Memoria 2018-2019 by Junta de Vigilancia del Rio Maule

MEMORIA ANUAL JVRM 2018-2019

Mensaje

del Presidente Estimados Regantes,

Como es por todos conocido, tuvimos una temporada difícil. Si bien los primeros pronósticos de riego definían que sería similar al año anterior, al pasar de los meses, una fuerte caída en el río, nos llevó a contar con caudales inferiores, llegando al fin de la temporada con consignas inferiores a las proyectadas, como verán con mayor detención en el análisis que incluimos en nuestra memoria anual. En este punto, debo destacar la importancia del Convenio de Ahorro con las empresas Colbún y Enel que nos permitieron ahorrar agua entre noviembre y diciembre y repartirla en los meses de mayor demanda, como fueron enero y febrero. La pelea que tuvimos que dar como regantes no solo logró frenar una mala reforma, sino que también permitió la unidad de las diversas organizaciones de usuarios de la Región del Maule, entendiendo que tener una voz única y fuerte nos permite no solo defender nuestros derechos sino que realizar una mejor gestión integrada del recurso hídrico. Es por esto que conformamos la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región del Maule cuyo principal objetivo es el manejo y uso eficiente del recurso hídrico en la Región a través de la elaboración, planificación, desarrollo y ejecución de objetivos comunes respecto de los usuarios del agua; con un contenido integral de todos ellos; esto es, no sólo respecto de las grandes organizaciones de usuarios sino también preocupándonos de los pequeños regantes,

prestando ayuda y colaboración en el uso integral del recurso, desde el momento en que una actividad unida es la única manera de hacer frente a la grave crisis hídrica que sufre, en general el país y, de manera particular, nuestra Región del Maule. Otro hecho importante y que nos permitirá ampliar la instalación de estaciones nivales, fue la adjudicación de un nuevo proyecto FIC, en conjunto con la Universidad de Chile y las Juntas de Vigilancia de Lontué, Longaví, Achibueno, Ancoa y la Asociación Canal Melado. En relación a la reforma al Código de Aguas, debemos entender que nuestra lucha no ha concluido, aún existen diversas amenazas que afectan los derechos de los regantes y las organizaciones de usuarios, por lo que los invito a leer la entrevista a Francisco Saldías, la que sin duda será de importancia para aclarar una serie de dudas respecto de la reforma. Como directorio creemos que no debemos bajar la guardia y entender que defender nuestros derechos es tarea de todos. También podrán leer una entrevista a la Seremi de Agricultura Carolina Torres, conocer de cerca su postura en temas de riego es de vital importancia para nosotros los regantes. A su vez, hemos anexado una entrevista que se me realizo en torno al fallo por el Juicio de Mera Certeza y para finalizar el área de reportajes y entrevistas, incluimos la mirada constructiva del quehacer de las organizaciones de usuarios de agua en el futuro de la Cuenca, escrito por Jorge Vergara-Castro, asesor en materias de agua y medioambientales. Para finalizar, agradezco a los miembros del directorio por su tiempo y a los asesores, por su apoyo en cada desafío emprendido. Un cordial abrazo, Carlos Diez Presidente JVRM

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Quiero partir saludando a cada uno de ustedes en este nuevo término de la temporada de riego. Me gustaría presentarles no solo el análisis del comportamiento del río, sino que compartir una visión que predomina en todo el directorio y en nuestros asesores, consistente en la importancia de dar seguridad de riego en una época de desafíos como son el cambio climático, la agricultura moderna, los ríos sanos, la cohesión social y la necesidad de realizar una gestión integrada del recurso hídrico. Debemos pensar todos juntos en el futuro y proyectarnos no solo a los años que vienen, sino que debemos visionar una Cuenca del Maule sustentable al año 2100.

4 Carlos Diez Presidente

2 Manuel Avendaño Director

5 María Olga Carril Directora

3 Rodrigo Viñambres Director

6 Francisco Morales Director

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1 Juan Tapia Director

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Carolina Torres, Seremi de Agricultura Región del Maule 34

“Es un desafío para nosotros que el Presidente haya señalado entre los motores productivos de la región de aquí al 2022 al sector silvoagrícola”

En el Maule, el sector silvoagropecuario alcanza el 13,5% del PIB regional y la agricultura emplea el 29,2% de la fuerza de trabajo de la región en el trimestre móvil de mayor ocupación, diciembrefebrero, y bordea el 24% en los meses de menor ocupación como marzo-mayo. En el Plan Regional de Gobierno 2018-2022 presentado por el Presidente Sebastián Piñera existen diversos aspectos que buscan el desarrollo del área, demostrando la importancia que tiene no solo en la actividad económica regional, sino que también nacional. ¿Seremi nos podría contar cuáles son los principales desafíos que trae el plan regional? Es muy interesante, y es un desafío para nosotros, que el Presidente haya señalado como los motores productivos de la región al sector silvoagrícola, junto con el turismo y las energías renovables. Entre las acciones que incluye el Plan Regional para una silvoagricultura del futuro destaca precisamente el incremento de la seguridad de riego, además del mejoramiento de la conectividad y el aumento de la productividad con apoyo al emprendimiento. Es muy importante que el Plan Regional reconozca la

