AMLO pide al G20 no optar acabar con la pandemia

OpiniónDos

es el problema con el populismo y con los populistas: son capaces de politizar, incluso, el uso del papel higiénico.

Una eminencia en epidemiología, incoporporada ya al comité científi co del presidente electo J. Biden, formuló esa afortunada analogía en la revista Science: “una recomendación sanitaria, elemental, aunque solo fuese por precaución, no tiene, o no debería tener, ninguna implicación con colores políticos, ideologías o partidos… es como el papel de baño. Es útil, un gran auxiliar para la vida diaria, debemos usarlo, mejora la vida, punto” (https://tinyurl.com/yyu3fnnp).

Pero no. El uso del cubrebocas se volvió una controversia fundamental y una línea identitaria entre los incendia-

Luis Octavio Vado Grajales

y libertad para ejecutar el mal, todo lo llenan de confusión y desorden”; no parece que el fl orentino confi ara mucho en la actuación desinteresada de las personas.

Sin embargo, también hay quien piensa que las personas somos buenas, que tendemos por naturaleza a la solidaridad, ya que no actuamos preponderantemente por motivos egoístas.

Estas dos posturas tienen su impacto en la manera de concebir a la sociedad y de entender el poder. Determinan la manera en que se legisla y las políticas públicas que se implementan.

Si quien gobierna cree que Maquiavelo, el bendito genio demoniaco, tiene razón, entonces asumirá que el poder es una forma de control social orientada a la construcción de barreras para que la gente haga lo que no quiere hacer, pero que debe

dos partidarios de Trump y los démocratas. Un signo de pertenencia. Si eres de Biden, usarás el cubrebocas. Si quieres a Trump: exponte. Algo muy delirante y estrambótico.

En México, nuestro máximo dirigente también ha hecho del cubrebocas un problema que lo defi ne, un pilar de su comunicación, su ejemplo ante la sociedad. Cosa con la que tiene que cargar todos los días el señor López Gatell: debemos usarlo todos, pero el Presidente… pues no (dada su fuerza moral, se entiende).

Pero con cien mil muertes reconocidas y debidas a la enfermedad del Covid 19 en su haber -y contando- el gobierno ya carga con una responsabilidad de la que no podrá escaparse: ha tomado decisiones e implementado políticas rematadamente erradas que nos llevarán, según el principal nodo informativo de la pandemia, el centro de investigación Johns Hopkins (https://tinyurl. com/rnjqnnh) a 120 mil muertes reconocidas este año. Pero como ustedes saben, son muchas más.

El incremento de los casos ya roza el 9 por ciento en la primera quincena de noviembre y si este ritmo se mantiene, realizar en benefi cio de la comunidad, según los principios en que esta se funde o los objetivos que se pretendan conseguir.

Por el contrario, si el o la gobernante asume que la naturaleza humana es esencialmente buena (entendiendo como tal que somos capaces de obrar generalmente respetando a los demás), entonces cabe pensar que conceptualizará al poder como un mecanismo para orientar la acción social, con un mínimo de represión y asumiendo una actitud sancionatoria solamente contra quienes atenten contra ese sentido de solidaridad social.

Como puedes observar, esta distinción entre quienes asumen la bondad natural de las personas y quienes parten de una maldad intrínseca, tiene sus efectos en la manera de gobernar. Pongamos un ejemplo.

Estamos en medio de una pandemia, que ha obligado a tomar una serie de medidas gubernamentales para paliar sus efectos en espera de la vacuna o el tratamiento efectivos. Estas medidas pueden asumir dos formas: la toma de decisiones terminantes que impliquen una postura radical respaldada con sanciones hacia quienes las desobedezcan, o la apuesta por medidas cuyo cumplimiento esté basado en el convencimiento social de que son buenas y necesarias para que todas las personas nos cuidemos. terminaremos con un millón 300 mil casos. Pero claro, son sólo los que hemos podido captar, constatar, porque en realidad son muchos más los contagiados a quienes nos hemos rehúsado a buscar, deliberadamente, en el territorio (cortesía del modelo “centinela” adoptado por el gobiero federal).

Los fallecimientos -no la hospitalización- seguirán siendo el principal indicador de nuestro fracaso: la tasa de incremento se ha elevado al 8-9 por ciento en este mes, lo que permite prever casi ¡120 mil muertes por Covid! antes de que fi nalice el año.

