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SÁBADO 23 DE DICIEMBRE DE 2017 La Hora ECUADOR
I
Carlos Ochoa no puede ser juez y parte, según Teleamazonas Debido a un simulacro de incendio que realizara la Función Judicial, la audiencia de la acción de protección de Teleamazonas se postergó para el próximo miércoles, a las 13:00. Mientras tanto, siguen en pie las medidas cautelares que impuso la jueza Lucila Gómez y que implican la suspensión de la resolución con que Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), sancionó a la cadena televisiva. La acción de protección interpuesta por Teleamazonas busca que la Justicia proteja un aspecto fundamental de su derecho al debido proceso: ser oído por una autoridad imparcial. El abogado del canal, David Ortiz, recuerda que ese derecho está en el artículo 76 de la Constitución y en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “El Superintendente en la resolución dice que él no es juez, entonces como no es juez dice que no se aplican a los procesos que él sustancia la garantía de ser juzgado por un juez imparcial”, recapitula el jurista, “esa explicación es absolutamente irrazonable”. Ortiz sostiene que las garantías del debido proceso, según la Constitución, no se aplican únicamente a nivel judicial sino “en todo proceso en que se determinan derechos y obligaciones”. Además, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias, “ha sido clara en aseverar que las garantías judiciales no se aplican únicamente a jueces y tribunales
Un caso sin resppuesta ° Además de las denuncias de particulares, la Supercom ha trami-
tado decenas de procesos de oficios contra los medios de comunicación. Sin embargo, cuando la periodista Janeht Hinostroza le preguntó esta semana sobre por qué no iniciaron procesos de oficio en el caso del supuesto linchamiento mediático de los medios gubernamentales contra la exasambleísta Martha Roldós, Carlos Ochoa no respondió y prefirió recordar que ella, en su denuncia, no adjuntó copia de cédula.
sino a toda autoridad pública”. Se consultó al departamento de comunicación de la Supercom si tienen alguna reacción sobre la suspensión de su resolución sancionadora, pero de momento prefirieron no pronunciarse. Punto de vista
En el criterio de Francisco Rocha, el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), las medidas cautelares a favor de Teleamazonas son una “señal de que la justicia comienza a funcionar sin presiones y comienza a observar la legalidad”. Según su opinión, hay aspectos de la Ley de Comunicación que son incompatibles con los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de los que Ecuador forma parte. “La jueza deberá señalar que es inconstitucional que una misma persona inicie el proceso, lo sustancie y lo juzgue”. (MMD)
POSTURA. El abogado del canal, David Ortiz, demanda que se respete el derecho al debido proceso.
GESTIÓN. La Comisión de Fiscalización será la encargada de sustanciar el proceso contra el segundo mandatario.
‘Juicio político debe seguir aunque Glas cese en el cargo’ Dicen que será una muestra legislativa de lucha contra la corrupción. Asambleístas de diferentes tendencias insisten en la necesidad de que en la Asamblea se cumpla el juicio político en contra del vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, antes del 2 de enero, fecha en que deberá cesar en funciones por abandono de cargo. Una vez que la Corte Constitucional aprobó el dictamen de admisibilidad, en la Asamblea se está a la espera de que la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento del proceso. Para el legislador oficialista del ala ‘morenista’, Ricardo Zambrano, el juicio político debe avanzar incluso después del 2 de enero porque es vital que la Asamblea tome una posición respecto al segundo mandatario en momentos en que desde varios sectores se habla de la necesidad de mantener una lucha frontal contra la corrupción. “Es importante sentar un precedente para que los servidores públicos sean responsables de sus actos”, dijo. Zambrano considera que el proceso debe seguir en la Asamblea aún si el segundo mandatario es removido del cargo al cumplirse los 90 días de ausencia, al estar detenido y sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. “Es importante para que haya una inhabi-
litación de seguir trabajando en el sector público”, manifestó. El asambleísta de CREO, Byron Suquilanda, dijo que es el momento de sancionar políticamente y moralmente a quienes “se han llevado los fondos del Estado”. El parlamentario por los migrantes de EE.UU. y Canadá agregó que hay que hacer todos los esfuerzos para que la Asamblea cumpla un compromiso de “honor” con el pueblo, para que este se sienta satisfecho de una Legislatura que debe representarlo. “Así cese en funciones, Glas tiene que ser sancionado en la Asamblea, porque una persona así no puede volver a la palestra política, ni como funcionario público, peor como candidato de elección popular”, aseguró Suquilanda. Sin embargo, los plazos se acortan en la Asamblea para poder llevar al segundo mandatario a que responda en el Pleno y proceder, si ameritan las pruebas de cargo, la censura y destitución. Por eso, el legislador independiente Eliseo Azuero recuerda que hay un camino más corto que se podría aplicar estos días. Se trata de la notificación de destitución de Glas por parte de la Contraloría General del Estado que aún está pendiente de tratar en el organismo legislativo. En defensa
Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, dijo que la asociación ilícita no consta como causal para promover un juicio político en contra de su defendido, por lo que asegura que la propia Corte Constitucional ha violado la Constitución al haber aprobado
CAL sesiona el martes la Corte Constitucio°nalEldiojueves, su aval para abrir el juicio
político al vicepresidente, Jorge Glas, quien está condenado a seis años de prisión por asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El dictamen ingresó a la Asamblea ayer por la tarde y el presidente José Serrano anunció que ha convocado a reunión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el martes a las 17:00, ponerlo en conocimiento y remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso.
el dictamen de admisibilidad. “Me parece una arbitrariedad y un abuso que ha hecho la Corte Constitucional y eso atenta contra el debido proceso”. Al legislador oficialista del ala ‘correísta’, Augusto Espinosa, no le extraña el pronunciamiento del organismo constitucional, pero ve con preocupación su actuación en las últimas semanas, y cita como ejemplo la solicitud de consulta popular, donde se demoró el pronunciamiento lo que hizo que el Ejecutivo lo remita directamente al Consejo Nacional Electoral. Espinosa considera que más allá de las instancias judiciales, políticas y constitucionales, la suerte de Jorge Glas ya estaba echada desde hace más de un año atrás. “Él ya fue juzgado y sentenciado en el estado de opinión y parecería que cualquier recurso que interponga localmente va a ser negado, pero le queda las instancias internacionales”, aseguró. (HCR)