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EDUARDO MURILLO
by La Jornada
LA JORNADA Lunes 10 de enero de 2022
POLÍTICA
Orden de captura contra Chapo y García Luna por Rápido y furioso
EDUARDO MURILLO
Un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y cuatro ex funcionarios federales por su participación en el operativo Rápido y furioso, con el cual se permitió la entrada ilegal a nuestro país de más de 2 mil armas de alto poder.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que judicializó la carpeta de investigación del caso, donde se establece la presunta responsabilidad del ex líder del cártel de Sinaloa, así como de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y de Cárdenas Palomino, quien fue coordinador de Inteligencia de la Policía Federal.
El operativo Rápido y furioso fue propuesto por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense al gobierno mexicano; consistía en permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que supuestamente permitiría rastrearlas; sin embargo, fue imposible localizarlas todas y varias de ellas fueron utilizadas para cometer diversos delitos.
Se ha podido comprobar que fueron empleadas en hechos como el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, en diciembre de 2010, o el de Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense en febrero de 2011, entre otros homicidios.
La FGR señaló que “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año de 2009 hasta fechas recientes”.
Según registros de la FGR, aún en la actualidad, cada mes se asegura en promedio una de estas armas.
Durante las investigaciones de este caso, fueron llamados a declarar los ex titulares de la PGR Marisela Morales Ibáñez y Eduardo Medina Mora, así como Facundo Rosas, ex subsecretario de Seguridad Pública.
También hay indicios de que el entonces presidente, Felipe Calderón, autorizó la participación de México en Rápido y furioso.
Entre los ahora señalados, Cárdenas Palomino ya está preso en México, acusado de tortura, mientras Guzmán Loera y García Luna se encuentran encarcelados en Estados Unidos.
En estos casos, las autoridades mexicanas solicitarán a sus homólogos estadunidenses notificar oficialmente a los detenidos, e iniciarán un procedimiento de extradición para juzgarlos en México.
La dependencia añadió que las autoridades estadunidenses ya se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de ex servidores públicos de ese país.
“En México, de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, añadió la FGR.
De los otros cuatro ex funcionarios por quienes se solicitaron órdenes de aprehensión, sólo se informó que se trata de personas que aún están en libertad y por ello no se dio sus nombres, para evitar que se den a la fuga.
La demanda del gobierno de México en tribunales estadunidenses en contra de fabricantes de armas ha puesto al operativo Rápido y furioso como ejemplo de la facilidad con que arsenales completos pueden ser adquiridos sin problemas en el vecino país del norte para ser utilizados en nuestro territorio por los grupos del crimen organizado.
COMPOSTURA ANTE FATALIDAD ● MAGÚ
Sin contrato, 7 millones de empleados del sector formal
NÉSTOR JIMÉNEZ
En el país, 7.2 millones de personas trabajan para empresas del sector formal, pero lo hacen sin contratos, sin derechos laborales y sin prestaciones.
De acuerdo con el informe laboral mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en México hay 55 millones 836 personas ocupadas. El reporte, con datos recopilados al tercer trimestre del año pasado, establece que, de ellas, 31 millones 434 mil 243 están en el sector informal.
En tanto, de este grupo, 16 millones 7 mil 862 reportaron laborar en unidades de trabajo informales: un millón 265 mil 156 son “empleadores”, 8 millones 505 mil 526 trabajan “por cuenta propia”, 5 millones 164 mil 909 son “asalariados” y un millón 72 mil 271 no reciben sueldo, en su mayoría por atender un negocio familiar.
En otra categoría, la STPS recalca que 7 millones 205 mil 977 personas trabajan en “empresas del sector formal con empleo informal”, es decir, unidades de negocios registradas ante Hacienda, y que cuentan con trabajadores formales, pero al mismo tiempo sin contrato.
De esta cifra, sólo 467 mil 384 laboran sin pago, en su mayoría por ser familiares, mientras el resto son asalariados, pero sin prestaciones de ley.
