar que le fue impuesta.
El juez de la causa revisará si se justifi ca la extensión de la medida
El proyecto de sentencia aprobado, preparado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, indica que la medida cautelar, definida en la fracción IX, apartado B del artículo 20 constitucional, no podrá extenderse más allá de dos años, a menos que haya causa justificada.
“En caso de que la duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente”, señala el fallo. El ministro González explicó que con esta decisión se busca evitar el uso abusivo de la prisión preventiva.
Se añade que el juez de la causa deberá revisar caso por caso si se continúa o levanta esta medida cautelar: “¿Cuándo podrá cesar o tenerse por concluida la medida? Cuando del análisis de los elementos antes mencionados, el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente en la conducción del proceso”.
ASTILLERO ¿Norteamérica para norteamericanos? // Pausa a españoles // Acuerdos con Kerry // Saqueos y presiones
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
LE ASISTE LA razón al presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir en señalar el saqueo sistemático que ciertas empresas de España han practicado en México (OHL, Repsol e Iberdrola sólo como ejemplos más elocuentes, al igual que la gama de bancos con matriz en ese reino). En complicidad con políticos y gobernantes mexicanos (la inmensa mayoría absolutamente impunes, si acaso tocados con balas retóricas), firmas corruptas de varios países, en este caso las españolas, han maniobrado para hacerse de contratos absolutamente desfavorables para el interés mexicano. Todo amparado en una legalidad a modo.
SIN EMBARGO, EL intempestivo anuncio andresino de establecer unilateralmente una “pausa” en las relaciones México-España resultó extraño, preocupante e impreciso. Más si se piensa en el difícil papel que se deja a personajes de por sí desestimados y susceptibles de desconfianza como Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich, ex gobernadores priístas encaminados como premio por derrota electoral a Madrid y Barcelona, respectivamente.
POR UNA PARTE, impone una especie de congelamiento de facto a esas relaciones, ha de suponerse que no sólo en términos empresariales, pues parte de la argumentación presidencial de ayer implicó descalificaciones a las élites mexicanas y las españolas en cuanto a gobiernos anteriores ¿y al actual de aquella nación peninsular?
TAL MOVIMIENTO OBRADORISTA puede tener como consecuencia natural la retracción de propósitos inversionistas de firmas de ese país (no sólo de las abusivas) y tal vez de otras a las que inquieten o asusten las decisiones de Palacio Nacional. Todo ello en el marco de inflación y desaceleración económica preocupantes. LOS PROTOCOLOS DIPLOMÁTICOS también han sufrido un golpe que el propio López Obrador pareció advertir ayer mismo, al final de su conferencia mañanera, cuando reporteros le preguntaron si retiraría embajador o rompería relaciones con España, lo cual descartó: “No, no, no, eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos. Si de por sí me cuestionan, porque soy de Tepetitán, aldeano. No implica… Un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Ya, es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos” (https://bit.ly/3uFJSda ).
EL “COMENTARIO” FUE respondido de manera preliminar por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien se dijo “sorprendido” por las palabras de López Obrador y solicitó una “aclaración” ante lo que calificó de “declaraciones verbales súbitas” (nota de Armando G. Tejeda, https:// bit.ly/3stegED ). TODO ELLO SUCEDIÓ mientras John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para asuntos del cambio climático, se apersonaba en Palacio Nacional para dialogar con el presidente López Obrador y miembros de su gabinete. Sabido es que Estados Unidos presiona con la intención de cambiar aspectos importantes de las reformas eléctrica y energética. LA INFORMACIÓN OFICIAL de esa reunión, como siempre sucede, sólo dejó traslucir aspectos menores: se dialogó con apertura y franqueza, se dijo, y se anunció la constitución de un grupo binacional de trabajo sobre energías limpias. Ya se irán conociendo los acuerdos mayores, sobre la marcha.
HUBO DE INMEDIATO quienes creyeron encontrar relación entre la “pausa” a los españoles y la visita de Kerry, al suponer que se está congelando temporalmente esa relación con los europeos para dar mayor apertura y tajada de negocios a los vecinos: Norteamérica para los norteamericanos, sería la adaptación de la doctrina Monroe.
OTRA INTERPRETACIÓN SUPUSO que Palacio Nacional recicló, potenciadas, las diferencias con España para llevar la atención pública hacia zonas distintas de las de Houston y la casa habitada por un hijo del Presidente, tema al que, por cierto, mucho tiempo y atención se dedicó en la mañanera. ¡Hasta mañana!
EL EJÉRCITO RECUPERA AGUILILLA, MICHOACÁN
▲ La Sedena informó que el martes pasado ingresó al municipio de Aguililla, Michoacán, localidad que había permanecido aislada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, liberó las tres rutas principales de la región, que van de Aguililla a las poblaciones vecinas de El Aguaje, Los Cajones, El Limón y Coalcomán. Foto Sedena
Investiga FGR a nueve despachos jurídicos por tráfi co de infl uencias
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga tráfico de influencias para obtener contratos en diversas instituciones del gobierno federal por despachos jurídicos que actualmente son indagados por extorsión a empresarios y que están relacionados con litigantes contra los cuales ya judicializó un expediente.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que se ha detectado que la red de litigantes que forma parte de nueve despachos jurídicos (presuntamente relacionados con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal) utilizaron sus nexos con servidores públicos para presionar y obtener contratos para compañías que ellos representan.
Según la información obtenida, en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que la FGR, comenzaron a investigar diversas denuncias en contra de presuntos funcionarios públicos y abogados que extorsionaban a empresarios y presionaban a autoridades federales y locales para obtener ilegalmente la asignación de obras y adquisición de bienes y servicios.
Entre los casos que han servido para integrar y judicializar una carpeta de investigación por estos hechos se encuentra el expediente FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/ SP036/2021, integrado por la Fiscalía Especial de Control Competencial (Fecoc, antes Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales).
La Fecoc se encarga de integrar los expedientes en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y haber adquirido con sobreprecio la empresa Agronitrogenados; el empresario Alonso Ancira, acusado de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta de Agronitrogenados, así como las indagatorias relacionadas con la entrega de sobornos a ex legisladores para la aprobación de la reforma energética en el mandato de Enrique Peña Nieto.
En diciembre pasado, la Fecoc judicializó el expediente en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, y mantiene abiertas otras indagatorias sobre nueve despachos jurídicos.
El próximo 28 de febrero, el juez de control José Rivas González encabezará en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal imputará los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencia, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos y sancionados en los artículos 164, 221, fracción 11, 390 y 400 bis del Código Penal Federal, de acuerdo con el acuerdo judicial que señaló la fecha de la diligencia a petición del Ministerio Público Federal.
El “uso correcto” del lenguaje ya no será obligatorio en radio y tv, avalan diputados
GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para que en los programas de radio y televisión los conductores ya no tengan que apegarse al buen uso del lenguaje.
El cambio se avaló en la sesión de ayer en medio de críticas de Morena y el PT al discurso del PRI, que defendió en tribuna a periodistas criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al explicar la reforma, la vocera de la dirigencia nacional del tricolor, Paloma Sánchez, aseguró que México ocupa el lugar 143 de 180 entre las naciones con menos libertad de prensa, y resaltó que ésta en el país “está amenazada por quienes desde el poder atacan al periodismo y por quienes utilizan las palabras para discriminar a los mexicanos”.
Expuso que la limitación del lenguaje en las transmisiones de radio y televisión no puede admitirse en este siglo, y la pretensión de imponer un “uso correcto” constituye un acto discriminatorio para quienes utilizan palabras distintas.
