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17 de mayo de 2014 • Número 80 Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES


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17 de mayo de 2014

EL LAGO PERDIDO Y LAS ENSEÑANZAS DE DOÑA MAURICIA

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vecindados de antiguo en una cuenca lacustre, los chilangos fuimos por mucho tiempo gente del agua. Ahora las grandes aguas se fueron y sólo las recordamos durante la temporada de lluvias cuando brotan a chorros por las alcantarillas como si el lago enterrado quisiera regresar y en los terremotos cuando el subsuelo lodoso multiplica la fuerza de los sacudones. Pero si no llueve y no tiembla, los defeños poco pensamos en el lago perdido.

Suplemento informativo de La Jornada 17 de mayo de 2014 • Número 80 • Año VII

COMITÉ EDITORIAL Armando Bartra Coordinador Luciano Concheiro Subcoordinador Enrique Pérez S. Lourdes E. Rudiño Hernán García Crespo CONSEJO EDITORIAL Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad Rosibel Cueto Flores Cel. 55 2775 8010 Tel. (55) 2978 4735 publicidadjornadadelcampo@gmail.com

Diseño Hernán García Crespo

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 53556702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

No así los pueblos del sur, que a pesar del histórico saqueo hídrico al que los sometimos, son aún pueblos del agua. Comunidades rurales como las que persisten en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Álvaro Obregón, que junto con las de Cuajimalpa y de municipios mexiquenses como Chalco y Tlalmanalco, son las que apagan nuestra sed captando las lluvias que alimentan la insondable maraña de caños y tuberías que abastece a la gran ciudad. Pueblos del sur a los que estamos matando porque ellos viven del agua y nosotros se la robamos. Y el que cometemos es un hurto hídrico suicida, pues del agua que infiltran y conservan vivimos también nosotros, los sedientos chilangos de banqueta. De eso hablaban hace unas semanas los campesinos del sur defeño en un Foro celebrado en el plantel San Lorenzo Tezonco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El maestro chinampero José Genovevo Pérez Espinosa, de Xochimilco, exaltaba las virtudes de un milenario sistema de cultivo que al principio sirvió para ganarle tierras al lago y que en su delegación y en la de Tláhuac aún persiste, mientras que Juan Carlos Loza Jurado, de Milpa Alta, hacía el elogio de la terrazas que permitieron a los del viejo Malacachtepec Momozco cultivar los cerros empinados reteniendo la tierra y el agua mediante escalones artificiales. Pero estas maravillas apenas sobreviven, porque durante cinco siglos los nuevos avecindados en la cuenca hemos venido cometiendo un acuacidio.

PORTADA: Sara Hilario Martínez y Kevin Abdiel González

Alimentada por los escurrimientos de la formación volcánica Ajusco-Chichinautzin, 700 mil años atrás la cuenca de México se volvió lago. Las orillas comenzaron a poblarse hace cinco mil, y hace menos de mil los xochimilcas –una de las siete tribus provenientes de los míticos Aztlán y Chicomostoc que se había asentado en las riveras del sur– desarrollaron sofisticadas técnicas agrícolas. Al filo del lago hicieron chinampas: islotes de lodo cercados con árboles de Ahuejote con las que ampliaban la superficie de cultivo y en las zonas de pendiente, para evitar que al desmontarlas el agua corriera y deslavara la tierra, construyeron terrazas reforzadas con piedra volcánica. Las chinampas son un sistema único en el mundo y pueden sostener entre tres y cinco ciclos agrícolas anuales con cosechas de hasta cuatro toneladas de cultivos como maíz, frijol, amaranto, chile, tomate, calabaza, chayote y quelites. La producción de la zona alcanzó su máximo entre 1400 y 1520, años en los que alimentaba a unas 170 mil personas sustentando las ciudades de los pueblos nahuatlacos, en particular la Gran Tenochtitlán. Los mexicas hicieron obras hidráulicas, como el albarradón,

Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán fueron coeditores en el presente número del suplemento. Ella es coordinadora de proyectos especiales del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Él es coordinador del Programa de InvesƟgación Sierra Nevada de la UAM. Ambos son miembros del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editores de la revista XanƟco.

que mantenía separadas las aguas dulces de las saladas, pero nunca rompieron el ciclo hídrico. El acuacidio empieza en la Colonia, con las grandes obras de desecación y control de aguas. Malhadados emprendimientos que continúan durante el México Independiente. Con el siglo XX se inauguran el gran túnel y el canal que sacan las aguas de la cuenca al río Tequisquiac, con lo que los escurrimientos naturales que podrían darnos de beber son enviados al drenaje primario. Se inician también los trabajos para capturar las aguas de los manantiales de Xochimilco y conectarlas a la red de agua potable de la ciudad. Magnas instalaciones que se inauguran en 1910. Finalmente, en los años 30’s se acelera, mediante pozos profundos, la desmedida extracción de agua del subsuelo en proporciones mayores a las de su reposición. Con esto se cierra el círculo vicioso y para el medio siglo han desaparecido por completo los lagos de Chalco, Texcoco, San Cristóbal y Xaltocan, y los humedales de Tláhuac y Xochimilco están prácticamente secos. Desastre que pretenden compensar devolviendo a la zona aguas tratadas en las plantas de Cerro de la Estrella y de San Luis Tlaxialtemalco. Hoy lo que queda del vergel son unos 200 kilómetros de canales y algunas chinampas en que se siembran flores y hortalizas. El viejo esplendor se perdió y con él se extinguieron el pescado blanco y la almeja de Xochimilco mientras que el ajolote y el acocil agonizan. Saldo, entre otras cosas, de la desecación es el desplome de la antes floreciente agricultura de la cuenca. Todavía a principios de los 80’s del pasado siglo la ciudad tenía unas 40 mil hectáreas en cultivo. Hoy quedan menos de 20 mil, de las que siete mil 500 son de avena forrajera; seis mil de maíz –de grano y elotero–; cerca de cuatro mil 500 de nopal verdura, y modestas extensiones de hortalizas, plantas de ornato y flores en las chinampas de Xochimilco y Tláhuac. En tres décadas la superficie sembrada se redujo a la mitad, lo que significa que cada año se pierden para el cultivo cerca de mil hectáreas, dos cada día. Y lo peor es que todas las semanas un campesino defeño decide dejar de sembrar. Día tras día, hora tras hora avanza el asfalto y retrocede el surco. Progresión suicida que necesitamos parar cuando aún estamos a tiempo. Pero los pueblos del agua no se dan por vencidos, como se vio en el Foro. Gracias a sus siembras y saberes el maestro José Genovevo pudo mandar a la universidad a sus tres hijos. Esta es la buena noticia. La mala es que los flamantes graduados le piden que venda o alquile la chinampa pues ellos no la piensan cultivar. Sin embargo, no todo está perdido. Baruc Martínez Díaz, el joven nahuatlato de Tláhuac, que inauguró el evento con un saludo en su lengua, dice que cuando niño odiaba la agricultura de la que vivía su familia pues sus compañeros de escuela le hacían burla por “campesino”. Hoy Baruc está terminando su doctorado en historia por la UNAM… y está reaprendiendo a sembrar. Con título y todo, la gente del agua está regresando a la querencia.

Como es (mala) costumbre, las mujeres hablaron solo al término del acto. Y lo hicieron para explicarnos que antes únicamente la familia se enteraba de lo que guisaban, pero que de un tiempo a esta parte formaron un grupo y salieron de casa para mostrarle al mundo todo lo que saben hacer. Y vaya si saben. Ese día unos comimos ahuahutli –hueva del mosco de los humedales secado al sol y preparado en pequeñas tortas– que nos sirvieron en salsa verde, mientras que otros saboreaban pato de lago en mole de San Pedro Atocpan, y de tapadera unos frijoles quebrados con xoconoxtle. Pura comida en peligro de extinción. Al final, mientras escuchábamos al grupo atocpense Imaginación interpretar El querreque, con versos albureros y contra ellos entonados por la espléndida violinista y cantante Eréndira Hernández, los uamilperos que el año pasado sembraron maíz, frijol y calabaza en el campus de San Lorenzo Tezonco, me presentaron a doña Mauricia, la señora que les enseñó a sembrar. Sembrar, cultivar la tierra. Un oficio que doña Mauricia conoce bien porque le ayuda a su marido en la milpa. Pero lo suyo, me dijo, lo suyo suyo es cocinar. Y mientras contaba orgullosa como desgrana las mazorcas, alista el nixtamal, prepara la masa en el metate, le pone su manteca y extiende en el comal tortillas hechas a mano –sin ayuda de la dichosa prensita de madera–, tuve una revelación, una iluminación como las de Rimbaud y Benjamín: ahí estaba –pequeña y con delantal– la otra mitad del mundo, la mitad oculta e ignorada, la mitad femenina de la milpa que mi androcentrismo milpero que había impedido ver. Me explico. He dicho muchas veces que hacer milpa es un paradigma alternativo que destaca las virtudes de la diversidad sinérgica de haceres y saberes, una metáfora del buen vivir. A continuación y en su carácter de alegoría, paso a describir el proverbial policultivo en que se hermanan maíz, frijol, calabaza, chile… El problema es que esto es apenas la mitad de la milpa. La mitad visible y reconocida porque su protagonista es el varón. La otra mitad tiene como protagonista a la mujer –no porque sea lo suyo por naturaleza, sino porque eso le enseñaron a hacer– y empieza en la cocina donde los productos de la siembra se transforman en comida, y continúa con el cuidado de la salud, de la educación, de la limpieza, del vestido, de la vivienda… además de que ellas preservan la memoria y son las encargadas de dar a luz a los que nacen y de amortajar a los que mueren... Entonces, si olvidamos la llamada economía del cuidado que en el hogar y el traspatio prolonga y sublima los trabajos de la parcela, hacer milpa resulta una consigna patriarcal, un paradigma sexista. “Si quieren, además de enseñarles a sembrar, les enseño a echar tortillas. A todos, les enseño: a ellas y a ellos”. Propone socarrona doña Mauricia. “Se me enchinó el cuero”, me dice en corto el buen Itzám, uno de los más entusiastas impulsores de una milpa uamera que ahora deberá ser completada con su mitad faltante. Y no es para menos: oculto, como el viejo lago un vertiginoso mundo de saberes y haceres –más que femeninos universales–, nos aguarda junto al fogón.

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LOS CONCEPTOS SAGRADOS DEL AGUA EN LAS CULTURAS ORIGINARIAS

ILUSTRACIÓN: Aurora Moctezuma Sevilla

Lucero San Vicente y Pedro Moctezuma

Nuestras culturas originarias han considerado sagrada la relación entre la comunidad, el agua y la Ɵerra, conceptos profundos que siguen vigentes hasta la fecha en nuestra búsqueda por contar con agua de calidad para las generaciones actuales y futuras. Para mencionar algunos.

Su dualidad, Chalchiutlicue (“La de las faldas de jade”) representaba el ciclo horizontal del agua sobre el territorio; regía los arroyos, ríos y lagos.

Tláloc (“Néctar de la Ɵerra”, de Tlalli, Ɵerra, y octli, néctar) era la representación, entre los nahuas, del ciclo verƟcal del agua que empieza con la evapotranspiración, y pasa por las nubes para generar la lluvia.

Para los zapotecos era Cocijo (o Cociyo)

Entre los mayas, al ciclo de lluvia se le conocía como Chaac (o Chaahk).

Los mixtecos lo llamaban Dzahui (o Savui). Los totonacas lo llamaban Tajín (o Aktsini).

Hasta la fecha, entre los pueblos de Oaxaca, la culebra es la dueña del agua en el cerro, quien manƟene contacto con la comunidad. Para los comcaac en Sonora, las lluvias son recibidas por el territorio, el cual es considerado su propio cuerpo. Los chinantecos y los chaƟnos enƟerran el cordón umbilical de los recién nacidos al lado de los mananƟales. En la comunidad nahua de Chiepetepec, Guerrero, tres niños representan los tlaloques, ayudantes de Tláloc, en la ceremonia de peƟción de lluvias.


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LA CAMPAÑA NACIONAL AGUA PARA TODOS, AGUA PARA LA VIDA Pedro Moctezuma Barragán Coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editor de la revista Xantico

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éxico está en la encrucijada entre un modelo de desarrollo extractivista, autoritario y privatizante al servicio de intereses foráneos, por un lado, y la gestión democrática y sustentable del agua en nuestro territorio, por el otro. A esta opción vital le llamamos el buen gobierno del agua. El buen gobierno del agua entraña construir voluntad política desde abajo para consensar una visión, dinámicas de planeación, construcción de capacidades y procesos transformativos que, como la humedad, impregnen a nuestra Nación. La Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida promueve el buen gobierno del agua por vías técnicas, legales y organizativas desde comités de cuenca y derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, comunidades y universidades de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Para organizar la Campaña Nacional, nos hemos dado a la tarea de crear grupos promotores de la gestión integral del agua en el territorio. En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, en Chia-

pas, cuestionando una Ley estatal privatizadora, así como en tres estados del occidente: Jalisco, Colima y Nayarit, aglutinados regionalmente; en Quinta Roo, constituyendo el grupo en un milenario cenote; en Sonora, uniendo expertos y pueblos originarios; en el Estado de México, con fuerte iniciativa de los sistemas comunitarios de Tecámac y Texcoco, así como de los vecinos de Chicoloapan. En el Distrito Federal, víctima de un nuevo intento disfrazado de privatización del agua, la actividad surge en Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco para irse ampliando por la Ciudad de México. La Universidad Autónoma Metropolitana, FANMex-Red Mexicana de Acción por el Agua, Greenpeace, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otros grupos han puesto su creatividad e iniciativa para promover talleres y asistir en actividades varias a nivel nacional. En Tabasco, con amplia participación del Consejo de Cuenca Grijalva-Usumacinta, el Comité Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En Puebla, asediada por proyectos de muerte que tasajean todos los rincones del estado, el

Grupo Promotor tiene vínculos en la propia ciudad, Amozoc, Atlixco, comunidades de la Sierra Norte y San Martín Texmelucan. Los Grupos Promotores, a lo largo y ancho de México arrancaron la campaña de firmas para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, con el ánimo de hacer jornadas por el agua, discutir propuestas y encontrar soluciones. Estos grupos están integrados por jóvenes ambientalistas, viejos luchadores sociales y organizaciones sociales, así como especialistas hídricos y miembros de la Red Temática del Agua de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se pueden también ver los esfuerzos de la Campaña Nacional en San Luis Potosí, Baja California Sur, Coahuila, y Yucatán. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) articuló la defensa del territorio contra la minería tóxica en Caballo Blanco y los 122 proyectos de presas que buscan plagar Veracruz con la campaña por el derecho humano al agua; la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), en Chilpancingo, y Agua Compartida para Todos, en Chilapa, Guerrero, aportan sus saberes y trayectorias. Para las próximas semanas, está programada la formación de nuevos grupos promotores en Morelos, Guanajuato, Tlaxcala y Sinaloa. Otros estados como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Durango han empezado a trabajar desde las comunidades y luchas sectoriales. El Grupo Promotor de Zacatecas presentó la iniciativa de reforma de Constitución estatal que reconoce el derecho humano al agua, a la par de una iniciativa multipartidista en torno a una propuesta de ley estatal para reconocer el derecho humano al agua vía la gestión de cuencas y la participación ciudadana. El trabajo de sensibilización logró evitar el albazo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que pretendía mantener vigente la autoritaria Ley de Aguas Nacionales, con la adición de nuevos capítulos para consentir concesiones de aguas nacionales para la fracturación hidráulica, los trasvases y la geotermia. Soterradamente buscaban aprobar una “Ley general de agua potable y saneamiento” restrictiva del derecho humano al agua por causas “sociales”, “públicas” y de seguridad nacional.

