DIFERENTES Y JURISPRUDENCIA VINCULANTE

NOTA: Se convoca de manera especial al SEÑOR JOSÉ LUIS GÓMEZ, en su calidad de Comisario de la compañía.

En el caso invocado, la Corte Constitucional resolvió desestimar la acción de protección interpuesta. Entre los argumentos principales del fallo señalado se pueden citar los siguientes:

La Corte Constitucional se refiere a los artículos 185 de la Constitución de la República, artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial para sentar su pronunciamiento: “De la lectura de las normas invocadas se desprenden varias consideraciones que merecen tenerse en cuenta. En primer lugar, tanto la norma constitucional como la legal, señalan que un precedente jurisprudencial obligatorio comprende tres fallos de una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia que reiteren la misma opinión sobre un idéntico punto de derecho. Sin embargo, no basta que existan coincidencias argumentativas en tres sentencias sobre el mismo tema jurídico, ya que dichas resoluciones deben ser conocidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia para que este delibere y decida la existencia de un nuevo precedente jurisprudencial obligatorio.

Inobservancia

Dicha decisión se materializa en una resolución del Pleno, la cual debe ser publicada en el Registro Oficial, a partir de lo cual tiene efecto general obligatorio.- Consecuentemente, puede concluirse que no todas las sentencias emanadas de la Corte Nacional de Justicia a través de sus Salas Especializadas, son precedente jurisprudencial obligatorio, sino solamente aquellas que, siendo un fallo de triple reiteración, después de seguir el procedimiento constitucional y legal, son consideradas como tal por parte del Pleno del alto organismo de justicia ordinaria, conforme lo dispone el artículo 185 de la Constitución de la República. Al mismo tiempo, se debe tener presente que el incumplimiento de un fallo de triple reiteración resuelto por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no constituye per se una vulneración del derecho a la seguridad jurídica. De producirse una inobservancia en ese sentido, debe analizarse si ello ha ocasionado una afectación de derechos constitucionales. En el caso que nos ocupa, los accionantes no han enunciado en su demanda de acción extraordinaria de protección ninguna resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que declare la existencia de un precedente jurisprudencial obligatorio por la triple reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho atinente al proceso de marras. Sino que más bien se limitan a adjuntar copias simples de sentencias de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia2, las cuales per se no constituyen precedente jurisprudencial obligatorio, tal como se anotó líneas arriba, y que, además, resuelven controversias relacionadas a otras cláusulas del contrato colectivo objeto del litigio. Por lo cual, los fallos impugnados no incurren en las inobservancias que en ese sentido acusan los demandantes”.

El fallo emitido por la Corte Constitucional resulta interesante porque se establecen los siguientes aspectos: a) El incumplimiento de un fallo de triple reiteración resuelto por el Pleno de la Corte Constitucional no siempre es una vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Sí la inobservancia se produce se debe analizar sí ello fue ocasionó afectación de derechos constitucionales. b) El fallo que se analiza el órgano de control constitucional, distingue lo que son los precedentes jurisprudenciales obligatorios de las sentencias de casación. En el caso de los primeros son las sentencias emitidas por las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un punto de derecho. En tanto que las segundas son las decisiones de los jueces de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia sobre los recursos de casación que conocen de conformidad con las materias de su competencia.

Dra. Verónica Jaramillo Huilcapi. vjaramillo@jclegales.com

Es menester acotar que se hace referencia a los derechos de índole constitucional, ya que en muchas situaciones de subordinación existen vías ordinarias para garantizar los derechos de las personas, más se debe entender en el contexto constitucional que brinda la acción de protección, bien sea porque no existe otro mecanismo idóneo establecido o bien el mecanismo existente se torne insuficiente, entonces cuando se trate de derechos constitucionales cabe esta posibilidad de protección.

En tanto a la discriminación como elemento de la acción de protección entre particulares, simplemente hace falta decir que ninguna persona por derecho puede ser tratada de forma diferente por cuestiones de etnia, religión, cultura, etc., pues todas las personas merecemos un trato digno y equitativo, en caso de que en cualquier tipo de relación jurídica sea entre administración pública y particulares o entre particulares, la vulneración de los derechos constitucionales provenga de un trato discriminatorio, es evidente que la administración de justicia constitucional debe evitar, restituir y/o reparar los derechos de quien recibió un trato discriminatorio en menoscabo de sus derechos.

