Guía anticorrupción

EnPanamá, el Ministerio Público y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, se h an comprometido a crear una ‘Guía para Prevención y persecución de la corrupción en el sector estatal y privado’, la que será elaborada por funcionarios de la sociedad civil, entre ellos expertos de organizaciones que ya trabajan en este campo. La noticia, obviamente, ha sido recibida con beneplácito, ya que de manera sistemática será combatida esta plaga que causa estragos cuantiosos y funestos a los países latinoamericanos y caribeños, especialmente, en vista de que los recursos que se pierden en este verdadero agujero negro de la colectividad deberían ser utilizados en solucionar tantos y agudos problemas de los pueblos tercermundistas.

Basta indicar que el costo de la corrupción equivale a unos 2,6 billones de dólares, los que son desviados de las esferas vitales donde deben emplearse, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Frente a este colosal obstáculo para que no pocas naciones alcancen un futuro mejor, la misma ONU expidió la Convención contra la Corrupción, adoptada en Mérida, México, en diciembre de 2003 y que entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005. Actualmente, este importantísimo instrumento internacional se encuentra suscrito por 184 Estados: la finalidad primordial es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente el flagelo.

Con este amparo, los países tienen que enfrentar a la corrupción con guías como la referida que deben ser cumplidas de manera vertical, con sanciones reales para los corruptos y la devolución de los dineros que se llevaron indebidamente, algunas veces con el mayor cinismo y sin que el brazo de la justicia —a veces manco, precisamente por la corrupción— les alcance.

das. Son para mantener latente su materialismo histórico.

En el Ecuador hay los idealistas conservacionistas -no precisamente los conservadores- que se oponen a la extracción petrolera y minera, aunque del cielo nada cae. Hoy, con la natural imprudencia del la Corte Constitucional, se consultará algo que se quería preguntar hace diez años y que el expresidente Correa boicoteó para dedicarse a la explotación del Bloque 43 Yasuní. Después de comenzada tal extracción y en plena marcha, con una alta inversión y con ingresos para el Estado ecuatoriano, se la quiere suspender. Según los conocedores, el déficit fiscal que recibirá el nuevo gobierno podría ascender a 5.000 millones de dólares, con la cercana amenaza por El Niño su crecimiento será cero, o sea menos fuentes de empleo y debilitamiento del aparato productivo. De aprobarse el Sí en la consulta del Yasuní el país contraerá su producción petrolera, cada año dejará de percibir aproximadamente 1.200 millones de dólares y durante veinte años por lo menos 15.000 millones de dólares. El cerrar los pozos demandará 500 millones de dólares. Mil empleados directos perderán sus empleos, los habitantes cercanos igualmente no tendrán trabajos indirectos con la petrolera. Hay cientos de contratos con empresas ecuatorianas que formularán sus reclamos. La regresión de derechos será cierta y la seguridad jurídica afectada. Nadie hará inversiones en un país que cierra una extracción petrolera.

No es la primera vez que el

Ecuador busca recursos con base a la conservación de la riqueza natural. Los grandes países poco caso nos hacen, además que siguen con sus proyectos petroleros y mineros, hasta tener nuevos sistemas de energía. Es curioso pero los más afectados están por el Sí: organizaciones indígenas, maestros, trabajadores, Vatos Locos, socialistas oportunistas. Recién ahora surgen las alternativas, jamás antes las han sugerido, pues nos contentamos con el discurso y la politiquería.