Se empiezan ya a articular centenares de proyectos que buscan abrir brecha en cuestiones técnicas, legales y organizativas, así como de captación de agua de lluvia, reforestación, monitoreo de avenidas y contaminantes, potabilización del agua, instalación de bebederos en escuelas, capacitación en ecotecnias, etcétera. El manejo del ciclo del agua en el territorio permitirá una nueva legitimidad a favor de la sustentabilidad con equidad. Esta lucha implica generar voluntad política desde abajo con miras a lograr la visión común, la planeación y la construcción de capacidades desde la base. Implica partir de nuestros espacios, apoyarnos en saberes y quehaceres populares para organizar cada colonia, cada microcuenca y cada comunidad. Supone llevar la información y propiciar la organización en colonias, barrios y ejidos. Tocar puertas, animar iniciativas autogestivas valiéndonos de nuestras propias fuerzas y recursos. Esta lucha hace necesaria la articulación con vecinos, asambleas locales, regionales y nacionales y con redes de defensa ambiental existentes, y la vinculación con los movimientos sociales por el agua y el territorio para poner límites a los atropellos de las megaobras que, con el halo del progreso, provocan la ruina de comunidades y medio ambiente con proyectos criminales (tanto por lo destructivo e ilegal de sus obras, como por la violencia con que se imponen),

apoyados en comités de derechos humanos y en organismos de defensa del agua y la tierra. Significa fincar un nuevo derecho del pueblo en el territorio, exige consentimiento libre, previo e informado. Entraña hacer respetar los principios de prevención y precaución. Supone priorizar la soberanía nacional y el interés de l@s mexican@s por encima de las ansias de centros financieros foráneos en crisis sedientos de lucro. Ello compromete a lo mejor de nosotros en el camino de una enérgica y sabia acumulación de fuerzas y experiencias en la construcción de instancias del buen gobierno del agua. Que tomen y ejecuten decisiones, que vigilen, controlen y pongan fin al contubernio gubernamental con “los intereses” que sumen al país en el caos. El agua que fluye por los cauces de la patria o que se anida en nuestro subsuelo no será para éstos, será para nuestra patria sedienta de futuro. El Segundo Congreso Nacional de Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2014 en la Universidad de Guadalajara, además de evaluar los avances logrados, permitirá a los congresistas intercambiar experiencias sobre la construcción de fuerzas capaces de lograr el buen gobierno del agua usando un abanico de formas de lucha. Para más información:

www.aguaparatodos.org.mx


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17 de mayo de 2014

CÊÃփكã®òÊ ›Äãٛ ½ƒ L›ù G›Ä›Ùƒ½ —› A¦çƒÝ ÖÙÊÖç›ÝムÖÊÙ ½ƒ IÄ®‘®ƒã®òƒ C®ç—ƒ—ƒÄƒ ù ÖÊÙ ½ƒ CÊă¦çƒ Tema

Iniciativa Ciudadana

Propuesta Conagua

Pertenencia de las aguas

La Nación.

El Estado.

¿Quién tiene derecho al agua?

Las actuales y futuras generaciones, y, por lo tanto, la naturaleza en primer lugar.

Los “sectores social y privado”. El “derecho humano al agua” se limitaría por razones de “interés social, orden público o seguridad nacional”.

Toma de decisiones sobre el agua

Regirían los Planes Rectores vinculantes, consensados por los Consejos de Cuenca ciudadanizados, desde lo local hasta el nivel de cuenca, en torno a metas nacionales.

El director general de Conagua sería transexenal, inamovible, con posible renombramiento.

¿De dónde vendría el agua?

Se restaurarían las cuencas y los flujos subterráneos por medio de cambios en patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para máximo aprovechamiento de aguas pluviales y residuales.

Megaproyectos concesionados (presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores, tratadores) en torno a grandes y crecientes ciudades. Desalojo obligatorio de aguas pluviales.

Sistema de concesiones

Se recuperarían los derechos ancestrales de los pueblos originarios a sus aguas. El Consejo de Cuenca ciudadanizado determinaría dotación por habitante-día; volumen para soberanía alimentaria y usos no prioritarios, para recuperar equilibrio en 15 años. Concesiones para usos no prioritarios serían anualmente renovables dependiendo de disponibilidad y cumplimiento con normatividad y condicionantes.

Se conservaría el actual sistema de concesiones transferibles, de 20-30 años, de la Ley de Aguas Nacionales (causa de la grave sobreexplotación y acaparamiento hídrica actual), en el cual el Ejecutivo otorga volúmenes arbitrarios sin revisión pública, con reformas para permitir concesiones para fracking, trasvases y minería tóxica.

Mecanismo para garantizar agua y saneamiento a áreas sin servicio

El Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento para poblaciones sin acceso, para proyectos autogestivos.

Economía del agua

El Derecho Humano al Agua vía política fiscal redistributiva, para obras públicas con bajos costos y mínimos requerimientos de energéticos.

Organización de los sistemas de agua potable y saneamento

Comunitarios autogestionados o municipales ciudadanizados con representantes territoriales, transparencia y rendición de cuentas, y sin fines de lucro.

Acceso equitativo a agua potable

Distribución equitativa de agua potable, monitoreada con macromedidores, sólo para uso doméstico y servicios públicos.

Mayores dotaciones a usuarios con mayor capacidad de pago (industriales y residenciales); “mínimo vital” para poblaciones vulnerables.

Tarifas

Tarifas acordadas por asambleas de usuarios, según informes de gastos y presupuesto aprobados, ajustadas según valor del predial.

Tarifas garantizarían costo de inversiones y utilidades, con ajustes anuales obligatorios.

Obras y actividades potencialmente dañinas requerirían de consentimiento local y de Dictamen de Impacto Sociohídrico. Prevención de daños

Protección de “Areas de Importancia Hídricoambiental”. No se permitía uso del agua para fracturación hidráulica, minería tóxica ni el empleo de sustancias tóxicas industriales o agroquímicos.

Subsidios a organismos operadores.

Obras hidráulicas y servicios de agua y saneamiento con fines de lucro, y uso intensivo de energéticos sin control de costos. Acceso al líquido según capacidad de pago.

Preferentemente metropolitanos y privatizados.

No se requeriría de evaluaciones de impacto ambiental para trasvases, desalinizadores, pozos ultraprofundos, geotermia, ni fracturación hidráulica. Seguiría pago de derechos por contaminar, y falta de medidas frente a agroquímicos.

No se podría autorizar nuevos proyectos de urbanización en cuencas en “extremo estrés hídrico”.

Monitoreo e inspección

Concesionarios pagarían cuota para financiar inspecciones oficiales, monitoreo ciudadano y Defensoría Socio Hídricoambiental (para demandas ambientales y de acción colectiva). Puntos de descarga serán accesibles al público. Medición en internet de volúmenes de entrada y salida.

Concesionarios del agua perderían acceso si utilizan sustancias tóxicas o violan normatividad o condicionantes. Sanciones Remoción del cargo y aplicación de sanciones civiles y penales para funcionarios que incumplen.

Denuncias a la Conagua y/o a Profepa.

“Las autoridades legislativas de la federación, estados y Distrito Federal deben emitir normatividad para sancionar a prestadores de servicios y funcionarios públicos que incumplen”.


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¿CÓMO GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA? Catarina Illsley Granich Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, AC (GEA) catillsley@gmail.com

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l 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se anunciaron próximas inversiones de 250 mil millones de pesos en macropresas, trasvases y desalinizadoras para hacer llegar el agua a todos los mexicanos. Esta visión, que asume el derecho humano al agua como dádiva del Estado a ser exprimido de un medio ambiente mezquino, para dotar el servicio a una población pasiva, invisibiliza el vital papel de las comunidades y sus ecosistemas en la provisión de agua. Las más grandes, complejas, eficientes y estables obras hidráulicas no han sido construidas por los humanos sino por la naturaleza. Los ecosistemas, en especial los sistemas montañosos y los humedales, captan, filtran y almacenan agua; sostienen complejos ciclos naturales que satisfacen necesidades vitales, estéticas y espirituales; protegen contra desastres naturales, y ayudan a estabilizar el clima. El manejo campesino de los recursos naturales abarca el manejo del territorio para el abasto y manejo de agua para consumo humano, para producción de alimentos de autoconsumo, para pequeña ganadería y manejo de bosques y selvas. Integra conocimientos y prácticas que favorecen la protec-

ción y restauración de los ciclos hidrológicos en las cuencas, y por lo tanto, tendría que formar parte integral de las estrategias para garantizar el derecho humano al agua. Hoy en México, cerca de 30 por ciento del agua se capta en las cabeceras de cuencas hidrológicas, las cuales son habitadas por pueblos originarios clasificados de alta a muy alta marginación (Boege, 2008). Durante cientos y hasta miles de años, sus habitantes campesinos han desarrollado esquemas de manejo complejos que permiten un aprovechamiento diversificado de sus recursos, logrando, entre otras cosas, mantener las funciones hidrológicas de sus ecosistemas. Sobran ejemplos de sistemas hidráulicos eficientes en el mundo prehispánico, desde el concepto de Altépetl (montaña de agua) hasta las chinampas, campos elevados, chultunes, etcétera. Para sobrevivir, desde siempre las comunidades han resuelto su abasto de agua, generalmente sin presencia activa del Estado: toman decisiones, generan acuerdos, ponen mangueras, perforan pozos, eligen semillas, crean instituciones y manejan conflictos en torno al agua. Cierto es que en muchos casos la dotación y calidad es insuficien-

te, y las condiciones para acceder al agua son penosas, sobre todo para las mujeres. Pero casi siempre hay una matriz de conocimientos y prácticas adaptada a las condiciones locales sobre la cual se puede construir una estrategia para garantizar la dotación de agua para consumo humano y para la vida. Se requiere impulsar políticas que integren la conservación y restauración de las funciones hidrológicas de los ecosistemas, sobre todo en las regiones proveedoras de agua, donde los ciudadanos sean actores plenos en la construcción del derecho humano al agua. Se requieren tecnologías de pequeña escala que ayuden a mantener el ciclo hidrológico y hacer más eficiente el manejo del vital líquido.

Para que funcionen, las tecnologías tienen que ser definidas por medio de planes comunitarios y regionales integrales de desarrollo sustentable que pongan en el centro a las personas y sus necesidades fundamentales, en un ambiente donde todos cumplan con los compromisos adquiridos. Los futuros tienen que ser integrados, y sus expresiones sociales y culturales respetadas. Las propuestas tienen que ser de bajo costo, basadas en el trabajo solidario de mano de obra local, y con uso preferente de recursos renovables y localmente disponibles, sobre todo energía limpia. Los proyectos

Múltiples experiencias muestran que el problema no es tanto de tecnología, sino de la falta de un proceso social para su generación o apropiación. Un gran número de proyectos han abandonado tecnologías “apropiadas”: baños secos, cisternas cuarteadas, etcétera. No se trata de la inserción de tecnologías, sino del involucramiento de las personas y las comunidades en la transformación de su presente y su futuro, en el cuidado de su entorno, en la creación de sus derechos.

deberían aumentar la autosuficiencia comunitaria, en vez de crear o amplificar las dependencias en sistemas más allá del control local. Podemos empezar a diseñar las obras locales que requerimos para el manejo adecuado, público y comunitario del agua en nuestros territorios. Existen las tecnologías, las metodologías y los recursos requeridos. Ahora nos toca construir la voluntad política para reorientar los grandes montos destinados a megaobras dañinas y privatizantes que romperían los finos tejidos sociales, hídricos y ambientales.

Ecuador

LUCHA POR LA EL AGUA, LA VIDA Y LA DIGNIDAD Nayeli Moctezuma Pérez Maestrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM

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logo organizada por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Legislativa.

e acerca la decisión legislativa de una nueva ley de aguas en Ecuador, marcada por la lucha de los pueblos de este país por lograr el respeto a los principios establecidos en la Constitución de Montecristi de 2008, la cual determina que el agua es un derecho humano, un bien nacional de uso público y un componente fundamental de la naturaleza con derecho a cumplir con sus ciclos vitales.

La ley propuesta por el gobierno de Rafael Correa centralizaba la toma de decisiones bajo la autoridad única de la Secretaría Nacional del Agua, nombrada por el Ejecutivo. No contenía estrategias para superar el acaparamiento (el

FOTO: Nayeli Moctezuma

La lucha por el agua ha logrado aglutinar a una gran diversidad de sectores en Ecuador, porque implica la defensa del territorio y de los pueblos, exige el equilibrio y la no acumulación y señala el camino al Sumak Kawsay, el Buen Vivir.

En todo este proceso, las organizaciones indígenas han defendido seis puntos irrenunciables:

uno por ciento de los sistemas de riego en Ecuador, que son de los hacendados, cuentan con el 64 por ciento del agua para este uso), ni para garantizar el respeto de los sistemas comunales (que implican a 86 por ciento de todos los sistemas de riego). No protegía el agua frente a actividades extractivas y proyectos hidroeléctricos, ni ga-

rantizaba el derecho al consentimiento informado de los pueblos. La ley de Correa fue rechazada por la multitudinaria Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos en marzo del 2012. Como resultado, se realizan 22 consultas provinciales, y el tema está en la Mesa de Diá-

1. Preservación y protección de fuentes de agua, zonas de recarga y ecosistemas vitales frente a toda actividad extractiva. 2. Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, como autoridad máxima, constituido paritariamente entre el Estado y las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afrodescendientes. 3. Gestión comunitaria y pública del agua. 4. Fondo Nacional del Agua, como parte del presupuesto general, a ser distribuido de manera oportuna, democrática, desconcentrada, intercultural

y plurinacional, a favor del uso doméstico, de la soberanía alimentaria y de la restauración ecológica. 5. Liberación del agua de la privatización, mercantilización y acaparamiento, sin excepción. 6. Respeto a las decisiones de las comunidades: Que los pronunciamientos en la consulta prelegislativa sean íntegramente incluidos en la nueva ley de aguas. Si los plazos se cumplen, el proyecto de ley irá al pleno de la Asamblea en junio. Los pueblos han logrado consensos con los legisladores a favor de algunos de estos principios, y están preparándose para la vigorosa defensa de los faltantes: la protección de fuentes de agua frente a dinámicas mineras, la liberación de la privatización y la necesidad de contar con un consejo plurinacional del agua en vez de una autoridad única gubernamental.


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EL AGUA COMO DERECHO HUMANO Y BIEN COMÚN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Rodrigo Gutiérrez Rivas Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, y especialista en derecho constitucional y derechos humanos

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Reforma al Artículo 4 (8 de febrero de 2012)

GRÁFICA: Manual Agua para Tod@s, Agua para la Vida

• “Toda persona Ɵene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domésƟco en forma suficiente, salubre, acep|table y asequible.”

