IESS: la reforma llegará tarde o temprano

La propuesta de la comisión para la reforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —en la que tanta esperanza tenía puesta el Gobierno y que tomó seis meses de trabajo de expertos de gran calibre— ha nacido muerta.

La baja popularidad del Gobierno saliente y el auge de promesas, típico de campaña, hacen que la clase política rehuya este momento la discusión de un tema tan incómodo. Nadie defiende el valioso trabajo de la comisión de las injustas etiquetas —ideológicas y subjetivas— que le confieren y, de esa manera, el país pierde la oportunidad de enfrentar un problema urgente.

La crisis del IESS, que ya está en curso, no se resuelve aumentando la masa de afiliados; eso es simplemente aumentar el volumen del problema, como creer que se puede evitar el hundimiento de un barco mal diseñado incrementando su tamaño. docentes, etc. Esto es intolerable, el abuso de estas sanguijuelas llega al colmo de meterse con los contratistas de Obras Públicas exigiendo sendas cantidades y, además, un porcentaje del total de cada contrato, lo que ha motivado que los contratistas abdiquen de seguir trabajando para evitar que estos cumplan sus amenazas.

El sistema de seguridad social está diseñado en función de una realidad de crecimiento poblacional y económico que ya no existe.

En 1950, por ejemplo, Ecuador tenía una tasa de natalidad cuatro veces mayor, una esperanza de vida 25 años menor y los sueldos variaban muy poco a lo largo de la vida laboral. El IESS ha sobrevivido porque, desde entonces, la población se quintuplicó y el país vivió tres booms económicos —en los 50, los 70 y a inicios de este siglo— gracias a ciclos mundiales de crecimiento. Sin embargo, hoy somos un país con un número creciente de jubilados —que viven cada vez más—, con cada vez menos jóvenes, con diferencias inmensas de salarios y con escasas perspectivas de crecimiento. Mantener el sistema actual resulta aritméticamente imposible.

Suele afirmarse que el Ecuador es un país inmensamente rico, pero también es un país de extrema pobreza padecida por un 18% de personas, cifra que se multiplica en las zonas rurales hasta alcanzar un 71%, lo que significa que, uno de cada cuatro de ecuatorianos vive en condiciones de pobreza, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Juan Pablo Álvarez sostenía que la pobreza por ingresos a nivel nacional en el Ecuador, en diciembre de 2022, se ubicó en 25,2%, mientras que la pobreza urbana es de 17,8%, y la pobreza en el área rural es de 41%. Estos datos surgen del último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Las cifras demuestran las injusticias y profundas desigualdades socioeconómicas que padece el país.

Quizá, lo más grave sea la situación real de los niños, puesto que se afirma que “la desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de 2 años en Ecuador. Esta problemática repercute en la productividad del país y tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas”. ¿Qué futuro tiene el país con estas realidades persistentes a lo largo de los años?

La pandemia afectó, en particular, a los hogares que viven en situación de pobreza-miseria, puesto que ocho de cada diez hogares con niños, vieron reducidos sus ingresos, porque muchos padres fueron despedidos de sus trabajos. En definitiva, la pandemia fue el pretexto para aumentar la pobreza-miseria que impide acceder a alimentos nutritivos, según una encuesta de Unicef.

“La pandemia nos ha hecho retroceder. La pobreza, la desigualdad y el desempleo han aumentado a un ritmo sin precedentes en América Latina y el Caribe ” y, particularmente, en Ecuador, según afirmaba la Directora Regional de Unicef, Jean Goughedn, en su visita.

La audacia causa ironía por el descaro de estos facinerosos atrasa pueblos, con tan horrible despropósito que tiene en zozobra a los ecuatorianos , cuando en otrora época se podía vivir seguros y en paz. Nuestras madres solían decir: “Hay que atajar el pasmo a tiempo”; esto significa que se debería actuar con mucha premura, tomando decisiones rápidas y oportunas, para evitar más secuestros, muertes, extorsiones y no permitir el cierre de tantos negocios y la huida de nuestros compatriotas a otros países.

El pueblo, con el poder y la decisión que tiene, cree que se debería contratar a unos 10 juristas para que reformen de forma apremiante la Consti - tución y algunas leyes, obviamente considerando que estas normas y leyes no están escritas en piedra y que en un máximo de 60 días entreguen al país algunas normas concretas que frenen de inmediato la sublevación delincuencial que estamos viviendo.

Es evidente que no faltarán algunos “iluminados” que objeten la propuesta, pero frente a la muerte de inocentes y obligados a pagar un “impuesto” creado por ellos sin ningún derecho; en nombre del pueblo deberíamos adelantarnos, ejecutar los cambios positivos en bien de todos los ciudadanos, con la urgencia que el caso amerita. En concreto, sentenciar por muerte 50 años mínimo, más la acumulación de penas por secuestro 20 años, si es torturado 10 años más de cárcel. Por amenaza de extorsión comprobada 15 años, si ponen bombas suma 10 años más, todo esto sin rebaja de penas. Si esperamos a los asambleístas pasarán décadas y hasta eso el pueblo habrá desaparecido. Hasta que haya decisiones inéditas en favor del pueblo, que Dios nos ampare.

Golpe económico

° El economista Cristian Ponce indicó que el impacto económico es a nivel país porque la inflación se concentra en productos de todas las regiones. Sobre el financiamiento personal, dijo que es difícil solventarlo con un salario básico de 450 dólares. “Ahora la canasta básica es más cara, estamos hablando que las familias afrontan gastos y esto lo hacen con la misma entrada económica que tienen desde inicios de 2023”, acotó.