Políticos indignados

En un inmenso desacierto, el presidente Guillermo Lasso reaccionó a la aprobación de su juicio político por parte de la Corte Constitucional poniendo su vanidad por delante. El país se hunde en una anquilosante incertidumbre política —cuyas repercusiones económicas se sienten cada vez más en la calidad de vida de la ciudadanía—, mientras el crimen organizado exhibe ya un nivel de osadía y crueldad que los ecuatorianos jamás creímos que sería posible aquí. Pero, para el primer mandatario, lo prioritario no es hacer bien su trabajo ni el bienestar de sus compatriotas —la mayoría de los cuales lo eligieron para velar por ello— , sino la defensa de su “honra”, su “prestigio”, su “buen nombre” y demás lujos en los que pueden ocuparse aquellas personas a las que la fortuna ha sonreído. salomónica y política, admite la acusación de juicio político al Presidente de la República relacionado exclusivamente con el “supuesto delito de peculado”. No se le va a juzgar —como retóricamente aducen sus opositores— por incumplimiento de sus promesas electorales, mal Gobierno y otras aseveraciones.

Cualquier ciudadano con una pizca de sentido común entiende que la política no es un oficio apropiado para esos a los que les preocupa mucho el qué dirán o son demasiado susceptibles a las ofensas. En un país en el que ningún político —ni los honestos, bienintencionados y trabajadores— se salva de tener que cargar el fardo del crónico desprestigio de la política y lo público, la ‘piel de elefante’ es un requisito esencial.

A los sedientos de gloria y renombre no les queda sino tener presente que la ciudadanía, así como es despiadada e injusta en sus juicios tempranos, suele ser ecuánime y cabal en sus veredictos definitivos, esos que vienen con el paso del tiempo. Si un político ha sido correcto, la historia así lo reconocerá.

En el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago se mantiene, desde 1947, el Reloj del Juicio Final o del Apocalipsis. Este artefacto simbólico marca el ritmo de la manera en que se desenvuelve la especie humana, que tendrá total destrucción una vez que los punteros marquen medianoche: el momento de la Tercera Guerra Mundial, que será nuclear. Los temores que hubo en la Guerra Fría a este respecto bajaron de intensidad a raíz de la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, suscrito, en 1988, entre Ronald Reagan y Mijail Gorbachov. Un año después cayó el Muro de Berlín, luego se produjo, el 25 de diciembre de 1991, la desintegración oficial de la URSS, con lo cual surgió un nuevo orden mundial.

Actualmente, a consecuencia de la guerra que desde el 24 de febrero de 2022 mantienen Rusia y Ucrania y en donde existe el peligro de que escale a proporciones indeseables, con la participación de los bandos que van definiéndose, el minutero y el segundero de este reloj han comenzado a moverse de manera no usual, advirtiendo, con ello, el riesgo de la catástrofe definitiva que se produciría al desatarse un enfrentamiento del tipo que se teme entre potencias que tienen en sus arsenales armas de aniquilación masiva.

Las tensiones se han incrementado debido a que se suspendió la participación rusa en el tratado que impide la proliferación de armas nucleares, que anunció hace pocos días Vladimir Putin, como también el despliegue de armas de este tipo a Bielorrusia. La ONU acaba de advertir que los riesgos nucleares son alarmantemente altos.

La racionalidad de la especie exige que no vaya el ser humano hacia el abismo, el de la general catástrofe, por ello se ha vuelto a recordar la premonición de Albert Einstein en el sentido de que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras.

La Asamblea debería cumplir exactamente lo que dispone la Corte Constitucional: que tal juicio político no debe ser “ni arbitrario ni irrazonable”.

La obtención de la justicia no puede depender de un número de votos de los juzgadores. La justicia es un principio moral que inclina a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, es el eje de los derechos humanos y que por ser virtud orienta las demás virtudes humanas. Corresponde a la Comisión de Fiscalización, a base de las pruebas que aporten los acusadores, decidir si se sustancia o no dicho juicio político por el delito de peculado cuya tipificación es clara en nuestro sistema legal, en la doctrina y que deberá contraerse en el análisis concreto del caso Flopec, sus antecedentes y responsabilidades. El juzgador para estar legitimado debe tener independencia, competencia e imparcialidad. En el caso la Asamblea cumple con las dos iniciales, pero tiene que asegurar la imparcialidad. La finalidad de la imparcialidad, que es parte fundamental del debido proceso, es que la persona o personas que juzgan pueda tener el “rol de ser un garante de los derechos de las partes en conflicto” (Corte Constitucional, 2019). 59 asambleístas acusaron del delito de peculado al Presidente y mal pueden, si llega la resolución al Pleno, ser jueces imparciales, pues ya emitieron su criterio. La ley, el cumplimiento de las normas del debido proceso, les impide ser ‘jueces y parte’. Tal vez, de llegarse al juzgamiento, deberían excusarse y llamar a sus alternos. Para la destitución del Presidente de la República, pues, no debería contarse con los votos de los acusadores.