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os derechos humanos, antes que normas jurídicas, son procesos históricos de lucha por medio de los cuales grupos subalternos pugnan por universalizar el acceso a bienes o intereses fundamentales para la vida, frente a poderes fácticos que intentan convertirlos en privilegios o mercancías. Es el caso del derecho al agua en México. Su ascenso a la Constitución no se explica sin las mujeres mazahuas, armadas con rifles de madera, rebelándose contra el saqueo y la discriminación que, en nombre del interés general, esconde el enorme trasvase Cutzamala; sin el Consejo de Pueblos

de Morelos, que lleva años defendiendo sus sistemas comunitarios de gestión del agua frente a la invasión de las inmobiliarias sobre sus territorios ancestrales; sin los hombres y mujeres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), que frenaron con plantones y amparos la embestida gubernamental y de trasnacionales que intentó silenciar el río Papagayo con el muro de la presa; sin las miles de personas que desde hace años, en todo el país, luchan desde sus pueblos, barrios y comunidades contra el saqueo, el acaparamiento, la contaminación, la privatización y la distribución no equitativa de nuestro bien común agua.

BUSCANDO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN ESTATAL DE ZACATECAS

José Vela Frente Popular de Lucha de Zacatecas, CNPA El primero de abril 2014, los diputados de oposición en Zacatecas presentaron una iniciativa de reforma al artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a fin de consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental y humano del ciudadano en este estado. Tiene como finalidad la armonización legislativa con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y convertir el derecho humano al agua en

el eje y principio jurídico sobre el cual se elaborará la nueva Ley del Agua en Zacatecas. Zacatecas comparte con estados del norte del país la necesidad de un marco sólido favorable a la sustentabilidad y acceso equitativo, dado su clima semidesértico y sequias recurrentes, la sobre explotación de su acuíferos y el uso intensivo del agua por empresas trasnacionales mineras y cerveceras.

Esos esfuerzos, y el conocimiento adquirido por medio de ellos, han ido prefigurando el contenido del derecho humano al agua y su relación con la supervivencia de personas, culturas y naturaleza. El contenido esencial del derecho al agua se ha desarrollado en distintas normas que pueden ser útiles para precisar sus alcances, y para crear un marco institucional de exigencia que obligue a las autoridades a concretarlo (lo que en el contexto del México actual sólo se logra acumulando fuerza social). Una de esas normas se encuentra en el párrafo sexto del Artículo Cuarto de nuestra Constitución, el cual establece que todas las personas en México tenemos el derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para nuestro consumo personal y doméstico. Ese acceso debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible. Dicho párrafo también incluye la obligación estatal de garantizar que el acceso a este bien común sea equitativo, sustentable y que su gestión sea participativa. Se trata de un mandato contundente que obliga a relacionar el derecho humano al agua con la sustentabilidad y gestión participativa popular. Esto se traduce, entre otras cosas, en la obligación de respetar la larga tradición de gestión barrial o comunitaria que existe en todo el país. El derecho internacional, ahora vinculante gracias al Artículo Pri-

mero Constitucional, nos permite precisar los alcances de este derecho y cómo debería relacionarse con los principios de gestión sustentable y participación popular. La Observación General número 15 nos da una interpretación precisa del los artículos relevantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Según este Pacto, los Estados firmantes quedan obligados a respetar “El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar su ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua (…) La obligación de respetar exige que los Estados partes se abstengan de (…) inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua”. La Observación 15 establece un vínculo directo entre el derecho al agua y la sustentabilidad: “Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar porque las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre”. “Esta exigencia implica: a) reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas (…); c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos de desarrollo no

• “El Estado garanƟzará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitaƟvo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la parƟcipación de la Federación, las enƟdades federaƟvas y los municipios, así como la parƟcipación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” • “3er Transitorio. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emiƟr una Ley General de Aguas.”

obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales (…)”. Estos mandatos son vinculantes para todas las autoridades, incluyendo el Legislativo, lo cual toma especial relevancia ahora que la Legislatura tiene la obligación constitucional de elaborar una nueva Ley General del Aguas, ley que tendrá que servir como garantía del derecho humano al agua en el país. Si bien el legislador tiene un margen de libertad para discutir su contenido, también tiene un conjunto de límites y orientaciones, como los que señalamos en los párrafos anteriores. Frente el requerimiento de elaborar un nuevo marco legal para la gestión del agua, un sector amplio de la sociedad mexicana –pueblos, barrios, colonias, campesinas y campesinos, indígenas, académicas y académicos– decidieron auto convocarse para discutir un proyecto ciudadano de Ley General de Aguas. Esta iniciativa propone instrumentos concretos para relacionar el derecho humano al agua con la sustentabilidad de las cuencas y el gobierno participativo del agua, en congruencia con el marco constitucional e internacional de los derechos humanos.


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Tabasco

ENTRE LA UTOPÍA DEMOCRÁTICA Y EL DESDÉN OFICIAL Luis Rey Carrasco Linares Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo -Unidad Regional Universitaria Sursureste. Vocal titular del Sector Académico ante el Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta reykrras.chapingo@gmail.com

En el territorio que corresponde al Consejo de Cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta contrastan altos índices de marginación social con una gran riqueza natural y cultural: concentra 30 por ciento de los escurrimientos del país; 40 por ciento de su capacidad hidroeléctrica y 64 por ciento de su biodiversidad, con menos de cinco por ciento de su territorio. A pesar de una falta de impulso a nivel oficial, la sociedad se mueve y crea espacios de participación

Grijalva-Usumacinta, el propuesto Programa Hídrico Regional Visión 2030 para la región (Conagua, 2012), está pasando por el tamiz de los conocimientos científicos y las experiencias y saberes locales.

y negociación. Muestras de esta vitalidad incluyen al Movimiento de Chiapanec@s en Defensa del Agua, que ha generado un referéndum cuestionando la privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez, y ha presentado una propuesta integral para lograr su buen funcionamiento como entidad pública con participación ciudadana. El movimiento comunitario en Chicomuselo (Chiapas) ha declarado sus territorios libres de presas y minería tóxica. Los pueblos rurales y originarios de Tabasco están luchando contra la contaminación de sus aguas y la inundación permanente de sus tierras. En la cuenca Motozintla avanzan procesos ciudadanos para la gestión del riesgo de desastres, y los Comités de Cuenca en los ríos San Pedro-Missicab, Almandros-Oxolotán y Chacamax y Valle de Jovel están realizando procesos de planeación y gestión de sus tierras y aguas. Estos procesos sociales están articulados con redes de investiga-

ILUSTRACIÓN: Greenpeace

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unque limitados en su alcance por su carácter consultivo, los Consejos de Cuenca son instancias diseñadas para la cogestión del agua. En el país operan 26 Consejos de Cuenca que la aún vigente Ley de Aguas Nacionales define como órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.

ción-acción, como son la Red de Investigadores Sobre el Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF), el Proyecto Fondo Institucional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt)-Cuenca Grijalva y el Seminario Internacional Grijalva-Usumacinta.

Muchos de los participantes en estos procesos convergen en la Asamblea General de Usuarios del Agua de Chiapas y Tabasco. Este espacio ha permitido una participación articulada, crítica y propositiva, para frenar imposiciones y lograr acuerdos. Como ejemplo, por medio del Seminario Internacional

Nuestra experiencia nos muestra que se requiere de espacios en donde los ciudadanos podamos participar directamente en la toma de decisiones sobre el agua en el territorio. Se requiere de consejos de cuenca que cubran territorios menos extensos. Se requiere construir su legitimidad desde lo local, abriendo las instancias de microcuenca a la participación de todos los habitantes, con representantes elegidos directamente a nivel subcuenca y cuenca. Sus planes y acuerdos deben ser vinculantes. Y se requiere promover nuestra identidad como ciudadanos de las cuencas. Ante el desdén oficial, en GrijalvaUsumacinta y en todo el territorio nacional, los crecientes conflictos por el agua abren sus propios cauces de expresión y construyen la plataforma social para la resolución colectiva de los asuntos del agua en México.

Chiapas

VALLE DE JOVEL: POTENCIAL Y LÍMITES EN LA COLABORACIÓN CIUDADANOS-GOBIERNO Teresa Zepeda Coordinadora del grupo de trabajo de Capacitación y Organización del Comité de Cuenca Valle de Jovel, y coordinadora de Alianza Cívica Chiapas

Los Comités de Cuenca permiten atender problemáticas muy específicas a nivel local. Al 31 de diciembre de 2011, se habían instalado 41 comités en el país, según señala el Atlas Digital del Agua México (Conagua, 2012). De éstos, 15 se encuentran en Chiapas. Valle de Jovel es una cuenca tributaria del río Grijalva, que comprende cinco municipios de Chiapas: Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán. La parte más alta se ubica a dos mil 880 metros sobre el

nivel del mar (msnm) y la más baja a dos mil 110 msnm. El Comité de Cuenca Valle de Jovel fue instalado el 5 de junio de 2007. Pasaron dos años para que fuese nombrada su gerencia operativa, la cual se encargó de convocar a los diferentes sectores de usuarios y organizaciones sociales para darle una estructura. La redacción de su reglamento interno comenzó en 2008, y no terminó hasta febrero del 2012, en parte por la polémica de cuántos representantes de sectores debían ser incluidos. Finalmente, se acordó integrar a 16 representantes de sectores de la sociedad: académicos, centros de investigación y culturales (uno); organizaciones civiles: de derechos humanos, ecologistas, de desarrollo social, de salud y de mujeres (cinco); usuarios para comercio y servicios, industriales y público urbano (tres); organismos operadores independientes (uno); patronatos de agua potable (uno);

Este espacio de coordinación entre gobierno y ciudadanía ha sufrido por no ser vinculante ni prioritario para las dependencias gubernamentales, cuyos representantes han acudido a las sesiones como rutina de trabajo, sin dar seguimiento a los acuerdos. No han elaborado programas operativos interconectados para instrumentar el Plan; tampoco ha habido los recursos financieros suficientes para proyectos a mediano plazo. FOTO: Comité de Derechos Humanos de Tabasco

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ada la importancia del agua en la vida, se requiere nuestra participación para la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio que habitamos. La actual Ley de Aguas Nacionales especifica que la ciudadanía puede colaborar por medio de los Comités, Comisiones o Consejos de Cuenca. Estas instancias son órganos colegiados de integración mixta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por microcuenca, subcuenca y cuenca, respectivamente.

organizaciones agrícolas (uno); barrios y colonias de las zonas norte, sur, oriente y poniente (cuatro). De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es el único Comité de Cuenca que cuenta con un reglamento interno. De diciembre de 2009 a mayo de 2010, se realizó un proceso participativo para generar el Plan de Gestión del Comité de Cuenca, el cual, con base en recorridos de diagnóstico y el análisis de información existente, propone las estrategias y acciones para lograr el funcionamiento óptimo de la cuenca.

Sin embargo, por iniciativa propia, los sectores sociales del Comité han desarrollado proyectos con impacto social, como el monitoreo de calidad del agua en la red de distribución de San Cristóbal de Las Casas. De junio a diciembre del 2012, se tomaron muestras en 16 sitios –manantiales, tanques elevados y pozo profundo–. Como resultado, los sectores sociales del Comité pidieron acciones correctivas y recomendaron ampliar los puntos de muestreo y los parámetros fisicoquímicos monitoreados.

También se acordó realizar un proceso de validación de datos de las instituciones públicas encargadas con el monitoreo de calidad del agua, para posteriormente diseñar una Red de Monitoreo y Calidad del Agua. Desafortunadamente, los representantes gubernamentales empezaron a posponer las reuniones acordadas para este fin, hasta lograr desgastar la iniciativa ciudadana. En el 2013 y lo que va de este año, el espíritu del desánimo y desinterés se ha sentado en el Comité, derivado de la paralización institucional que ocasionó el cambio sexenal de gobierno federal y estatal. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales especifica que la Conagua “convocará a las organizaciones (…), ejidos y comunidades, instituciones educativas, (…) para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones en materia del agua y su gestión”, existe un muro y silencio impenetrable, mientras que las aguas corren cuenca abajo, erosionando la tierra, desangrando y contaminando la Madre Naturaleza, y poniendo en riesgo nuestro mayor tesoro, la vida de nuestros ecosistemas.


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CUENCAS Y CIUDADES Helena Cotler Directora de Manejo Integral de Cuencas. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Rossana Landa Coordinadora, Programa de Conservación de Cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida Luisa Paré Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Sendas y Asamblea LAVIDA.Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida

En las décadas recientes las ciudades han crecido sin una planeación que asegure el abasto de estos bienes y servicios ambientales suficientes a sus exigencias. Sin tomar medidas para un aprovechamiento eficiente, demandan la importación de agua vía trasvases, afectando el abasto a comunidades rurales y la sustentabilidad de otras cuencas. Esta situación responde a un modelo extractivo de gestión de agua que considera a este recurso como infinito y desligado de la integridad y el funcionamiento de los ecosistemas circundantes. Así se ha alterado drásticamente el ciclo hidrológico, al disminuir la capacidad de infiltración, de recarga y de depuración por medio de sucesivas intervenciones con infraestructura, sin las debidas consideraciones ambientales. Se extrae más agua de la que el ciclo hidrológico es capaz de proveer de manera sustentable.

Este modelo de extracción en torno a grandes urbes está ejerciendo presión en muchas cuencas del país, por ejemplo, en las subcuencas que conforman el Sistema Cutzamala para llevar agua a la Ciudad de México; sobre la cuenca del Pánuco para abastecer a la ciudad de Monterrey (proyecto Monterrey VI), y sobre las aguas del río Sonora y río Yaqui para la provisión de agua a Hermosillo vía el acueducto Independencia. El modelo de extracción también implica la generación de desechos. Se estima que en México se da tratamiento a sólo 15 por ciento de las aguas residuales, por lo que cada año se descargan alrededor de 12 mil millones de metros cúbicos de agua contaminada a los distintos cuerpos de agua (Arreguín, 2004). El tratamiento y reúso local de estas aguas reduciría gran parte de las presiones sobre el ambiente, tanto para la provisión del recurso como para la asimilación de los contaminantes. Ante escenarios de incremento en la demanda de agua y ciclos hidrológicos cada vez menos predecibles debido al cambio climático, se ha vuelto más complejo y urgente lograr una buena gestión de nuestras fuentes de agua, lo que conlleva una planeación de las actividades productivas y económicas. De allí la importancia de construir planes rectores que

guíen el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades sin detrimento de los ecosistemas terrestres e impulsando la participación y la equidad social. Los ecosistemas se sostienen por la interacción continua de sus componentes en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto, es imposible solucionar un problema ecosistémico manipulando sólo un componente: el agua. Apremia un cambio de paradigma hacia una visión más integral. En este sentido, un enfoque de cuenca (Cotler, 2007) nos permitirá entender las interrelaciones entre la población humana y los recursos naturales. Las cuencas sanas, además de ser el territorio de quienes se organizan, viven y trabajan allí, permiten mejorar la disponibilidad de agua, respondiendo con esto al mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Constitución (la reforma al Artículo Cuarto, en febrero de 2012) de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento; regular el flujo hidrológico y disminuir inundaciones por eventos hidrometeorológicos extremos, y crear mejores condiciones para la adaptación frente a sequías ocasionadas por el cambio climático. Pero este nuevo paradigma también requiere de una nueva gestión del agua que transite de un

ILUSTRACIÓN: Greenpeace

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oy en día México es un país urbano; el 72 por ciento de la población vive en ciudades, las cuales consumen una gran cantidad de bienes (agua, alimentos, fibras, madera) producidos y transportados desde ámbitos rurales. Generan enormes cantidades de desechos que contaminan ríos y arroyos e impactan ecosistemas. Requieren de servicios ambientales para prevenir inundaciones y erosión, así como para regular procesos hidrológicos.

modelo extractivo a uno sustentable, lo cual implica cambiar la lógica de uso del agua para priorizar las necesidades humanas básicas antes que las industrialesextractivas, identificando e internalizando los impactos sobre el agua que cada actividad genera y reconociendo las interrelaciones que éstas mantienen en el territorio. Para lograrlo se requiere de una gobernanza del agua con amplia participación ciudadana, activa, exigente, vigilante y responsable, y así superar una visión administrativa y coercitiva basada en reglamentos, que no son respetados por la misma autoridad y tampoco son asumidos como una responsabilidad compartida.

