9.3 La invasión a Panamá y el hechizo del mercado

tencia que desde 1985 estaba urdiendo la salida del poder del dictador panameño hasta que, con argumentos falsos unos y acomodados otros decidió invadir a Panamá, tal como lo hizo desde la noche del 19 de diciembre de 1999.

Toda guerra tiene un trasfondo económico, suele afirmarse. Y la invasión estadounidense a Panamá iniciada el 19 de diciembre de 1999, en tanto guerra, no fue la excepción. Tuvo unos claros y evidentes móviles económicos. Las explicaciones de los oficiosos defensores de tal invasión arguyendo que primaron motivaciones humanitarias, la defensa de la vida de unos ciudadanos, la democracia y el supuesto respeto a los Tratados Torrijos-Carter en la práctica, quedó demostrada la falsedad de esos pretextos.

A través de la historia Estados Unidos ha demostrado fehacientemente que la democracia, nunca ha sido un cimero valor en sí. Su apoyo a dictadores de la peor laya, así lo comprueba. Por el contario, ha denostado de la misma y ha privilegiado las dictaduras civiles y militares. Su flagrante, sistemática y humillante violación a los Tratados Torrijos-Carter muestra su desprecio hacia Panamá. Desde el siglo XIX Estados Unidos, en el caso puntual de Panamá, recurrió de modo reiterado a provocaciones de distinta naturaleza con el objeto de desencadenar episodios de violencia o caos y entrar a “remediar” tales fenómenos.

La invasión a Panamá ocurre porque Estados Unidos necesitaba imponer la economía de mercado. No es que Noriega fuese un impedimento para ello, sino que el militar panameño, envalentonado, desafió a Estados Unidos y era un obstáculo en el sentido de la adecuación institucional que se requería en Panamá (tal como ocurrió en el resto de América Latina) para imponer el modelo neoliberal. Desde 1985 Estados Unidos tuvo claro que tal oficial panameño era un personaje que sabía demasiado sobre las políticas imperialistas, entre ellas crímenes, que es potencia había cometido en distintos países de la región y del resto del mundo.

Necesitaba silenciarlo. Buscó distintos medios para sacarlo del poder, tales como intentos de golpes de Estado, su captura, el abandono del poder y su permanencia en Panamá. A medida que pasaba el tiempo las relaciones entre Estados Unidos y Panamá se fueron deteriorando progresivamente y el abanico de medios para apartarle del poder se fue cerrando hasta quedar, como única opción, la invasión, captura y enjuiciamiento de Manuel Antonio Noriega. Ejecutado lo anterior, la imposición del neoliberalismo no tuvo obstáculo alguno en Panamá. Los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura quedaron atrapados en el hechizo del mercado.

Desde luego la económica, no fue la única motivación de Estados Unidos para invadir a Panamá. No podemos caer en el reduccionismo económico de la invasión. En la misma confluyeron intereses geopolíticos, científicos, militares, culturales, religiosos, sociales, políticos y comunicacionales. Se trató en suma, de un experimento en términos de tácticas y estrategias militares en gran escala a efectos de ser puestos en práctica en otros lugares del mundo. De igual modo fue un mensaje, a manera de demostración de fuerza, a otras potencias para recordarles el ilimitado poder bélico de Estados Unidos y su disposición a imponer una única visión del mundo, un modelo económico y una cultura de la mano del poder y la fuerza de las armas. En ese sentido se afirma que Desde el punto de vista militar, la invasión a Panamá se constituyó en un laboratorio para ensayar un “modelo de guerra total” alterno al de la guerra de baja intensidad. Desde el punto de vista de la política interamericana se inauguró el corolario Bush y se expresó por primera vez la visión que intentaban irradiar los norteamericanos para el nuevo orden mundial. “La invasión a Panamá fue la cuna del Nuevo Orden Mundial.” Con el inicio de la terminación de la Guerra Fría, había que iniciar un nuevo estilo de dirigir las relaciones internacionales en mundo unipolar que se avecinaba61 .

“Una fuente indicó que murieron entre 700 y 800 personas. Otras fuentes indican que EEUU desarrolló operaciones sanitarias cremando cuerpos con lanza-llamas. Estas actividades se vincularon con la

61. GANDÁSEGUI, h, Marco A. Imperialismo norteamericano y la invasión a Panamá de 1989. En: Tareas.

Número 133, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Panamá, Panamá, (Sept-dic de 2009); p. 77-89.

desaparición de personas. Otros relatos de tortura describen como los invasores se ensañaron contra los soldados del regimiento ‘Macho de Monte” de las FDP. Según otros informes, el cuartel de las FDP en la ciudad de Colón fue destruido sin dañar su fachada, matando a todos sus ocupantes (300 miembros de las FDP)”62 .