Luego manifestó su solidaridad con periodistas y las familias de los comunicadores “asesinados en México en los tres años de este sexenio; frente a los ataques que reciben, sepan ustedes que cuentan con el apoyo de millones de mexicanos que aplaudimos su defensa de la verdad”. Solicitó además un minuto de silencio por los crímenes contra periodistas.
Morena y PT reclamaron que se usó la explicación del dictamen para “atacar” al gobierno federal y un grupo que había votado a favor cambió y lo hizo en contra o en abstención. Aun así, la iniciativa se aprobó con 365 votos en favor y 74 abstenciones y 10 en contra de petistas y morenistas.
AMLO llama al sindicato minero y Grupo México a resolver su confrontación
“Pediré al titular de Gobernación que hable con ellos, pues es un asunto de trabajadores”, señaló
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ
El principal pendiente en la región minera de Cananea “es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea. Le voy a pedir al secretario de Gobernación que hable con los dos, pues es un asunto de trabajadores”, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En referencia a la información publicada por este diario sobre la crisis laboral y social en Cananea, se le inquirió sobre su postura para resolverla. Describió las acciones del plan de reactivación para ese municipio del norte de Sonora y se comprometió a la conciliación. Sobre el conflicto subrayó que “se agravó porque hubo un choque entre la empresa. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el sindicato, y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá casi como exilio”.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que “se va a terminar de conciliar a todos en Cananea. Ya empezamos con un plan de justicia, ya están cobrando los trabajadores que no fueron pensionados, están recibiendo sus apoyos por parte del Seguro Social, y esto fue un acuerdo entre el gobierno y la empresa, hubo aportaciones. Zoé Robledo (director del IMSS) puede informar sobre esto.
“Era una demanda pendiente, más que nada una injusticia. Se resolvió lo del reparto de utilidades, porque la minería fue una actividad que tuvo auge en los últimos tiempos –está todavía en auge–, y había diferencias acerca de lo que correspondía a los trabajadores del reparto de utilidades; se llegó a un acuerdo.”
Refirió que se avanza en el abasto de agua, atención médica y el análisis del río Sonora, por los derrames que contaminaron, responsabilidad de la empresa Grupo México.
Queremos la conciliación
Señaló que “hay todavía pendientes, y el pendiente principal es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación (Adán Augusto López), porque esto nos va a ayudar mucho, que hable con los dos. Es un asunto de trabajadores, los estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo, pero también es un asunto de representantes.
“No hay que olvidar que se generó todo este conflicto, se agravó porque hubo un choque hace 10, 12, 15 años entre la empresa y el sindicato de Gómez Urrutia, se cruzaron denuncias. En aquel entonces tenía más fuerza la empresa que el sindicato, y esto llevó a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá casi como exilio, que optara por vivir allá para protegerse. Entonces, regresó porque nosotros queremos la conciliación y queremos que el gobierno esté al servicio de todos, que no sea un gobierno de una sola parte.”
A la fecha persiste la demanda “de un supuesto dinero. Y digo supuesto no porque diga yo que es un invento, sino que hay que esperar a que se demuestre. Dicen los abogados... No usan la palabra ‘supuesto’, sino ‘presunto’... entrega de recursos de la empresa, y era para los trabajadores, un 5 por ciento que se reclama.
“Está en el Poder Judicial el caso, pero se atiza y no se logra la reconciliación porque no ha habido diálogo. Y ojalá y el secretario de Gobernación, Adán, hable con el senador Napoleón, le voy a pedir eso, y con Germán Larrea, que ya cuando hable con los dos y se busquen opciones, alternativas, que con voluntad de llegar a un acuerdo, todo en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la gente de Cananea y también de que haya paz, tranquilidad, armonía, progreso, justicia.”
STPS y Junta Federal están al servicio de Larrea, acusa el gremio en Cananea
DE LA REDACCIÓN
El sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia aseguró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) “actúan al servicio de Grupo México”, ya que la junta especial 10 “cometió un acto ilegal” al emitir una vez más un proyecto de laudo que ordena a esta organización pagar 54 millones de dólares por presuntos adeudos con trabajadores.
En un comunicado señaló que ese proyecto emitido en enero pasado “ignora de manera arbitraria” el amparo directo que en abril de 2021 dejó sin efecto un laudo similar y ordena resolver el caso con base en 25 expedientes acumulados, de los cuales la JFCA omitió cuatro.
Tras difundirse hace unos días que con un nuevo laudo se ordenó a pagar el presunto adeudo, el sindicato minero enfatizó que “al no ser cosa juzgada, dicho proyecto no se puede ejecutar”.
La controversia data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea, Sonora, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones de la mina debían otorgarse a los trabajadores. Después de que Grupo México se negó a pagar ese porcentaje, se inició una huelga que duró 15 años y que concluyó con un acuerdo que definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.
El proceso judicial derivó en 25 expedientes en total, y la junta emitió un laudo con base en 21 de ellos. En los cuatro restantes, sostuvo la organización, obran constancias de que el sindicato minero ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores. Además, se corrobora la existencia de más de 10 sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que indican que los recursos son rectoría del gremio y no de trabajadores.
El sindicato minero y su dirigente nacional, Gómez Urrutia, expresaron que “condenan la complicidad y el abuso de poder perpetuado por la JFCA y la STPS”. Cuestionaron “las intenciones” de ambas instancias, ya que “sus acciones sugieren que buscan anteponer los intereses de Grupo México a las necesidades” de los mineros de Cananea, Sonora.
“No es la primera vez que dichas instituciones, motivadas por intereses políticos y corruptos, ignoran el sufrimiento de la clase trabajadora y las resoluciones” del Poder Judicial de la Federación, indicó. Será esta autoridad la que “decida de fondo el asunto” y, como lo ha hecho en cinco ocasiones anteriores, lo hará a favor del sindicato minero, aseveró.
Asimismo, pidió a las autoridades laborales rectificar, ya que “ambas tienen conocimiento de que la participación accionaria en cuestión” corresponde únicamente al sindicato minero, “como reconoció por escrito Germán Larrea en su carácter de representante legal” de Mexicana de Cananea, en una aclaración de sentencia del juez de lo concursal en agosto de 1990.
UNIFORME HERNÁNDEZ
ONG: 60% de trabajadores no gana lo sufi ciente para mantener a dos personas
JARED LAURELES
Los niveles de precariedad en el país son “inaceptables” para los asalariados, ya que seis de cada 10 reciben ingreso insuficiente para sostener a su familia y la mitad labora sin contratos estables, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En el más reciente reporte del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Inegi, la organización señala además que cuatro de cada 10 trabajadores carecen de seguridad social y 86 por ciento no cuenta con representación sindical.
De acuerdo con la Enoe, al tercer trimestre de 2021 había 37 millones 903 mil asalariados, de los cuales 13 millones carecen de prestaciones a pesar de tener empleo subordinado y remunerado.
El reporte indica que la industria manufacturera, junto con el comercio, son los dos sectores con mayor peso en el empleo, es decir, 35 por ciento en conjunto. Sin embargo, en el primero 60 por ciento de los asalariados carecen de ingresos suficientes, casi la cuarta parte no tienen acceso a la salud y más de la tercera parte laboran sin contrato estable.
Esto significa que 3 millones 700 mil personas reciben un salario que no supera el umbral de pobreza para dos personas, mientras un millón 586 mil carecen de seguridad social y 2 millones 430 mil de contrato.
