El chantaje del estallido inminente

Las certezas se diluyen conforme avanza el juicio político contraelpresidenteGuillermo Lasso. La supuesta mayoría arrolladora resultó no ser más que una criatura imaginaria que habita solo en la mente de los opositores más frenéticos. Hasta los jefes de las bancadas que impulsan el juicio reconocen ya que no cuentan aún con los votos y más de uno advierte que es probable que las definiciones determinantes se den solo el día mismo de la votación.

Ante este escenario de desgaste, los sectores más rabiosos de la oposición reaccionan con un chantaje pueril. Empiezan ya a advertir sobre un supuesto estallido social, sobre protestas fuera de control que implicarían el descenso definitivo del país hacia el caos. Aseguran que si el Presidente no es destituido o si no renuncia, las masas frenéticas se volcarán a las calles y sobrevendrá la anarquía. Se trata de un argumento tan anticuado como inoportuno.

Nuestra clase política tiene la mala costumbre de amenazar con demasiada frecuencia sobre una guerra civil. Uno de los principales postulados del correísmo era que su proyecto era la última oportunidad de prevenir una transformación social violenta, pero luego de que perdieron el poder no vino el diluvio. Los sectores indigenistas radicales intentan mostrar siempre como estallidos espontáneos y masivos lo que no pasa de esfuerzos masivos y coordinados.

Ecuador no está a punto de estallar ni estallará; la gente entiende que los verdaderos problemas que enfrenta no se solucionarán con arrebatos de violencia, sino con acuerdos y esfuerzo común. Los políticos deberían estar trabajando en ello en lugar de en chantajes.

Crimen vs Estado de Montecristi

Se supone que el orden político y moral se impone siempre, a largo plazo, a las fuerzas del caos y la anarquía. Desde los teóricos de la antigüedad hasta el propio Charles Darwin advertían que los grupos que respetan las reglas —por más que parezcan ingenuos o bobos que desaprovechan las oportunidades— terminan imponiéndose sobre los pícaros amorales. Si con el paso del tiempo el orden de los buenos no se impone al de los supuestos malvados, no es porque la vida sea injusta, sino porque ese orden no sirve.

El problema de seguridad que enfrenta este momento Ecuador no es una pugna moral ni solo resultado de un mal gobernante, peor producto de alguna conspiración secreta. Es el enfrentamiento entre un sistema dominante en descomposición —el Estado de Montecristi, con todas su vertientes— y una respuesta lógica en ascenso —el del crimen organizado y su gobernanza—. Mientras creamos que la forma de vencer esta lucha es apegarse al Estado actual y sus reglas, el crimen seguirá cosechando victorias.

El supuesto ‘orden’ actual solo ha generado setenta por ciento de desempleo o subempleo, tasas de natalidad que caen en picada, cientos de miles de migrantes, crecimiento económico nulo, una justicia emasculada, una clase política decadente y una cantidad creciente de drogadictos. Lejos de querer ser un país, el Ecuador actual solo aspira a ser un potrero proveedor de alimentos y minerales, poblado por una masa adicta a los dólares que le permiten importar hasta la última baratija. Su única esperanza de vencer es que, cuanto antes la mayoría de gente posible emigre, se mate o envejezca lo suficiente como para tornarse inofensiva. Mientras, sus rivales no tienen que preocuparse del régimen laboral, ni de la no regresión de derechos, ni del garantismo, ni de licencias ambientales, ni de inclusión, ni de políticas anticíclicas. ¿Quién tiene las de ganar?

planificación, para la imposición del narcoterrorismo en América.

Pasamos la reforma constitucional (2008) para concentrar poder a través de las funciones de Transparencia, Electoral y Ejecutiva. Ya está desorganizado el país por regiones. Legalizado el consumo de drogas. Deteriorada la educación, con adoctrinadores del G2 cubano. Menoscabado nuestro sistema de salud, infiltrado de agentes cubanos que fungen de médicos. La narcodelincuencia gobierna calles y controla ciudades, en asociación con el hampa política que les garantiza impunidad. Colapsa la función judicial . Se deteriora la economía. Crece la inseguridad y la pobreza. Desmoraliza a la fuerza pública, sometiéndola a legislación de “DDHH” que destruye órdenes, degrada el mando, genera insubordinación, afecta la disciplina, deforma la tradición, usos y costumbres de las instituciones castrenses y policiales.

Torna ineficaz la acción militar y policial que termina judicializada a favor del delito, en protección de los criminales. No obstante, el régimen no reacciona, quien ejerce mandato, actúa como peón de los Foros de Sao Paulo y de Davos. Cuando militares y policías que aún tienen dignidad, reaccionen, en asociación con civiles patriotas, libertarios, recuperaremos nuestro país; mientras tanto, los políticos son funcionales al narcoterrorismo , preocupados en sus “problemas”, que no son los de la Nación, carentes de respuestas, porque están subsidiados por el narco-Estado. No existen partidos políticos cívicos, independientes, sino narcoestatales. ¡Estamos en guerra! Si no la entendemos y la asumimos, nos convertimos en sujetos pasivos del criminal narcoterrorismo que es nuestro enemigo, desde que tomó el poder en 2007. Aspiro haberme hecho entender. Jamás digan que no se les advirtió.