Según Acosta “en El Chorrillo, un total de 4 mil viviendas fueron destruidas dejando sin hogar a más de 14 mil personas”. La destrucción fue el producto de un bombardeo de 4 horas seguidas entre las 12:15 am a las 4:15 am del 20 de diciembre. “El pueblo rural de Pacora fue bombardeada con sustancias químicas lanzadas por helicópteros del Comando Sur. Según testigos de Pacora, el pueblo fue cercado con alambre de púa para evitar que los pobladores pudieran asistir a los soldados en el área. Panamá también sirvió de conejilla de india para experimentar nuevas armas de guerra. Entre éstas se destacaron saltos en paracaídas de 160 metros y el uso de aparatos oculares para ver de noche. El arma más exótica usada en la invasión – sin necesidad alguna – fue el avión F-117A, el bombardero Stealth. Las pérdidas económicas de la invasión se calculan en US$2 mil millones. El desempleo se disparó y la Cámara de Comercio informó que se habían perdido 10 mil empleos63 .

Quienes se oponían a la invasión – entre ellos senadores como Dodd, Leahy y Kennedy – cambiaron de parecer y comenzaron a criticar a Bush por su falta de resolución. Las instituciones como el Pentágono, la CIA y la DEA se dividieron, inclinándose a favor de la solución militar. Todo indica que el momento más favorable para Bush y sus “rating” de popularidad para lanzar la invasión era justo antes de Navidad. Aprovecho la ventana que se abrió para demostrar que era un hombre con capacidad de mando, sin importar los costos y pérdidas de vida, y que controlaba las fuerzas armadas más poderosas del mundo64 .

El resultado inmediato de la invasión de Panamá en EEUU fue un triunfo de la Casa Blanca que supuestamente había actuado en forma eficaz contra un peligroso enemigo. Los críticos de Bush fueron silenciados y el triunfo militar despertó entusiasmo en ambos partidos políticos de ese país. El Congreso aplaudió la fortaleza demos-

62. Ibíd. 63. Ibíd. 64. Ibíd.

trada por Bush y las encuestas de opinión reflejaron un apoyo del 80 por ciento de las personas consultadas65 .

Según la analista Jane Cramer, la invasión fue considerada por muchos observadores como el caso de una guerra “diversionista”. Fue concebida, planeada y ejecutada por razones de política interna de EEUU. Una guerra diversionista es promovida y desatada por un líder político con “el propósito de lograr objetivos diplomáticos o militares que pueden contribuir a solucionar sus problemas políticos domésticos”. Cramer agrega que con frecuencia los líderes son motivados por ‘condiciones políticas internas deterioradas’ para iniciar aventuras militares en el exterior66 .

Una crisis económica, impopularidad en las encuestas, política partidista y ciclos electorales pueden influir en el uso de la fuerza. Para muchos el uso innecesario de fuerza tiende a alimentar estos supuestos. En el caso de Panamá…las razones que EEUU ofreció para justificar la invasión fueron banales y sin mayor sentido. Cramer concluye que “estos hechos apoyan la tesis de que el uso de fuerza para deshacerse de Noriega no tenía que ver con Panamá”. Más se trataba de una manipulación de la opinión pública de EEUU en torno al carácter del ocupante de la Casa Blanca67 . ¿Qué justifica entonces el uso de una fuerza abrumadora contra un país que no representaba una mayor amenaza para EEUU? Bush invadió a Panamá bajo el supuesto de defender la democracia, de restaurar el orden y de defender a ciudadanos norteamericanos que residían en ese país. Los hechos demuestran que esos objetivos, en realidad, no eran los que perseguía EEUU. Según el sacerdote panameño, Xavier Gorostiaga, “ni la defensa del Canal o el arresto (ilegal) de Noriega justificaba la invasión que “costó por lo menos mil vidas, mucho sufrimiento y daños, sin resolver problema alguno”68 .

Parry señala que poco antes de la invasión del 20 de diciembre, Bush y el jefe de su Estado Mayor, el general Colin Powell, estaban preocupados por la falta de coordinación militar entre las distintas

65. Ibíd. 66. Ibíd. 67. Ibíd. 68. Ibíd.

ramas de las fuerzas armadas de EEUU. Powell exclamaría en un momento, con cierta nerviosidad, ‘hay que colocar un aviso en la puerta diciendo ‘Aquí vive la Súper-potencia’. Según Coleen Acosta, “la invasión militar de EEUU a Panamá le recordó al mundo que Washington continuaba siendo hegemónica en el hemisferio”. Además, la invasión militar demostraba que EEUU contaba con un líder, el presidente Bush, padre, decidido a “sobrematar” cualquier adversario. Panamá fue escogido en aquellas circunstancias para lograr esos objetivos políticos que le devolvieran al ocupante de la Casa Blanca su prestigio y posibilidades de reelegirse en las próximas elecciones69 .

La invasión estadounidense a Panamá acaecida el 19 de diciembre de 1999 no fue la primera a esa nación centroamericana. Tampoco consistió en un esfuerzo de Estados Unidos por terminar con una dictadura y propiciar la democratización. La razón de fondo de la invasión tuvo que ver con el hecho de que el catálogo de medidas del Consenso de Washington requería regímenes políticos civiles (también de derecha) para demostrar el supuesto “Fin de la historia”. Las dictaduras eran, desde esa perspectiva, anacronismos en un mundo capitalista que aspiraba a la globalización, a la internacionalización de la economía y a la apertura. Para ello se requerían una serie de medidas, cambios y adecuaciones institucionales que la dictadura, por su mismo desprestigio, era la menos indicada para adoptarlas.

