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La nulidad del caso Iza da pie para impunidad por paro
Iza se libra del proceso por el violento paro de junio
La defensa del presidente de la Conaie asegura que no se logró comprobar el delito flagrante.
El tribunal Judicial de Latacunga (Cotopaxi), presidido por Paola Bedón, jueza de Garantías Jurisdiccionales, declaró este 26 de septiembre de 2022 la nulidad de todo el proceso penal en contra de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Según la organización, Bedón determinó que hubo un seguimiento previo por parte de la Policía Nacional, que Iza fue detenido de manera ilegal, y que no se comprobó el delito flagrante.
El 14 de junio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a Iza por el presunto delito de paralización de un servicio público (cierre de carretera). Ocurrió un día después de que se dio inicio al paro nacional que se extendió por 18 días. El operativo para detenerlo se concretó la madrugada del 14 de junio.
Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía reaccionó en su cuenta de Twitter: “En aplicación del principio de objetividad, Jueza declara nulo el proceso contra Leonidas Iza por hallar vicios de procedimiento en seguimientos previos a la flagrancia y considera que se estaría violentando el debido proceso y seguridad jurídica del ciudadano”.
El fallo deja tranquilos a los dirigentes indígenas y campe-
DECISIÓN. El Tribunal de Latacunga declaró la nulidad del proceso contra Leonidas Iza.
sinos, pero alertan que este es solo un primer paso. Gary Espinoza, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas, Campesina y Negras del Ecuador (Fenocin), opinó que este caso mejora, de alguna manera, el ambiente para continuar en los diálogos con el Gobierno. “Indudablemente (mejora el ambiente), siempre y cuando se archiven el resto de procesos, porque este no es solo un problema de persecución contra Leonidas; este es un problema de todos”, señaló.
Espinoza reconoció que el Gobierno no tiene la facultad de revisar los casos, por lo que dijo que la Fiscalía debe abstenerse de seguir acciones contra los dirigentes.
“No es justo que todavía haya procesos abiertos en Tungurahua e Imbabura. De una vez por todas esperamos que se archiven los casos porque no tienen ni pies ni cabeza”, señaló Espinoza, quien recordó que personalmente no ha infringido ninguna ley, ni tampoco agredió, ni violentó la propiedad privada de nadie. “Tampoco he enviado a nadie a agredir a nadie”, remarcó.
Frecuencias temporales
Las mesas de seguridad y justicia, y derechos colectivos se reinstalan este 27 de septiembre de 2022. Para el caso del debate de derechos colectivos, piden la presencia del Ministerio de Telecomunicaciones para exponer la preocupación en torno a la falta de aplicación de la transitoria de la Ley de Comunicación para que las comunidades puedan recibir frecuencias temporales, sin concursos.
EL DATO
Las mesas técnicas de seguridad y justicia, y la de derechos colectivos se reinstalan hoy, martes 27 de septiembre.
Presunto fraude procesal
°Carlos Poveda, uno de los abogados defensores de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, consideró que, tras la resolución de la jueza, debería establecerse una situación de carácter político y dejó abierta la posibilidad del cometimiento de un
presunto fraude procesal.
Detalló que, la nulidad se dio en virtud del desconocimiento del fiscal (que sustancia el caso) y de Paola Bedón sobre el seguimiento realizado desde el 6 y 9 de junio al líder indígena. “Si no se comprobó la flagrancia, ni el cometimiento del delito, la aprehensión de Leonidas Iza se convierte en arbitraria, ilegítima y abusiva”, explicó. El fallo de la jueza también incluyó la
nulidad de las medidas cautelares
que pesaban sobre el dirigente como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante un juez competente.
mos venido reclamando por una frecuencia de radio, pero no nos toman en cuenta. De parte del Estado hay una discriminación a la Fenocin. Eso vamos a reclamar porque no puede ser que haya frecuencias para unos, y se discrimine a otros”, expuso. (SC)
Consulta sobre extradición busca fortalecer la lucha contra el crimen
Mientras la Corte Constitucional (CC) emite una resolución sobre la propuesta de consulta popular planteada el 12 de septiembre de 2022 por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el país se debate sobre la posibilidad de extraditar a ecuatorianos.
“La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución”. Esta es la segunda pregunta que plantea el Ejecutivo.
Karen Sichel, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, defendió esta posibilidad, y dijo que la extradición es una herramienta para la lucha contra el crimen organizado.
Argumentó que Ecuador ha ratificado (tratados de extradición) con al menos 20 Estados (España, Papúa Nueva Guinea, Chile, Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Suiza, Colombia, Bahamas, Brasil, Canadá, Pakistán, Uganda, Tanzania, Suazilandia, Kenia, México, Perú, Francia y Australia).
Mencionó que, en base a información requerida al Ministerio de Relaciones Exteriores, “la implementación de la figura de la extradición no violentaría compromisos internacionales existentes, siempre que se cumpla lo establecido en las convenciones de extradición en los que Ecuador es parte”. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda con la extradición? La extradición regulada de forma general prevé diferentes exigencias para que ésta proceda según con las circunstancias vinculadas al cometimiento del delito.
Entre ellos, que el delito que motiva la extradición haya sido cometido en el territorio del Estado requirente, que el delito por el cual se solicitó se cometió fuera del territorio del Estado requirente, que el delito por el que se solicita la extradición esté previamente recogido por la legislación tanto del Estado requirente como del requerido. Otra exigencia es que el delito tenga una pena mínima de años tanto en el Estado requirente como del requerido.
El Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) elevó al narcotráfico como amenaza a la seguridad del Estado, lo que obliga a las instituciones a reorientar sus acciones. (SC)
DIPLOMACIA. En la Cancillería se sostiene que la implementación de la figura de extradición no violentaría compromisos internacionales
