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Oenegés se oponen a la ley mordaza correísta
Las oenegés piden un veto total a la ley mordaza
Vocera de la Red de Periodistas Libres cree que la ley buscaría apuntar hacia un “revanchismo político”
A las oenegés del país les preocupa que en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que aprobó la mayoría liderada por el correísmo en la Asamblea el pasado 21 de julio de 2022, se haya dejado en la indefensión y sin respaldo a actores de la sociedad civil que también ejercen actividades de comunicación y de defensa de los derechos humanos.
Por ello, exhortan a Guillermo Lasso, presidente de la República, a que vete el proyecto de forma total. En caso de que el mandatario decida una objeción parcial solicitan que se incorporen articulados para que se evite limitar la comunicación en este ámbito.
Cristina Melo, asesora jurídica de la oenegé Pachamama, recordó que cualquier ley y propuesta que se apruebe en la Asamblea Nacional tiene -obligatoriamente- que cumplir con todos los estándares internacionales de derechos humanos y observar el carácter de los defensores de estos derechos, y los de la naturaleza.
Los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, establecen una protección a la libertad de expresión de periodistas y comunicadores, cuya función no solo se da a través de la profesión y el libre ejercicio periodístico.
“Los comunicadores pueden ser cualquier persona de la sociedad civil que reciba y entregue información o decida comunicar o denunciar. Esta propuesta de ley no debe limitar la informa-
MANDATARIO. El presidente de la República, Guillermo Lasso, deberá decidir por un veto total o parcial.
ción que puede ser otorgada por estos comunicadores”, dijo Melo.
Incongruencias
La propuesta de ley, que está en manos del Ejecutivo desde el 25 de julio para su veto total o parcial, pretende limitar el ejercicio de la comunicación a los medios, catalogados como oficiales o tradicionales.
Sin embargo, para la asesora jurídica de Pachamama, en este debate se debe abrir una interrogante para solventar un problema. ¿Quién tad que tiene la gente para expresarse, y la libertad y el derecho que tiene la sociedad civil de recibir información para comunicar o denunciar.
Melo prefirió no comentar sobre las intenciones de haber aprobado una ley con estas características, pero advirtió que esto podría generar una intromisión porque los comunicadores son clave en el ejercicio de los estados democráticos, y en su labor de defensa de derechos humanos.
°Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana (CPC), señaló que los comunicadores requieren de un mayor respaldo y garantía adicionales, que el de un ciudadano común, porque los periodistas. “No se puede medir con la misma vara lo que dice el ciudadano común con lo que dice el periodista, porque éste investiga, informa y guía la opinión pública”, afirmó. Aunque Jaramillo consideró que la posibilidad de que el Presidente de la República tome la decisión de elevar un pronunciamiento a la Corte Constitucional (CC) para que los jueces emitan criterios sobre la constitucionalidad o no de los 55 artículos que contiene la ley, podría ser un paso positivo. Sin embargo, afirmó que si está hubiese sido la intención del mandatario lo hubiera planteado desde el primer día que recibió el texto de la Asamblea. “La vía más expedita sería un veto total”, recomendó. va a decidir quiénes forman parte de los medios oficiales? ¿Bajo qué carácter, si los estándares internacionales refieren que los estados deben proteger cualquier forma de comunicación que puede ser ejercida por parte de la sociedad civil, que no necesariamente es periodista?
Para la representante de la oenegé esta es una de las incongruencias que constan en el texto aprobado porque, al poner un límite a la libertad de expresión, conlleva, al mismo tiempo, coartar la defensa de los derechos humanos.
Limitaciones
Las limitaciones a la libertad de expresión pueden ser vistas desde dos dimensiones, explicó Melo: la liber-
EL DATO
El presidente de la República, Guillermo Lasso, todavía está a tiempo de elevar una consulta a los jueces de la Corte Constitucional.
Verónica Larrea, vocera de la Red de Periodistas Libres (RPL), organización que agrupa a abogados y comunicadores, opinó que la ley aprobada en la Función Legislativa buscaría apuntar hacia un “revanchismo político” y allanar el camino para volver a ley que se promulgó durante el régimen de Rafael Correa en 2013.
En ese sentido, rechazó que se haya aprobado un informe de minoría sin debate en el Pleno de la Asamblea, y que llevó a que se desvirtúe el espíritu de una norma que debe proteger a los periodistas y promover la libertad de expresión.
Larrea subrayó que el informe de minoría intenta volver a una nueva ley restrictiva que estuvo vigente desde 2013. Incluso busca imponer a un ente sancionador como fue la desaparecida Superintendencia de Comunicación (Supercom) y se le quiere dar el mismo papel a la Defensoría del Pueblo. “Eso es absolutamente cuestionable porque vivimos una Supercom restrictiva hacia los medios de comunicación, y por ello se ha pedido un veto total y volver a rescatar el proyecto de mayoría que promueve la libertad de expresión”. (SC)
Ecuador exportó primer contenedor de café sostenible y libre de deforestación
El primer contenedor de café que tiene el sello de sostenible y libre de deforestación fue enviado a la empresa italiana Lavazza. Son 250 sacos de 69 kilos cada uno, con una totalidad de 17 toneladas que salieron del Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil. El café, que es mixto (arábiga y robusta), fue el resultado del esfuerzo de más de 400 productores de la Asociación Agroartesanal de Productores Ecológicos de Palanda y Chinchipe y la Asociación Agropecuaria de Productores Orgánicos Cuencas del Río Mayo, que son parte de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (Fapecafes). (JS)
La supervivencia del agro está más allá del control de precios
Producir más y de manera más eficiente podría aumentar el nivel de ingresos en el campo.