El Presidente tiene estos datos que están mucho más allá de la catástrofe ¿por qué no cambia y persiste en las mismas directrices? ¿por evidencia? ¿por qué los pocos epidemiólogos que lo rodean así se lo sugieren?

No: la razón está en las encuestas que le informan, le transmiten, que la mayoría de los mexicanos percibe como buenas las medidas laxas, incoherentes y de corto alcance, medidas que a las claras, no alcanzan a comprender. Es un terreno complicadísimo pero que -dadas las vidas en juego- exigiría responsabilidad,

Parto de un supuesto: quienes optan por uno u otro modelo lo hacen convencidos de que su actuar es ético, desde la perspectiva de que se corresponde con la verdadera naturaleza del ser humano.

Así, la amenaza de la sanción, así como la ejemplaridad de la misma, debe ser sufi ciente para disuadir a las personas que, en la primera postura, se asume que no quieren cumplir con las medidas dictadas, porque les implica un costo, ya sea económico, psicológico o de otro tipo.

Esto exige un esfuerzo para hacer real la posibilidad de la sanción, pues no basta con que se anuncie que existe, sino que deben generar el miedo necesario entre la población de que es posible que se les aplique. Así, la exposición mediática de infractores o la visibilidad de la autoridad se vuelven instrumentos necesarios para acreditar la posibilidad de la sanción.

En el segundo caso, dado que se excluye por regla general el castigo, el esfuerzo debe ponerse en la labor de convencimiento. Si se parte de que las personas son buenas, entonces lo que hay que hacer es darles razones de tipo ético, a fi n de que actúen en consecuencia. Esto implica una labor de convencimiento a través de un lenguaje llano (ciudadano, se le llama ahora) así como del ejemplo. Una constante apelación a la bondad innata que todas y todos tenemos. más que popularidad.

Y de ese modo nos colocamos ante un escenario que se muerde la cola: despliega una política, la política arroja resultados horribles, sin embargo los encuestólogos “captan” que la mayoría de gente “percibe” que las decisiones son buenas… ergo, el gobierno persiste en la política desastrosa.

En esas estamos.

Como lo ha escrito Julio Frenk: México es el único país en el mundo que se ha negado, como decisión deliberada, a realizar pruebas, el mayor número que pueda. Y es una de esas naciones bananeras que no ha sabido difundir, informar, educar y enseñar a pensar con claridad sobre la dinámica de propagación del virus. El contagio principal se da en los lugares cerrados, viciados, por la exhalación constante de los infectados.

Cien mil muertes porque los responsables de la gestión de la pandemia, pusieron una cansina y prolongada discusión, contra los tests y el uso del cubrebocas.

Lograron cuestionar -siguiendo a Trump- el uso del cubrebocas, como del

maquiavelo afirmó, en los “Discursos sobre la primera década de Tito Livio” lo siguiente: “los hombres hacen el bien por la fuerza; pero cuando gozan de medios

papel de baño. Otra hazaña populista.

Cierto es que he presentado dos tipos ideales y, en apariencia, inexistentes. Pero creo que en este asunto de la bondad y la maldad humana, en la intimidad de nuestra conciencia, todos asumimos una postura o la otra; puestos a meditar sobre la esencia de ser persona, creemos que en general obramos de manera egoísta o de forma desinteresada.

Y quienes se dedican a la política, bien sabemos, son personas de esta tierra que, en su mente, saben si aceptan la afi rmación de Maquiavelo o la rechazan.

Así, los dos tipos ideales admiten una cierta variedad de tonos, como la luz que va desapareciendo al atardecer; ciertamente hay un espacio de sombraluz que no podemos defi nir, pero es corto y pasajero. Sabemos cuando hay luz y cuando ha desaparecido.

En casos extremos como los días que vivimos, estas posturas afl oran entre quienes se dedican a la labor pública, y supongo que nosotros, el pueblo, reaccionamos de forma emocional al conectar, de una forma inconsciente, con esos discursos sobre la bondad o la maldad humana. Dado que en nuestra mente estamos por una u otra opción, tendemos a respaldar una postura o la otra.

Me parece que lo hacemos sin darnos cuenta, de la mejor buena fe.

En todo caso, es interesante ver que las refl exiones de Maquiavelo, quien sabía que escribir es una forma de hacer política, nos siguen siendo útiles para explicarnos la realidad de este annus horribilis de 2020.

TresOpinión

el pasado miércoles 18 de noviembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó remover a la Maestra en Ciencias Ana Isabel León Trueba de su cargo como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La resolución tiene serias defi ciencias procesales que la tornan arbitraria y, por ende, injusta.