En el sector comercio, 3 millones 410 mil reciben remuneración insuficiente, 2 millones 174 mil carecen de acceso a servicios de salud y 2 millones 737 mil laboran con contratos temporales.
La estadística indica que en lo que se refiere a servicios profesionales, financieros y corporativos –el de mayor valor agregado y rentabilidad en la economía–, hay casi un millón 600 mil personas sin salario suficiente (62 por ciento del total de su personal), y pese a que la subcontratación está prohibida, 22 por ciento aún carecen de seguridad social.
La precariedad laboral es predominante en el sector primario (agrícola, ganadero, pesquero y forestal) y de restaurantes y hotelería, en los que casi 2 millones de personas y un millón 592 mil, respectivamente, no ganan lo suficiente para adquirir dos canastas básicas.
En el sector de otros servicios el grupo principal son las trabajadoras del hogar, pues ocho de cada 10 (más de 3 millones) trabajan sin acceso a atención de salud.
Aún no fi naliza la pandemia; la OMS lanza campaña para distribución justa de vacunas
AP, EUROPA PRESS, AFP Y REUTERS GINEBRA
La pandemia del covid “no ha concluido”, reiteró ayer el director de la Organización Mundial Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y pidió más ayuda para combatir la crisis sanitaria, luego de que reportó el organismo una disminución de 17 por ciento de los nuevos casos en el mundo y un aumento de 7 por ciento en las de defunciones en comparación a su reporte de la semana pasada.
Al lanzar una nueva campaña de 23 mil millones de dólares para financiar las gestiones de la OMS sobre una distribución equitativa de pruebas, vacunas y tratamientos, Adhanom advirtió que las “enfermedades no tienen fronteras” y que ómicron ha mostrado que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar en un momento”.
“Esta alianza puede ayudar a los países de ingresos bajos y medios a superar los bajos niveles de vacunación contra el covid-19, las deficiencias de las pruebas y la escasez de medicamentos”, zanjó. Apuntó que si las herramientas anticovid “se comparten globalmente de forma solidaria” se podría acabar con la emergencia sanitaria este año.
La pandemia ha dejado más de 403 millones de casos en el mundo, con más de 5.7 millones de muertos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.
El reporte epidemiológico semanal de la OMS registró más de 19 millones de nuevos casos y alrededor de 68 mil muertes en la semana entre el 31 de enero y el 6 de febrero. Mostró que la variante ómicron era cada vez más dominante, hasta suponer casi 97 por ciento de las muestras analizadas por la plataforma de monitoreo internacional GISAID, mientras
Las 10 naciones con más contagios registrados ayer
• Alemania, 238 mil 410 • EU, 218 mil 818 • Brasil, 183 mil 533 • Rusia, 183 mil 103 • Turquía, 108 mil 563 • Japón, 95 mil 945 • Países Bajos, 86 mil 538 • Italia, 81 mil 367 • GB, 68 mil 214 • India, 65 mil 146
Fuente: www.worldometers.info/ coronavirus/ ▲ Jóvenes de 12 y 13 años, mayores de 15 y rezagados reciben dosis en la Ciudad de México. Foto Roberto García Ortiz
3 por ciento corresponden a delta.
El número de casos identificados, según el reporte, cayó en las seis regiones de la OMS, salvo al este del Mediterráneo, donde subió 36 por ciento, con aumentos especialmente amplios en Afganistán, Irán y Jordania.
En Europa, los casos cayeron 7 por ciento liderados por Francia y Alemania, mientras naciones de Europa oriental, como Azerbaiyán, Bielorrusia y Rusia registraban aumentos.
La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de poner fin a todas las restricciones en Inglaterra es “muy valiente o muy estúpida”, expresaron científicos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), de igual manera, reportó que los contagios comenzaron a disminuir en varios países de América, aunque aún son “muy altos”, y las muertes aumentaron, en particular en partes de Centro y Sudamérica.
Bajan hospitalización y contagios por covid, pero repuntan decesos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Los contagios de covid-19 y las hospitalizaciones por esta causa siguen a la baja. En cambio, la mortalidad reportó ayer un nuevo repunte con 743 decesos confirmados entre martes y miércoles, con lo que 310 mil 627 personas han perdido la vida como consecuencia de complicaciones graves de la enfermedad.
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que ayer se confirmaron 24 mil 898 casos de la infección. La cifra representa 41 por ciento de los reportados el 19 de enero, cuando se sumaron más de 60 mil casos y un poco más de la mitad de los más de 43 mil confirmados el pasado primero de febrero.
El registro del Sistema de Vigilancia de Enfermedad Respiratoria acumula 5 millones 192 mil 8 casos de covid-19. En tanto, la curva epidémica se mantuvo a la baja, con menos 43 por ciento en la semana del 23 al 29 de enero.
Los casos activos disminuyeron a 127 mil 421, lo cual equivale a 2.3 por ciento de quienes han tenido la infección desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país. El reporte técnico indicó que por cada 100 mil habitantes, la mayoría de individuos con infección activa se hallan en Colima, Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Sonora.
Otro indicador que va a la baja es la ocupación hospitalaria. Ayer disminuyó un punto porcentual en las camas generales y en las que tienen ventilador, con lo cual hubo pacientes en 37 por ciento de las primeras y 26 por ciento de las segundas.
Con respecto a la aplicación de vacunas, la Ssa indicó que el martes fueron 388 mil 361 dosis. La cobertura es de 89 por ciento de personas mayores de 18 años que han recibido al menos una inyección.
El avance del virus
• 5 millones 192 mil 8 confirmados • 127 mil 421 activos • 652 mil 27 sospechosos • 4 millones 405 mil 695 recuperados • 14 millones 494 mil 313 notificados • 8 millones 650 mil 278 negativos • 310 mil 627 defunciones • Ocupación hospitalaria Camas generales, 37% Camas con ventilador, 26%
• Vacunas aplicadas El martes, 388 mil 361 Acumulado: 170 millones 203 mil 675
• Personas vacunadas 83 millones 936 mil 198 Con esquema completo: 77 millones 659 mil 769 Con medio esquema: 6 millones 276 mil 429
Reconoce el Insabi que hubo desabasto de fármacos en 2021
Para tratamiento de hipertensión y diabetes, las mayores carencias La Ssa confi rmó el fallecimiento de 742 personas entre martes y miércoles por complicaciones de la enfermedad
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Durante 2021 el abasto de medicamentos fue de 67 por ciento en centros de salud y de 63 por ciento en hospitales comunitarios, reconoció Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Lo que más faltó fue metformina, para el tratamiento de diabetes; losartán, para hipertensión, y analgésicos, entre ellos, paracetamol, ácido acetil salicílico e ibuprofeno.
Es la primera vez que el funcionario admite las carencias y aseguró que en esos lugares, el problema se resolverá en esta semana con el apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Durante una sesión conjunta de la Academia Mexicana de Cirugía y la Secretaría de Salud (Ssa), Ferrer comentó sobre las 327 obras inconclusas que fueron heredadas por administraciones pasadas. Señaló que 153 ya están terminadas (43 hospitales y 110 centros de salud), de las cuales 130 ya están en operación.
Del resto, 106 están suspendidas, 50 en proceso y 18 se dieron de baja de manera definitiva por factores diversos, como fallas estructurales en las construcciones, por ejemplo.
Explicó que entre las obras concluidas, 39 se destinaron a la atención de personas con covid-19; la Secretaría de la Defensa Nacional colaboró en la terminación de 32.