Dentro de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, se tratan temas relacionados con controles de precios finales para los consumidores y “precios justos” para los productores agrícolas.
Entre las propuestas se incluye la creación de observatorios público-privados y listas oficiales para establecer cuánto se puede cobrar por más de 40 bienes y servicios. Es decir, se busca atacar el problema del costo de la vida y la producción con más burocracia y control político.
Sin embargo, según Andrea Garzón, economista y emprendedora, los bajos ingresos de los agricultores y los altos precios finales de los productos en la Canasta Básica Familiar (CBF) están directamente relacionados con la baja productividad y los problemas de eficiencia.
“La mayoría de los pequeños productores del campo ofrecen servicios con escaso o nulo valor agregado. Antes que poner más trabas políticas, se debe buscar cómo incentivar la asociatividad y el acceso al crédito; mejores formas de siembra y producción. Los controles de precios solo generan escasez y más costos a mediano y largo plazo”, puntualizó.
Desempeño por sectores
En su último libro, ‘Ecuador: Prender el turbo para avanzar (más y mejor)’, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ), explica que la productividad es la clave del desarrollo. Sin embargo, en promedio, un trabajador ecuatoriano genera alrededor de $14.000 al año, lo que equivale a 1.200 mensuales. Eso debe repartirse entre empresarios, trabajadores y Estado (impuestos), por lo que la consecuencia son pobres ingresos, poca capacidad de crecimiento y mayores costos de producción.
El sector económico con peor desempeño es el agrícola, con una productividad que no supera los $3.961 al año por trabajador. En otras palabras, se produce alrededor de $330 al mes, los cuales deben repartirse en toda la cadena hasta la comercialización. Ese nivel es demasiado bajo y está directamente relacionado con sistemas de siembra y riego desactualizados y poco tecnificados; ineficientes cadenas de intermediación, entre otros. Todo esto da como resultados campesinos que no cubren sus o 13.525,66 al mes. Pero, estas actividades no necesitan grandes cantidades de mano de obra.
SECTOR. Las labores del campo son las menos remuneradas del país.
Productividad por sector económico USD dólares anuales por trabajador
Sector
Petróleo y Minas Profesionales en libre ejercicio Construcción Manufactura Transporte Comercio Alojamiento y comida Agricultura
Monto
162.308 22.737 22.528 18.859 11.772 7.230 4.560 3.961
costos y pocos bienes finales de calidad a altos precios.
Alberto Díaz, ingeniero agrónomo y pequeño empresario del sector agrícola, puntualizó que antes de los controles de precios se deben buscar vías para optimizar y hacer más eficientes los sistemas de producción. También que una mayor parte de las ganancias se queden en el campo y no solo en los intermediarios y los comercializadores.
En comparación, la productividad en el agro es casi cinco veces menor que en el sector industrial manufacturero. En ese sector, cada trabajador genera $18.859 anuales, es decir, alrededor de $1.571. En la mitad de esas dos actividades está el comercio, el cual produce $7.230 al año por trabajador.
El sector más productivo del Ecuador es petrolero y de minas, donde cada trabajador representa $162.308,
Baja productividad
De acuerdo con Lucio Paredes, la clave de la pobreza está detrás de la baja productividad, sobre todo en el campo.
“Esto se corrige con integración social sin duda (conocernos y relacionarnos), pero sobre todo con integración a los mercados. Poder producir, vender bienes de más valor y captar más de ese valor “, puntualizó.
Eso significa más capitalismo, es decir, integrar más capital a la producción, más capital al servicio de la gente: tecnología, procesos, información. Lo cual obviamente implica un rol para las propias comunidades (responsabilidad), para los empresarios (integrar a los sectores más pobres a la producción) y para el Gobierno (aportar con infraestructura, crédito y educación).
Actualmente, el sector agrícola ecuatoriano está muy lejos de su potencial, pero las soluciones que se proponen, desde el Gobierno y el movimiento indígena, son precios establecidos políticamente, en lugar de evaluar dónde se podrían reducir los costos de producción y cómo se eliminan pasos en la cadena de intermediación para que queden más ingresos a los pequeños campesinos.
En septiembre de 2021, la primera ministra de Agricultura del actual Gobierno, Tanny Vera, trató de argumentar, frente al pleno de la Asamblea, que los precios oficiales de los productos agrícolas son tan ineficientes como el subsidio a los combustibles. Sus alegatos no sirvieron para nada y dejó el cargo pocos días después. (JS)