Se requiere de una nueva institucionalidad que respete a las organizaciones comunitarias, y espacios de participación social desde el nivel de barrio urbano o comunidad rural, de subcuencas y de cuencas. El enfoque de cuenca es necesario para superar las actuales descoordinaciones sectoriales y entre gobiernos municipales. Además, este enfoque ofrece la oportunidad de acciones conjuntas entre gobierno y sociedad civil para elaborar e implementar soluciones eficientes, equitativas y sostenibles a los problemas hídricos y de desarrollo; de cuenca arriba hacia cuenca abajo en el sentido geográfico y, de abajo hacia arriba en el sentido socio ambiental, buscando resolver la mayoría de los problemas a nivel local.

Veracruz

LAVIDA: ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO Gerardo Alatorre Frenk

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a Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) nació en agosto de 2010, cuando se celebró en Xalapa el Primer Foro Estatal de Afectados Ambientales. Ahí reconocimos la extrema gravedad de los problemas ambientales, estrechamos vínculos entre los diversos grupos, asociaciones y ciudadanos, y establecimos compromisos para caminar juntos en la defensa de nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestros recursos, nuestra salud y los derechos humanos de todos y todas. Nuestras movilizaciones van más allá de la resistencia y la oposición: buscamos, además, construir alternativas y cultivar el disfrute de la vida. Se trata de una red de personas movilizadas, con un nodo central en Xalapa y nodos en distintas regiones del estado en torno a grupos involucrados en luchas específicas.

Además LAVIDA cuenta con aliados: académicos, comunicadores, abogados, artistas, organizaciones estudiantiles y magisteriales, organizaciones cívicas y algunos legisladores. En poco tiempo LAVIDA se ha convertido en referente para asuntos socioambientales en el estado. Buscamos transitar hacia la sustentabilidad, la justicia y la democracia participativa. Para ello acompañamos y buscamos fortalecer las luchas regionales frente al embate extractivista del gran capital, tejiendo enlaces en las escalas regional, estatal, nacional e internacional. Intentamos construir el futuro que queremos vivir en lo cotidiano, en las luchas de mediano plazo y en la política pública a escala nacional. Veracruz y sus paradojas. Nuestro estado tiene un rico patrimonio biocultural, pero está sumamente lastimado. Aunque llueve copio-

samente y cuenta con caudalosos ríos, muchas comunidades carecen de agua. Donde anteriormente había bosques y selvas, hoy vemos potreros, cañaverales, plantaciones, carreteras y fraccionamientos. La intensa actividad petroquímica, los numerosos ríos, la única planta nuclear del país y el potencial eólico y de gas esquisto le dan al estado un lugar muy visible en las estrategias de producción de energía. Vivimos junto a un golfo que está acumulando energía térmica, con efectos devastadores para los habitantes de fraccionamientos que nunca deberían haber sido autorizados. Ejes de trabajo. LAVIDA inició su labor en torno a los siguientes casos: la contaminación por Granjas Carroll, de cerdos, en el valle de Perote; los proyectos hidroeléctricos sobre los ríos Bobos-Nautla y Blanco (Presa El Naranjal); las afectaciones a poblaciones nahuas de la Sierra de Zongolica

por la presa Proyecto Veracruz, y por proyectos de minería a cielo abierto, como Caballo Blanco; la defensa de humedales y la problemática de los asentamientos humanos en zonas inundables; la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y las afectaciones por Pemex y otras industrias. En tiempos recientes han venido sumándose nuevos ejes de movilización: el impulso a la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, como parte de la Campaña Nacional Agua para todos, Agua para la Vida; contra una presa sobre el río Pescados-La Antigua, supuestamente para llevar agua a Xalapa; la defensa de los arrecifes y las dunas costeras ante proyectos portuarios; contra el hostigamiento a los activistas socioambientales y por la debida actuación de las autoridades judiciales en el caso de Noé Vázquez, de Amatlán de los Reyes, asesinado en 2013 en ocasión del

Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder); las afectaciones por depósitos de coque en Jáltipan y el Puerto de Veracruz; la amenaza de la extracción de gas esquisto (shale) por fractura hidráulica (fracking), a la que está expuesto el 90 por ciento de nuestro estado, y el proyecto de trasvase de aguas del río Pánuco hacia Tamaulipas y Nuevo León (Monterrey VI). En última instancia, no se trata de una multitud de amenazas distintas, sino de un proceso de apropiación abusiva de territorios que afecta pueblos, culturas y economías locales. Asistimos a una presión sobre el agua: para llevarla a ciudades lejanas, para producir energía, para la minería a cielo abierto, para el desarrollo industrial y agroindustrial y para la fractura hidráulica. Por ello, el agua es el elemento central en la lucha socioambiental veracruzana.


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Coahuila

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN ORGANISMOS OPERADORES Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS)

Más de dos décadas de experiencias acumuladas de privatización de los sistemas de agua en todo el mundo demuestran que los resultados obtenidos difieren mucho de los compromisos pactados entre los gobiernos y las empresas privadas: a) las empresas han invertido menos de lo esperado; b) los precios de los servicios han aumentado; c) el agua en muchas ocasiones es de mala calidad; d) se han dado muchos casos de corrupción; e) los sindicatos se han debilitado; f) la rendición de cuentas se reduce y hay poca transparencia; g) la supervisión de las empresas privadas ha sido más difícil que la de los organismos municipales;

tablecido asociaciones de solidaridad con varias ciudades de países en vías de desarrollo.

h) no se han aplicado sanciones ni rescisión de contratos por incumplimiento; e i) al perseguir sus utilidades, las empresas ignoran aspectos sociales y ecológicos.

En América Latina se han dado varias experiencias de remunicipalización, la más conocida de las cuales es la de Cochabamba, Bolivia, en donde los abusos (en especial el aumento de tarifas y la privatización del agua de lluvia) cometidos por la empresa Bechtel, a cargo del sistema de agua de 1993 a 2000, desataron una serie de protestas conocidas como “La guerra del agua”. El gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel, a lo cual la empresa respondió con un proceso legal para reclamar 25 millones de dólares de indemnizaciones por daños. Finalmente retiró la demanda después de intensas protestas de los bolivianos y a nivel mundial.

En muchos países los aspectos negativos han dado lugar a la cancelación de los contratos de privatización, y la remunicipalización ahora es una tendencia a escala mundial. Uno de los casos más exitosos de remunicipalización es del sistema de agua de París, sede de las dos trasnacionales más grandes del sector agua, Suez y Veolia, en 2010. La nueva empresa pública –Eau de Paris– ha demostrado ser un proveedor eficiente, transparente y responsable social, laboral y ambientalmente. En su primer año logró un ahorro de 35 millones de euros, lo que permitió reducir las tarifas en ocho por ciento; además, ha otorgado dotaciones solidarias de agua a más de 40 mil hogares de bajos ingresos y ha es-

En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha promovido desde 2001, por medio de su programa Promagua, la participación privada en los sistemas de

FOTO: Memoria Migrante

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a privatización de los sistemas de agua y saneamiento ha adoptado diversas formas pero presenta una constante: el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas, convirtiéndolas en fuentes de lucro para el capital.

agua, mediante tres esquemas diferentes: concesiones, contratos de servicios y empresas mixtas. En Saltillo se creó en 2001 la empresa mixta Aguas de Saltillo (Agsal) después de un oscuro proceso de licitación.

A pesar de que Agsal presume ser una empresa de éxito, los usuarios han resentido los aspectos negativos de la gestión de la empresa, entre otros: a) no se respeta el carácter público del servicio y el derecho humano al agua; b) Aguas de Barcelona, dueño de 49 por

Distrito Federal

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA A FAVOR DE TRASNACIONALES Delia Montero Profesora Investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa Jaime Rello UPREZ francesa Vivendi-Veolia, que opera en 77 países;

zonas, se otorgaron contratos de concesión a cuatro empresas, los cuales vencen el próximo año:

ILUSTRACIÓN: Greenpeace / CENTLI

2) Industriales del Agua de la Ciudad de México, filial en México asociada al Grupo Peñoles, de la trasnacional Suez, empresa francesa cuyo incumplimiento y malas cuentas han provocado la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Argentina y Montevideo y Uruguay;

1) Proactiva Medio Ambiente SAPSA, filial en México asociada a ICA, de la trasnacional

3) Tecnologías y Servicios del Agua, también perteneciente a Suez, y 4) Agua de México de United Utilities, la compañía británica más poderosa de Inglaterra. Los contratos abarcaban tanto el sistema comercial (medidores, facturación y cobro) como obras de infraestructura y el programa de sectorización. Lo anterior condujo a constantes cortes de agua domiciliaria por toda la ciudad en violación de la Ley General de Salud. FOTO: Memoria Migrante

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a privatización del agua ha avanzado en el Distrito Federal desde 1996, por medio de concesiones a cuatro trasnacionales con ligas con corporaciones mexicanas. Con una división de la ciudad en

Ahora, la privatización se profundiza con Plan para el Agua de Futuro, anunciado por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) el 26 de marzo. Mediante la descentralización del

Sacmex, a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se busca concesionar la instalación de medio millón de nuevos medidores, cambios en la tubería y la facturación y garantizar pagos a las trasnacionales por cada metro cúbico que recuperen de fugas de las redes primaria y secundaria. Además, Sacmex busca dar nuevas concesiones por 15 años sin una evaluación pública de las

concesiones anteriores. En varias ciudades francesas, por ejemplo, se hacen contratos de tres o cuatro años previa licitación y antes del término son los usuarios quienes evalúan y deciden si se renueva el contrato o no. Concesiones a largo plazo no sólo debilitan la posibilidad de presionar a las empresas por incumplimiento, sino que dejan al gobierno vulnerable a demandas exorbitantes en tribunales internacionales en caso de que las empresas sientan que sus utili-


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FOTO: Imelda Carreón Valdovinos / CENTLI

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ciento de las acciones de Agsal, tiene el control administrativo y técnico, y ha convertido el agua en un negocio muy redituable; c) las tarifas por consumo han sufrido siete aumentos indebidos—además de los mensuales por inflación: d) se han aplicado cobros indebidos y un gran número de cortes; e) se han violado la Constitución, y otros ordenamientos legales; f) la falta de potabilidad ha propiciado el consumo de agua embotellada; g) a pesar de la sobre explotación de los acuíferos, se suspendieron las campañas de ahorro; h) se ha presentado información falsa e incongruente, i) las autoridades municipales han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas.

En Ramos Arizpe, población vecina de Saltillo, se aprobó a finales del 2012 –en forma atropellada e ilegal– la formación de la empresa mixta Aguas de Ramos Arizpe (Agra), en la que Agsal participó con 48 por ciento de las acciones. Agra empezó a operar el uno de enero de 2013, y en poco más de un año sus abusos (principalmente cobros arbitrarios de adeudos, aumentos en las tarifas y cortes) provocaron un gran malestar entre los ramosarizpenses, quienes realizaron manifestaciones y presentaron amparos y quejas. El clamor popular fue tan grande que el candidato a alcalde para 2014-2017, Ricardo Aguirre, prometió en su campaña remunicipalizar el sistema de agua, lo que se logró en forma definitiva el 11 de abril de 2014. La privatización de los organismos operadores de agua se está expandiendo a otros estados del país, empezando por Puebla. Es necesario difundir las experiencias de los usuarios, y encontrar alternativas para lograr una efectiva participación y control ciudadano sobre estos sistemas de los cuales nuestras vidas dependen.

ILUSTRACIÓN: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Frente a la falta de información y confiabilidad en la calidad del agua distribuida y cobrada como “potable”, los habitantes de la Ciudad de México gastan anualmente más de cuatro mil millones de pesos en la compra de agua embotellada.

dades esperadas pudieran ser afectadas por cambios en la normatividad, o incluso por cancelación de sus concesiones por cualquier causa. La infraestructura hidráulica de la ciudad con base en la cual estas empresas generarían sus ganancias ha sido financiada con los impuestos, y en el caso de las colonias populares, con el trabajo y las aportaciones de los propios usuarios.

Todas las tareas que se busca concesionar pueden ser manejadas eficientemente por técnicos mexicanos al servicio de sistemas públicos, sin tener que garantizar el pago de utilidades a empresas extranjeras. Podrían aprovecharse programas como el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, que ha logrado innovaciones sorprendentes en materia de control de fugas, calidad de agua y técnicas para el ahorro en el consumo. En la Ciudad de México se abre un incipiente proceso de evaluación ciudadana desde el Programa de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal, que exige una amplia evaluación de la población sobre la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad y la no discriminación por parte de las cuatro empresas, antes de tomar decisiones en cuanto a la firma de nuevas concesiones en 2015. Finalmente somos los usuarios los que debemos decidir. ¿Frenaremos los habitantes de la Ciudad de México la ruta desventajosa que en el resto del mundo está siendo superada?

Estado de México

TECÁMAC: EXPERIENCIA CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE José Ricardo Ovando Ramírez Comisionado de Prensa y Propaganda de la Secretaría de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, AC

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os más de dos mil 500 sistemas ciudadanos de autoabasto de agua potable que hoy operan en México, son el resultado de décadas de trabajo autogestivo comunitario, por un lado, y del descuido y falta de interés del Estado, por el otro. En este espacio nos centraremos en los sistemas independientes de agua que hoy operamos en lo que fueron las riberas del lago Xaltocan, siendo uno de cinco antiguos lagos (con Chalco, Texcoco, Xochimilco y Zumpango) que rodeaban la gran México-Tenochtitlan. El Sistema Independiente de Tecámac tiene como origen varios sucesos de devastación ambiental que dejaron una huella profunda en la cuenca de México. El primero fue la política de trasvase inaugurada en la época de la Colonia (1608) con la perforación del túnel de Nochistongo, para prevenir las inundaciones que resultaron de la destrucción de las obras de ingeniería hidráulica indígena. Siguieron otras más faraónicas, como los túneles de Tequixquiac (1900 y 1942), el Sistema de Drenaje Profundo (1975) y, ahora, con un avance físico de 26 por ciento a un costo hasta la fecha de 22 mil millones de pesos, el Túnel Emisor Oriente (TEO). Con estas obras, la política indígena de aprovechar el agua de la cuenca en la misma cuenca fue imposibilitada y, con la excepción de Tláhuac y Xochimilco, el siglo XX fue testigo del trágico fin de su sistema de producción alimentaria y de vida lagunario. A principios del siglo XX muchos pueblos ubicados en las riberas del lago de Xaltocan, Tecámac entre ellos, todavía pescaban y cazaban aves migratorias sobre los últimos remanentes lacustres. Pero la desecación final en la década de 1950 obligó a los pueblos ribereños a depender de los vasos captadores de agua de lluvia de origen indígena, los jagüeyes, hasta que aberrantes decisiones políticas fueron destruyendo estos vasos captadores. En Tecámac, por ejemplo, el jagüey Tlatepingo, el más importante de la comunidad, fue destruido en los 60´s para construir una plaza de toros que ahora se inunda en cada temporada de lluvias. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado los siempre previsores pueblos de la región, con recursos económicos propios, empezamos a perforar nuestros primeros pozos y a incrementar nuestras redes para cumplir con el crecimiento natural de la población.

