EDITORIAL Facilidad para acusar

Pese a todo el ruido que levantó la denuncia de una supuesta red de corrupción encabezada por el círculo íntimo del presidente Guillermo Lasso, hasta el momento no hay más que conjeturas y acusaciones pendientes de comprobación. Sin embargo, la reacción errática y furibunda del primer mandatario constituye suficiente motivo de reflexión —y de preocupación— para quienes buscan mejorar el desempeño de la clase política.

El Presidente acumula ya un historial que evidencia una preocupante facilidad para perder los cabales y endilgarle delitos a sus adversarios . En su momento, acusó a los líderes de las otras tres principales fuerzas políticas de conspiradores. Luego, afirmó que el líder de la Izquierda Democrática lo había instado a perjudicar al fisco a cambio de apoyo y que asambleís- tas de Pachakutik habían pedido dinero. Poco después, aseguró que Leonidas Iza y sus manifestaciones eran financiadas por dinero del narcotráfico y que había sectores políticos envueltos en la ofensiva del crimen organizado de finales del año pasado. En este último exabrupto, aseguró que las denuncias eran orquestadas por mafiosos atemorizados por la extradición y, una semana después, que eran financiadas por un exministro y dos exfuncionarios perjudicados por la liquidación de Seguros Sucre. Ninguno de estos supuestos delitos se ha demostrado ni ha sido penado.

Lo que verdaderamente interesa es si hay o no corrupción en el Estado, no si quien denuncia es corrupto también. Si es que en verdad no hay nada condenable en su gestión, mal hace el Ejecutivo en abusar de su fuero para acusar gratuitamente.

La pregunta 3

Desde sus inicios, la Asamblea Nacional del Ecuador ha registrado niveles bajos de credibilidad y aceptación. Por dicha institución desfilaron cantantes, deportistas, desconocidos hasta iletrados, quienes ocuparon un curul gracias a la organi- zación política que los apadrinó. La primera función del Estado representa la inmoralidad, la bajeza, el chantaje y la mediocridad. Es un experimento de representatividad caduco y obsceno. La escasa producción de leyes, las intentonas golpistas, los posibles vínculos con el crimen organizado y la compra de votos son algunas de las motivaciones que incitan al desprecio que tiene la mayoría de los ecuatorianos por los legisladores.

La remuneración mensual de un asambleísta es de $4,759.00.

Durante un año, un legislador ha percibido aproximadamente 57 mil dólares. Los representantes por Tungurahua, Cristian Yucailla (Pachakutik), Ramiro Frías (Izquierda Democrática), Rosa Mayorga (UNES) y Esteban Torres (PSC y Tiempo de Cambio) perciben en conjunto un sueldo mensual de $19.036,00. Es decir, durante cuatro años la provincia entregará a sus representantes -siempre que se mantengan en funciones- una remuneración total estimada de $913.728,00. La cifra no incluye otros beneficios de Ley ni las remuneraciones de sus asesores.

Para cualquier ciudadano las cifras indicadas representan un gasto oneroso, por tanto, es necesario preguntar qué logros alcanzaron los legisladores. Yucailla, ninguno. Mayorga, ninguno. Frías, ninguno. Torres, ninguno. Entonces, ¿merecen estar en la Asamblea?

Pero, durante los 21 meses en funciones, la mayoría de estos conspiraron –en reiteradas ocasiones- para tomar por asalto las otras funciones del Estado.

La pregunta 3 del referéndum

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO rosaliaa@uio.telconet.net