También anunció a los académicos que este año el Insabi realizará la contratación de 11 mil 12 trabajadores de salud, de los cuales 4 mil 646 serán médicos y 6 mil 366 plazas de enfermería. El proceso inició en diciembre y concluirá en julio próximo. Antes, comentó que a escala nacional hacen falta 11 mil 847 personas en el sector salud (4 mil 869 médicos y 6 mil 978 en enfermería).
En la sesión con la AMC que preside el doctor Felipe Cruz Vega, con el tema Respuesta y perspectivas de la pandemia de covid-19 en México, y en la que también participaron el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario Hugo López-Gatell y el titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS, Víctor Hugo Borja, el director del Insabi resaltó que a partir de 2019 ha aumentado la inversión pública en salud. En 2020 se ubicó en 2.5 por ciento del producto interno bruto. “Es el mayor incremento en una década”.
La Ley General de Salud establece que el presupuesto del sector debe aumentar con base en la inflación, pero eso no ocurrió así en los 10 años anteriores a la actual administración, cuando las asignaciones presupuestales oscilaron entre 2.1 y 2.2 por ciento del PIB, sostuvo.
Ahora, con el plan para la federalización de los servicios, la meta del gobierno federal es lograr que la atención médica del primer y segundo nivel sea homogéneo y de alta calidad, con base en el modelo de operación del programa IMSS Bienestar.
En ese sentido, el Insabi tiene varias tareas, como asegurar que no falte personal en las unidades médicas y para eso serán las contrataciones. También se hace cargo de las compras de fármacos e insumos para la prestación de servicios, del mejoramiento de la infraestructura y la regularización de las condiciones laborales de los empleados del sector.
SCJN ordena dar inmediata libertad a líderes purépechas
EDUARDO MURILLO Y CAROLINA GÓMEZ
Los líderes purépechas José Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez Meza y José Gerardo Talavera Pineda, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), detenidos desde hace tres años, acusados de sabotaje, serán liberados de inmediato por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les otorgó un amparo tras encontrar diversas irregularidades en su proceso, incluyendo el que fueron torturados.
Comuneros de Nahuatzen, Michoacán, celebraron la determinación de la primera sala del máximo tribunal y destacaron que los aún detenidos fueron acusados “injustamente de sabotaje” y han padecido “malos tratos y tortura”.
Recordaron que los tres integrantes del CCIN se manifestaban en demanda del reconocimiento de su municipio indígena cuando fueron detenidos, el primero de noviembre de 2018, por oponerse a las autoridades del ayuntamiento, de extracción perredista, y se les sentenció a siete años de prisión. Desde entonces, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que eran presos políticos.
Los afectados buscaron amparo en contra de la decisión del tribunal de justicia estatal, argumentando que se violó su derecho a una tutela judicial efectiva y a obtener una sentencia fundada en derecho.
El asunto fue asignado para su estudio al ministro Mario Pardo Rebolledo, quien constató que durante el juicio nunca se pudo comprobar el delito supuestamente cometido por los purépechas.
“Al no haberse acreditado la concurrencia de las circunstancias necesarias para estimar la existencia de uno de los elementos del hecho que la ley señala como delito de sabotaje, resulta innecesario realizar el examen de los demás componentes”, señala el proyecto de sentencia aprobado. Añade que los tres inculpados fueron además víctimas de tortura, por lo que ordena a las autoridades de Michoacán que se investigue para castigar a los responsables.
Tras la resolución, Efraín Avilés, comunero de la localidad dijo a La Jornada que “se hizo justicia” y que esperaban que en las próximas horas quedaran libres. Detalló que Jiménez y Arreola, fueron elegidos por usos y costumbres como autoridades de la comunidad, y por esa razón se les fabricaron ilícitos, por los que fueron encerrados en el reclusorio de Uruapan desde noviembre de 2018.
En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos cele-
▲ Integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, ante la SCJN. Foto Cuartoscuro
braron la resolución de la SCJN. Destacaron la relevancia de que la decisión se haya fundado en criterios de interculturalidad porque será un precedente en la defensa que hacen las comunidades indígenas de sus territorios.
Con información de Alonso Urrutia
INAI insta a la FGR a revelar información sobre homicidios y fosas en Tamaulipas y NL
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió la petición de una persona a la que le fueron negados los datos con el argumento de que son información clasificada, que la Fiscalía General de la República (FGR) haga pública de manera íntegra las investigaciones de su Comisión Forense sobre el secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas y sobre los cuerpos de 193 personas hallados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, así como de los restos de 49 personas hallados en una carretera de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
Las pesquisas efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos, de acuerdo con el INAI, por lo que es innegable que los nombres, edades, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, pero también de los ofendidos, de sus familiares y de los testigos son datos personales que, en principio tienen el carácter de confidencial.
Sin embargo, “se observa lo resuelto por la segunda sala de la SCJN en el amparo en revisión 998/2018, en donde se determinó dar acceso íntegro al expediente derivado de la recomendación 51/2014 que reclasificó al caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos”, afirmó el comisionado Adrián Alcalá.
El INAI determinó que la información debe ser pública, por violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Yaquis y agricultores interponen 12 recursos de amparo en contra del distrito de riego 018
ANGÉLICA ENCISO L.
Integrantes de la tribu yaqui y agricultores de esa región en Sonora han interpuesto 12 recursos de amparo en contra del distrito de riego 018, que en septiembre pasado fue transferido a este pueblo indígena como parte del plan de justicia establecido por el gobierno federal. Hasta ahora en siete recursos se negó la suspensión provisional y se concedió en uno por la omisión de la autoridad de realizar la consulta previa, libre e informada.
La mayoría de los recursos los interpusieron los agricultores del distrito de riego 041, son “los mismos que apoyaron a los yaquis contra el Acueducto Independencia. Queda claro que no defendían a los yaquis sino su interés en el agua, por eso ahora que pueden recuperar el líquido se oponen a que lo hagan”, sostuvo Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis.
Hay amparos que “presentan yaquis en contra de su propio beneficio. El argumento que dan es que los 2 mil millones de metros cúbicos de agua que hay en la región ya están comprometidos con agricultores mestizos y no con la tribu yaqui, y señalan que no hay agua. Es algo absurdo, pero están manipulados”, dijo Rodrigo González, asesor del pueblo Yaqui Loma de Bácum.
Con las divisiones de la etnia, “se busca tronar el plan de justicia o complicar que se realice”, agregó en entrevista. Recordó que Lázaro Cárdenas definió el distrito de riego 018 de los yaquis con 25 mil hectáreas de riego y estableció que 50 por ciento del agua les corresponde, pero esta cantidad nunca se les ha entregado”. Ahora pasaron de tener 25 mil hectáreas a cerca de 127 mil, para lo cual requerirán cerca de 700 millones de metros cúbicos de agua y se tomará de la que ha utilizado el distrito 041, cuyos agricultores no son indígenas, explicó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a la zona yaqui el próximo domingo para evaluar los avances del plan de justicia.
De diez recursos de amparo presentados, ocho son de la asociación de usuarios de productores agrícolas de riego del distrito 041 y de la sección de riego 22, que reclaman el establecimiento del distrito 018 para Vicam pueblo, primera cabecera Pótam, segunda cabecera, Tórim, Rahum Huirivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil, indica el recuento de los recursos realizado por López Barcenas. Sobre dos amparos se desconoce quién los presentó y hay otro interpuesto por “Fernando Jiménez y otros”.