A finales de los 90’s, nos fue impuesta una nueva política de urbanización salvaje sobre nuestras tierras forestales, agrícolas y de recarga de acuífero, y el gobierno inició una guerra para tomar el control de nuestra agua para

beneficio de las empresas inmobiliarias. Para defendernos, tuvimos que transformarnos de simples comités ciudadanos de agua a asociaciones civiles para contar con la personalidad jurídica para emprender juicios ante los tribunales del Estado. En los estatutos hicimos explícito que nuestro sistema no tiene fines de lucro, sino sociales que incluyen la defensa ecológica del territorio y del agua. Nuestra forma de gobierno se basa en los usos y costumbres reconocidos en el Artículo Segundo Constitucional y en el Código Civil. Realizamos asambleas del pueblo en donde tomamos decisiones para mejorar nuestros sistemas de agua, y en donde cada tres o cuatro años renovamos mesas directivas. En Tecámac, nuestro sistema de planeación se basa, esencialmente, en el mejoramiento de la infraestructura (pozos y redes). Las decisiones presupuestarias las toma el Consejo de manera democrática, gastando sólo lo que se ingresa por consumo y por la

instalación de tomas nuevas (que son nuestra única fuente de ingreso). Las tarifas se deciden en la asamblea general de usuarios asociados. En toma domestica, por ejemplo, cobramos 150 por ciento menos que las zonas en donde opera el organismo del gobierno municipal. Las tarifas diferenciadas por distintos usos nos han servido para cobrar el consumo del vital líquido según la capacidad de pago. Aunque aproximadamente 40 por ciento de usuarios asociados no pagan sus consumos, el sistema es autofinanciable. Cada comisión que integra el Sistema de Agua presenta informes anuales en las asambleas de usuarios asociados, los cuales están a disposición de ellos siempre y cuando los soliciten por

escrito. No hemos permitido la injerencia del gobierno municipal en los asuntos internos de los sistemas ciudadanos, más ahora que aquél ha seguido una política de “divide y vencerás”. Pero también hemos emprendido acciones conjuntas, como cuando promovimos un juicio de amparo contra la ya derogada Ley del Agua para el Estado de México y Municipios (22 de julio de 2011) que pretendía desconocernos y despojarnos de nuestra infraestructura. Para nosotros es claro que los gobiernos del neoliberalismo, defensores a ultranza de la privatización de todo lo existente, nos ven como bichos raros que no merecemos existir por representar una forma de organización comunitaria que los ha desafiado al oponernos al reino del mercado y la globalización. Pero aun así, seguiremos impulsando la tenaz resistencia y una alternativa viable frente a esas erróneas y criminales políticas hídricas iniciadas desde la época de la Colonia. De no ser así, estaremos todos condenados a sufrir estrés o, peor aún, infarto hídrico.


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GESTIÓN DE SISTEMAS DE AGUA DE USO DOMÉSTICO EN COMUNIDADES RURALES Jacinta Palerm

FOTO: DGCS, UNAM

U GESTIÓN COMUNITARIA DE AGUA PARA RIEGO: RESILIENCIA FRENTE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Jacinta Palerm Estudios del Desarrollo Rural (ISEI), Colegio de Postgraduados

En suma, destaca la persistencia, resiliencia y efervescencia aglutinadora de las organizaciones multicomunitarias no oficiales. El problema teórico radica en la capacidad de auto organizarse para administrar sistemas de riego medianos y grandes sin jerarquía y burocracias, o aun en el caso de contar o requerir de burocracia, la capacidad de controlarla efectivamente. No obstante, la comunidad o los regantes de la comunidad han conservado la operación o distribución interior

FOTO: Wisconsin Department of Natural Resources

Sin embargo, a pesar de su desaparición oficial y su supuesta sustitución por la expansión de la burocracia gubernamental, las organizaciones de autogestión de agua para riego persisten y surgen nuevas, con acuerdos horizontales al margen de lo oficial. Más aún, se crean nuevos niveles organizativos multicomunitarios de autogestión que abarcan espacios hidráulicos de más de diez mil hectáreas, y se generan organizaciones para negociar acceso al agua.

del agua. La comunidad organizada es pieza fundamental para aquellas auto organizaciones que administran sistemas de riego medianos y grandes, y otros recursos de uso común de mayores dimensiones. Además, la comunidad organizada con funciones de operación o distribución del agua parece jugar un papel central en la dinamización de los arreglos multicomunitarios basados en acuerdos horizontales. En donde hubo una expansión de la operación burocrática-gubernamental, ha habido resistencia o conservación de espacios de operación por los mismos usuarios en relación con los sistemas hidráulicos. A su vez, al desaparecer la administración centralizada del distrito de riego, ha habido procesos organizativos vigorosos y expansión de la operación por los mismos usuarios.

Los cambios en la legislación, a partir de 1992, tales como la individualización y la renta y compra-venta de derechos de agua, fragilizan la situación jurídica de la comunidad y la capacidad de defensa de estos derechos. Al mismo tiempo, la ausencia de un nivel de operación comunitario, o de algún equivalente local, posiblemente obliga a un modelo de gestión más burocrático, es decir con personal técnico contratado organizado jerárquicamente en cadena de mando.

El desplazamiento legal de la comunidad se ha hecho visible en conflictos entre al ayuntamiento y las comunidades por la gestión de los sistemas de agua de uso doméstico. Sin embargo, las legislaciones estatales de Tabasco, Guanajuato, Chihuahua y

San Luis Potosí reconocen el papel de los comités rurales del agua, los cuales en Tabasco son llamados Unidades de Desarrollo Sustentable del Agua. El estado de Tlaxcala llega a reconocer la comunidad como un nivel de gobierno propio, vía la representación de los presidentes de los bienes comunales en el cabildo municipal. La administración comunitaria del agua de uso doméstico en áreas rurales se relaciona con ciertas ventajas: bajo costo, eficacia, equidad y legitimidad, y como una manera de superar problemas serios en la gestión por el municipio o por el organismo operador, tales como altos costos por el personal contratado, lenta respuesta a desperfectos en el sistema, cobrabilidad y falta de legitimidad. (De: 2013, Palerm, Jacinta; T. Martínez Saldaña (eds). Antología sobre riego: Instituciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales e informales, Biblioteca Básica de Agricultura/Grupo Mundi-Prensa).

La comunidad organizada o la acción colectiva no sólo fortalecen la economía de cada individuo gracias a la gestión colectiva de los recursos, sino también contribuyen a la defensa del recurso. Es decir, la comunidad organizada tiene más posibilidades de defender colectivamente el recurso que el individuo. El análisis de sistemas autogestivos de riego en México y en el mundo ha demostrado que la existencia de legislación estable y consistente a largo plazo que otorga un marco jurídico a las organizaciones de regantes favorece su existencia y fortaleza, mientras que su ausencia favorece la debilidad, la inexistencia y la invisibilidad de estas organizaciones. Los marcos jurídicos basados en la tradición de autogestión parecen ser especialmente exitosos. (Texto resumen de: 2013, Palerm, Jacinta; T. Martínez Saldaña (eds). Antología sobre riego: Instituciones para la gestión del agua: vernáculas, alegales e informales, Biblioteca Básica de Agricultura/Grupo Mundi-Prensa).

FOTO: Agua Compartida para Todos, GEA Guerrero

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xiste una continuidad del nivel organizativo de la comunidad desde la época prehispánica y la diáspora tlaxcalteca en la Colonia. Pasa por la contracción de los derechos de agua durante la segunda mitad del siglo XIX y por su recuperación con el reparto agrario, y pasa por la supresión de organizaciones de regantes en el marco de los distritos de riego y –en las décadas recientes– con las políticas neoliberales y legislación que tiende a desaparecer el nivel de gobierno comunitario.

na conjunción de cambios en políticas públicas y en la legislación crea una tormenta perfecta para desplazar o eliminar la gestión comunitaria de los sistemas de agua de uso doméstico: en 1981, la entrega a los estados y ayuntamientos de los sistemas que operaba la federación; en 1983, la reforma al artículo 115 constitucional que obliga al municipio a atender el abasto de agua de uso doméstico; en 1992, una nueva ley agraria que resta atribuciones a los ejidos y comunidades agrarias, y también en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un nuevo sistema de concesiones que permitió el desconocimiento de los derechos históricos de miles de comunidades.


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EL BUEN GOBIERNO DEL AGUA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Xochimilco

SAN LUCAS XOCHIMANCA LUCHA PARA RESCATAR SU PRESA

Félix Venancio Ejidatario, integrante del Frente Emiliano Zapata para la Defensa del Ejido San Gregorio Atlapulco, promotor de la cultura chinampera y articulista de Crisol Mágico del Sur felixvenancio@gmail.com

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l ejido del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, con 476 hectáreas de agricultura canalera, junto con sus más de ocho mil chinampas del mismo pueblo, forman parte del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, la cual a su vez ha sido decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por “el valor excepcional y universal” del sistema chinampero prehispánico, que mantiene sus vitales funciones agrícolas y ambientales hasta la fecha, en la buena compañía de serpientes, garzas blancas, pelícanos, patos y gallinitas de agua.

Hemos sido especialmente afectados por la construcción de la Línea

Comisión de Cuenca Xochimilco y sus Afluentes

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FOTO: Félix Venancio

Estos ecosistemas dependen ahora de aguas tratadas, principalmente de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella. Los volúmenes enviados son determinados unilateralmente por las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua. Nosotros, los productores ejidales y chinamperos, no tenemos manera de incidir en estas decisiones, excepto por medio de protestas: el cierre de calles y la toma de oficinas gubernamentales.

Sandra Plata Comité de San Lucas Xochimanca y del Grupo Promotor

12 del Metro, que propició el relleno de los canales de irrigación con escombros y severos recortes de agua para los canales y chinampas, lo cual ha implicado una enorme presión hacia la urbanización. Estamos construyendo la Comisión de Cuenca de Xochimilco y sus efluentes, para lograr que la toma de decisiones sobre el acceso al agua para riego en la Ciudad de México sea horizontal y democrática, desde una visión integral sustentable, con perspectiva de género, rendición de cuentas,

equidad y respeto por los derechos humanos. Necesitamos de una instancia vinculante para lograr una soberanía alimentaria regional. Va a requerir no sólo nuestros esfuerzos organizativos, sino la intervención y el apoyo de universidades y de organismos internacionales para no seguir siendo botín político de los gobiernos en turno. Así podremos trabajar con base en planes integrales de mediano a largo plazo, desde una cosmovisión propia de la comunidad.

Distrito Federal

LA LUCHA POR ACCESO A AGUAS TRATADAS Rebeca López Directora del Centro para la Sustentabilidad CENTLI, un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana

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os deshielos del volcán Iztaccihuatl dan origen a los ríos Amecameca y La Compañía. Alimentaban la zona chinampera del antiguo lago Chalco hasta que Porfirio Díaz concesionó estas tierras y aguas al hacendado Íñigo Noriega, quien mandó excavar un canal

(ahora llamado Dren General) para vaciar el lago a inicios del siglo XX. Ahora las chinampas y canales de esta zona lacustre están cultivadas por los ejidos de Xico, Tláhuac, Tulyehualco, Tlaltenco y Mixquic, utilizando aguas de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella. En

medio de grietas, hundimientos, inundaciones e invasiones de grupos armados, siguen produciendo. Los representantes ejidales han buscado organizarse por medio de la asociación de ejidos de la zona lacustre y como parte de la Comisión de Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía. Participaron en la elaboración del Plan Hídrico de esta subcuenca, en el cual proponen rehabilitar las plantas de tratamiento La Lupita y El Llano y construir una planta de tratamiento metropolitana para aprovechar los mil 500 litros por segundo de aguas residuales que son expulsadas vía bombeo, actualmente comprometidas al Grupo Carso vía la planta de tratamiento Atotonilco en Hidalgo. Mientras logren acceso a las aguas que requieren, están gestionando la rehabilitación de los canales de Tláhuac y Xico y el saneamiento de los ríos Amecameca y La Compañía.

an Lucas Xochimanca, lugar donde se ofrecen flores, es el primer pueblo de la montaña en Xochimilco. La Presa San Lucas, de origen xochimilca-nahuatlaca (1200 a 1521 a. C.), corazón del lugar, fue rehabilitada por los pobladores originarios, quienes donaron sus tierras y trabajo en el año 1945. Tiene 28 hectáreas de extensión y almacena mil 600 millones de litros de agua. Desde su llegada a Xochimanca, los xochimilcas cuidaron el lugar donde confluían dos ríos, que hoy se conocen como río San Lucas y río Santiago. Hasta mediados de los 70’s, el agua era todavía transparente y los pobladores podían nadar, jugar y consumir los peces y patos. ¡Un paraíso! Hasta los 80’s todavía había renacuajos, algunos peces, garzas, patos endógenos y migratorios, gansos, pájaros y gallinas de agua. Hoy en día todo esto es historia, ya que la Presa San Lucas sufre una grave contaminación debido a las descargas de aguas residuales que vierte el Reclusorio Sur al rio Santiago. En abril de 2010, se formó el Comité San Lucas Xochimanca, entre una diversidad de pobladores –movidos por el amor a su tierra y a sus costumbres y convencidos de que los cambios verdaderos se lograrán con la organización–, con el fin de rescatar la presa San Lucas. El Comité organiza talleres, cursos, tendedero informativo, videos, conferencias, tareas de limpieza y foro del agua, encaminados a despertar el interés de adherirse al trabajo y a tener confianza en los procesos co-

munitarios. Siempre con base en los principios de autogestión y transparencia, se brinda información, se generan propuestas y se vinculan con académicos y otras asociaciones civiles. Un resultado de este trabajo es la recomendación 01/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, boletín 48/13, dirigido a Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Sistema de Aguas del la Ciudad de México y Delegación Política Xochimilco, por la contaminación del río Santiago con aguas residuales del Reclusorio Varonil Sur. Debido a la resistencia que han tenido los integrantes del Comité San Lucas, y a la vinculación que se ha logrado con las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el 19 de abril del 2014, salió una nota en la sección Capital del periódico La Jornada, donde se da a conocer que el gobierno del Distrito Federal, destinará 311 millones de pesos para el rescate del río Santiago durante 2014-2017, para dar cumplimiento a la recomendación. Se mantendrán vigilantes al proceso tanto habitantes como académicos y técnicos, con la finalidad de incidir con propuestas que sean tomadas en cuenta en la forma de realizar el rescate. Por lo pronto, esa noticia es un aliciente para seguir trabajando por el rescate del vaso regulador, e invita a más comunidades a la organización, como base en la lucha por el bien general, sin olvidar la sensibilización y el conocimiento de los derechos humanos.


