32 ESTADOS • VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2013
Las guanajuatenses, sin protección: PRI
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Guanajuato, Gto. El asesinato de 54 mujeres en menos de 10 meses, 12 tipificados como feminicidios, es muestra de que el gobierno panista de Guanajuato no garantiza los derechos de las mujeres a la vida, al respeto, la dignidad, la seguridad y la libertad, recriminó la presidenta de la comisión de equidad y género del Congreso estatal, Erika Arroyo Bello. La diputada priísta advirtió al mandatario Miguel Márquez que la bancada del tricolor no será ‘‘comparsa’’ de una administración ‘‘aletargada’’ y criticó la ‘‘negligencia’’ con que la procuraduría estatal investigó y consignó el caso de María de la Luz Salcedo Palacios, golpeada la madrugada del 19 de septiembre en el poblado Ojo de Agua por Miguel Jasso Manríquez, por negarse a tener sexo con él. Sostuvo que la joven de 18 años sufrió 19 lesiones físicas evaluadas como no graves o leves, además de los agravios a su integridad y dignidad. La legisladora dijo que es imperativo aplicar la perspectiva de género en el diseño de leyes y en la impartición de justicia. CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL
Pagan municipios queretanos perros de $40 mil y aviadores
Asaltan a estudiantes de la FES Cuautitlán Cuautitlán Izcalli, Méx. Grupos de entre tres y cinco sujetos armados abordan unidades de pasajeros que salen de las estaciones del Metro Politécnico y El Rosario y circulan por Periférico norte. En el trayecto asaltan a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campos 1 y 4, a quienes roban dinero, teléfonos celulares y equipo que emplean en sus prácticas. ‘‘Mi hija ya fue asaltada en tres ocasiones. Le robaron su computadora portátil, dinero y su celular’’, denunció una madre que pidió anonimato. La joven estudia diseño gráfico en la FES campo 1. Su mamá dijo tener temor y que por ello desde la última semana de septiembre la acompaña de ida y vuelta. SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL
Declara ex titular de Finanzas de Tabasco Villahermosa Tab. El ex secretario de Administración y Finanzas del estado, José Manuel Sáiz Pineda, declaró ayer ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en calidad de testigo sobre el caso de Leoncio Lorenzo Gómez, ex funcionario de esa dependencia detenido por la desaparición de documentos relacionados con la cuenta pública del gobierno que encabezó el priísta Andrés Granier Melo. El ex tesorero permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de Tabasco desde principios de junio, acusado de peculado y utilización de recursos de procedencia ilícita. RENÉ ALBERTO LÓPEZ, CORRESPONSAL
Irregularidades en las cuentas 2011 y 2012
MARIANA CHÁVEZ Corresponsal
QUERÉTARO, QRO., 3 DE OCTUBRE.
Compra de perros a 40 mil pesos cada uno, adjudicación directa de obras sin que lo ameritara, personas que cobran sin trabajar y la desaparición pantallas y tabletas electrónicas que se adquirieron con recursos públicos son algunas irregularidades detectadas en las cuentas públicas de los 18 municipios del estado, correspondientes en algunos casos al segundo semestre de 2011 y en otros al primero de 2012. De acuerdo con las observaciones que hizo la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), la presidencia municipal de Colón omitió seguir el procedimiento legal para adquirir dos perros con valor de 40 mil pesos cada uno, y tampoco acreditó que el proveedor estaba facultado para entregar los ejemplares al municipio. No se detalla para qué fines se compraron los caninos ni de qué raza son. Ese ayuntamiento tampoco justificó el pago de un millón 488 mil pesos a 23 personas ‘‘cuya relación laboral no está debidamente soportada al no contarse con evidencia de que los trabajadores hayan acudido al desempeño de sus labores’’. El municipio de Pedro Escobedo no acreditó con documentos la posesión legal de predios donde se realizaron trabajos en los que se gastaron 11 millones 241 mil pesos durante el segundo semestre de 2011. La alcaldía de Cadereyta de
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Montes, a su vez, omitió regularizar siete propiedades y un campo de futbol sin clave catastral con superficie de 5 mil 740 metros cuadrados, catalogado con valor de un peso. En ese mismo periodo de fiscalización, obstaculizó la labor de la ESFE al no proporcionar actas de ayuntamiento y otros documentos que acreditaran pagos por derecho de nomenclatura, donaciones en favor del municipio, autorización de segundos periodos vacacionales, modificaciones al presupuesto y aumento de recursos por prestaciones sindicales. En Huimilpan, en el pasado trienio la alcaldía omitió presentar los informes semestrales correspondientes al pago de dos millones 376 mil pesos a regidores por concepto de prerrogativas. Entre las cuentas del primer semestre de 2012 destacan las de Amealco de Bonfil, cuyo ayuntamiento presentó partidas sobregiradas por tres millones 314 mil pesos en una feria y fiestas patronales, además de contratar 350 elementos de seguridad privada para la feria local, lo que implicó un gasto de 146 mil pesos, sin que el prestador de servicios estuviera legalmente constituido.