El recurso al que se otorgó la suspensión provisional fue presentado por autoridades eclesiásticas y tradicionales de la tribu yaqui, por la omisión en hacer la consulta previa de conformidad con los estándares internacionales, refiere.
Fiscalía de Michoacán confi rma la muerte de El M2, presunto miembro del CJNG
La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que el cadáver calcinado hallado el pasado lunes en la comunidad El Cansangüe, municipio de Tepalcatepec, corresponde a Miguel Ángel Fernández, de 40 años, conocido como El M2, presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Autoridades estatales vincularon a El M2 con la emboscada ocurrida en septiembre de 2019 en El Aguaje, municipio de Aguililla, en la cual fallecieron 13 oficiales de la Policía Michoacán.
En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que soldados coordinados con la Guardia Nacional y la Policía Michoacán aseguraron explosivos, armamento exclusivo de las fuerzas armadas y vehículos con blindaje artesanal, durante un operativo realizado el martes para ingresar a la cabecera de Aguililla, que en las recientes semanas fue escenario de enfrentamientos con grupos del crimen organizado.
Detalló que con esa acción se liberaron las tres rutas principales de la región, que van de Aguililla a las poblaciones vecinas El Aguaje, Los Cajones, El Limón y Coalcomán, además del decomiso de casi 300 kilogramos de yerba con las características de la mariguana.
CASI DOS AÑOS SIN NORMALIDAD Aun con clases presenciales y en línea, docentes y padres no ven mejor aprendizaje de alumnos
LAURA POY SOLANO
Pese a que cada vez más escuelas de educación básica están regresando a las actividades presenciales, las múltiples modalidades en que se imparten las clases y la extensión del currículo “no propicia el mejor aprovechamiento escolar, y ya se notan los efectos en los aprendizajes de los alumnos”, advirtieron docentes de primaria y secundaria.
En tanto, padres de familia indicaron que, a diferencia del ciclo escolar 2020-21, “ahora no se recuperaron las clases en línea, se trabaja con cuadernillos, chats o blogs donde los niños no tienen ninguna retroalimentación y muchas veces ni siquiera se revisan los trabajos que envían los alumnos”.
Maestros de secundaria comentaron que, si bien cada vez más planteles están trabajando con sesiones presenciales, se mantiene un modelo de clases escalonadas, en que el grupo se divide, y asisten sólo dos días a la semana.
“Es muy difícil para el alumno dar continuidad a sus procesos formativos, pues como profesores debemos repetir dos veces los mismos contenidos e intentar ayudar a los estudiantes con los conocimientos que no han logrado adquirir, pero cuesta mucho mantener su atención y que den seguimiento a las actividades en clase”, apuntaron.
Claudia, profesora de tercero de primaria, consideró que los alumnos de mayor riesgo son aquellos que simplemente se desconectan de la escuela a falta de recursos tecnológicos, ya sea porque no cuentan con una computadora o celular, o porque en casa no hay recursos para pagar el servicio de Internet. Reconoció que los educadores “hacemos un esfuerzo de apoyarlos con guías o cuadernillos que pueden recoger en la escuela, pero su aprovechamiento no es igual”.
Cambio de nivel
Padres de familia manifestaron que “hay muchos contenidos que vienen en sus libros que ni siquiera se abordaron y nos preocupa qué pasará con los niños que están por terminar la primaria o secundaria, y deben cambiar de nivel educativo, cuando no han recuperado lo que no les impartieron en casi dos años que la escuela no opera de forma normal”.
En la secundaria 71 Narciso Bassols, padres de familia denunciaron que, pese al compromiso oficial de asignar un director al plantel, luego de más de un año de operar sin director ni subdirector, “no se ha informado nada, y se insiste en que los alumnos suban sus trabajos al blog, pues se suspendieron las clases presenciales, pero a la fecha sólo dos maestros han revisado trabajos”.
Maestros de primaria y secundaria afirmaron que la Secretaría de Educación Pública “no ha impulsado una verdadera organización de las escuelas para responder a las necesidades de los planteles y sus comunidades. Cada sede ha improvisado una respuesta, aunque esto haya implicado, en no pocos casos, que una parte considerable del alumnado se quede fuera, sin clases a distancia ni presenciales”.
SECRETARIA DE SEGURIDAD
▲ Rosa Icela Rodríguez, ayer en Palacio Nacional. Foto La Jornada
Tribunal rechaza quitar deuda a familia Alemán por Interjet
El pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa rechazó por ocho votos a tres el proyecto de sentencia del magistrado Carlos Mena Adame que exculpaba a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como responsables solidarios de un adeudo fiscal de 689.3 millones de pesos de la empresa Interjet. Mena Adame señaló que la autoridad aplicó de manera retroactiva la legislación fiscal, ya que en los ejercicios de 2018 y 2019 no se contemplaba la responsabilidad solidaria del consejo de administración por casos en que no se pagaran los montos relacionados con los impuestos sobre la renta y al valor agregado. En este caso Interjet no cubrió los impuestos de 2018 y 2019, y en 2020 exigió el pago de 689. 3 millones de pesos, y los empresarios Alemán Velasco y Alemán Magnani, que en ese entonces fungían como presidente y vicepresidente del consejo de administración de Interjet, interpusieron recursos para no ser considerados deudores solidarios. La propuesta de Mena fue rechazada, por lo que el caso tendrá que ser discutido de nuevo, aunque la resolución, si es contra los argumentos de los empresarios, podrá ser impugnada. Gustavo Castillo
Cananea: una historia de lucha
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA /II
En mi artículo anterior afirmé que la lucha de los mineros de Cananea –al igual que la de los valientes trabajadores de este sector fundamental para la economía del país– es histórica. Ha transcurrido más de un siglo desde la reconocida huelga de Cananea de 1906, precursora de la Revolución Mexicana, pero todo parece indicar que nada ha cambiado, puesto que se está repitiendo la historia de miseria y explotación, quizás con otros actores, pero con acciones y decisiones semejantes.
Como sucede siempre con el capitalismo rapaz, los empresarios –anteriormente extranjeros y hoy mexicanos en su mayoría– se han aprovechado constantemente de la corrupción política, del tráfico de influencias y del acceso a información privilegiada para extender sus redes y negocios, la mayoría sucios. Han actuado –y continúan haciéndolo– con total impunidad, pues están conscientes de que tienen el poder de corromper y así seguir acumulando riqueza de manera vergonzosa e indignante, como han hecho durante muchos años.
Actúan generalmente como Grupo México y su representante legal, Germán Feliciano Larrea, con un insensible desprecio a la clase trabajadora, incluso a sus propios empleados, como si fueran esclavos sometidos a sus caprichos y avaricia. Eso lo hacen sin el más mínimo indicio o gesto de generosidad o solidaridad, ya que los tratan sin respeto o reconocimiento a su capacidad, experiencia y conocimientos.
Sus planes y objetivos se basan sólo en sus ambiciones, codicia y prepotencia. Seguramente desde pequeños crecieron siendo humillados por sus más cercanos amigos y familiares y cuando obtuvieron el poder por herencia –o por la explotación indiscriminada de los recursos naturales del país y de la mano de obra– se convirtieron en la clase de personas que son en la vida actual.