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EN BUSCA DE MÁS ALIMENTOS CON MENOS AGUA Ignacio Sánchez Cohen Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP). Representante de la Red Temática del Agua de CONACyT

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ara lograr la soberanía alimentaria, México debe incrementar su eficiencia en el uso agrícola del agua. Aun cuando 77 por ciento de las aguas concesionadas son dedicadas a este uso, el país importa la mitad de los alimentos que consume. La eficiencia global del agua de riego es de sólo 40 por ciento, y gran parte del agua para uso agrícola proviene de presas y de la sobreexplotación de acuíferos en zonas semiáridas, lo cual deriva en crecientes procesos de desertificación.

gicas y de los variantes regímenes pluviales, con base estrictamente en las recomendaciones y acuerdos de los comités hidráulicos de los distritos de riego. Es necesaria la revisión de concesiones y su adecuación con base en el uso y propósito del agua subterránea extraída. Para ello, es imperante la determinación de la huella hídrica de los cultivos, para privilegiar aquellos que representan una mayor aportación a la alimentación de los ciudadanos. El uso de las reservas de agua en el país para fines no esenciales debería ser objeto de la más alta regulación administrativa, dados los enormes impactos ecológicos y sociales que esto conlleva. Y los ahorros que se obtengan por concepto de la mejora del riego parcelario no deberían ser usados para incrementar la superficie irrigada, sino más bien para sobrellevar el déficit hídrico de otros sectores, como la población en zonas urbanas y rurales.

Se requiere cambiar el paradigma en el uso agrícola del agua, empezando con una reducción en la demanda del líquido para corregir el sobredimensionamiento de los distritos de riego (creados en torno a presas), así como la so-

breexplotación de las reservas subterráneas. Además, se requiere de una transición hacia cultivos con menor demanda de agua, y una reorientación de las inversiones en infraestructura hidroagrícola en el país, para lograr un pleno aprovechamiento de las abundantes aguas en el sureste. En cuanto al tamaño de los mecanismos para administrar el agua para riego, existen 85 distritos de riego que atienden el 53 por ciento de la superficie total irrigada (6.5 millones de hectáreas), mientras que el 47 por ciento restante corresponden a 39 mil unidades de riego.

Un aspecto fundamental es volver a responsabilizar al Estado, junto con los usuarios del riego, de la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola. Hay que reconocer que la transferencia de los grandes sistemas de riego a los usuarios tal como fue implementada bajo la Ley de Aguas Nacionales –sin mecanismos de apoyo ni la responsabilidad de pagar por el agua desperdiciada– ha resultado en el derroche de 60 por ciento del agua de uso agrícola. Asimismo, la dotación volumétrica a los usuarios del riego debe adaptarse en función de la disponibilidad en los embalses, de la capacidad de las cuencas hidroló-

Libro: Haciendo milpa. Diversificar y especializar: estrategias de organizaciones campesinas. Varios autores. Editores: Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya (Circo Maya) / ITACA

A pesar de la complejidad y diversidad cultural, ambiental y económica en el país, las estrategias de intervención por parte del Estado en lo relacionado con el recurso agua han sido predominantemente con visión mono angular, más que multidisciplinaria, y mono objetivo, en lugar de considerar los objetivos múltiples en las cuencas hidrológicas. El Plan Nacional Hídrico 20132018 contempla “fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua”, lo que implicaría la participación efectiva de la sociedad en las decisiones y la planeación del recurso hídrico en las distintas regiones hidrológicas del país. La participación del sector académico-científico será de crucial importancia en el diseño de mecanismos y estrategias para el uso racional del agua.

Libro: El México bárbaro del siglo XXI. Coordinadores: Carlos Rodríguez Wallenius y Ramses Arturo Cruz Arenas. Editores: Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco / Universidad Autónoma de Sinaloa.

FOTO: Carsten ten Brink

Más de 85 por ciento de la irrigación agrícola ocurre con métodos tradicionales como melgas y surcados, con poca eficiencia. Existen también 14 millones de hectáreas de agricultura de temporal, en donde la productividad del agua es casi cuatro veces menor respecto dela superficie irrigada. Las estrategias para mejorar la eficiencia en distritos y unidades de riego se han concentrado en los usuarios con mayor capacidad económica. Eso debe cambiar. Es necesario que los planes de mejoramiento del riego parcelario se adecuen a las diferentes posibilidades o niveles de inversión, en el entendido de que la tecnificación del riego no obligadamente significa su aplicación vía tubería (como el goteo), sino que debe considerar técnicas tales como la nivelación de la parcela y el trazo de riego, así como la capacitación y transferencia de tecnología a usuarios y uso de gastos unitarios de riego en función de las características del terreno.

Evento: Diplomado Perspectivas Antropológicas sobre el Campo y la Ruralidad. Organiza: Instituto Nacional de Antropología e Historia, por medio de la Coordinación Nacional de Antropología. Lugar y fecha: Sala Guillermo Bonfil Batalla de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH (Av. San Jerónimo Núm. 880, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, México D.F.) Del 28 de mayo al 10 de diciembre de 2014. Informes: Subdirección de Capacitación y Actualización de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH (Av. San Jerónimo Núm. 880, Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200, México D.F.) / Tel. 4040 54 00 Ext. 4251 y 4216 / capacitacion2@yahoo.com / www. antropologa.inah.gob.mx

Documental: Sierra Norte por la vida: Resistencia contra los megaproyectos de la muerte en la Sierra Norte de Puebla. Dirección. Jesús Ramírez Cuevas. Puedes verlo en: http://www.youtube.com/ watch?v=uZYxTVbitWc


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AGUA PARA USO AGRÍCOLA Víctor M. Quintana S. El Barzón, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez uso. Es vital que estos Consejos sean dotados de autonomía presupuestal y de gestión.

FOTO: Agroblogger

Para el riego con aguas del subsuelo: Las concesiones deben limitar los volúmenes de extracción a los ecológicamente aprovechables en cada cuenca. Hay que diseñar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión de perforaciones y extracciones, involucrando a la ciudadanía. Debe establecerse un programa nacional para la recuperación de cubierta vegetal, así como la realización de investigaciones para documentar las conexiones entre los acuíferos.

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a situación: demasiado y demasiado poco. El agua para uso agrícola presenta una paradoja: en algunas regiones se sobreexplota mientras que en otras se aprovecha poco. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que una tercera parte de las cuencas del país tienen déficit hídrico. Por otro lado, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) apunta que 74 por ciento de la superficie agrícola es de temporal, expuesta a los avatares del clima y por tanto sólo producen una cuarta parte respecto de las zonas con riego. Proliferan los pozos y los aprovechamientos ilegales de aguas superficiales. Numerosas concesiones exceden la disponibilidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministra el servicio de energía a pozos ilegales que extraen el recurso sin ningún control. Y muchas explotaciones agrícolas y hortícolas consumen una

gran cantidad de agua sin que sus productos sean alimentos básicos o que generen empleos o algún beneficio económico comunitario. Acciones inmediatas a emprender. Cuanto antes es necesario mantener y hacer valer la veda a aguas subterráneas decretada en marzo de 2013; lograr la clausura de los pozos y aprovechamientos ilegales e impedir que la CFE les suministre energía. Al mismo tiempo debe presupuestarse un programa multianual que contemple inversiones para apoyar la tecnificación y eficiencia de los equipos de riego y de bombeo. Reformas legislativas. Se requiere reformar la Constitución para reconocer el agua como bien público, y debe eliminarse el concepto de “libre alumbramiento”. Las comunidades en sus diversas formas: pueblos indios, ejidos y mancomunes, deben tener uso prioritario.

La Iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida ya incluye la mayoría de los siguientes aspectos: priorización del agua para la sustentabilidad, el consumo humano y la producción de alimentos básicos sobre criterios mercantiles. Rediseño del sistema de concesiones para poner fin al acaparamiento del agua. Nuevas concesiones deben obligar a la realización de obras de captación de agua y de mejoramiento agro-ambiental. Hay que elaborar normas que impidan recibir concesiones, subsidios, créditos, apoyos gubernamentales a agricultores o ganaderos con prácticas insustentables, derrochadoras o contaminantes. Lo fundamental: el control social y ciudadano. En la propuesta de Agua para Todos, los Consejos de Cuenca, de un tamaño menor y con representantes elegidos territorialmente, consensarían la planeación, asignación y supervisión de los caudales de agua para cada

Para el agua “rodada”, es necesario poner en marcha un programa para el mejoramiento de los sistemas de canales y acequias a fin de disminuir evaporación u absorción. También debe ponerse en marcha un programa multianual para hacer eficiente el riego y evitar las prácticas de inundación de surcos y exigir la construcción de drenes para recuperar el líquido sobrante. Los Consejos de Cuenca deben vigilar que en las asociaciones de usuarios de los distritos de riego haya democracia, transparencia, rendición de cuentas y equidad en la asignación de cuotas de agua. Es imperativo priorizar el acceso a las aguas superficiales por parte de las comunidades más pobres y realizar las obras de infraestructura correspondientes. Propuestas para conjugar la soberanía alimentaria con la sustentabilidad hídrica. A partir de las reformas legislativas ya descritas, es necesario construir con participación ciudadana, de productores, técnicos, usuarios y dependencias de gobierno, el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Sustentabilidad Hídrica, construido de abajo hacia arriba, a partir de la planeación de cada cuenca. Dentro del Plan deben contemplarse medidas operativas para hacer realidad dicha soberanía y para determinar los cultivos más adecuados por cuenca y por región, de tal manera que el tipo de cultivos y la extensión de los mismos que pueden regarse sean definidos con base en las prioridades nacionales y necesidades locales. Debe también contemplarse un plan de acción emergente para prever y atender las contingencias generadas por el cambio climático que tanto afectará a la zona norte del país, así como una intensa labor de investigación, desarrollo tecnológico apropiado, extensionismo y capacitación para formar a todos los actores que tienen que ver en el agua. Sólo siguiendo pasos como éstos en podrá haber alimentos y agua para tod@s.

PRODUCTORES AVANZAN EN LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICOͳ ALIMENTARIA

Angely Amezcua Coordinadora del Programa Agua y Energía, ANNAC Barzón

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a Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores (ANACC)-El Barzón trabaja para el uso eficiente del agua y la energía como recursos indispensables para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Promovemos los programas necesarios, así como la creación de un Fondo Nacional para elevar la productividad en los cultivos básicos y estratégicos, aprovechar el agua de lluvia, reforestar, recuperar suelos, cambiar equipos electromecánicos y promover energías limpias, priorizando siempre la restauración de cuencas hidrológicas sobreexplotadas. Es necesario crear un mecanismo con participación sociedad-gobierno para prevenir y resolver conflictos, y garantizar el derecho humano al agua junto con el derecho a la consulta previa e informada sobre proyectos turísticos, mineros, energéticos, etcétera. Exigimos la medición obligatoria de todos los aprovechamientos de aguas nacionales, con sanciones efectivas para el uso excesivo e indebido o la contaminación. Con estos esfuerzos buscamos hacer eficiente la agricultura de riego, equilibrar los acuíferos, reducir emisiones de gases con efecto invernadero y disminuir los costos de producción. Así podremos aportar más y mejores alimentos a precios justos para la población.


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EL DERECHO AL AGUA Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO Diego de la Mora Maurer y Óscar Arredondo Pico Integrantes del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC

Para el caso del derecho humano al agua, el análisis presupuestario ayuda a estimar si el Estado cumple con las obligaciones del artículo dos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México en 1981 y que a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011 forma parte de las normas internacionales que tienen rango constitucional en el país: 1) Utilizar el máximo de los recursos disponibles (económicos, técnicos, etcétera) para garantizar el derecho al agua. 2) Avanzar en forma progresiva (asegurándose de cumplir, en

lo inmediato, con el acceso al núcleo básico del derecho) y sin regresiones. 3) No discriminar, por ningún motivo, al momento de planear, programar, presupuestar y erogar los recursos públicos. A fin de estimar si México cumple con estos principios, quienes monitoreamos el presupuesto público investigamos si los aumentos para un derecho en particular son proporcionales a los aumentos globales del presupuesto o cuánto se gastó en algún derecho comparado con lo que se gasta en cuestiones superfluas como la publicidad oficial. También cuestionamos la distribución de los recursos según grupos de edad, regiones o género, entre otras.

FOTO: Caravana por el Agua

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a gestión de los recursos públicos para garantizar el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución, requiere de leyes, políticas, programas y acciones que se apeguen a los estándares de derechos humanos. El Poder Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, necesita diseñar, implementar, fiscalizar y evaluar sus políticas públicas conforme las obligaciones y los principios de derechos humanos.

utilizan los recursos hídricos de manera intensiva y afectan la disponibilidad y el acceso al agua potable para el consumo humano y tienen repercusiones en el acceso a otros derechos humanos, como son el derecho a la salud, a la alimentación o a la vivienda.

El marco legal descrito arriba contrasta con la realidad de las políticas de desarrollo que, en muchos casos, privilegian la inversión y el lucro por encima de los derechos humanos. Los grandes proyectos de inversión o “megaproyectos” (de generación de energía eléctrica, extracción mineral, desarrollos turísticos o inmobiliarios e infraestructura vial, entre otros),

Los recursos hídricos tienen que ser administrados pensando en

garantizar a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Los poderes Ejecutivos y los Congresos nacional y estatales tendrían que orientar el gasto público de tal forma que aseguren que todos tengan suficiente agua salubre, aceptable y accesible en cualquier condición. La ciudadanía es responsable de

exigir que los gobiernos actúen para garantizar sus derechos y puede utilizar el análisis de los presupuestos para obtener información valiosa para exigir a los tomadores de decisiones que distribuyan los recursos públicos dando prioridad a la realización de derechos humanos por encima de otras consideraciones.

INICIATIVA CIUDADANA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS: NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA SOCIO-HÍDRICO-AMBIENTAL Raquel Gutiérrez Nájera Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Instituto de Derecho Ambiental

A

más de 20 años de la Declaración de Río, el Principio 10, relativo a la participación, la justicia ambiental y el acceso a la información, es un referente obligado para la protección y defensa socio-hídrico-ambiental que plantea la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas.

