Emergencia en Massachusetts por migrantes

La gobernadora de Massachusetts, la demócrata Maura T. Healey, declaró este martes el estado de emergencia debido a la falta de albergues migratorios ante el aumento de familias migrantes que buscan refugio en ese estado.

La demócrata dijo en un comunicado que la emergencia sirve como un aviso para el Gobierno del presidente Joe Biden y el mismo estado Massachusetts, sobre la “insostenible” situación, ya que se une a la crisis de vivienda asequible que enfrenta el estado.

Muchos de los migrantes están llegando en avión desde otros estados. Solo en las últimas 48 horas, dijo, 50 familias han llegado al estado en busca de refugio.

crisis, y ha pedido que se acelere el proceso de expedición.

También solicitó que se incrementen los fondos asignados por el gobierno federal para que los estados puedan proveer refugio y servicios a las familias migrantes.

La gobernadora calificó como “milagro” el trabajo hecho por el estado y las organizaciones comunitarias que han respondido a la crisis al ampliar la capacidad de los refugios en más de un 75 % en el último año.

Renata Barreiro

Con

El exministro Anderson Torres, un firme aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, no supo explicar ante una comisión parlamentaria este martes, un documento hallado en su casa relacionado a un posible golpe tras las elecciones de 2022.

Torres, en libertad vigilada tras pasar cuatro meses en prisión por su presunta participación en sublevación del pasado 8 de enero, compareció ante una comisión parlamentaria que investiga estos sucesos, que según la Justicia intentaban forzar un golpe contra el Gobierno del progresista Lula da Silva.

DOCUMENTO COMPROMETEDOR

Uno de los asuntos que más complican la situación del exministro, es un borrador de un decreto para anular las elecciones de octubre pasado, intervenir el Poder Judicial y mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado por Lula en esas elecciones. El documento fue hallado por la policía en la casa de Torres cuando el exministro es-

FISCALÍA IMPUTA PENA MÁXIMA

Por los sucesos de enero, la Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1,290 personas, que en su gran mayoría participaron directamente en la violenta intentona golpista. Este lunes, la Procuraduría General pidió a la Corte aplicar la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados.

Sobre esas personas, la Procuraduría dijo haber comprobado tanto la materialidad como la autoría de cinco delitos: “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”