Cananea es símbolo y ejemplo de cómo la resistencia y la dignidad humana pueden continuar y mantener una lucha por muchos años. De la misma forma, las minas de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, otras concesiones en manos de Larrea, tienen casi 15 años en huelga por la arrogancia e indiferencia de esa empresa hacia los mineros. No obstante, a pesar de las adversidades, los trabajadores se mantienen leales, unidos y solidarios, resistiendo agresiones y ofensas de empresarios sin ética personal ni profesional. De hecho, estos largos conflictos se han vuelto casos de vergüenza histórica y pública para estos hombres de negocios sin escrúpulos.
El 14 de abril de 2009, la empresa en cuestión usó de excusa la “causa de fuerza mayor” para desalojar arbitraria y violentamente a los trabajadores de Cananea. Al mismo tiempo, les cerraron las puertas de la justicia en México. Por ello, el sindicato nacional y los miembros de la sección 65 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir su apoyo ante esta terrible situación de injusticia que Larrea y el gobierno de Felipe Calderón habían propiciado. El sindicato que presido presentó su petición de admisibilidad el 4 de enero de 2012, demostrando que los argumentos de Grupo México eran viles mentiras contra la clase trabajadora del país, ya que –sin fundamento legal y en violación de la Constitución– el entonces gobierno decretó por terminado el contrato colectivo de trabajo vigente y se dio por concluida la huelga.
Pese a todos los instrumentos jurídicos y acciones ilegales de los gobiernos de Calderón y Peña contra los trabajadores, la CIDH –mediante un oficio publicado el 4 de mayo de 2021– informó tanto al sindicato minero como al gobierno de México que la petición había sido admitida, reconociendo que los derechos humanos de los 828 mineros registrados y sus familiares habían sido violados de manera burda y grave con responsabilidad directa para el Estado mexicano y Grupo México.
Tras la admisibilidad, la CIDH citó a las autoridades laborales y al sindicato a un diálogo amistoso programado del 19 de agosto al 19 de septiembre de 2021. No contestó nadie de la administración federal ni de la Secretaría de Trabajo. Esta falta de respuesta se interpretó como negativa al diálogo para buscar una solución al conflicto obrero-patronal. Pese a lo anterior, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, organizaron dos meses después un evento que bautizaron como Plan de Justicia para Cananea, en el cual actuó como anfitrión especial el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, ni los trabajadores mineros de Cananea ni sus familiares ni sus representantes sindicales locales o nacionales fueron invitados.
Grupo México logró sentar al representante de Larrea, el mayor violador de derechos laborales y comunitarios de Sonora, junto al presidente López Obrador y dejar fuera a las víctimas del conflicto. El sindicato nacional de mineros que tengo el honor de presidir no puede aceptar que se les excluya cuando han sido los ofendidos y agredidos durante tanto tiempo. Hacerlo sería equiparar al que violó los derechos laborales y humanos con las víctimas y aquellos que han trabajado para defenderlas, los miembros del sindicato minero. No tengo duda de que lo que hicieron la secretaria de Trabajo, el gobernador de Sonora y Grupo México fue poner en el mismo plano a Francisco I. Madero con Victoriano Huerta, con el objeto de confundir a la opinión pública y poner en el mismo nivel a víctima y victimario.
Por lo anterior y ante la admisión de la CIDH, los mineros de Cananea y el sindicato nacional de mineros celebramos la determinación del Presidente de la República de que las negociaciones para resolver de fondo estos enfrentamientos se realicen en la Secretaría de Gobernación. El futuro de la paz laboral y de las operaciones de Cananea dependen de estas reuniones. Se debe evitar regresar y revitalizar situaciones de conflicto. Tenemos la esperanza y la mejor disposición para concluir satisfactoriamente las negociaciones y terminar con estas injusticias que nunca debieron ocurrir para que no se vuelvan a repetir. Es tiempo de tomar los pasos necesarios para que los mineros recuperen la confianza en la dirección del país y en el sistema de justicia.
La imperiosa reforma eléctrica
ABRAHAM NUNCIO
“E ra para mí muy importante venir a Monterrey para acreditar ante los ojos de la nación que los empresarios regiomontanos son profundamente nacionalistas, que comparten los ideales de nuestras instituciones, que se solidarizan con el país, que están dispuestos a tomar con el país sus riesgos, que enfrentan su pecho al destino porque quieren merecer la clara mirada de sus hijos, como lo dijo Bernardo Garza Sada.”
Quien así hablaba era José López Portillo, “el último presidente de la Revolución” y más bien el primer presidente neoliberal. Frívolo como era, no pensó en el piso donde se paraba ni en su historia. Lo escuchaban los 600 empresarios de todo el país que asistieron a la capital de Nuevo León para la firma del pacto llamado Alianza para la Producción.
Con el liderazgo de los industriales de esta ciudad, en especial con Alfa, se comprometió López Portillo a ofrecerle todas las ventajas del boom petrolero cuya riqueza, decía, sólo era cuestión de administrarla. Y, por tanto, de repartirla. Se la repartió con largueza a los empresarios, sobre todo a los regiomontanos. Las empresas del grupo Monterrey pasaron de ser un ciento a 375 al cierre del sexenio lópezportillista.
De las facilidades ofrecidas quedó, entre otros testimonios de lealtad, el ilegal préstamo que Banobras hizo a Alfa por 12 millones de pesos en 1981, al momento de producirse la crisis de la deuda en el ámbito empresarial de Monterrey. En febrero de 1982, desde este ámbito se propició una enorme fuga de capitales que hizo sentir a López Portillo traicionado. En cuestión de horas se había disipado el nacionalismo, la solidaridad, los fines institucionales compartidos y el patriotismo de los empresarios de Monterrey. Igual como había ocurrido en 1914, 1964 y 1975.
Lo de la solución somos todos y la búsqueda verbal de un desarrollo más igualitario se tradujo en un menor gasto público, la imposición de topes salariales, la liberación de precios de productos básicos y el alza, casi en 80 por ciento, de las tarifas de gas y electricidad. Para las familias de escasos recursos este aumento era un golpe artero a su economía. En Monterrey mismo se formó entonces el Frente de Defensa de la Economía Familiar.
Participaban en esa organización los obreros de Fundidora, los miembros del sindicato de la universidad pública y los colonos de Tierra y Libertad. Se hicieron presentes en varias dependencias del gobierno federal y culminaron en una manifestación frente a la Comisión Federal de Electricidad. La dirección de esta empresa, coludida con la CTM, decidió disolver agresivamente al grupo. Pero gracias a su presión el gobierno federal redujo el aumento de esos servicios casi 50 por ciento. ¿Qué habría pasado si el gas y la electricidad hubieran estado en manos de empresas privadas? El gobierno habría adoptado igualmente medidas represivas y el precio de los flujos no habría bajado. Como ahora sucede en España. Los españoles padecen, pero nada pueden hacer para defenderse de los precios crecientes en ese rubro. Tampoco nada pueden hacer otras poblaciones, sino padecer resignadamente los rigores de un clima extremo, como los que produjeron la paralización del fluido eléctrico en Texas, donde éste se halla en manos privadas.
Es tonto, contrario al interés de los gobernados y de la nación, que un gobierno renuncie al manejo de recursos naturales estratégicos en su territorio. La disputa de la empresa privada es por controlar la generación y el suministro de la electricidad en México; también es por tener el subsidio, trato preferencial y otras ventajas a costa del erario y del gasto social, gasto que implica en los países capitalistas, como el nuestro, atenuar –casi siempre en sus mínimos– la desigualdad orgánica que produce este modelo socioeconómico.
El intento de los dueños del mercado en el sector eléctrico es inaceptable desde el punto de vista moral y social. Porque el objetivo fundamental no es generar energías limpias, según ellos y sus voceros arguyen, sino obtener mayor lucro. Capital cuyo lucro no crece deja de ser competitivo, dicen los defensores del mercado.
