El correísmo y la pandemia dejaron necesidades acumuladas

Luego de que se agotara el boom petrolero, entre 2015 y 2016, Correa bajó en más de $3.600 millones el presupuesto estatal. En 2020, el recorte fue de casi $5.000 millones. El dinero para seguridad fue afectado.

En 2006, antes de la llegada de Rafael Correa a la Presidencia de la República, el gasto del Presupuesto General del Estado (PGE) sumaba $10.359 millones anuales.

De la mano del segundo boom petrolero, donde el precio del crudo llegó a superar el promedio de $90 por barril, el PGE llegó a un punto máximo de $37.735,6 millones en 2014. Eso representó casi triplicar el gasto estatal en 8 años.

Sin embargo, con el desplome de los precios internacionales del crudo y el agotamiento de China como gran financista de Ecuador, Correa tuvo que recortar sensiblemente el presupuesto estatal.

Así, ese presupuesto cayó a $35.745,1 millones en 2015, es decir, -$1.990,5 que en 2014; y se pasó a $34.067,4 millones en 2016, es decir, -$1.677,7 millones que en 2015.

En total, en los dos años posteriores al boom petrolero, con una economía sin fuentes de financiamiento e inversión pública y privada a la baja, el PGE sufrió un ajuste correísta de más de $3.600 millones

Según el reporte de transparencia fiscal, elaborado por el Observatorio de la Política Fiscal, que toma en cuenta el PGE devengado, los cinco sectores con más recortes en 2015 fueron: comunicaciones, social (sobre todo educación, inclusión económica y vivienda), administrativo, defensa nacional y policía.

En el caso de 2016, otra vez están defensa y Policía; pero también se produjeron recortes en los presupuestos de recursos naturales, sector agropecuario y tesoro nacional (dinero para transferencias corrientes a gobierno locales, IESS, entre otros).

En promedio, entre 2007 y 2014, en pleno boom, el gasto público era de casi 37% del Producto Interno Bruto (PIB); pero cayó al 33% entre 2015 y 2017, incluyendo la obra pública.

“Se malgastó la bonanza. Se hicieron algunas buenas inversiones, pero la mayoría fueron ineficientes. Correa heredó una economía con un crecimiento estructural del 4% anual; y en 2017 dejó una economía con un crecimiento estructural de 1%, con un montón de cosas por hacer”, explicó Berenice Carrillo, economista e investigadora en finanzas públicas.

El papel de Moreno

En 2016, Correa ya sin recursos, pero con necesidades crecientes de gasto, fue el primero que lanzó la idea de vender o concesionar activos públicos, entre esos CNT, Banco del Pacífico, Sopladora.

Lenín Moreno heredó esos intentos de vender activos del Estado, pero no concretó nada.

En su periodo presidencial, solo en 2018, se registró un recorte del presupuesto estatal de $515 millones. La tarea, antes de la pandemia, se concentró en reducir la velocidad del crecimiento del gasto y continuar con el ajuste en el gasto de inversión pública iniciado por Correa.

Sin embargo, entre 2017 y 2019, el PGE pasó de un total de $34.688,5 millones a $34.895,3 millones.

En 2020, con el azote de la COVID 19, todo se trastocó El recorte del gasto fue brutal de la mano de la caída de casi 8% en el PIB. Así, el PGE se ubicó en $29.983,1 millones, es decir, casi $5.000 millones menos que en 2019.

Este shock, de acuerdo con Carrillo, profundizó los problemas que ya se tenían: una economía que, en promedio, crecía al 0,5% desde 2015, una inversión y compras públicas represadas, un endeudamiento creciente y pocas opciones de financiamiento.

En noviembre de 2019, cuan- posible y mantener en mínimos la obra pública. do se estaba discutiendo el presupuesto para 2020 en la Asamblea, Cristian Rodríguez, en ese entonces director encargado del Plan Anual de Inversiones, reconoció que habían 538 obras rezagadas, paralizadas o en suspenso desde años anteriores.

Como ha analizado LA HORA, los impuestos solo alcanzan para pagar sueldos, intereses de deuda, bonos sociales y transferencias al IESS. Si se quiere hacer obra, se puede recurrir a una parte de los ingresos petroleros (que en su mayoría están preasignados a otros fines) y sobre todo a la deuda.

Lasso buscó compensar la falta de inversión pública con inversión privada, pero el ambicioso portafolio de Alianzas Público-Privadas (APP) no se concretó con la rapidez esperada; aunque el secretario Roberto Salas asegura que se dejan en marcha 26 proyectos importantes para el próximo Gobierno.

En total, Lasso inició con un presupuesto estatal de $31.203,6 millones en 2021 y subió a $34.126,4 millones en 2022 (se recuperó el nivel prepandemia).

Entre enero y junio de 2023, el Gobierno ya ha gastado más de $11.600 millones en gastos corrientes y de inversión.

Control del gasto

Las malas decisiones y el malgasto que inició con Correa se quisieron arreglar con Moreno, pero la pandemia descuadró todas las cuentas. El salvavidas fue el acuerdo con el FMI a finales de 2020.

Pero, ya se tenía a cuestas años de inversiones no hechas, contrataciones represadas y deterioro de infraestructuras y servicios.

En ese escenario, Guillermo Lasso asumió el poder y se propuso continuar el control del gasto y, en vista que los vencimientos de deuda pública se iban a disparar desde 2025 y 2026, el objetivo fue apuntar a pagar deudas atrasadas de otros Gobiernos, depurar las cuentas públicas, endeudarse lo menos

En abril de 2023, el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, aclaró que “tener las finanzas en orden no significa que esté sobrando el dinero. Desde varios sectores se dice que el manejo ordenado de las finanzas significa que estoy ahorrando, que estoy guardando el dinero en algún sitio y no me da la gana de asignar recursos para salud o seguridad. Eso no es así”

El manejo ordenado, según Lemus, implica que se gaste en lo previsto y hasta los límites que te dan los ingresos y la capacidad de endeudamiento. Esto permitió bajar el nivel de endeudamiento público en 2022, pero ante un país con necesidades acumuladas por años, el resultado es descontento social.

Lasso no ha podido controlar la calidad del gasto, hacer eficiente la contratación pública, desentrañar la tramitología burocrática y la corrupción. Con una estructura de gasto tan rígida, se necesita optimización y agilidad, pero el Gobierno no ha sido capaz de eso. (JS)