Conclusiones

El trabajo realizado permite concluir que en el Ecuador se permite la acción de protección, con el objeto de garantizar de manera eficaz los derechos constitucionales de las personas, ante posibles vulneraciones, ya sea que dichas vulneraciones provengan de acciones u omisiones de autoridades públicas en ejercicio de sus funciones –administración pública- ya sea provengan de acciones u omisiones entre particulares.

La acción de protección entre particulares tiene sus propios elementos de procedencia establecidos por el art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales deben ser analizados por el juez constitucional competente en el desarrollo mismo del proceso constitucional, es decir no se puede determinar in límine la improcedencia de la acción de protección entre particulares, sino es un asunto de fondo que el juez constitucional debe analizar junto con los elementos generales de procedencia de la acción de protección.

Podemos afirmar que la constitucionalización del derecho privado, en los casos de vulneración de derechos constitucionales que no hayan podido ser evitados ni protegidos por el propio ciudadano, sin importar la forma de la relación jurídica en sí, sino los elementos que ella puede presentar, que a la postre determinarán la necesidad de protección por parte del Estado.

Finalmente podemos concluir, que un estado de justicia impera cuando los ciudadanos pueden aplicar de manera eficaz y oportuna las garantías en procura de la protección de sus derechos, como en el contexto pudiendo llegar a impedir la producción de efectos jurídicos provenientes de actos entre particulares, es decir relaciones eminentemente privadas, sin embargo, la esfera constitucional en su espectro garantista limita –en ciertas ocasiones- la voluntad privada.

Bibliografía.

BADENI, Gregorio: Instituciones de Derecho Constitucional, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997.

ÁVILA, Ramiro: Los Derechos y sus Garantías Ensayos Críticos, Quito, 2012.

SACOTO, Sonia; Sujetos de la Relación Jurídica, Loja, 2012.

TAMAYO, Javier: De la Responsabilidad Civil, Bogotá, 2020.

QUINTANA, Ismael: La Acción de Protección, Quito, 2020.

Compendio de Anexos Derechos y Garantías Constitucionales, Compilados Dr.

Jhon Espinosa Villacrés.

Sentencias:

Sentencia No. 284-15-SEP-CC

Sentencia No. 151-15-EP/21

Sentencia No. 051-15-SEP-CC

Sentencia No. 088-13-SEP-CC.

Sentencia 102-13-SEP-CC.

Sentencia No. 282-13-JP/19

Normativa: Constitución de la República del Ecuador.

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Código Civil

CLUB DEPORTIVO BÁSICO BARRIAL “ESTUDIANTES FAJARDENSES” Acuerdo Ministerial REFORMA Nro. MD-CZ2-2016-00201 Rumiñahui – San Pedro de Taboada – Pichincha

Fajardo: 31 de Enero de 2023

Convocatoria

Se convoca a los socios del Club Deportivo Básico Barrial “ESTUDIANTES FAJARDENSES”, a la Asamblea General Extraordinaria de Elecciones (periodo 2023-2025) que se realizará, el día 16 de febrero de 2023, a las 19H00; y, a la Asamblea General Extraordinaria para Reforma Integral del Estatuto, que se realizará 20 de febrero de 2023, a las 19H00.

Lugar: Barrio Fajardo, Calle Santa Cecilia y Cacha, Parroquia Urbana de Fajardo, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha.

LUGMAÑA SUNTAXI ARMANDO MANUEL

PRESIDENTE DEL CLUB

NOTARÍA OCTOGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO AVISO

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL N° 20221701085P03023

CARLOS TEODORO CABRERA ARAUJO y LILA JEANETH CONDO PINEDA

De conformidad con el artículo 18 numeral 23 de la Ley Notarial, para los fines legales consiguientes, en mi calidad de Notaria Octogésima Quinta del Cantón Quito, DOY AVISO y hago conocer, que el día 30 de diciembre del 2022 el señor CARLOS TEODORO CABRERA ARAUJO y la señora LILA JEANETH otorgaron en esta Notaría la escritura pública N° que contiene la liquidación de la sociedad conyugal.- Las adjudicaciones del patrimonio, se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública.

La cuantía señalada por los comparecientes es de CIENTO VEINTE Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y SIETE DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (USD $123.127,96)

Conforme con la norma IBÍDEM, los interesados tienen el término de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir de la publicación en la prensa del presente aviso, para presentar la oposición fundamentada que consideren procedente.