Los gobiernos civiles que se suceden en Panamá tras el derrocamiento de Noriega, así lo testifican. Lo único que los diferencia, es el estilo y la forma. Todos coinciden en su devoción a los postulados del neoliberalismo. Hechizados por el mercado, cada uno a su manera ha cumplido con las medidas impuestas por los organismos multilaterales afines a la economía de mercado y al imperialismo estadounidense. El neoliberalismo precisa de regímenes políticos autoritarios, corruptos, militaristas y demagógicos y eso justamente han sido los gobiernos civiles de la transición, posteriores a la dictadura en Panamá. Aunque la propaganda neoliberal pone a la economía de mercado como sinónimo de democracia, es preciso puntualizar que el neoliberalismo de manera directa e indirecta o por transitividad, ha matado a más seres humanos que todas las guerras por la que ha atravesado la humanidad.

69. Ibíd.

Al respecto, considérese lo siguiente: El quinquenio 1972-77 produjo los mayores avances en política social y laboral de la historia del país, avances que empezaron a perderse con posterioridad cuando, una vez que se alcanzó el objetivo de la progresiva reversión canalera, el pacto interclasista dio paso a un vuelco del régimen militar hacia el sector empresarial. Primero como efecto de la crisis económica de 1973-74, luego por la orientación neoliberal que los organismos de crédito internacional fueron imponiendo en los años 80, los que se agudizaron con la apertura de la crisis del régimen militar, a mediados de la década de 1980, durante el régimen del general Noriega, después de la muerte de Torrijos en 198170 .

El avance en materia social alcanzado en la década del 70 se expresa también en que, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panamá a lo largo de su historia ha ratificado 74 convenios internacionales de trabajo, de los cuales 67 se encuentran en vigor, pero la mayoría de ellos se aprobaron en este período: 15 antes de 1970, 36 en 1970, 18 en 1971 y tan sólo 5 en la década de 1990 (OIT, 2003). La llamada “crisis del petróleo” condujo a una contracción sustancial del crecimiento económico en el año 1974-75. La respuesta del régimen panameño fue la Ley 95 del 31 de diciembre de 1976, la cual suspendió y modificó gran parte de los derechos laborales del Código de Trabajo de 1971 (nos referiremos en detalle a estas medidas más adelante)71 .

Posteriormente la llamada “crisis de la deuda” latinoamericana, abierta a partir de 1981, junto con las primeras recomendaciones “ajuste” del Fondo Monetario Internacional, van a tener por consecuencia la ley 8 del 30 de abril de 1981, la cual reformó sustantivamente los derechos laborales. Los posteriores Préstamos de Ajuste Estructural (Sal I y Sal II) van a estar en la génesis de la crisis social y política del régimen militar debido a la ola de protestas obreras y populares que causaron72 .

Entre 1987 y 1989, la crisis política panameña dio un salto cualitativo llevando a los sucesivos gobiernos del general Noriega a un

70. BELUCHE, Olmedo. Reseña histórica de las reformas neoliberales a la legislación laboral panameña (1971-2004). En: Tareas. Número 133, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Panamá,

Panamá, (Sept-dic de 2009); p. 23-44. 71. Ibíd. 72. Ibíd.

enfrentamiento abierto con Estados Unidos, por un lado, y por otro, a una ruptura de la base popular del régimen tanto por efecto de la política económica caracterizada por un neoliberalismo creciente, así como por una exigencia de libertades democráticas. Esta crisis produjo un estancamiento de las reformas estructurales, pero las sanciones norteamericanas (vigentes desde febrero de 1988 hasta diciembre de 1989) constituyeron una hecatombe económica que se tradujo en una reducción del PIB de hasta 17 por ciento, con su secuela de cierre de empresas, despidos masivos y suspensión de incontables garantías sociales (pago de decimotercer mes, pago de salarios del Estado con bonos depreciados, etc.)73 .

Meses antes de las devastadoras sanciones económicas norteamericanas se aprobó la reforma laboral consignada en la Ley 1 del 17 de marzo de 1986, que amplió las reformas al Código de Trabajo adoptadas con anterioridad, y que fue respondida por el movimiento sindical con una gran huelga general. Esta huelga fue derrotada cuando los empleadores, amparados en la nueva legislación, procedieron a despedir a miles de dirigentes gremiales intermedios, produciendo un retroceso del que no se ha recuperado aún el movimiento sindical del sector industrial74 .

La invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989 puso fin al régimen de Noriega, pero no se restauraron los derechos sindicales y sociales perdidos durante la crisis. Por el contrario, en julio de 1990, Estados Unidos hizo firmar al gobierno de Guillermo Endara un “Convenio de Donación”, por el cual el país se comprometía a aplicar un duro plan económico de corte neoliberal, reduciendo la planilla estatal, fijando la privatización de empresas públicas, reducción de aranceles de importación, fin del control de precios e incluso una nueva reforma laboral. Los compromisos adquiridos por dicho convenio empezaron a ser aplicados por el gobierno de Endara (1989-94) y continuados por Ernesto Pérez Balladares75 .