Quienes argumentan con la supuesta pérdida de pesos y centavos no deben tener la potestad de decidir el destino de las grandes mayorías vinculadas al gasto eléctrico. Su aleluya es la libre empresa, la globalización, el emprendedurismo. Y otros chantajes. Los gobiernos, desde el de López Portillo hasta el de Peña Nieto los aceptaron por conveniencia personal.
Por ello varios de los ex presidentes, unos de manera abierta y otros bajo cuerda, forman parte de la oposición a la reforma eléctrica. Una reforma módica, pues dejar 46 por ciento en manos privadas es dejar demasiado. Las maniobras de los grandes capitalistas –entre ellas las fugas de capital– empobrecieron a esas grandes mayorías, a la par que creció la concentración de la riqueza en los últimos 40 años de decisiones económicas lideradas por los grupos de capital nacional y extranjero en connivencia con los gobiernos que las asumieron como buenas. Esto debe retrotraerse y de ninguna manera repetirse.
Ayotzinapa y las infi ltraciones
SANTIAGO AGUIRRE*
Los hechos relacionados con las protestas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurridas la semana pasada generan reflexiones en al menos tres niveles:
En primer lugar, desde una perspectiva basada en los derechos humanos, que presupone el indeclinable reconocimiento de la común dignidad humana, se impone rechazar el escalamiento de la protesta protagonizada por los normalistas. Arrojar irresponsablemente un vehículo automotor no tripulado contra los contingentes policiales, no es aceptable bajo ningún parámetro. Por mera fortuna la acción no concluyó en tragedia. Asentada sin ambages esta cuestión, es deseable también apuntar que se deben encontrar canales de diálogo político que moderen las tensiones que subyacen a este incremento de las protestas y que se revise la actuación policial en el evento, para verificar que se haya realizado conforme a los protocolos aceptados en un escenario de protesta social y evitar hacia adelante las consabidas provocaciones.
Esta es precisamente la segunda reflexión que se impone. Claramente, a escala estatal no están abriéndose canales de diálogo para encauzar la conflictividad social y humanizar los conflictos. Esto es especialmente grave en entidades gobernadas por el partido en el poder, como Guerrero, pues como ha resaltado atinadamente y con insistencia el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en esos entornos de alternancia la sociedad espera, no la soberbia de quien accede al poder y se olvida de las causas históricas, sino nuevos esquemas de diálogo con los sectores más desposeídos, que reconozcan en éstos agencia y protagonismo y no sólo su pretendido carácter de sujetos pasivos de programas sociales.
En el debate público, sin embargo, se ha incorporado otro filón a la discusión que por su trascendencia se impone como tercer tema para la reflexión. Ha sido el Presidente de la República quien ha impuesto este giro, al afirmar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa está “infiltrada por la delincuencia organizada”.
No se ha presentado ante la opinión pública, ni en las mesas de diálogo con las familias de los estudiantes desaparecidos, información que sustente este aserto ni tampoco se ha explicado cómo el mismo se relacionaría con el escalamiento de la protesta al que se ha aludido; simplemente, como ha ocurrido en otras ocasiones y respecto de otros temas, desde la conferencia presidencial matutina se ha lanzado una afirmación y el debate ha tomado otra dirección.
Quienes por años han querido vincular la desaparición de los normalistas con una supuesta infiltración de la delincuencia organizada en la normal no han demorado en retomar las afirmaciones presidenciales para nutrir su posición y generar desinformación. Un alineamiento paradójico, por donde se vea, pues se trata de actores que siempre se han opuesto al esfuerzo de esclarecimiento del caso que ha impulsado esta administración.
Ante estas posiciones, hay que volver a las investigaciones que en su momento hizo el Grupo de Expertos Independientes para insistir en que en relación con los hchos del 26 de septiembre de 2014 jamás se ha podido establecer que haya existido algún vínculo entre los normalistas y la delincuencia organizada, ni hay pruebas de que alguna relación de esta índole explique la dinámica de lo sucedido, ni mucho menos hay elementos que permitan presumir que de esto se siga alguna línea que ayude a dilucidar el paradero de los estudiantes.
Por eso, es grave la afirmación proferida e inevitablemente remite a afirmaciones similares que en su momento escuchamos en el anterior sexenio.
Pero la irrupción de este tema permite, al menos, recordar una cuestión que sí es importante para el caso: si en verdad se pretende investigar algún tipo de infiltración subrepticia en las normales rurales, habría que comenzar por las esclarecer las prácticas del Ejército Mexicano, aún no reconocidas ni erradicadas, de introducir en escuelas como Ayotzinapa soldados con fachada de estudiantes para monitorear y reportar sus actividades. Indagar estas prácticas de las hoy empoderadas fuerzas armadas contribuiría más a esclarecer el caso, que alentar indirecta y acaso involuntariamente las líneas falaces que por más de un lustro han impulsado los enemigos de la verdad en el caso Ayotzinapa. *Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC
Caso Tadeo: sintomatología de un sistema penitenciario en crisis
MARIO PATRÓN
El pasado 10 de enero, fue hallado dentro del Centro de Rehabilitación Social de San Miguel, en Puebla, el cadáver de un bebé de nombre Tadeo, que con posterioridad se confirmaría que días antes fue exhumado ilegalmente del panteón San Nicolás Tolentino, de la alcaldía Iztapalapa, trasladado a Puebla e introducido en el referido penal. Hasta hoy, no hay una explicación plausible que permita entender los hechos desde su origen y las motivaciones para desenterrar el cuerpo de un menor de edad y trasladarlo a una cárcel estatal.
Ciertamente, a raíz del hallazgo y hasta el día de hoy, han sido detenidas más de 20 personas y han sido destituidos tanto el secretario como el subsecretario de Seguridad Pública y de Centros Penitenciarios en Puebla que estaban en funciones cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, en este como en muchos otros casos, la justicia no se cumple cabalmente con destituciones y detenciones, sino con la formulación y ejecución de una agenda tendiente a reformar el sistema penitenciario mexicano, a todas luces fracturado y rebasado.
La estremecedora noticia del caso Tadeo y los hallazgos revelados alrededor de este hecho son síntoma de un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación, por regímenes de autogobierno y por el generalizado olvido del derecho a la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal promulgada en 2016 fijó a la reinserción social como el fin último e irrenunciable del sistema penitenciario. No obstante, su implementación permanece muy lejos de su formulación en el papel.
El Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detalla que, en diciembre de 2021, 136 de los 288 centros penitenciarios a escala nacional están sobrepoblados, y Puebla se sitúa como el segundo estado con mayor sobrepoblación del país, a pesar de ser el segundo estado con mayor número de centros penitenciarios, con 22. El penal de San Miguel de Puebla, donde fue hallado Tadeo, cuenta con una sobrepoblación de 101 por ciento, es decir, alberga poco más del doble de personas de su capacidad.
La sobrepoblación y hacinamiento, más las condiciones deficientes de atención a la salud y alimentación en los reclusorios, incrementan el riesgo de autogobierno, violencia y motines, obstaculizando con ello la capacidad del sistema penitenciario para cumplir con su obligación de dar a las personas internas las condiciones y herramientas necesarias para la reinserción social.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi expone que sólo 14.4 por ciento de las personas privadas de la libertad declararon sentirse seguras dentro de su celda en 2021. Este sondeo refiere, además, la violencia sistémica de la que son víctimas las personas detenidas, afirmando que 64.5 por ciento y 48.6 por ciento de ellas sufrieron violencia sicológica y física, respectivamente, después de su detención y hasta antes de ser llevadas al Ministerio Público.