Distintos organismos enfocados al derecho en la materia han explicado que en estos casos se encuentran, por ejemplo, meseros o repartidores, que laboran en restaurantes reportados como un negocio formal, pero que sólo contratan a su personal a nivel gerencial o en puestos claves.
Además, 6 millones 97 mil 209 de personas que se encuentran en la informalidad, están en el sector agropecuario informal. Casi la mitad lo hace por cuenta propia, y otro tanto como asalariados.
Mientras 2 millones 123 mil 195 personas son trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres.
Por otra parte, el reporte más reciente del gobierno federal indica que tras llegar a 20 millones 933 mil 50 las fuentes de empleo formal registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para diciembre bajaron a 20 millones 620 mil 148 trabajadores, producto de despidos masivos al cierre del año para evitar el pago de prestaciones.
Con todo y la reducción, la proporción de personas ocupadas en la informalidad se mantiene casi igual, y representan 56 por ciento de la fuerza laboral del país, frente a 37 por ciento que se encuentra en el sector formal.
Al tomar en cuenta a toda la población ocupada, tanto formales como informales, la mayoría labora en el área de “otros servicios”, donde se encuentran 18.7 millones de personas; seguido del comercio, 10.8 millones; la industria manufacturera, 9.1 millones; actividades agropecuarias, 6.9 millones, y la construcción, con 4.3 millones.
Sobre el ingreso, la mayoría, unos 21.4 millones de personas, ganan de uno a dos salarios mínimos, 11.9 millones perciben menos de uno, 10.9 millones ganan de dos a cinco. Además, poco más de un millón ganan de cinco a 10 salarios y 222 mil obtienen más de esa cantidad. El resto no lo especificó o no recibe.
Ninguna ley justifi ca negar trabajo a personas de más edad
NÉSTOR JIMÉNEZ
Las empresas aprovechan una laguna legal en las leyes mexicanas para limitar la contratación de trabajadores según su edad.
Aunque la Constitución indica que no debe haber factores de discriminación y sólo establece un mínimo de edad para trabajar, cientos de empresas solicitan empleados no mayores a 35, 40 o 60 años. La acción no va acorde con la Ley Federal del Trabajo, pero tampoco está regulada, explicó Alberto Romero, coordinador de Vinculación con el Medio Sindical de la Universidad Obrera de México.
“No hay ningún fundamento en la ley porque ahí dice que el mínimo de edad es de 16 años, con consentimiento de sus padres o tutores, pero no hay una máxima legal, o un impedimento, el problema es que se ha hecho un uso y costumbre de las empresas, y que se ha venido aceptando. Las empresas no lo hacen basadas en la ley, sino en la práctica, pero los gobiernos nunca han hecho una reflexión sobre esto”, expuso el académico.
Por dicho motivo, en este momento no hay un marco legal para sancionar a las compañías que incurren en esta práctica, ya que “no es legal, pero tampoco es ilegal, no obstante, es un acto discriminatorio evidente”.
Señaló que mientras en algunos países se han establecido medidas en este sentido, en México el tema ha quedado fuera de las iniciativas en el Congreso.
La razón por la cual diversas compañías únicamente contratan a jóvenes se debe a varios factores. Por un lado, algunas tratan de evitar posibles gastos de salud o solicitudes de permisos laborales por trabajadores de mayor edad, quienes pueden presentar problemas físicos o enfermedades; por otro, una creencia de que los jóvenes se adaptan mejor a las tecnologías. También buscan evitar gastos de jubilación y pagos de pensiones.
Romero apuntó que esto responde más a un prejuicio. La brecha tecnológica entre países desarrollados y el resto “ha venido a apoyar esas ideas, pero es una mentira, porque la experiencia laboral se adquiere sólo con los años. Es más un argumento del modelo neoliberal. Muchas veces busca sobre todo que los trabajadores más grandes no organicen a los más jóvenes en la concientización de sus derechos”.
Indicó que la Universidad Obrera prepara un programa que propondrá a las organizaciones sindicales para que los trabajadores de mayor experiencia “apadrinen” a los más jóvenes, en busca de hacer notorios sus aportes laborales.