Una de las primeras consecuencias para el movimiento sindical panameño de la invasión norteamericana fue la imposición del gobierno de Endara de la Ley 25 de diciembre de 1990, por la cual fueron despe-

73. Ibíd. 74. Ibíd. 75. Ibíd.

didos miles de funcionarios públicos, especialmente de las empresas estatales, que para entonces aún no habían sido privatizadas, y que tenían sindicatos y asociaciones laborales, acusándoles sin evidencia de intentar un golpe de Estado, por haber coincidido un llamado a huelga con una asonada militar el 5 de diciembre de ese año. La apelación de estos sindicalistas siguió durante diez años todas las instancias judiciales panameñas infructuosamente, hasta desembocar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde recibió un fallo favorable76 .

Durante el gobierno de Endara también se aprobó la Ley 16 de 6 de noviembre de 1990, por la cual se crean “zonas procesadoras de exportación” (maquilas), la cual suspende de hecho la aplicación de las principales garantías del Código de Trabajo para las empresas de capital extranjero que se acogieran a este régimen. Sin embargo, esta ley tuvo efecto limitado, al no producirse la migración de capitales maquila que se esperaba, no tanto porque fueran insuficientes los incentivos que la ley les otorgaba, sino porque la inexistencia de moneda propia y la libre circulación del dólar americano, hacen artificialmente “cara” la mano de obra panameña en comparación con la de otros países centroamericanos y del Caribe77 .

También en la gestión de Guillermo Endara se aprobó la Ley 2 de 13 de enero de 1993 que modificó el Código laboral panameño parcialmente, pero que tuvo de positivo el restablecimiento del derecho de negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo, suspendidas durante la fase crítica del régimen norieguista, cuyo contenido referiremos en detalle más adelante78 .

La mayor reforma de corte neoliberal que sufrió el Código de Trabajo se produjo durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, con la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, cuyo objetivo central fue el abaratamiento del proceso de despido en favor de los empleadores. Esta reforma motivó otra importante huelga general, en la que hubo cuatro sindicalistas muertos y decenas de detenidos durante las protestas79 . Las sucesivas reformas laborales de las que hemos hecho referencia han sido complementarias entre sí y sistemáticamente disminu-

76. Ibíd. 77. Ibíd. 78. Ibíd.

yeron los alcances de las conquistas sociales adquiridas en el Código de Trabajo de 1971. Lo que ha motivado que, durante la gestión de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) las reformas económicas han golpeado centralmente otros aspectos de los derechos sociales (reforma tributaria, por ejemplo)80 .

En materia de derechos laborales, ha habido durante esta última administración dos proyectos que, aunque su ejecución ha avanzado poco, afectan los derechos laborales, como: la Ley 12 de 6 de febrero de 2002, de fomento al “primer empleo”, lo que los europeos llaman “contrato basura”, por la cual se incentivan a las empresas a dar trabajo a los jóvenes para los cuales no estarían vigentes los derechos consagrados en el Código laboral; otra es el proyecto de crear una “zona procesadora de exportación” en la antigua base militar norteamericana de Howard81 .

Lo novedoso de la gestión de Moscoso ha sido la entrega del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) directamente a representantes del sector empresarial, dejando de lado los abogados y tecnócratas de gobiernos anteriores, lo cual ha llevado a prácticas completamente desleales e ilegales de los funcionarios contra el sindicalismo. Desde negarse a recibir actas de sindicatos en formación, para facilitar el despido expedito de los organizadores, hasta ponerse del lado empresarial durante los procesos de conciliación y negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo. Incluso se ha procedido a castigar a los sindicatos “rebeldes” reteniéndoles las cuotas de educación sindical a las que tienen derecho a través de la Ley del Seguro Educativo, que destina un porcentaje a la formación sindical82 .

Como señalamos en la reseña histórica, la crisis política de los años 80 del régimen del general Noriega se resolvió en la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. En julio de 1990, se firmó un Convenio de Donación por el cual Estados Unidos financiaría parte de los daños económicos causados por la invasión y el saqueo subsecuente, si el gobierno de Guillermo Endara se comprometía ha

79. Ibíd. 80. Ibíd. 81. Ibíd. 82. Ibíd.

reiniciar un programa de ajuste estructural pactado con los organismos de crédito internacional. En ese marco se inscriben las reformas laborales de este período83 .

La Ley 16 de 6 de noviembre de 1990 tuvo como objetivo crear un régimen especial para zonas procesadoras para la exportación, eufemismo que en realidad se refiere a la instalación de empresas tipo “maquila”, forma de superexplotación del trabajo nacida al calor de la globalización neoliberal en los años 80 y 90. Para estimular la instalación en Panamá de este tipo de empresas se creó esta legislación que de hecho coloca a éstas fuera del Código de Trabajo en aspectos esenciales.

Las llamadas “zonas procesadoras” debían establecerse en las antiguas bases militares norteamericanas ubicadas en la antigua Zona del Canal que, para entonces, empezaban a revertir a la soberanía panameña producto de los Tratados Torrijos- Carter84 .