Anomalías impunes Los gobiernos municipales de El Marqués y Corregidora dieron a conocer que iniciaron procedimientos administrativos y penales contra sus antecesores por el irregular manejo de los recursos públicos, sin que a la fecha hayan aplicado sanción alguna.
Yucatán pedirá préstamo para restructurar pasivo que dejó Ortega
El Congreso de Yucatán solicitó un préstamo de mil 539 millones de pesos para restructurar la deuda que dejó la ex gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco (en imagen de archivo) ■ Foto José Antonio López MÉRIDA, YUC., 3 DE OCTUBRE. El Congreso local autorizó hoy al gobierno de Yucatán contratar un empréstito bancario de mil 539 millones de pesos para restructurar una deuda por la misma cantidad, heredada por la administración que encabezó Ivonne Ortega Pacheco, actual secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En tribuna, diputados panistas –los únicos que votaron en contra–, dijeron que no se oponen a que el gobernador, el también priísta Rolando Zapata Bello, restructure el pasivo, pero argumentaron que existe una deuda ‘‘oculta’’ de 400 millones de pesos, lo que aumentaría el monto del crédito. Sin embargo, los 16 diputados
del PRI, dos perredistas y uno del partido Verde Ecologista de México aprobaron solicitar un nuevo empréstito, como solicitó Zaparta Bello a finales de la semana pasada. Luis Hevia Jiménez, líder de la bancada priísta, explicó que el nuevo crédito permitirá al estado manejar su deuda con al menos dos bancos y mantener la disponibilidad de partidas federales. Al inicio de la presente administración, partidos de oposición señalaron que Ivonne Ortega dejó una deuda superior a 10 mil millones de pesos, pagaderos a más de 20 años, pero el gobierno de Zapata Bello no se ha manifestado al respecto. LUIS A. BOFFIL GÓMEZ, CORRESPONSAL
Inhabilitación por 20 años y multas hasta de $122 millones; los acusados alcanzarían fianza
Aumentan sanciones a la corrupción en Guanajuato CARLOS GARCÍA Corresponsal
GUANAJUATO, GTO., 3 DE OCTUBRE.
El Congreso local aprobó sancionar con inhabilitación hasta por 20 años a funcionarios acusados de corrupción, y aplicar a personas morales y físicas multas superiores a 122 millones pesos. En los seis años recientes, el Poder Legislativo estatal presentó 150 denuncias penales por daño patrimonial superior a 76 millones de pesos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado archivó y reservó 53 por ciento de las querellas. De las 150 denuncias por delitos cometidos en agravio del go-
bierno estatal y de los municipales, 54 fueron archivadas, 13 están reservadas, 53 están en trámite de investigación, 24 ya fueron consignadas ante un juez y seis están incompletas. Las sanciones fueron propuestas por el gobernador Miguel Márquez Márquez en una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y crear la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas. La Ley de Responsabilidades consideraba una inhabilitación máxima de 10 años, y con la reforma se elevó a 20 años. Además, se aplicará una multa hasta de tres veces el monto del daño o lucro, cuando sea superior a los
mil salarios mínimos. La reforma también faculta a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para aplicar sanciones administrativas a presidentes municipales y regidores que hagan mal uso del dinero estatal o federal. La Ley Anticorrupción además prevé que las empresas y personas físicas que incurran en faltas administrativas serán inhabilitadas ‘‘para participar en contrataciones públicas en el estado por un periodo que no será menor de seis meses ni mayor de 20 años’’. En campaña y al inicio de su mandato, Miguel Márquez prometió meter a la cárcel a los funcionarios que tocaran el dinero ‘‘sa-
grado’’ de los guanajuatenses. Sin embargo, no ha enviado iniciativas para endurecer las sanciones por tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entre otros delitos. El Código Penal del estado sólo considera delito grave la tortura y el peculado cuando su monto exceda 800 veces el salario mínimo general vigente en el estado. En la entidad, pedir dádivas se castiga con penas de dos a seis años de cárcel; el enriquecimiento ilícito, con prisión de tres a 12 años, tráfico de influencias, de seis a cuatro años, y abuso de autoridad, de dos a ocho años, lo que permite a los inculpados obtener fianza.