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INMIGRACIÓN
LCC 620 Del 3 al 9 de julio de 2010
A U M E N TA L A B O L S A D E P E R S O N A S E X T R A N J E R A S E N S I T U A C I Ó N CONT EXTO
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a hace meses que sindicatos y asociaciones están denunciando las dificultades que las personas inmigrantes tienen para aún estando arraigados en la ciudad, incluso con hipotecas e hijos con nacionalidad española, poder renovar sus permisos de residencia. La Ley de Extranjería exige a las personas inmigrantes a las cuáles está a punto de caducarles su permiso de residencia haber cotizado al menos un año para poder renovar la tarjeta de residencia y además, tener un empleo o en su defecto, una oferta de trabajo firme. Esta condición está dando lugar a que proliferen las prácticas irregulares para conseguir acreditar que tienen un empleo y de hecho, en enero la Guardia Civil detuvo a un abogado acusado de vender contratos de trabajo falsos a personas inmigrantes con los que pudieran solicitar la renovación de su documentación.
Se vende contrato d a inmigrante por 3. Córdoba Acoge asegura que en Córdoba se está produciendo la venta de empleos a personas inmigrantes que intentan renovar su permiso de residencia y exigen a la Subdelegación que investigue de oficio la estafa ara las personas inmi grantes en situación irregular un contrato o una oferta de trabajo es un salvoconducto para respirar tranquilos en España pues, con la actual legislación de extranjería, es imprescindible adjuntar un documento que acredite la existencia de una relación laboral junto con la solicitud de renovación de la autorización para regularizar su situación administrativa mediante el arraigo social. Es por ello que muchos extranjeros que ya se ven con el agua al cuello tras haber perdido su empleo y viven con el temor de la expulsión están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguir la ansiada oferta de em-
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“Pagan por un trabajo que no les sirve para renovar su documentación” pleo y, como en tantas ocasiones siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse de la necesidad. La ONG Córdoba Acoge ha detectado que en los últimos meses está proliferando en Córdoba la venta de ofertas de trabajo, en ocasiones auténticas y en ocasiones falsas, y por las que las personas inmigrantes han llegado a pagar entre 800 y 3.000 euros. “Sólo en los dos últimos meses ya nos han llegado hasta tres personas a la asociación que aseguran haber pagado por una oferta de trabajo que luego no les ha servido para tramitar su documentación”. En concreto hasta la asociación llegó una chica que aseguraba haber pagado hasta 800 euros por una oferta de trabajo que sin embargo, y tras presentarla junto con su solicitud para renovar su documentación, en la Oficina de Extranjería, le fue rechazada su permanencia. Aunque el colectivo intentó que la
Para una persona inmigrante conseguir un empleo supone un salvoconducto que le abre la puerta a la renovación de su permiso de residencia en España. /Foto: J. H.
joven, quien ha preferido mantener su anonimato, denunciara quién esta obteniendo beneficio con la venta de ofertas de empleo, ésta se negó y de hecho, su intención era volver a conseguir otro contrato, en esta ocasión real, con el que garantizar su seguridad en España. Aunque en ocasiones las personas inmigrantes tienen conocimiento de que la oferta de empleo no es auténtica, la situación que atraviesan al ven peligrar su permanencia aquí es muy complicada y por ello, asegura Stan, “es normal que se agarren a un clavo ardiendo por conseEL SEMANARIO LaCalledeCórdoba
guir un trabajo que les permita regular su documentación”. La forma en la que actúan los estafadores puede ser por dos vías. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y están vacantes, hasta otros que hacen ofertas de empleo ficticias. Aunque en ambos casos, la venta de contratos es ilegal hay una diferencia entre ambos: en el primero la persona inmigrante suele conseguir su ansiada documentación, mientras que en la segunda –el más practicado en comunidades como Cataluña– es la Subdelegación del Gobierno quien
la rechaza. En este último caso, como explica el abogado lo que suele ocurrir es que la Administración niega la renovación bien porque la oferta de empleo que ha presentado no reúne las condiciones que exige la legislación –esto es, que sea un empleo de al menos un año de duración y de mínimo de 40 horas semanales–, bien porque no encuentre actividad económica en la empresa.
No hay denuncias De momento en Córdoba no se ha producido ninguna denuncia relacionada con la venta en el mercado