FOTO: Imelda Carreón Valdovinos / CENTLI

Esta Iniciativa aspira a una ley que aborde el ciclo del agua de manera integral y que se priorice y respete el “agua para la vida”. Como resultado de una reflexión colectiva, se proponen instrumentos nuevos de defensa y contraloría. Uno de los más importantes es el Dictamen de Impacto Sociohídrico, que sería requisito para la autorización de nuevas concesiones de agua, y de obras y/o actividades sujetas a evaluación de impacto. Sería emitido por un panel de especialistas sin conflictos de interés, nombrados por el Consejo de Cuenca. Para lograr un dictamen favorable para la autorización del proyecto u obra, se tendría que

demostrar que no pondría en riesgo el derecho humano al agua de las actuales o futuras generaciones. Este dictamen también requeriría constatar el consentimiento libre, previo e informado de la población local y del Consejo de Cuenca. Las Áreas de Importancia Hídrica son las zonas de veda, de reserva y de protección; las zonas de recarga; las planicies de inundación; los sitios Ramsar (Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas), y otros humedales y ecosistemas que realicen un papel vital en el funcionamiento hidrológico de la cuenca. Serían delimitadas en el Plan Rector de la cuenca, y su protección y buen manejo serían obligatorios en los planes de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos. Las concesiones de agua servirían también como instrumento de control y sanción, pues serían sujetas a renovación anual y a la comprobación de que el usuario

haya cumplido cabalmente con la normatividad ambiental y los condicionantes de su concesión. La Declaración de Cuenca en Estrés Hídrico permitiría al Consejo de una cuenca que estuviera sufriendo problemas crónicos de escasez, inundaciones, contaminación, sobreexplotación, grietas y/o hundimientos, declarar moratoria a la autorización de nuevos proyectos de expansión urbana hasta que haya podido recuperar el equilibrio hídrico. La Defensoría Socio-Hídrico-Ambiental sería el abogado de interés público, accesible a los ciudadanos afectados, pagado con recursos públicos derivados de una tarifa aplicada a concesiones a aguas nacionales para usos no prioritarios (fines de lucro), para la defensa y el asesoramiento de cualquier ciudadano y comunidades o pueblos indígenas, ejidos y colonos, que requieran una asesoría especializada gratuita para la defensa y protección de los recursos hídricos.


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FONDO NACIONAL POR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO Nathalie Seguin Tovar Directora de FANMex-Red Mexicana de Acción por el Agua @fanmex , www.fanmexico.net

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ficialmente en México, nueve millones de mexicanos no cuentan con ningún acceso al agua, y de los que sí tienen acceso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que el líquido no es necesariamente de calidad para consumo humano. En cuanto al saneamiento las cifras son aún más preocupantes. La Conagua reporta que 9.8 millones de mexicanos no tienen servicio de alcantarillado. Pero el saneamiento no implica “alcantarillado”, sino acceso a sanitarios dignos en el hogar y el entorno público, que no ponga en riesgo la salud de la persona ni el medio ambiente.

la creación de un Fondo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Este fondo auditable se destinaría para el financiamiento directo a comunidades para proyectos autogestivos y descentralizados del agua y saneamiento en zonas sin acceso. Es decir, proyectos que permitan el involucramiento de la comunidad en la elección, el diseño y la operación de sus sistemas con el fin de lograr una buena apropiación de éstos y que den un servicio sostenible a largo plazo. Además, con tecnologías que buscan realmente una gestión sustentable al proponer alternativas con un enfoque de cierre de ciclos minimizando el uso de energéticos.

Para lograr el cumplimiento con estos derechos fundamentales, la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas (LGA) promueve

El Fondo serviría para lograr acción inmediata para superar prácticas discriminatorias y contar con el acceso equitativo al agua

de calidad y sanitario digno, sin disminuir las responsabilidades ni presupuestos ya etiquetados para estos fines de los tres órdenes de gobierno. Se formaría con recursos federales, estatales y municipales y mediante el cobro de un porcentaje de las utilidades percibidas por concesionarios de aguas nacionales (para usos no prioritarios, es decir los que infieran un lucro). El cobro de utilidades se aplicaría también a concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento concesionados bajo la Ley de Aguas Nacionales. Cabe recalcar que otra de las propuestas importantes en la LGA ciudadana es el del reconocimiento de los sistemas comunitarios como actores clave para la provisión de los servicios y la realización del derecho humano al agua y saneamiento.

COSECHA ESCOLAR DE AGUA DE LLUVIA Juan José Santibañez Coordinador del área de Estudios Rurales y Urbanos. UAM Iztapalapa de acceso al agua en la delegación Iztapalapa ha obligado a los directivos a regresar a los alumnos a sus hogares; el motivo: la carencia de agua en los baños. El agua del siglo XXI vendrá principalmente de la lluvia: esta premisa es más palpable en los espacios en donde la necesidad más apremia. Para aliviar la severa escasez del agua en los centros educativos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad

la necesidad de una alternativa. Al año siguiente, la Caravana por el Agua Ce Atl, organizada por la UAM difundió la pertinencia de adoptar la captación y el acopio de agua de lluvia como una de las seis estrategias para la gestión integral de cuenca del Plan Hídrico realizado por la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.

Iztapalapa, ha habilitado sistemas de captación de agua de lluvia en nueve escuelas de la zona oriente de la metrópoli. La Escuela Primaria Razón y Fuerza de la Revolución Mexicana, situada en San Miguel Teotongo, en el corazón de la Sierra Santa Catarina, Iztapalapa, es uno de los nueve centros escolares seleccionadas. En mayo de 2010 la falta de agua a lo largo de 17 días hizo tomar conciencia a los colonos de

El presupuesto federal está obligado a financiar la instalación de los bebederos en tres años

FOTO: Agua Compartida para Todos, GEA Guerrero

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lo largo del siglo XX el suministro de la creciente demanda de agua potable para la Ciudad de México se ha dado por medio de la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, primero con la explotación de aguas subterráneas, y después con grandes trasvases, con altos costos energéticos, sociales y ambientales. No obstante, en las zonas populares siguen padeciendo sin acceso a agua de calidad. En particular, la alarmante falta

En 2012, mediante convenio entre la UAM Iztapalapa y la Delegación se implementó un sistema de almacenamiento de agua de lluvia, colocando una serie de canales de conducción en techos y pisos que interceptan las basuras mayores con rejillas, un fondo de piedras de distintos tamaños y un filtro de arena. Los 35 mil litros almacenados son de una excelente calidad. Desde la cisterna se bombea el agua al techo de la escuela haciendo que el agua pase por un filtro de carbón activado biológicamente. Esta captación cubre los usos para sanitarios y aseo de las instalaciones. Cuando la variación diaria de las lluvias rebasa la capacidad de almacenamiento colocada en la escuela, los excedentes se conducen a un pozo de infiltración. Así

las lluvias extraordinarias permiten la recarga del acuífero, tal y como funcionaba históricamente el ciclo de lluvia e infiltración en esta zona. Los nueve proyectos de captación pluvial escolar han permitido cosechar más de cinco millones de litros anuales, suficiente para el uso sanitario y la limpieza en época de lluvias, beneficiando así a unos 15 mil alumnos, profesores, trabajadores y padres de familia, y sirviendo como un ejemplo vivo del potencial de la lluvia como nuestra futura fuente de agua. Las reformas recientemente aprobadas a Ley General de Infraestructura Física Educativa (artículos 7, 11 y 19) exigen la instalación de bebederos en todas las escuelas hasta nivel medio superior en el país, con un suministro continuo de agua de calidad. En el caso de pueblos indígenas y comunidades dispersos se adoptarán tecnologías sustentables. El presupuesto federal está obligado a financiar la instalación de los bebederos en tres años. Esta obligación legal representa una excelente oportunidad para que los alumnos, maestros y padres de familia en zonas sin acceso a agua de calidad se organicen para lograr la conversión de sus escuelas en centros de almacenamiento y potabilización de aguas pluviales, como parte de una estrategia compleja para garantizar este fundamental derecho humano.


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Los retos: ordenar el uso de aguas subterráneas e inversiones

NUEVOS CONFLICTOS EN AGUAS TRANSFRONTERIZAS Lourde s Rudiño

El “Tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América hasta el Golfo de México”, suscrito por ambos países el 3 de febrero de 1944, regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y establece que México debe asignar como mínimo a su vecino del norte 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales de los afluentes del Río Bravo (esto representa una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal de ese Río procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas). Por su parte, EU debe asignar a México entre mil 850 millones 234 mil metros cúbicos y dos mil 96 millones 931 mil metros cúbicos al año de los afluentes del Río Colorado, por medio de la presa Imperial, ubicada en California. El Tratado considera ciclos quinquenales, lo cual quiere decir que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre países, los pendientes pueden cumplirse en los años posteriores dentro de cada ciclo. El ciclo actual es el 34, cuya conclusión ocurrirá el 25 de octubre de 2015. Así, dado el rezago que muestra México, de 389 millones de metros cúbicos (al mes de abril de 2014, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA), en los 17 meses que restan al ciclo 34 el país estaría obligado a entregar a su vecino del norte poco más de mil millones de metros cúbicos con la tercera parte que llegue al Río Bravo de los afluentes aforados, lo que implicaría la necesidad de que se presente un escurrimiento promedio anual de casi dos mil millones de metros cúbicos de tales afluentes. Pero las condiciones actuales de la cuenca son de un escurrimiento promedio anual de apenas 982 millones de metros cúbicos, señala un reporte elaborado por Consejo Regional Agropecuario de Tamaulipas (CRAT). ¿Cuál es el motivo del rezago? El comisionado de la Sección Mexicana de la CILA (la instancia que administra el Tratado), Roberto

Fernando Salmón Castelo, afirmó en una reunión en el Senado el 23 de abril que el problema tiene su raíz en la “sobreexplotación derivada de un sobre-concesionamiento”, además de un uso anárquico del líquido en las unidades de riego, derivaciones no autorizadas de agua y falta de medición y control. En efecto, señala Jorge Luis López Martínez, presidente del CRAT, el inminente riesgo de caer en incumplimiento en el Tratado es resultado de una sobreexplotación de acuíferos, esto es de aguas subterráneas, que ocurre en la agricultura, en particular en la cuenca del Río Conchos, en Chihuahua, lo cual ha generado crónicamente, desde 1995, un déficit que llegó a alcanzar los 600 millones de metros cúbicos anuales. Por ello, al inicio de los años 2000, con Vicente Fox estrenándose en la Presidencia de la República, México presentaba un rezago de unos 400 millones de metros cúbicos de un ciclo vencido y respondió a las presiones de EU “pagando” con agua que se tomó de afluentes no comprometidos en el Tratado, lo cual afectó el abasto para la irrigación agrícola de los distritos de riego 025 del Bajo Río Bravo y 026 del Bajo Río San Juan, de Tamaulipas. Más de 15 mil familias productoras de sorgo, maíz y hortalizas fueron afectadas. “Quedaron sin una gota”, comenta López Martínez. El hecho derivó en demandas judiciales emprendidas por los productores y el gobierno tamaulipeco que concluyeron con el pago de indemnizaciones con dinero del erario público. El hecho también propició algo positivo: un trabajo de autoridades y usuarios de agua –agrícolas y urbanos– de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para generar un reglamento que ordene y distribuya el uso del agua de la cuenca del Río Bravo, el cual “lamentablemente, ha avanzado muy poco”, dice López Martínez. Alfonso Cortez Lara, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), precisa que las aguas subterráneas no están consideradas en el Tratado; sólo lo están las superficiales, pero es claro que hay una interconectividad entre los flujos de ambas aguas. Y las subterráneas, que son las más cuantiosas e importantes a futuro, se están aprovechando de forma inadecuada. “Los problemas que se han de-

tectado en los años recientes son de sobreexplotación en Mexicali, Baja California; en Yuma, Arizona; en San Luis Río Colorado, Sonora; en ambos Nogales…”. El académico comenta que el asunto tiene que resolverse internamente en el país, así como del lado de EU deben enfrentar sus

aguas subterráneas en las áreas fronterizas, cada país limitará el bombeo de las aguas subterráneas en su propio territorio dentro de los ocho kilómetros (cinco millas) de la línea divisoria entre Sonora y Arizona y cerca de San Luis a 197 millones 358 mil metros cúbicos anuales (…) A fin de evitar problemas futuros, México y los Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modificaciones substanciales a sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversamente al otro país”. ILUSTRACIÓN: Pedro Moctezuma / CENTLI

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l rezago en la entrega de aguas a Estados Unidos, por casi 400 millones de metros cúbicos, que presenta hoy México en el marco del Tratado de aguas transfronterizas de 1944, hace avizorar un conflicto inminente con ese país y, en su caso –tal como ocurrió al inicio de este siglo–, la toma de aguas de fuentes ajenas al Tratado, con la afectación social que ello supone.

propias ineficiencias, pero “he escuchado con cada vez más intensidad, y sobre todo en EU, el interés de estudiar las aguas subterráneas conjuntamente e implementar mecanismos binacionales para su gestión y manejo, para derivar luego en un tratado específico sobre esas aguas. La prioridad es alta, por las condiciones que tenemos de cambio climático”. Esto es un reto para gobiernos e instituciones académicas, pues no hay aún estudios amplios, integrales, sobre los volúmenes y ubicaciones de estas aguas. Estos estudios son más costosos y difíciles que los de aguas superficiales. Al respecto, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, considera que el tema de las aguas subterráneas –si bien es crucial, pues de los 653 acuíferos de México, 101 presentan sobreexplotación–, debería continuar manejándose al margen del Tratado de 1944, como un asunto interno. Aunque, explica, en agosto de 1973, en su acta 242, el CILA estableció pautas para estas aguas en las zonas transfronterizas., “y si la condición obliga a que se hagan más actas para proteger el tema de aguas subterráneas, no deben limitarse”. Textualmente, esa acta 242 dice que “Mientras se llega a la celebración por los Gobiernos de México y los Estados Unidos de un convenio de alcance general sobre

De acuerdo con Jorge Luis López, la tarea de poner orden en las aguas subterráneas implica: 1.establecer el reglamento de la cuenca, “que no hemos concluido aunque tenemos años trabajando en esto, y que es tan sencillo como decir cuando haya poca agua, repartámosla y que nos falte agua a todos, y cuando haya mucha, tomemos toda la que necesitemos”; 2.- la compra de derechos de concesiones por parte del gobierno federal (de la Comisión Nacional del Agua, Conagua); 3.- la reducción del consumo agrícola, vía obras de modernización de la infraestructura de aprovechamiento, y 4.- el cambio de uso de suelo en zonas agrícolas de la frontera norte hacia la urbanización. Esto es, son acciones de política interna. Sobre este último punto Cortez comenta que en esta zona el agua se destina entre 76 y 86 por ciento a la agricultura, y si bien hay ineficiencias tanto en el uso urbano como en el agrícola, en este último se nota más. Comenta López Martínez: en el pasado “hubo todo un desorden en las concesiones (de la Conagua)”; en el marco del trabajo que realizan usuarios y autoridades “sí hubo un programa de gobierno, que compró del orden de 200 millones de metros cúbicos de las sobreconcesiones que tenemos en la cuenca, y eso sin duda ayuda, pero estábamos hablando de un déficit de unos 600 millones de metros cúbicos anuales y hoy ese déficit está arriba de los 300 millones. La sobre-concesión sigue siendo un problema crítico a la fecha. “Estamos condenados a que si no hacemos más de lo que hemos hecho, vamos a entrar en una encrucijada tremenda otra vez con Estados Unidos”.