La Ley 16 de 1990 restringe el salario excluyendo todo tipo de bonificaciones de éste para que no sean tomadas en cuenta en los cálculos de cotizaciones a la seguridad social, decimotercer mes, etc.; su redacción prioriza al contrato por tiempo definido sobre el de tiempo indefinido, haciendo de este último la excepción; introduce por primera vez en Panamá, el criterio de que el empleador puede dar por terminada la relación laboral, es decir, despedir al trabajador, cuando se produzcan fluctuaciones negativas en los mercados de exportación; afecta el derecho de vacaciones, autorizando al empleador a definir en qué momento la otorga, independientemente de si el trabajador ha cumplido el tiempo de trabajo mínimo requerido para acceder a este derecho, al igual que le autoriza a fraccionarlas en dos momentos distintos; permite la flexibilidad funcional del trabajador porque autoriza a la empresa a asignar labores diversas a las que fue contratado; y, finalmente, prohíbe el derecho de negociar convenciones colectivas de trabajo hasta el cuarto año de operaciones de la empresa85 .

La Ley 16 de noviembre de 1990, sobre zonas procesadoras de exportación, fue subrogada y empeorada (desde la perspectiva del dere-

83. Ibíd. 84. Ibíd. 85. Ibíd.

cho laboral) por el Decreto-ley 2 de 3 de enero de 1996, la cual amplió la flexibilización laboral en los ámbitos salarial, numérico, funcional, temporal, etc86 .

Adicionalmente, llegado 1989, la XIX intervención armada de Estados Unidos reiteró que lo prioritario, lo esencial para Estados Unidos en Panamá es el Canal interoceánico y la posición geográfica que lo hace posible y que protegerán dicho interés estratégico con relativa prescindencia de los entretelones domésticos. Este período, sin embargo, supera el marco histórico que se me ha solicitado tratar. No obstante, como en las formaciones sociales hay continuidades históricas, y lo que a todos nos interesa es el presente, no debo terminar esta intervención sin mencionar que sobre todo en los últimos 20 años, la “Plataforma de Servicios Transnacionales” anunciada el 17 de noviembre de 1968 las metas a lograr han evolucionado sobre dos ejes principales: primero, sobre la apropiación y desnacionalización de las riquezas nacionales y segundo sobre el desarrollo de un sistema de gobierno que hemos caracterizado como una mafiocracia, mutando en los últimos años hacia un verdadero Estado delincuencial87 .

Hoy el proceso de apropiación privada de las riquezas nacionales (electricidad y energía, puertos, telefonía, carreteras y transportes, etc.) presenta otra faceta. Ya no son las grandes transnacionales las que sistemáticamente se van apoderando de recursos y empresas antes propiedad del Estado o de particulares panameños. El proceso incluye ahora una amplia gama que se ha ido operando por –oleadas–. Primero fueron por las empresas vinculadas al sector de más rápido crecimiento en el momento (construcción) y así fueron adquiridas por capital extranjero Plásticos Nacionales, Industria Galvanizadora, el Grupo Metalplas, Acero Panamá, Cemento Panamá, Cemento Bayano, Durman y Esquivel, etc. Una segunda oleada adquirió empresas productoras de alimentos: Pascual, Estrella Azul, Café Durán, Conservas Panameñas, Bonlac, Nevada, Pan Ideal, etc. Y una tercera oleada adquiere empresas terciarias y de servicios en general: Estaciones de Gasolina Puma, Call Centers, Novey, Cochez, Office Depot, la Agencia Mercedes Benz, FASA, Price Smart, PayLess, Multiplaza, MetroMall88 .

86. Ibíd. 87. MANDULEY, Julio. Op. Cit., p. 97-121. 88. Ibíd.

A ellos se suman, porque las masivas inversiones en infraestructura del Gobierno Martinelli permite tratos más rentables y discretos con empresas extranjeras: ICA de México, Odebrecht de Brasil, FCC de España, MECO de Costa Rica; aunque éste último es un caso especial, ni su tamaño ni sus capacidades se compadecen con la envergadura de las obras en las que participa ni con las alianzas empresariales a las que es capaz de acceder. La razón de su éxito hay que buscarla en determinantes más allá de su fortaleza o capacidad empresarial: en sus relaciones directas con el Poder89 .

En las últimas semanas ha empezado a ser evidente el control por capitales colombianos de un sector clave en cualquier formación social: el bancario-financiero. El saldo neto que arroja hoy las formas específicas que ha ido adoptando la “Plataforma de Servicios Transnacionales” que constituyó el principal elemento de la modernización del régimen Torrijos y siguientes, vale decir, las aceleradas y muchas veces fraudulentas y engañosas transferencias de riquezas nacionales a manos privadas, las privatizaciones, concesiones y desnacionalizaciones, la transferencia de enormes cantidades de tierras estatales, de islas y linderos de playa a manos privadas, todo este proceso de -acumulación por desposesión- como lo ha denominado David Harvey y que constituye de por sí una nueva -acumulación originaria- tiene consecuencias graves90 .

Por una parte, la base productiva material de los principales grupos económicos –nacionales- se debilita cada vez más y tiende a desaparecer. No hay que ser un lince para entender que a poco andar, la ausencia de bases materiales propias, especialmente las apegadas a las esferas de la producción, que sigue siendo la fuente única de verdadera riqueza, van convirtiendo la Soberanía Nacional y la existencia misma del país como un Estado independiente en una perfecta ficción. Por otra, en lo contingente, como bien apunta Adrián Sotelo, cada día más -el Estado deviene en Mafia y pone a la sociedad en un verdadero Estado de Excepción-91 .

