Sin más argumento que el escándalo

La Fiscalía General del Estado se ha visto arrastrada a un torbellino político artificial, orquestado por funcionarios y activistas con agenda oculta. Mientras el país enfrenta una crisis de seguridad y busca esclarecer casos icónicos de corrupción —o quizás justo por ello—, se intenta desviar la atención de esta institución. Es parte de un accionar desesperado. Las apelaciones y revisiones de procesos de exfuncionarios sentenciados —por asociación ilícita, cohecho, peculado o abuso sexual— no han prosperado. Con la destitución de los asambleístas y el llamado a elecciones, la presunta ofensiva legislativa contra las autoridades judiciales se vio truncada. Así, a los interesados no les queda más que perseguir golpes de efecto, como auscultar con herramientas contemporáneas la tesis de grado de la fiscal general, Diana Salazar, escri- ta hace 18 años y aceptada con alta calificación por una de las universidades más prestigiosas del país. Dicho trabajo constó con cercana supervisión de los docentes encargados, bajo las normas de entonces y se hizo cuando ella no ocupaba ninguna posición de poder. Resulta llamativo que para juzgar a una funcionaria con altísima exposición, una extensa carrera en la Justicia y numerosos casos de gran relevancia a su haber, sea necesario apelar a esas pequeñeces.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución crónicamente cuestionada y aborrecida, está dominado ahora por vocales politizados y ambiciosos. Pese a su bajísima votación, insisten en arrogarse protagonismo político y manipular percepciones. La ciudadanía no debe caer en el juego.

Estatuto de Roma

El Estatuto de Roma fue creado el 17 de julio de 1998, por lo que se apresta a conmemorar el 25 aniversario de existencia. El Estatuto es el instrumento constitutivo y operativo de la Corte Penal Internacional, que es un organismo con la elevada misión de convertirse en un ente rector de vigilancia del respeto a los derechos humanos en todo el mundo, pero no ha podido cumplir con eficacia su misión debido a la injerencia política de algunas potencias como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea que son sus socios y aliados. La intencionalidad de los impulsores del Estatuto fue la de crear un imbatible elemento del proyectado Sistema Global de Justicia, orientado a someter a los pueblos y estados a los ‘principios y valores’ de los países dominantes que vendrían a constituirse en elementos de control que ocultarían, de alguna manera, la violación de la soberanía nacional en todo cuanto se trate de métodos y arbitrios de aplicación de la teoría y práctica de la justicia. Los defensores del Estatuto de Roma y por tanto de la Corte Penal Internacional afirman que es un adelanto fundamental en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, porque reconoce a la persona, grupos, organizaciones o entidades como titulares con plena capacidad para presentar demandas o quejas contra el Estado que haya violado los derechos, Quienes promueven el Estatuto de Roma han diseñado estrategias para el desarrollo de la Corte Penal Internacional hasta el año 2033. Han creado elementos que deben ser aplicados en el sistema global de justicia, al aumentar los valores de las potencias para ejercer mayor control y generar una amplia injerencia ya que incrementan metodologías, planificaciones y riesgos para mantener la soberanía judicial de los países.

como la utilización de un padrón reciclado de las seccionales; que mantendrá la estructura de los mismos recintos y juntas receptoras del voto; que ha decidido inobservar a la obligatoriedad constitucional de ampliar los porcentajes de participación de mujeres y jóvenes; y, que pospondrá la aplicación de la cuota femenina para integrar los binomios presidenciales.

En tiempo récord, los movimientos y partidos políticos deberán identificar cuadros, concretar procesos de democracia interna, registrar alianzas y diseñar una campaña electoral. Quien resulte electo como Presidente de la República, tendrá el reto de evidenciar trabajo y gestión en apenas dieciocho meses de mandato, tiempo ajustado si consideramos que en términos de sector público, los procesos burocráticos pueden ser amplios y tediosos. Además, gran parte de los legisladores cesados han manifestado su deseo de recuperar su curul.

Respecto a la campaña, los ciu- dadanos debemos prepararnos para una puesta en escena diferente. Los recorridos territoriales no serán la principal herramienta de difusión de ideas y de conocimiento de los candidatos. Es previsible una campaña digital en redes sociales, en donde los ciudadanos tendremos que pescar opciones en un océano de información. Esto no es descabellado si consideramos que, según datos del INEC a julio de 2022, el 60,4% de los hogares en el país tiene acceso a internet; el 52,2% de personas tiene un celular inteligente; y, más de 10 millones de ecuatorianos tienen cuenta en Facebook, TikTok y similares.

Es real que un proceso extraordinario requiere de respuestas y tiempos extraordinarios. Por eso, el esfuerzo de la autoridad electoral debe enfocarse en que en esas elecciones flash no se afecte la calidad y los principios democráticos que deben prevalecer, en un proceso en el que 13,45 millones de ecuatorianos acudiremos anticipadamente a las urnas.