El 13J es la prueba de fuego de Iza

MOVILIZACIÓN. Los detalles de la protesta indígena prevista para el 13 de junio de 2022 se definirán en las asambleas ampliadas de base.

Gobierno se prepara para evitar otro ‘octubre’ indígena

Se coordinan estrategias para garantizar la movilidad de productos. También hay apertura al diálogo con la Conaie.

Sistemas de alerta temprana y convoyes protegidos por el Ejército que opefren en corredores logísticos para que puedan circular los productos, son dos de las estrategias y medidas preventivas que el Gobierno planifica ante la movilización anunciada por el movimiento indígena.

Los ministerios de Gobierno y de Agricultura, en coordinación con varias industrias tienen como objetivo evitar la paralización de la producción ante la insistencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de iniciar una movilización indefinida a partir del 13 de junio de 2022.

Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del país, informó que el Ministerio de Gobierno y las autoridades locales deben implementar las alertas tempranas tendientes a evitar que se produzcan actos de vandalismo y que los manifestantes ingresen a los centros de acopio.

En 2019 tuvimos varias plantas de acopio de productos que fueron asoladas por los manifestantes, hubo destrozos, robos. Ahora esperamos estar bien preparados para tener alertas tempranas vía mensajería, sistema de radio, o desde el ECU, para poder cerrar las plantas a tiempo”,

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Las pérdidas de 2019

Agregó que el mayor problema que se genera en estos casos es asegurar la provisión de leche de los pequeños productores, por lo que el papel del Ejército y la Policía será fundamental.

La secretaria de Agricultura “sondea” y trabaja en la identificación de los “sitios más calientes” en los que se podrían generar mayores problemas.

Gallegos mencionó que en los sectores de Cayambe, Cotopaxi, Machachi, Cangahua y Tabacundo, entre otros, se deberá gestionar el paso de camiones para la entrega de productos, principalmente los lácteos que, por su característica de perecibles, solo pueden resistir hasta 48 horas.

En las protestas sociales e indígenas de octubre de 2019 se registraron incidentes de grupos de manifestantes que intentaban ingresar a las plantas de acopio de flores y de leche en las poblaciones de Laso y Machachi.

El florícola es otro sector clave en la producción. Incluso tiene un periodo de duración más corto que la leche. En una paralización, un cargamento de flores que no pueda llegar al aeropuerto para su exportación se convierte en una pérdida inconmensurable, alertaron desde la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).

Sectores más vulnerables

Rodrigo Gallegos espera que la movilización no se torne extensa ni violenta, porque los más golpeados en una paralización son los campesinos y los pequeños productores.

“El problema es a nivel de comunidades; los líderes piden a los comuneros que se sumen al paro y, aunque el pequeño productor quiera trabajar, les obligan a no hacerlo. Ellos no pueden pagar (las consecuencias) por una paralización que no beneficia al país”, puntualizó. Para una mayor coordinación también están en contacto con las prefecturas.

La producción y comercialización de carnes de pollo y de res, huevos, así como de frutas y verduras también se ve afectada por una paralización

Otra posibilidad que se analiza es llegar a acuerdos entre diferentes industrias como la florícola, la lechera y la pecuaria, para comprar a los productores más cercanos y luego realizar un cruce de cuentas. Este apoyo evitará un eventual desabastecimiento.

°Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, confía que la acción de la Conaie sea “más racional”, porque en 2019 uno de los sectores más afectados fue el campesinado. Opinó que las medidas deben apuntar a evitar inconvenientes tanto para el retiro de los centros de acopio de los productos, como para el consumidor final para que no haya desabastecimiento. Recordó que las pérdidas de 2019 de acuerdo con estimaciones del Banco Central del Ecuador (BCE), en los 12 días de paralización, fueron de $830 millones. La Cámara reconoció el derecho a la protesta social, pero no a la destrucción, la violencia o el bloqueo del sector productivo.

Lo que pide la Conaie

°Que se inicie un proceso integral para discutir una política de subsidios de los combustibles. Control de los precios de los productos como la leche y el aceite. También que se controle la especulación. Que de manera “urgente” se declare una moratoria de al menos un año al sistema financiero, privado, público y cooperativas de ahorro y crédito. Que se fortalezca la capacidad productiva de los territorios indígenas para incorporar más desarrollo económico para el país y no depender de la política extractiva minera.

EL DaTO

En la paralización indígena de octubre de 2019 los productores se organizaron y transportaron en convoyes alimentos sensibles como leche, flores, carne de res, carne de pollo, huevos, frutas y verduras.

cifra 270.000

productores de leche hay en el país, según el Centro de la Industria Láctea.

Iza pide a los ecuatorianos ‘sostener la lucha’

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado a los ecuatorianos “a que ayuden a sostener esta lucha”. Subrayó que el Gobierno les trata como “ignorantes” y detalló que la propuesta indígena está en el Ejecutivo desde el 11 de junio de 2021 y que el 4 de octubre volvieron a la mesa de diálogo. ¿Han respondido? Cuestionó Iza al señalar que el régimen no ha dado respuesta.