En el caso panameño el proceso corre por cuenta de una lumpenburguesía no sólo corrupta y descarada, sino deslenguada. Ya en 1910,

89. Ibíd. 90. Ibíd. 91. Ibíd.

Lefevre, a la sazón Secretario de Fomento y Obras Públicas le decía al Encargado de Negocios de los Estados Unidos: _Todos somos ladrones cuando se trata de dinero. Lo confieso_. Un siglo después Martinelli comentaba con la Embajadora de Estados Unidos por qué debía desechar a un posible colaborador: -Es un buen muchacho pero es demasiado honesto- (Wikileaks). Un resumen sumario del carácter del Estado Delincuencial Panameño lo hizo G. Castro, jefe de la Comisión Anti-Lavado de Dinero que en 1996 declaró con abrumadora sinceridad al New York Times, -Si Ud. Busca en Panamá a todas las personas que hicieron negocios con Noriega y su régimen se dará cuenta que la única que no participó fue la Madre Teresa de Calcuta-92 .

Estamos viviendo en un Estado Delincuencial: una sociedad en la cual _un grupo estructurado, existente durante un (largo) período de tiempo tiene como fin, mediante la acción concertada, utilizando la intimidación, la violencia, la corrupción u otros medios, obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material_. Esta, que es la definición del Comité Especial de las Naciones Unidas que estudia la delincuencia organizada, es una descripción exacta del actuar de las clases dominantes en nuestro país, de la Mafiocracia. Mafiocracia, que vale la pena insistir, no es un término peyorativo, ni un insulto ni un recurso de agitación y propaganda. Es un término que pretende dar cuenta, definir y sintetizar una situación precisa, una manera de hacer las cosas, un modo de funcionamiento económico, político, social, mediático, cultural, ideológico93 . ¿Qué características tiene la Mafiocracia, vale decir qué rasgos encontramos en esta forma de funcionamiento político-social que padecemos en Panamá? En primer lugar, la inexistencia de instituciones democráticas propiamente dichas; la ausencia de instituciones públicas respetables y res petadas por el conjunto de los ciudadanos; un número creciente y conocido de personas comprometidas con organizaciones criminales que se vinculan con los más elevados niveles de conducción de la economía y la política o que, directamente, forman parte de ella; una pléyade de funcionarios gubernamentales de alto nivel corruptos que son utilizados como instrumentos de actividades estatales delincuenciales; un control casi absoluto de los medios ma-

92. Ibíd. 93. Ibíd.

sivos de comunicación y una corrupción e ineficacia manifiestas de todo el sistema judicial. Busque usted en Panamá a 10 empresarios (sólo 10) que dispongan de una fortuna del orden de los US$ 20 M y que nunca hayan incursionado en la politiquería o participado en corruptelas, negociados, lavado de dinero o tráfico de influencias. Si los encuentra me avisa, por favor94 .

Hablamos, pues, de Mafiocracia ante una actividad delictiva que es sistemática y permanente por parte de una oligarquía incontrolada en medio de una red de corrupción no sólo que alcanza a, sino que se origina en, precisamente, las más altas esferas económicas, políticas y sociales del país, forma un entramado que se extiende a los principales negocios públicos y a las grandes inversiones, abarca especialmente a los altos cargos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los mandos de los organismos de policía y seguridad, a los medios de comunicación, pero también a las cúpulas de los sistemas de salud y educacional, a ciertas cúpulas sindicales al servicio de los patrones y a aquellas ONG que sólo gracias a sus dineros y la presencia mediática que sus recursos les permiten, usurpan las verdaderas representaciones de los ciudadanos. Ante la Mafiocracia el ciudadano de a pie parece no tener posibilidad alguna de defenderse y se ve obligado a convivir y pactar con ella en su vida cotidiana95 . ¿Y la clase política, preguntará alguno? Seamos serios. En la realidad _la de verdad - no existe nada que se llame _la clase política_. Sostenerlo sería tomar la forma por el contenido. _La clase política_ es una ficción mediática que intenta disfrazar lo que en realidad es una amalgama perversa de intereses entre quienes de verdad detentan el poder económico, financiero, comercial, político y mediático (los _100 dueños_, según la expresión que acuñó FRENADESO) y aquellas personas que les sirven como ejecutores u operadores de sus intereses en los distintos órganos del Estado: la tecnoburocracia a su servicio96 .

Este conjunto de individuos constituyen una suerte de casta _ que no una clase _ que defiende intereses económicos muy concretos _

94. Ibíd. 95. Ibíd. 96. Ibíd.

sustancialmente distintos a los intereses del pueblo panameño _ y a cambio de ello perciben altos salarios, bonificaciones, viáticos, dietas, viajes, exoneraciones, prebendas y, eventualmente, alguna participación en uno que otro negocio o negociado de quienes conforman el poder real que los instrumentaliza: la Mafiocracia. Muchos de ellos proceden de sectores populares (los del PRD son legión), lo cual no tiene por qué extrañarnos: una clase dominante es mucho más eficaz en su dominación _ enseñó Marx - en tanto más capaz sea de allegar algunos nombres de las clases dominadas97 .

