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LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2014 La Hora ECUADOR
I
Los estudiantes del Mejía sienten el peso de la Ley
Prisión, sanción penal, pago de daños y proceso administrativo es lo que debe afrontar un grupo de estudiantes. “Todo este acoso para los muchachos ha sido muy fuerte”, “no estamos conformes porque a nuestros jóvenes les cogieron aquí adentro (del colegio Mejía) y todavía les suspenden de las actividades estudiantiles. Dónde están los derechos de los jóvenes, hay doble sanción”, “es una persecución”. Estos son algunos de los criterios de los familiares de los estudiantes del colegio Mejía contra quienes, por presuntamente haber participado en la protesta del 18 de septiembre, se les ha aplicado varias medidas en el campo penal y administrativo. Padres y madres de familia se mantienen en que sus hijos son inocentes y que tienen que pagar por algo que no cometieron. Igualmente los jóvenes involucrados aseguran que sobre ellos pesan ya varias sanciones. “Privación de mi libertad, la suspensión en el Colegio y estudiar en la casa”, afirma uno de los estudiantes del Mejía imputados en el caso. Los procesos
Entre los detenidos hubo mayores y menores de edad quienes tuvieron que afrontar diversas consecuencias. Los mayores de edad que fueron detenidos la noche del 18 de septiembre primero fueron llevados, cuentan, a la Unidad de Policía Comunitaria de La Basílica, luego al Regimiento Quito N.2, donde pasaron la noche, y en la madrugada a la Unidad de
Flagrancia donde se les formuló cargos por daños a bien ajeno. Pasaron 15 días en el Centro de Detención Provisional (CDP) ya que se les negó el recurso de Hábeas Corpus solicitado por los abogados. Afrontaron un proceso judicial y luego de acogerse al procedimiento abreviado 15 de ellos considerados autores directos fueron sentenciados a dos meses de prisión -que la están cumpliendo en el CDP-, al pago de una multa correspondiente a un salario básico unificado (340 dólares), más 60 dólares como reparación integral de los daños y se les negó la suspensión condicional de la pena. A otro grupo de 38 jóvenes se les sentenció en calidad de cómplices a un mes de cárcel y al pago de 60 dólares como reparación pero, como también se acogieron al procedimiento abreviado, se estableció la suspensión condicional de la pena, por lo que salieron en libertad. Pero la sentencia establece que no podrán ser reincidentes en un plazo de dos años a partir del 2 de octubre. Más medidas
Los 38 jóvenes salieron libres al día siguiente de dictada la sentencia. Sin embargo, a los que pertenecen al colegio Mejía se les notificó por parte del rector Jaime Torres, que se les abrió un proceso disciplinario y mientras dure la investigación están suspendidos en sus actividades
PROTESTAS. Los hechos del 18 de septiembre dejaron sus secuelas.
académicas, por lo que no pueden asistir a clases en base a lo que dispone la Ley de Educación Intercultural. Ahora tienen que cumplir tareas especiales en casa y entregarlas los días miércoles, en una situación que nadie sabe hasta cuándo durará. Muchos temen que como resultado del proceso disciplinario sean reubicados en otros establecimientos, tal como ocurrió en su momento con varios estudiantes del Central Técnico que vivieron una situación similar en abril de 2013. Los criterios
Para José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, hay acumulación de acciones ya que aparte de que fueron sentenciados, también fueron suspendidos. “En todo este procedimiento, tanto en el penal como en el administrativo, se observa una conjugación de acciones”, manifestó. Considera
que es una medida arbitraria el que hayan sido suspendidos porque atenta al derecho que tienen a la educación, lo que de por sí, asegura, ya implica una sanción. “Tanto para lo penal como para lo administrativo rige el principio de presunción de inocencia”, argumentó Alomía. Criterio que no comparte María José Carrión, asambleísta por PAIS, quien justifica la serie de medidas impuestas a los jóve-
nes aduciendo que nadie tiene el derecho de dañar los diferentes bienes muebles e inmuebles a pretexto de una protesta que, dijo, nadie sabe a qué mismo respondía o quién estaba atrás de esa manifestación. “Si usted destruye la propiedad privada tiene que asumir las consecuencias del caso”. En cuanto a la suspensión de clases añadió que son procesos educativos que se deben cumplir. (HCR)
El caso de los menores de edad ° Sin prisión de por medio, los muchachos menores de edad del colegio Mejía que fueron detenidos el 18 de septiembre viven una situación similar a la de sus
compañeros mayores de edad. Igual pasaron la noche en el Regimiento Quito N.2, pero al día siguiente fueron entregados a sus respectivos padres en horas de la madrugada tras firmar un acta de responsabilidad. Asistían normalmente a clases y el 3 de octubre se les notificó con el expediente disciplinario. Pero en este primer documento no se establecía que estaban suspendidos. Una nueva notificación les llegó el 7 del mismo mes, donde se les informó que están suspendidos temporalmente. Hoy no pueden asistir a clases, tienen que estudiar en sus hogares y entregar trabajos cada miércoles.
Padres establecen lazos de solidaridad
INCERTIDUMBRE. Los padres acuden con frecuencia al Colegio de Abogados, donde tratan de resolver la situación.
El jueves se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva de un grupo de detenidos del colegio Mejía que aún cumplen su condena en el Centro de Detención Provisional (CDP) por la protesta del 18 de septiembre. Aunque la diligencia era únicamente para los alumnos mayores de edad, a la Corte Provincial de Justicia, donde se realizó el procedimiento, también se dieron cita los padres y madres de familia de los alumnos menores de edad, que aunque no pasaron detenidos están suspendidos por los mismos hechos y no pueden asistir al colegio. Fue una muestra de solida-
ridad para demostrar que no están solos en este problema que afecta a decenas de familias y una manera de rechazar algo que consideran injusto, aseguraron las madres de los jóvenes. “Yo vengo sin que nadie me haya obligado; vengo porque mi corazón de madre me pide que esté presente porque este proceso es injusto”, manifestó la madre de uno de los chicos menor de edad. Lucha conjunta
Es que unas y otras familias se vieron envueltas de un momento a otro en un problema que nunca pensaron pasar. Aunque las sanciones han sido diferentes
para uno y otro grupo –los mayores de edad con proceso penal y administrativo y los menores solo con expediente disciplinario- están dispuestas a luchar en conjunto hasta que se resuelva la situación de todos. “Atrás de los chicos hay hermanos, tíos, padres. Todo un grupo familiar que está sufriendo”, afirman. Esto les ha llevado a mantener reuniones casi diarias en el Colegio de Abogados, que patrocina la defensa de un grupo de jóvenes. Cuando entre ellos hay rumores de que se podría buscar una alternativa para que los chicos puedan volver a las aulas, piden que sea para todos o para ninguno. (HCR)