Opinó que es una “vergüenza” que el Gobierno no escuche al pueblo y defendió a los pequeños productores como un sector importante.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, de su parte, informó que hay apertura al diálogo con la Conaie y resaltó que los sectores sociales son libres de señalar lo que consideren que no está bien. “Al Gobierno le sirve como ejercicio autocrítico porque sabe que hay cosas que se han hecho bien y otras que se pueden hacer mejor”. (SC)

EL DATO

La Ley norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte de servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

NormAtiVA. Con 104 votos se aprobó la nueva ley. Ahora se espera el pronunciamiento del Ejecutivo.

Ley de uso legítimo de la fuerza debe acompañarse con presupuesto

La Asamblea aprobó el proyecto de Ley que regulará la fuerza progresiva de las instituciones armadas. Expertos sostienen que, por sí misma, no es la solución a la inseguridad.

La tarde de este miércoles 7 de junio de 2022, entre aplausos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza.

Fue una noche de festejos. En realidad, se pudo adivinar que iba a ser un logro del Legislativo desde que, en horas de la mañana, el presidente de la nueva mayoría, Virgilio Saquicela, y el asambleísta Luis Almeida (PSC) bailaron con danzantes del cantón Pedro Moncayo.

En las más de 40 intervenciones de los legisladores se repitió varias veces que esta era “una deuda que tenían con la ciudadanía” y que votar a favor de la normativa era votar por “la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”.

Con 104 votos se aprobó la ley. Desde el aparente regreso a la calma del Legislativo no se había visto esa unidad entre bandos contrarios.

El momento más tenso de la jornada fue impuesto por Pachakutik, cuando sus representantes pidieron que los artículos 23, 24 y 25 se voten por separa-

Niveles de fuerza

°El artículo 13 de la nueva Ley deja en claro cuál es la escalada de la fuerza de los servidores de las entidades reguladas por la ley:

Presencia: Demostración de autoridad con técnica de contacto visual.

Verbalización: Técnicas de comunicación.

Control físico: Neutralización a través de técnicas de defensa personal.

Técnicas defensivas menos letales: Uso de armas y munición menos letal y medios logísticos o tecnológicos menos letales con el fin de neutralizar resistencia violenta.

Fuerza potencialmente letal: Uso de armas de fuego con munición letal a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta.

Fuerza intencionalmente letal: Es el uso de armas de fuego con munición letal ante una amenaza inminente de muerte de terceras personas o del agente.

do. Dichos apartados tratan de la discrecionalidad de la fuerza pública para controlar las protestas sociales. Hubo pausas y grupos arrinconados en las esquinas redondas de la Sala Nela Martínez. Allí, los legisladores preparaban sus argumentos. Parecía que no se daría paso a la norma. Pero, al final, la mayoría se unió para dar el sí a la Ley y desestimar el pedido de Pachakutik.

Lo que se viene

El poder Ejecutivo tiene 30 días para aprobar o vetar la Ley que se aprobó con 104 votos en el Pleno de la Asamblea.

Para el exdirector de Inteligencia y Master en Seguridad y Desarrollo, Mario Pazmiño, esta es la oportunidad del Gobierno de ajustar las tuercas al proyecto: “La ley se quedó corta. Debieron y deberían incluir al cuerpo de vigilancia aduanero, que viene haciendo importantes incautaciones de drogas, decomisos de armas, operaciones en pasos fronterizos y no tiene un marco legal para hacer el uso de los revólveres que tiene. No me parece justo y deberían incorporarlo porque, al ser una institución armada, tiene derecho”.

A pesar de esto, Pazmiño cree que es un gran avance, porque la Ley es un respaldo jurídico para las entidades y los miembros que trabajan en seguridad.

Para el Coronel en Servicio Pasivo, Mario Carrillo, esta es una herramienta que servirá en la lucha contra la delincuencia, siempre y cuando venga acompañada de políticas públicas, legales, recursos económicos del Estado y capacitaciones a los guardianes de la seguridad.

“Hay que entender algo, esto no es un cheque en blanco para la fuerza pública”, recalca Carrillo, quien cree que para avanzar en temas de seguridad se necesita el involucramiento de otras autoridades, como las locales. “El Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) exige también a los municipios que trabajen en tema de seguridad, sino ¿a dónde van las tasas de seguridad de los municipios?”, se cuestiona Carrillo.

Para el consultor en Seguridad Ciudadana, Ricardo Camacho, la Ley es un avance y es positivo para el país, porque pone las reglas del juego claras para el trabajo policial y de los militares. Sin embargo, también cree que, por sí sola, la Ley no hará un gran cambio a problemas más estructurales que causan la delincuencia. “El arma de fuego es el último recurso”, recuerda el experto en seguridad.

Pazmiño, por su parte, advierte que “si la Policía Nacional no tiene entrenamientos adecuados tendremos un problema más grave”. Los tres expertos coinciden en que este es el inicio, pero que ahora las instituciones de seguridad deben enfocarse en la capacitación. (GVL)