La Mafiocracia, bueno es precisarlo, no sólo puede albergar sino que de hecho da cabida a diversos grupos de intereses. _Pandillas_ si quisiera usted utilizar la tercera acepción del DRAE: Liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño. Y, como en todas, hay, claro, estilos y estilos. Baste un ejemplo: Guillermo Endara decidió suspender la licitación pública internacional que habría de construir el Corredor Norte porque un presupuesto estimado de US$ 28 millones debía ser decidido por el gobierno entrante. El entrante Pérez Balladares, a los 5 meses de haber asumido, contrató la obra por US$ 325 millones. Martinelli, por su parte, perpetró la compra de los Corredores Norte y Sur como otro negociado de la Mafiocracia con una posible lesión patrimonial (coima presunta que le llaman) que el Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Panamá) calculó minuciosamente e irrebatiblemente en, al menos, en US$ 603 millones. Es cosa de estilos. Luciano era un intelectual del crimen. Capone daba mazazos98 .

Desde el punto de vista del accionar político, la Mafiocracia va eliminando casi todas las diferencias entre una dictadura y lo que era una farsa de democracia como la panameña: los ejercicios electorales son un ejercicio mediático, las candidaturas están sustentadas sólo por el dinero, las leyes electorales cercenan los derechos ciudadanos y las protestas que cada vez más, son reprimidas y criminalizadas policial, mediática y judicialmente: el Estado deviene en Mafia y pone a la sociedad, en los hechos, en un verdadero Estado de Excepción, constituyendo lo que legítimamente podemos llamar un Estado Delincuencial. En esta situación nos encontramos hoy99 .

97. Ibíd. 98. Ibíd. 99. Ibíd.

De todos modos “al parecer, la crisis que conducirá a la invasión tiene entre sus desencadenantes el crimen de Spadofora, el derrocamiento de Nicolás Ardito Barletta, en 1985, la disputa entre el coronel Roberto Díaz Herrera y el general Noriega por la jefatura de las fuerzas armadas que se inicia en 1987”100. La invasión se da por la convergencia de los factores tales como: “la crisis de poderes y de gobernabilidad en Panamá. Dos: la disolución del campo socialista. Tres: El afán de recuperar un sitio estratégico de cara al control regional. Esos tres factores crearon las condiciones objetivas y subjetivas, propicias para desencadenar la invasión”. Y, en verdad, “los intereses de EEUU en esta parte del mundo estaban muy por encima de lo que era o no era el general Noriega. Y dos: Noriega no estuvo a la altura de sus responsabilidades históricas y, por las razones y sin razones que fueren, facilitó a Estados Unidos la ejecución de sus planes”101 .

Como toda invasión imperialista, la de Panamá estuvo precedida de una intensa campaña de desprestigio hacia la dictadura de Manuel Antonio Noriega y contra él como persona. “Esa guerra de propaganda previa fue técnicamente una guerra mucho más exitosa que la que cumplieron las tropas en la función bélica propiamente dicha. Sin eso tuvieron un éxito sensacional, y yo rindo homenaje sarcástico a esa maravilla de orquestación y de preparación técnica, de la acción psicológica realizada antes de la invasión. El tema de las drogas fue muy bien escogido, aunque el tráfico de drogas en Panamá haya aumentado después de la “victoria” yanqui de diciembre de 1989”102 .

En ningún caso fue la transición a la democracia en Panamá el real motivo de la invasión ejecutada por Estados Unidos. Es evidente que …el llamado Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, cuya sede son los socavones de la colina conocida como Quarry Heights, ubicada en el cerro Ancón, que domina la ciudad de Panamá. Ese Comando Sur, aunque técnicamente no dispone de cañones ni de tanques ni de equipo militar propiamente dicho, es una especie de Estado Mayor

100. LAPEZE, Jean. Le développement regional au Panamá: de la participation populaire a la centralisation. París: IHEAL, 1987. p. 45. 101. RIVERA, Pedro. A 25 años de la invasión de EEUU a Panamá, La resistencia armada y sus consecuencias. Delgado-Diamante, Daniel, (2014), A 25 años de la invasión de EEUU a Panamá, la resistencia armada y sus consecuencias. En: Tareas. Número 150, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” Panamá, Panamá, (May-agos de 2015); p. 123-129. 102. HASAM, Stephen. Op. Cit., p. 65-85.

constituido por aproximadamente 600 efectivos, en su mayor parte expertos, asesores, técnicos en operaciones hasta de tipo civil; por ejemplo, las electrónicas, las que tienen que ver con las comunicaciones, con las relaciones con otros países, etcétera103 . No se refiere para nada ni al control ni a la garantía de seguridad de la Zona del Canal. Sus funciones son, específicamente, la supervisión, control y relación entre los ejércitos de todos los países de América Latina, desde Guatemala en el norte, cubriendo todo el continente, hasta el extremo austral de Argentina y Chile. Quiere decir que sus funciones equivalen a una comandancia en jefe para la toma de decisiones operativas en el continente104 .

De allí salieron parte de las tropas que invadieron Granada en octubre de 1983 bajo la jurisdicción del “Army South” (Ejército Sur), denominación novedosa que reemplaza a la 193a Brigada de Infantería del Ejército de Estados Unidos. De allí salieron las comunicaciones vía satélite y de otra naturaleza, que tuvieron que ver con las operaciones que las fuerzas armadas británicas realizaron entre abril y junio de 1982 en relación con la guerra de las Malvinas. Pero además es un punto neurálgico, por su ubicación geográfica tan singular, para la vinculación permanente, fluida y eficaz del Pentágono y los estados mayores de los ejércitos de todo el continente105 .