Un punto clave y donde está el reto principal para dar un uso sustentable a las aguas subterráneas está en la modernización de la infraestructura agrícola, dice López Martínez. Se trata de nivelar tierras, modernizar la infraestructura propia de distribución y tecnificar el sistema de operación de los distritos de riego, pues allí es donde se dan las mayores pérdidas. “Pero son inversiones tan cuantiosas que no las pueden pagar sólo los agricultores, requieren apoyo de recurso público”. “Por ejemplo en el Bajo Bravo, distrito 025, hemos hablado que en el corto plazo las necesidades son superiores a los siete mil millones de pesos, pero las previsiones de presupuesto público que vemos a mediano plazo son apenas de mil 600 millones”. Todas las fuentes entrevistadas coinciden en que el Tratado de 1944 debe permanecer sin cambio; en términos de intercambio de volúmenes de agua resulta benéfico para México, pero las actas que genera la CILA, y que hasta hoy suman 319, sí deben verse como instrumento para adecuar el Tratado a las condiciones específicas de cada región. De acuerdo con Alfonso Cortez, de lado mexicano la CILA negocia sólo por medio de su comisionado y muchas veces en sigilo (si acaso en la década reciente ha involucrado a interlocutores interesados por el medio ambiente), mientras que del lado de EU el comisionado cuenta con la participación e interacción de representantes de la población usuaria del agua y hay mucha transparencia y oportunidad en la información (en ello tiene que ver el hecho de que en México el agua es propiedad de la nación y en nuestro vecino del norte son muchos los dueños privados y hay mecanismos de mercado bien definidos). Cortez Lara precisa que hay ejemplos de la posibilidad de que las actas adapten el Tratado a las realidades actuales. Es el caso de la 319, la cual estableció la determinación de asignar agua al delta del Río Colorado. “Aquí durante 20 años el agua no había llegado al delta, e igual pasa en el Bajo Río Bravo; se atiende a las ciudades, luego al campo, y del delta todos se olvidan. Con el acta 319 estamos comenzando a pensar en la naturaleza, en proteger nuestro medio ambiente”. Asimismo, el acta 318 permitió negociar la posposición de entrega de aguas de EU debido al daño que sufrió la infraestructura hidroagrícola de Baja California por el sismo sufrido por este estado en 2010.


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UN MÉXICO CON RÍOS LIMPIOS Y LIBRES Omar Arellano-Aguilar Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC

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éxico está caracterizado por 50 ríos principales que bajan de las grandes sierras con 337 mil millones de metros cúbicos de agua al año, y que presentan fuertes problemas de sobreexplotación y contaminación, en particular los ríos Grande de Santiago, Atoyac, Blanco, Tula, Coatzacoalcos, Lerma, Papagayos, Tecolutla, Bobos, Verde, Yaqui y Colorado. Estos ríos reciben 243 mil litros por segundo de aguas residuales municipales y 188.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales industriales, casi la mitad sin tratamiento, y la otra parte sin vigilancia continua para verificar el cumplimiento de normatividad, la cual, por cierto, data de 1996. En 2010 más del 20 por ciento de las cuencas hidrológicas del país presentaba serias alteraciones ecohidrológicas; en algunos ríos de México se han detectado más de mil sustancias químicas tóxicas.

Sin reconocimiento oficial, la situación se agrava: los ecosistemas acuáticos se ven afectados, hay extinción de especies, se reduce la disponibilidad de agua limpia y se observan problemas de salud en las poblaciones colindantes. La construcción de grandes presas hidroeléctricas y el trasvase de agua entre cuencas sólo sirven para empeorar la situación de los ríos. Al disminuir su flujo, se reduce su capacidad de autodepuración, se aumenta la evaporación, declina la biodiversidad acuícola y se impide el transporte de nutrientes a las zonas costeras. ¿Cómo podemos revertir el daño? Primero, reconocer que los ríos forman ecosistemas que definen la orografía y microclima de un sitio, así como la biodiversidad de una región y la productividad de los ecosistemas costeros. Los ríos son parte fundamental de la historia de los pueblos.

Segundo, crear una nueva forma de relacionarnos con el entorno a por medio de la conservación de los recursos. Las acciones comunitarias de autogestión y las redes de participación ciudadana están generando proyectos alternativos de manejo sustentable y de monitoreo desde Baja California hasta Quintana Roo. Tercero, definir un periodo de transición para lograr, en 15 años, el fin a la contaminación del agua por actividades agrícolas o industriales, y en ese marco establecer una lista prioritaria de sustancias para su prohibición inmediata y ampliar los parámetros utilizados para detectar la presencia de contaminantes en descargas durante este periodo. El cobro de derechos por acceso a aguas nacionales para uso industrial debe cubrir el costo de inspecciones y análisis oficiales periódicos, así como para el monitoreo ciudadano. Los que contaminan deben perder sus concesiones. El público debe de tener acceso permanente a los puntos de des-

carga, y los datos sobre sustancias utilizadas por cada concesionario y los resultados de muestreos oficiales deben ser difundidos en línea. Cuarto, promover un plan de desmantelamiento de presas y diques para restablecer el flujo y la dinámica natural de los ríos como lo están haciendo países como Estados Unidos y los de la Unión Europea. Quinto, exigir que todo proyecto de infraestructura que pudiera causar algún impacto al sistema hídrico cuente con un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico emitido por un comité científico-ciudadano independiente, el cual garantice que el proyecto no propiciará daños. Sexto, organizarse y actuar. Existen alrededor de 300 organizaciones regionales que están respondiendo ante la crisis hídrica del país. En una acción sin precedente, la campaña Agua para Todos, Agua para la Vida reúne a cientos de académicos y estudiantes de las prin-

cipales universidades de México y al menos 49 organizaciones civiles. Han consensado una propuesta para una nueva Ley General de Aguas con el objetivo de cambiar el modelo de extracción y manejo de los recursos hídricos. Esta propuesta prioriza la conservación de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la reducción significativa de la contaminación de los ríos.

EL CIADI: “DERECHOS” DE LAS CORPORACIONES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Eduardo Monroy y Jessica Jiménez Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Revista Xantico generalmente provienen de las mismas empresas que demandan. En más de 95 por ciento de los casos, el fallo es a favor de la corporación demandante. Si los países deciden salir del CIADI, son obligados a seguir respetando los fallos del tribunal hasta por 15 años más.

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l Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha cobrado notoriedad por ser uno de los principales eslabones del sistema de protección de las inversiones del capital extranjero en el mundo. Este centro de arbitraje con funciones de tribunal, pertenece al Grupo del Banco Mundial (BM). En él se dirimen los conflictos de los inversionistas extranjeros con los Estados; sólo las corporaciones están facultadas para demandar. El proceso inicia cuando el país anfitrión implementa una política que podría afectar sus ganancias esperadas según lo estipulado en algún Tratado Bilateral de Inversión o de Libre Comercio, por

ejemplo, en el caso de nuevas disposiciones de protección al medio ambiente. Sudáfrica fue fuertemente demandada ante el CIADI en 2007 después de implementar políticas en pro de la población negra, que había sido marginada durante el apartheid. Argentina, tras la crisis financiera en 2001, se convirtió en el país más demandado ante el CIADI. México, pese a no ser firmante, es el cuarto país más demandado a nivel global debido a que reconoce a CIADI como árbitro en sus tratados bilaterales y de libre comercio. En el CIADI los árbitros son al mismo tiempo juez y parte;

Los laudos decretados por los árbitros del CIADI utilizan instrumentos como el embargo de los bienes del país en el extranjero, o de sus reservas internacionales en oro. La cesión de la soberanía de las naciones en el altar del libre comercio internacional es un tema altamente polémico, pero es práctica cotidiana en un escenario de extracción y mercantilización de los recursos naturales y de la propia vida. En entrevista, Alberto Arroyo investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, critica la firma de tratados y acuerdos que reconocen el CIADI. En primer lugar, cuestiona quiénes son los beneficiarios de la inversión extranjera que estos acuerdos buscan atraer. Segundo, señala el caso de Brasil, país que no ha firmado ningún TBI y es el principal captador de inversión extranjera directa de América Latina, por encima de México, que ha firmado y se ha subordinado a los intereses de los inversionistas extranjeros.

Arroyo, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, habló sobre algunas estrategias que se puede impulsar para recuperar la soberanía cedida: “Una estrategia es iniciar una campaña a nivel local, nacional e internacional para cuestionar el poder de las corporaciones e impulsar un código vinculante que dé a los pueblos y a los gobiernos la capacidad de demandar a las trasnacionales en un tribunal internacional por violación a los derechos humanos, así como por la deuda ecológica (daños irreversibles que han causado desde el pasado y hasta el futuro). “La violación de los derechos humanos debe ser causal de nulidad inmediata de un tratado”. Por otro lado, se ha apelado a la defensa del territorio; los pueblos han defendido su derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La comunidad es la última línea de defensa del territorio ante los embates de las transnacionales y tiene que pelear bajo el amparo de la propiedad colectiva de la tierra, señala Arroyo. “No cabe duda que entrar a un TBI sin medir las severas consecuencias es lo peor que pueden hacer los gobiernos”, manifiesta Javier Echaide, catedrático de la

Universidad de Buenos Aires. “Argentina, que privatizó sus sistemas de agua, una vez comenzada la crisis de 2001 recibió un alud de demandas multimillonarias ante el CIADI. De concretarse la privatización del agua en México se correría la misma suerte”. En el mismo sentido, Arroyo agrega: “El agua como un derecho humano indispensable para garantizar la soberanía alimentaria de los países y la preservación de los ecosistemas debe quedar exenta de la lógica del libre mercado”. En el caso mexicano, la legislación permite concesiones con duración de hasta 30 años, garantizando el pago de utilidades esperadas en caso de la cancelación de la concesión por cualquier motivo, e incluyendo el incumplimiento por parte del concesionario. Para lograr mayor control sobre las inversiones, Arroyo señala la importancia de presionar para evitar la firma de tratados, acuerdos y concesiones, especialmente los de largo plazo. También invita a participar en la campaña mundial a favor de un tratado internacional y mecanismos que obligarían a los Estados a responsabilizar a las empresas para sus acciones u omisiones que vulneren derechos humanos. Para más información de la campaña:

rmalc@rmalc.org.mx


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17 de mayo de 2014 Se prohibirían los trasvases; se buscaría su gradual reemplazo por proyectos que permitieran la auto sustentabilidad hídrica de las ciudades, y se garantizaría la reparación de daños y restitución para los pueblos afectados por los trasvases existentes.

Elena Burns Coordinadora de proyectos especiales del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, miembro del Grupo Promotor de la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida y editora de la revista Xantico

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Formamos diez mesas temáticas para iniciar el diseño y culminamos con el Congreso Ciudadano en diciembre 2012. Como primer paso, consensamos una Agenda Nacional: garantizar en 15 años agua para ecosistemas, agua para tod@s; agua para la soberanía alimentaria, y fin a la sobreexplotación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones causada por el mal manejo del agua y el territorio. En cumplimiento con el mandato constitucional de dar un papel a la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno, nos enfocamos en el diseño de instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la defensa y contraloría, desde el nivel local hasta el nacional, y en los nuevos instrumentos requeridos. En el ámbito territorial, vimos la necesidad, en primer lugar, de garantizar los derechos de los pueblos originarios sobre sus aguas y tierras. Además, se requeriría de Comités de Microcuenca de acceso abierto, para diseñar y realizar proyectos de gestión del

Se pondría fin a la contaminación del agua y cuencas, empezando con la prohibición inmediata de las sustancias tóxicas, y se financiarían inspecciones oficiales y el monitoreo ciudadano vía un aumento en los derechos cobrados para usos no prioritarios de aguas nacionales. FOTO: Memoria Migrante

os organizadores del Congreso de la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya habíamos determinado impulsar un proceso propositivo, cuando nos enteramos de que la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua exigía generar en 360 días una nueva Ley General de Aguas. Corría febrero de 2012, año de distracción legislativa. Después de una consulta rápida, decidimos asumir el reto: libres de las ataduras de la realpolitik, elaboraríamos la ley que México requiere, con base en las mejores ideas de las organizaciones y de los académicos más experimentados.

agua en el territorio. El consentimiento libre, previo e informado de estos Comités sería requisito para la autorización de cualquier proyecto con un potencial impacto hídrico en su territorio. Los Comités elegirían representantes (habitantes y especialistas) para las Comisiones de Subcuenca, las cuales estarían a cargo de la planeación y gestión, y para los Consejos de Cuenca, que propondrían el presupuesto federal hídrico anual, así como la reasignación de concesiones a aguas nacionales para lograr el acceso equitativo y sustentable. Estas instancias generarían Planes Rectores, que definirían las obras, políticas y programas requeridos en cada cuenca para restaurar a los ecosistemas y los flujos superficiales y subterráneos, como garante de agua de calidad ahora y a futuro. Por estar elaborados en torno al derecho humano al agua, esos Planes Rectores tendrían que ser respetados por los planes de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos. El Consejo Nacional de Cuencas, compuesto por representantes de los Consejos de Cuenca, tomaría decisiones en cuanto a: el pre-

Primer Congreso “Ciudadanos y la Sustentabilidad del Agua en México”

supuesto anual, políticas y programas para lograr la soberanía hídricoalimentaria, la revisión de tratados con un potencial impacto hídrico y el nombramiento de la terna para el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Conagua ejecutaría los actos de autoridad requeridos para cumplir con los Planes Rectores y la reorientación del sistema de concesiones, exclusivamente, y por lo tanto, no requeriría de sus actuales Organismos de Cuenca. Se vio la necesidad de fortalecer y priorizar los sistemas comunita-

rios de agua, y de ciudadanizar los Consejos Administrativos de los sistemas municipales y metropolitanos, garantizando en ambos casos su no privatización. Se prohibiría el uso industrial del agua de los sistemas municipales o comunitarios, fomentando su reciclaje y la política de cero descargas. El agua tendría que recibir cinco por ciento del presupuesto federal, obligatoriamente para la ejecución de los planes consensados. Se establecería un Fondo Nacional para garantizar el financiamiento directo de proyectos autogestivos de comunidades sin acceso a agua o saneamiento.

Se establecería una Contraloría Social del Agua, con unidades auto organizadas a nivel municipal, de cuenca y nacional. Esta Contraloría realizaría evaluaciones anuales de los funcionarios públicos, vigilaría el funcionamiento democrático y transparente de las instancias de toma de decisión sobre el agua y las cuencas y realizaría monitoreos para garantizar el acceso sustentable y el no acaparamiento. Para reducir los volúmenes dedicados al uso agrícola y priorizar la soberanía alimentaria, en cada cuenca se formaría un Comité para la Soberanía y Sustentabilidad Hídricoalimentaria, compuesto por consumidores, productores, especialistas y comunidades excluidas y afectadas, para la reorientación de sus concesiones, sus aguas residuales tratadas y su infraestructura hidroagrícola. La elaboración de la Iniciativa Ciudadana ha servido como un proceso formativo, en donde estamos sentando las bases desde ahora para las instancias de planeación, gestión, defensa y contraloría que nuestra propuesta prevé. En este momento, estamos recogiendo las 110 mil firmas requeridas para su presentación como Iniciativa Ciudadana, junto con firmas para la Ley Minera ciudadana y la Consulta Popular contra la privatización de los energéticos. Como diría Guadalupe Victoria, lanzamos esta propuesta en prenda, y vamos por ella.


NO. 80 El buen gobierno del agua