La complejidad y profundidad de la crisis penitenciaria debe resolverse con un enfoque integral, pues fórmulas rápidas y simplistas como la privatización de las cárceles iniciada en 2010 han mostrado ya su ineficacia para resolver esta problemática; ello lo confirma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, donde la diferencia en calificación entre centros penitenciarios privados y públicos es prácticamente nula. La deficiente separación entre sentenciados y procesados; el insuficiente personal de seguridad y custodia; el hacinamiento; el autogobierno, y la presencia de actividades ilícitas y cobros dentro de los penales, son parte de un conjunto de 20 deficiencias observadas por el organismo dentro de los centros penitenciarios del país.
El caso del niño Tadeo da cuenta de un entorno de podredumbre que va desde los panteones municipales, que dan amplios márgenes para la exhumación ilegal de un cuerpo, su traslado de una entidad federativa a otra y, peor aún, su introducción a una cárcel que, se supone, está a cargo de las instituciones del Estado mexicano. Por ello no hay duda de que los hechos deben ser investigados y sancionados, pero además resulta insoslayable la implementación y reformulación de medidas necesarias sobre el sistema penitenciario para eliminar las condiciones que reproducen y normalizan la violencia dentro de las cárceles. Se deben crear estrategias urgentes y efectivas para la despresurización de las prisiones y para el mejoramiento de sus condiciones materiales.
La finalidad última de un sistema de justicia es la prevención del delito. Entender a la prisión como reinserción requiere de un enfoque integral e interdisciplinar que permita erradicar el estado de excepción que actualmente prevalece en los centros penitenciarios. Resulta urgente el diseño de una agenda básica que impulse la reformulación de la política criminal de nuestro país, desde la investigación y sanción de los delitos, hasta la ejecución de las penas; sin dejar de lado el esperado cumplimiento del deber irrenunciable del Estado de hacer factible la reinserción social.
Resulta urgente el diseño de una agenda básica que impulse la reformulación de la política criminal del país Movimientos como Salvemos los Cerros, horizontales, descentralizados, van pintando en todo el país el mapa de las resistencias
Movilizarse para salvar cerros pelones
VÍCTOR M. QUINTANA S.
Los cerros que rodean –y ahora son rodeados por– la ciudad de Chihuahua hasta aparecen en el escudo del estado. En ellos confluyen el desierto y los pastizales. Su colorido va del café grisáceo al dorado, pasando al rosáceo con tonos naranja, con manchas verdes en los pocos meses de lluvia. Aun así, para muchos no son sino cerros pelones.
Tal vez sea este menosprecio de nuestras ásperas serranías lo que permitió que las últimas décadas, los cerros de Chihuahua hayan sido víctimas de la depredación de los fraccionadores y negociantes inmobiliarios que los han tasajeado y llenado de colonias y fraccionamientos exclusivos, al punto que alguien llama al poniente de la ciudad, donde abundan, “Chihuahua, Texas”. Acá los pobres no viven en los cerros, como en otras ciudades. Las alturas son el dominio de las clases que se ubican en las alturas sociales. Aspiracionismo topográfico u orográfico: entre más arriba vivas, más te distingues. Y si encima de un cerro se construyen una, dos torres de departamentos ultramodernas, el efecto demostración será mucho mayor.
La furia de fraccionadores, desarrolladores y constructores ha hecho que la ciudad de Chihuahua se extienda de una manera desproporcionada. Según el activista Luis Rivera, la mancha urbana de la capital del estado equivale en kilómetros cuadrados a la de la ciudad de Nueva York: alrededor de 783 kilómetros cuadrados, sólo que con 10 veces menos población que la urbe de hierro.
El avance de los fraccionamientos y del lucro de quienes los promueven a costa del ambiente ha sido posible por el apoyo de las autoridades. Y éste lo consiguen convirtiéndose en los grandes financiadores de las campañas políticas municipales y estatales. Licencias de construcción por donde quiera y preferencia a las obras públicas que los desarrolladores demanden son las formas en que se les paga su apoyo electoral, en detrimento de la naturaleza y de las condiciones de vida y de transporte de las mayorías.
Pero desde hace unos años, un grupo de jóvenes de ambos sexos han empezado a develar dos cuestiones: que los cerros pelones no son tan pelones y que la depredación de éstos beneficia a unos cuantos. Formaron un movimiento fresco, diverso en su accionar, creativo, culto, atractivo: Salvemos los Cerros de Chihuahua.
El punto de partida del movimiento es contundente: “La expansión urbana de Chihuahua se da sobre las áreas naturales debido al ‘bajo’ costo económico de los predios que se encuentran bajo propiedad agraria o ejidal, pero que una vez urbanizados los terrenos el valor se dispara. A esto se le llama ‘especulación’ y trae consigo grandes ganancias para un grupúsculo, mientras los salarios siguen siendo los mínimos para la ‘mano de obra’. El resultado es la obstrucción de ríos, arroyos y pasos de agua, pérdida de suelo de captación de agua, pérdida de cobertura vegetal que ayuda a la filtración y retención de agua y suelo, en suma, la contaminación y pérdida irremplazable de las cuencas, aguas subterráneas, aguas superficiales y toda la capacidad hídrica” (Luis Andrés Rivera).
El movimiento ha ido mostrando a los chihuahuenses la múltiple riqueza de sus cerros: son el hábitat de gran número de especies vegetales y animales, como los encinos, el guamis, cactáceas y liliáceas. Diversos tipos de serpientes, aves, gatos monteses y hasta venados y pecaríes. Han hecho ver la importancia simbólica que estos cerros tenían para pueblos como el ndee o apache, y visibilizado los vestigios de esta cultura en estos parajes. Y, sobre todo, su importancia ecológica: en ellos nacen las corrientes de agua que alimentan la ciudad de Chihuahua, su modesta capa vegetal detiene la erosión, moderan los ventarrones y el clima.
La creatividad del movimiento les acarrea cada día más simpatizantes y activistas: organizan excursiones guiadas a cerros y cañones. Enseñan a registrar especies, a clasificarlas. Hacen jornadas de reforestación y de limpieza. Difunden reseñas breves, fotos, videos en las redes sociales. Organizan plantones, venta de artesanías, caminatas. Sin panfletos, sin rollos largos ni complicados han ido ganándose la simpatía de todas las edades y clases sociales.
Salvemos los Cerros se ha ido legitimando ante la sociedad chihuahuense, a la vez que pone el dedo en la llaga de la especulación inmobiliaria, pilar del capitalismo por despojo y aliado infaltable para que políticos lleguen al poder y se mantengan en él. Pero va más allá: es un movimiento pedagógico: ha hecho que muchos chihuahuenses aprendamos a conocer, valorar y defender nuestro entorno, que sólo es pelón para quien lo ignora o quien sólo lo ve con los ojos del lucro. No sólo genera conciencia, sino también fomenta el disfrute de la naturaleza áspera pero rica y generosa que nos envuelve.
Movimientos como Salvemos los Cerros de Chihuahua, como el de la Sierra San Miguelito, en San Luis, horizontales, descentralizados, van pintando en todo el país el mapa de las resistencias. Un mapa multicolor, no en blanco y negro. Construyen nuevas solidaridades y hermanan personas y naturaleza. Poesía social que cunde.