Reagan se oponía a los Tratados y al menos en la más conocida de sus consignas, repitió: “Nosotros lo compramos, nosotros lo pagamos, nosotros lo construimos, es nuestro y deberá seguir siendo nuestro”. Roger Fontaine fue uno de los redactores principales, junto con el profesor Lewis Tambs, del célebre Documento de Santa Fe I. Éste fue editado en mayo de 1980, en circunstancias en que estaba ya lanzada la campaña presidencial de Ronald Reagan. En ese documento se traza, para los efectos electorales, toda una filosofía de actuación post-Carter relativa a América Latina. La mayor parte de las conclusiones fueron llevadas a la práctica. Fontaine, en cuanto Reagan asumió la presidencia, fue designado asesor para asuntos de seguridad nacional para América Latina de la Casa Blanca106 .

103. Ibíd. 104. Ibíd. 105. Ibíd. 106. Ibíd.

Al profesor Lewis Tambs, de la Universidad de Arizona, un historiador, conocedor de la región, primero se le intentó nombrar nada menos que embajador en Panamá, pero Panamá lo rechazó porque Tambs había sido uno de los redactores del Documento de Santa Fe I, en el cual se insulta groseramente al general Torrijos. Los panameños dijeron con muy buen criterio que “no podemos recibir a alguien que es elementalmente nuestro enemigo”. Por lo tanto, le rechazaron el placel Entonces Estados Unidos lo envió a Colombia. Y ¿qué hizo en Colombia? Tambs fue el creador, entre otros, de los términos “narcoguerrilla”, “narcorrevolución” y “narcoterrorismo”107 .

Él agregó conceptos a las guerras de contrainsurgencia que no tenían tampoco nada que ver con la realidad. Tambs tuvo que salir de estampida de Colombia, en cuanto la Central de Inteligencia (CIA) descubrió, —así se dijo— que los narcotraficantes habían sobornado a custodias de la embajada en Bogotá. Un mes después de esa salida, Tambs aparece como embajador designado en Costa Rica. Y él va a ser el encargado de crear, reforzar y mantener el llamado “frente sur” de la agresión contra Nicaragua, quien va a supervisar todas las operaciones; a ejercer con éxito toda su influencia, toda su prepotencia ante el presidente Luis Alberto Monge (y después va a tratar de hacerlo ante el presidente Oscar Arias), y de hecho, va a ser el gestor de las luchas que el mercenario Edén Pastora realizará desde la frontera de Costa Rica contra Nicaragua. Incluida —y esto sí es obra personal pero recomendada por la CIA— la creación del aeropuerto de Potrero Grande, ese que se hizo clandestinamente, que financió la CIA, que está ubicado a apenas 30 kilómetros de la frontera con Nicaragua, y que sirvió para abastecer logísticamente a los contras durante un periodo importante108 .

Fue el presidente Arias quien a los pocos meses de instalado en el gobierno denunció esa presencia y exigió la desaparición del aeropuerto. Casi simultáneamente se desata el escándalo Irán-contras, y es ahí donde Tambs nuevamente aparece metido en todas las operaciones clandestinas en su condición de embajador, además apoyado por el jefe local de la CIA, Joseph o Joe Fernández, también mencionado en todos los documentos oficiales dados a conocer a raíz de

107. Ibíd. 108. Ibíd.

las investigaciones legislativas en Estados Unidos y por la Comisión Tower, cuyos destapes inducen a Tambs a dejar Costa Rica en menos de 24 horas, en enero de 1987, sin despedirse de ningún funcionario de gobierno109 .

Pero hay otros elementos. El general retirado Gordon Sumner pertenece a la cliqué o la mafia de los Documentos de Santa Fe. Y él va a ser nombrado asesor militar del Departamento de Estado para asuntos de América Latina. Tenemos otro funcionario, el profesor William Jordan, que es nombrado embajador en Perú, al parecer como experto en actuaciones contrainsurgentes, pero también antinarcóticos110 .

Aquí tenemos ya una especie de cuadro en el que se entremezclan, no tan curiosamente, elementos neoconservadores o ultraderechistas que tienen una visión muy dura y que suelen jugar muy rudo en sus actuaciones tradicionales en materia de América Latina. Esto de los Documentos de Santa Fe es importante, porque allí están marcadas las principales líneas de conducta que la administración Reagan va a aplicar en los años siguientes111 .

En el caso de Panamá tal como ocurrió en otros países de América Latina, cuando el dictador cumplió su rol y ya no le fue más útil, se deshizo de él y, para el efecto, barajó distintas opciones. La vorágine de los acontecimientos desembocó en la invasión estadounidense a Panamá el 19 de diciembre de 1999 y en el advenimiento de gobiernos civiles probadamente comprometidos con el neoliberalismo, al margen de las adscripciones ideológicas y políticas. Esos gobiernos civiles, a falta de una expresión más adecuada, hacen parte de la transición a la democracia en Panamá, advirtiendo de los múltiples riesgos que implica tan tajante afirmación “transición a la democracia”.

109. Ibíd. 110. Ibíd. 111. Ibíd.