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Piden estabilidad para los judiciales La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Isabel Ulloa, demandó del Consejo de la Judicatura que propicie volver a un mínimo de estabilidad a favor de los funcionarios judiciales. Durante su discurso de rendición de cuentas, correspondiente al período 2010, la Jueza dijo que la responsabilidad, es decir el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones, constituyen el gran continente de ese valioso contenido llamado estabilidad. Adujo que la formalidad y titularidad de las formaciones humanas son trascendentes, más aún con los servidores judiciales que están sujetos a las presiones de las partes y, no en pocas ocasiones, a comentarios públicos alejados del conocimiento específico del derecho y de la ley. “Es inminente la necesidad en esta actividad de volver a una mínima estabilidad, y para ello el Consejo de la Judicatura debe emprender una política que supere los contratos, encargos, subrogaciones y más afines del mundo inferior a la titularidad”, agregó. Explicó que con la titularidad podrán volver a un trabajo de conciencia y voluntad más idóneo, porque el servidor psicológica y materialmente se encontrará más garantizado y su trabajo será de mayor responsabilidad, dedicación y cualificación en sus diversas actuaciones. La jueza Isabel Ulloa aprovechó la ocasión para demandar también que se cumpla con el precepto constitucional del Art. 168, que dice que los Órganos de la Función Judicial gozarán de Independencia interna y externa y que su violación conlleva responsabilidad.
sábado 26 dE FEBRERO dE 2011 La Hora, ECuAdOR
miNuteRO
Dirigentes van a una diligencia
PROteStA. Imagen de los extrabajadores en una marcha en Quito en 2010.
CN defiende contrato con Alfredo Larrea Según el abogado de la cervecería, el monto pagado es inferior al que ofrecen los extrabajadores.
Resolución de la CC es inédita
El representante de la compañía Cervecería Nacional S.A., Roberto Jarrín Tamayo, defendió la legalidad del contrato de servicios de asesoría legal que realizó con Alfredo Larrea Jijón, hermano del Secretario General de la Corte Constitucional. No obstante, el personero se abstuvo de comentar las razones por las cuales se contrató a este abogado pues, según dijo, eso era un aspecto técnico del departamento jurídico de la empresa. Igual aclaró que la empresa no conocía el parentesco de Alfredo Larrea con el Secretario de la Corte Constitucional (CC).
ahora actúa como abogado de la Cervecería Nacional S.A., dijo que era la primera vez en el país que una resolución del pleno de la CC se retracta. No obstante, sostuvo que era necesario poner orden en el país, porque con estas acciones de protección se está causando un verdadero caos en instituciones públicas como privadas. “Desde ese punto de vista es positivo que se ponga orden para que no sea una diversidad de jueces y acciones, y que haya una sola orientación jurídica y constitucional en estos casos”.
Versión
Roberto Jarrín, acompañado de su abogado defensor, Roberto Gómez, ex presidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ), acudió ayer a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria, dentro de las investigaciones que se adelantan sobre el supuesto pago de un millón 50.000 dó-
JuiCiO. Roberto Jarrín Tamayo, representante legal de la Cervecería Nacional.
lares para obtener una sentencia en la CC, en el litigio laboral que la empresa cervecera mantiene con sus extrabajadores. Explicó, además, que el contrato de asesoramiento con Larrea Jijón incluye cláusulas explícitas que prohíben cualquier acto de corrupción, y que los pagos por este asesoramiento han sido realizados previa la presentación de facturas avaladas por el SRI y la retención de impuestos en la fuente. Jarrín Tamayo no descartó acciones legales contra el asam-
expresidente de la desapare°cidaEl CSJ, Roberto Gómez, quien
bleísta Galo Lara, pero dijo que hasta el momento están analizando qué tipo de acciones caben. Respecto de la decisión de la CC de dejar sin efecto todo lo actuado en este caso y devolver los expedientes a los jueces de origen, Jarrín Tamayo dijo estar sorprendido sobremanera por esa resolución, porque ese fallo no beneficiaba a la Cervecería ni a los reclamantes.
Juez niega acción a extrabajadores GUAYAQUIL • El juez décimo segun-
do de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, negó ayer un nuevo recurso de acción de protección a los extrabajadores de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado (Ecapag), presentado en enero. Jorge Sosa, abogado de la parte demandante, asegura que existió presión del alcalde Jaime Nebot en el fallo. Uno de los dos grupos de extrabajadores de Ecapag pide una reliquidación luego de varios
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años de haber trabajado para la empresa. Sosa dijo que este conflicto puede incluso llegar hasta Cortes internacionales y que la pelea para los extrabajadores “recién empieza”. Iriarte dijo haber actuado apegado a la ley y que “estoy conciente que he procedido correctamente”. Ahora, el caso deberá pasar a una sala de la Corte Provincial de Justicia, donde habrá que esperar un lapso de al menos dos semanas.
El alcalde Jaime Nebot no asistió al acto público. La Policía debió emplear la fuerza para evitar que extrabajadores de Ecapag actúen con violencia. Censura a periodista
El presidente Rafael Correa rechazó las declaraciones de un comentarista de televisión, quien afirmó que el Gobierno colocó al juez Wilson Luque para incomodar al Municipio de Guayaquil. “Qué barbaridad, qué falta de ética”, expresó el Mandatario.
DemANDA. Jorge Sosa anunció que irá a instancias internacionales.
Santi, presidente °deMarlon la Conaie (foto), y Delfín
Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, se presentarán en la diligencia sobre el reconocimiento del lugar de los hechos en la ciudad de Otavalo, el 3 de marzo a las 9:00, para una demanda falsa sobre un cargo supuestamente ilegal de sabotaje terrorista implementado por el Gobierno por el solo hecho de reclamar los derechos indígenas. Santi manifestó “que no tiene miedo”, no se esconderá. “Quiero sepultar esas falsas acusaciones y estaré presente en todas las audiencias para pedir justicia y derecho de los pueblos y nacionalidades”.
45 días para resolver el caso La Chocha El prefecto de Cotopaxi, °César Umajinga, y el repre-
sentante de La Chocha, Raúl Ilaquiche, solicitaron a los jueces de la Corte Constitucional que resuelvan las consultas elevadas por los juzgados de Cotopaxi con el fin de determinar si el castigo que recibieron los cinco presuntos asesinos de Marco Olivo fue justicia indígena o violación a los derechos humanos. De esta forma se establecerá si la justicia ordinaria debe o no juzgar a los presuntos asesinos, que permanecen detenidos desde junio de 2010.
Aclaración
El procurador Diego García Carrión aclaró que el titular de un texto que se publicó el pasado miércoles en este espacio, sacaba de contexto sus declaraciones emitidas a una televisora local, sobre el caso Chevron. El título decía “Petroecuador falló en control a Chevron”. Sin embargo, García puntualiza que sus palabras fueron ”que lo que hizo el Estado fue liberar responsabilidades frente al Estado, dejando en claro que no incluía derechos de terceros, porque el Estado no los representaba y estos derechos son los que precisamente están siendo ejercidos actualmente”.