Una oportuna ‘Ley de Quiebras’

Al igual que con el régimen laboral, el marco legal que deben enfrentar las empresas ecuatorianas en dificultades también obedece a condiciones de un siglo atrás. El rigor draconiano con el que se castiga a las empresas, en caso de quiebra, parte de supuestos equivocados que, inconscientemente, siguen vigentes en nuestro medio. Se cree que aún vivimos en una economía de transición a la modernidad en la que hay una gran demanda insatisfecha y que, por lo tanto, basta capital para tener un negocio próspero. Se asume también que, ante un mercado en teoría tan estable y un poder tan afirmado del capital, las quiebras son por lo general producto de una gestión irresponsable; bajo esa lógica, está bien escarmentar a las empresas. Todo ello es falso. La economía actual —con la dificultad de encontrar mercados que implica— tiene un índice de fracaso muchísimo más elevado. Incluso en economías con fácil acceso a capital, inmenso mercado y marco legal amigable, como Estados Unidos, solo la mitad de empresas sobreviven al cabo de cinco años; en sectores específicos, como las startups, la mortalidad es del 90% y entre ‘unicornios’ llega al 99,99%. La principal causa de quiebras no suele ser falta de mercado ni calidad del producto, sino problemas de liquidez y flujo de caja típicos de la economía contemporánea. Las principales economías del mundo, e incluso varias de la región —Brasil, Chile, Colombia, Perú— ya se han adaptado a esta realidad.

En Ecuador, en cambio, el régimen legal no solo obliga a empresas viables a morir, sino que ni siquiera permite que nazcan. Esta reforma sí que resulta económica y urgente.

Rod R igo Santillán Pe R albo rodsantillanp@gmail.com

Defender al IESS

Los desalmados, busca fortunas, vendepatria, enemigos de los trabajadores, de manera reiterada y hasta cínica, claman para que se privatice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social —IESS—, pero guardan ominoso silencio para que el Estado pague la deuda de “cerca de 30 mil millones de dólares y más de 2.200 millones de dólares que los empresarios deben” al instituto, que es de propiedad de los trabajadores activos y jubilados.

Hay personas que se ‘olvidan’ que el IESS es una entidad autónoma y que la Constitución determina que la seguridad social es un derecho irrenunciable, que se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, eficiencia, equidad, entre otros. Por tanto, nadie debe permitir que el instituto se debilite, sea objeto de corrupciones y latrocinios, o que se lancen propuestas privatizadoras para destruir el sistema de seguridad social con los existentes proyectos de descapitalización del fondo de pensiones.

En estos tiempos, es de vital importancia el comportamiento de los trabajadores activos y jubilados en la defensa del IESS, para exigir al Estado el pago de sus millonarias deudas, lo mismo a los empresarios morosos e igualmente, si es preciso, acudir a la Comisión Anticorrupción para que actúe en defensa de los legítimos intereses económicos del instituto, mediante la recuperación de los dineros que se han llevado los atracadores.

Es indispensable fortalecer a las organizaciones sindicales, asociaciones y comités de trabajadores, organizaciones indígenas y de mujeres para forjar la unión con un objetivo común: la defensa del IESS a fin de impedir con eficacia y prontitud la intervención de los privatizadores del instituto, que comienza con las intencionalidades de liquidar el fondo de pensiones.

El mismo Presidente de la República ha mencionado en repetidas ocasiones las dificultades que ha enfrentado al intentar formar su Gabinete de ministros. Ha explicado que muchos ciudadanos capacitados han rechazado cargos públicos debido a las implicaciones y exposición que esto implica para ellos y sus familias, entre otras razones.

Un elemento fundamental a considerar es la crisis de los partidos y la falta de liderazgos políticos en Ecuador. A excepción de González, todos los candi- datos son invitados no militantes en las organizaciones políticas. En circunstancias normales y con un sistema de formación política más sólido, quienes dirijan las principales carteras deberían surgir de las propias organizaciones, que se supone que han respaldado el proyecto presidencial.

Según el artículo 97 de la Ley Electoral, todos los candidatos a la Presidencia deben presentar un plan de trabajo que incluya, al menos, un diagnóstico de la situación actual, objetivos gene- rales y específicos, un plan de trabajo plurianual acorde a su aspiración y detalles de las propuestas y estrategias a implementar si resultan elegidos. El plan también podría incluir una lista mínima de posibles perfiles para liderar las principales carteras de Estado. Esto proporcionaría a los votantes una visión más clara del equipo gubernamental propuesto y de la coherencia con las ideas que se pretende implementar.

Es fundamental que los líderes de opinión y los medios de comunicación insten a los candidatos a revelar los nombres de potenciales miembros de su equipo de trabajo. Es importante conocer quiénes son estos hombres y mujeres, expertos en diversas áreas, que serán pilares para el cumplimiento de las promesas de campaña. Finalmente, información valiosa que permitirá demostrar que no se trata de perfiles o egos individuales, sino de líderes que han planificado acciones desde el primer día, después de recibir formalmente la banda presidencial.