Pocas esperanzas ante lo que venga del Cpccs

Los resultados de las recientes elecciones dejaron a la institucionalidad y al sistema político del país en una situación muy precaria frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Es cierto que los vocales del Cpccs, como siempre, tuvieron una votación bajísima —el promedio es inferior al 8% de los votos válidos y ninguno de los candidatos tuvo más votos que el nulo—. Sin embargo, en esa misma elección, por testarudez o falta de interés, la ciudadanía quiso que este mamotreto de institución, inútil y faraónica, conservara todas sus atribuciones.

Las consecuencias estaban cantadas. Primero, se avecina un tropel de designaciones a cargo del Cpccs, que estaba represado desde la formación misma del Consejo Transitorio; cuando decían que se intentaba evitar el nombra- miento de autoridades sin legitimidad, pero, cuatro años después, es precisamente lo que va a ocurrir. Segundo, cualquier decisión que tomen los actuales vocales, en los poco más de dos meses que les queda en funciones y en el momento político actual del país, tendrá fecha de caducidad ante la convulsión que se viene . Tercero, varios de los vocales electos en esta ocasión, especialmente los afines al correísmo, son ambiciosos, extrovertidos y bulliciosos, por lo que, además, se podrá esperar cualquier cosa menos apoyo a la escasa estabilidad que queda.

En estas circunstancias, mal haría el Gobierno y la ciudadanía en cifrar sus esperanzas en las próximas designaciones. La experiencia del Transitorio ya demostró que de nada sirven los intentos de comprar tiempo, cuando la trampa llega desde la Constitución.

En familia

Por fin la Fiscalía General del Estado ha decidido procesar al expresidente Lenín Moreno, a dos de sus hermanos y sus dos cuñadas por el caso Sinohydro, por el presunto delito de cohecho por un valor de alrededor de $76 millones, equivalentes al 4% del coste que inicialmente fue de $1.979 millones y que terminaría costando una cifra superior a los $2.245 millones. Moreno ha rechazado las acusaciones, pero generalmente, las obras contratadas por el Estado alcanzan precios superiores cuando concluyen, como si en todo lugar e instante intervendría la corrupción. Sin duda, deben existir excepciones en las que brille la honestidad. Según la fiscal Salazar, la investigación efectuada desentrañaría toda una estructura de corrupción nacional, interestatal y transnacional que giraría en torno al proyecto Coca Codo Sinclair durante casi diez años iniciados en 2009. Serían años de robo de los dineros del pueblo con inmensas capas sumidas en la pobreza y extrema pobreza.

Es indispensable combatir la corrupción que se habría desarrollado en todos los niveles y estructuras del Estado hasta constituirse en un proceso casi común, tanto que es aceptada por un gran número de personas que están obligadas a realizar algún trámite en donde abundan los ‘tramitadores’ que, con ayuda de funcionarios corruptos, agilitan los procesos, previo pago.

Todas las formas de corrupción son detestables porque son abusos de poder. La corrupción política es despreciable y debería ser combatida por todos los medios posibles, porque ese tipo de corrupción, generalmente, es practicada por altos funcionarios elegidos por el pueblo que, con el ejercicio del poder, se convierten en inmunes amparados por una justicia que, en muchos casos, también es corrupta y, ciertamente, venal.

El fantasma nos ronda nuevamente porque no se cumplen los compromisos que el gobierno asumió luego de la paralización nacional del año anterior. Ya no hablamos de un nuevo pliego de peticiones, lo que exige la diligencia indígena es que la palabra empeñada por el gobierno se haga efectiva.

El recurso de las paralizaciones por protestas sociales históricamente ha sido una herramienta de presión de última instancia para intentar conseguir del gobierno de turno lo que no se pudo conseguir a través del diálogo o del cumplimiento de la Ley. Claro, sin justificar el uso de ese recurso de fuerza, también hay que reconocer que usualmente los gobiernos no acuden al diálogo real como la primera (y más saludable) forma de construir acuerdos con la población. Así como en otros casos, los protestantes tampoco tienen voluntad de hacerlo. En ningún gobierno ha faltado el “llamado al diálogo”, aunque en casi ninguno se ha producido un real encuentro de intereses y posiciones en favor del país. Lamentablemente la cultura del diálogo honesto no ha prosperado, dando paso a acciones de fuerza.

Entonces, ¿cómo el país puede evitar que las paralizaciones por protestas sociales afecten a su normal desarrollo y eviten enfrentamientos violentos entre la población?

Pues, bien vendría que los gobernantes de turno prioricen en sus agendas de gestión la comprensión y atención a las reales demandas insatisfechas de la población. Una población con múltiples necesidades básicas insatisfechas es una bomba de tiempo, aquí o en cualquier parte del mundo.

El anuncio de una eventual paralización nacional es un síntoma inconfundible de una población desesperada por respuestas urgentes de su gobierno: por favor, no dejemos que se invoque nuevamente al fantasma de las paralizaciones.