A la maestra León Trueba se le imputa como responsable por el retraso, se dice sin causa justifi cada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría como base un reportaje televisivo, difundido el 25 de agosto de 2016, mediante el cual se hizo del conocimiento público que el Presidente Municipal Electo de Cuernavaca, Morelos celebró un contrato por 7 millones de pesos con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, para ser postulado a candidato de la Alcaldía de dicha municipalidad por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Al respecto, la maestra León Trueba ha informado públicamente que, tan pronto fueron valorados los hechos denunciados en dicho reportaje, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo de consejeros del instituto local. En esas reuniones, refi ere, se propuso que se acudiera al INE por dos razones. En primer lugar, porque es esa institución la que tiene las atribuciones de fi scalización; en segundo lugar, porque el instituto nacional ya estaba llevando a cabo una investigación al respecto. Esto quedó acreditado en el expediente del caso.

La maestra León Trueba da cuenta, además, de dos reuniones entre el IMPEPAC y el INE que resultan clave para comprender el desarrollo de los eventos que condujeron a la remoción y que, incomprensiblemente, el INE no investigó con exhaustividad.

En la primera de esas reuniones, refi ere la maestra, participaron -por parte del IMPEPAC- su presidenta y su entonces Secretario Ejecutivo; por parte del INE, su Consejero Presidente y su Secretario Ejecutivo. En ésta, dice Ana Isabel León, se informó sobre la investigación de hechos relativa al caso de Cuauhtémoc Blanco y se concluyó que, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el tema, era conveniente una reunión con su titular. Cabe señalar que en la resolución del INE no se hace ninguna alusión a esta reunión y no se menciona la participación del presidente y del se-

cretario ejecutivo del INE. Tampoco se consigna que hayan sido citados a comparecer.

La maestra ha informado públicamente que a la segunda reunión acudieron, por parte del INE, el entonces Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, CP Eduardo Gurza Curiel; y, por parte del IMPEPAC, ella misma, en su carácter de Consejera Presidenta; el Consejero Electoral Carlos Uribe, en su calidad de Presidente de la Comisión de Quejas, y el Secretario Ejecutivo. En esa reunión, señala, se abordó el tema de las investigaciones que ambas instituciones llevaban a cabo. Una de las conclusiones a las que se llegó es que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver derivado de las actuaciones de otras autoridades investigadoras, y no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí. Cabe destacar que, en la resolución del pasado miércoles no aparece, una sola vez, el nombre del CP Gurza ni se consigna que se le haya pedido comparecer para confi rmar o negar que dicha reunión se hubiese llevado a cabo.

A este respecto, la maestra León Trueba sostiene que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada -por disposición de ley- de desahogar el asunto, no dio trámite a su solicitud para que el titular de la UTF del INE rindiera un informe respecto de la reunión sostenida el 20 de febrero de 2017.

Estos dos elementos (hay más) son sufi cientes para mostrar que hubo defi ciencias procesales y que no se actuó con la exhaustividad debida. Cabe recordar que, en materia jurídico-procesal existe un importante principio al que se denomina de exhaustividad, que exige al juzgador el estudio cuidadoso de la totalidad de los argumentos jurí-

A la maestra León Trueba se le imputa como responsable por el retraso, se dice sin causa justifi cada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría como base un reportaje televisivo, difundido el 25 de agosto de 2016.

dicos disponibles.

El campo jurídico otorga a este principio un elevado signifi cado y, acorde con esa valoración, la autoridad electoral jurisdiccional ha emitido al menos dos jurisprudencias: 12/2001 y 43/2002.

La primera de ellas establece que “Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; …”

La segunda dispone: “Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean sufi ciente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, … De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refi eren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

El numeral 2 del artículo 102 de la ley electoral (LGIPE) otorga al consejo general del INE la facultad de remover a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales ante causas graves. Esa disposición legal es parte de la reforma político electoral de 2014 que centralizó en el INE la función electoral nacional y que convirtió, en los hechos, a los consejeros electorales locales en subordinados del órgano nacional y a la autonomía constitucional de los órganos electorales locales en una frase hueca. Al margen de las opiniones sobre la idoneidad de esta regulación en torno a las facultades del INE para ese efecto, hay algo que es inopinable, y es que dicha facultad no puede, no debería, ser ejercida con defi ciencias procesales o por motivaciones políticas.