relevancia de nuestro sector dentro de la economía del Maule y el rol que le compete para seguir avanzando en el crecimiento de nuestra zona, apoyada fundamentalmente en la gran vocación exportadora que nos caracteriza y que a la vez genera mucha mano de obra. Nuestro desafío es, como lo indica el Intendente Regional, mantener y aumentar nuestro liderazgo en materia de exportaciones agroalimentarias, sin descuidar a los segmentos de pequeños y medianos productores que también pueden y deben sumarse a este camino de crecimiento. ¿Cuáles serán las herramientas que se entregarán para alcanzar los objetivos propuestos? Hay que destacar que este plan regional es una ruta de acción para los próximos años que ha priorizado 105 iniciativas las que representan una inversión público-privada por más de 3.200 Millones de dólares. Por eso, en el plan se detallan herramientas de inversión y de fomento que serán realizadas con recursos sectoriales, de alcance regional y nacional, y también con fondos regionales incluyendo los aportes privados correspondientes. Por ejemplo, enumera importantes obras de mejoramiento vial que van en directo beneficio del sector productivo, y el reforzamiento en infraestructura del paso Pehuenche para adaptarse al control de vehículos de carga. También, el plan se refiere a herramientas de apoyo al fomento y el emprendimiento de los productores agrícolas y forestales con CORFO, para que fortalezcan su gestión en soluciones tecnológicas o en materia de reactivación.

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Hace ya un poco más de un año que la ingeniera agrónoma Carolina Torres asumió el desafío de liderar la cartera agrícola de la región del Maule. Al poco tiempo debió enfrentar grandes obstáculos como el cierre de Iansa en Linares, hecho que dejó a muchos agricultores perjudicados, y fuertes granizadas que dejaron grandes pérdidas en sectores frutícolas, especialmente, en huertos de arándanos en el Maule Sur.

El riego tiene bastante relevancia en el plan, ¿nos podría explicar los diversos pasos que contempla para dar seguridad en esta materia a los agricultores?

Efectivamente, el plan incluye expresamente el énfasis en el incremento de la seguridad de riego. Para ello, el Presidente hizo mención a dos proyectos que buscan aumentar nuestra capacidad de acumulación de aguas. Ellos son el estudio de factibilidad e impacto ambiental del embalse la Jaula, para Maule Norte, y del embalse Longaví para el Maule Sur. Ambos proyectos están dentro de las 26 grandes obras priorizadas a nivel nacional por el Consejo de Ministros de la CNR, cuentan ya con estudio de pre factibilidad y se espera licitar los estudios de factibilidad durante este 2019.

también destacó la elevación mecánica Loncomilla, otra gran inversión para la zona; pero también contamos -como ustedes bien saben- con los instrumentos que tradicionalmente hemos utilizado muy bien en la región como la Ley de fomento al riego, el programa de riego campesino de INDAP y el convenio CNR-Gore Maule. Sobre este último, quiero destacar que la primera versión del convenio 2015-2018 fue tan exitosa en su impacto, que no tuvimos problemas para aprobar un segundo convenio 2019-2022 el cual contó con el apoyo transversal de los consejeros regionales.

En el caso del embalse La Jaula, este permitiría regar 53.405 hectáreas, impactar en 6.000 predios y beneficiar a más de 113.000 regantes. A su vez, el embalse Longaví incorporaría al riego a 41.600 hectáreas, beneficiando a más de 3.000 predios y 5.000 familias.

Entonces, más que pasos, podemos decir que el Gobierno está avanzando en varios frentes en materia de riego: grandes obras de acumulación, mejoramiento de la conducción y aumento de la tecnificación a nivel intrapredial para lograr la mayor eficiencia posible en el uso del recurso.

Junto con estos dos embalses, el Intendente Regional, Pablo Milad, en su cuenta pública

¿Cómo pueden los agricultores a su juicio, realizar una mejor gestión del recurso hídrico?

En esta materia, las organizaciones de usuarios de agua (OUA) tienen un rol fundamental y como gobierno hemos dicho que para nosotros, las organizaciones son quienes mejor administran el agua, porque son quienes conocen mejor las necesidades de sus regantes. Por eso, la CNR ha puesto en su calendario año 2019 un concurso nacional de sistemas de gestión de agua para la implementación de proyectos de telemetría y automatización, y también ha puesto a disposición un fondo concursable para las Organizaciones de Usuarios de Aguas. Este último es un instrumento nuevo de la CNR que tiene por objetivo financiar proyectos formulados por y para las organizaciones, con énfasis en aquellas compuestas mayoritariamente por pequeños productores, para fortalecer su capacidad de gestión. Otro elemento importante es el trabajo que estamos haciendo de forma conjunta con las organizaciones en materia de regularización de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas y por último, el estudio de línea base de calidad

de aguas en el Maule, que además de indicar cuál es la situación actual, propone un sistema de gestión y seguimiento para las organizaciones para monitorear este aspecto en sus áreas de influencia. Por otro lado, vemos que estamos enfrentando un cambio climático, de hecho Chile será sede de una cumbre mundial sobre el tema, según su punto de vista, ¿qué deben hacer los agricultores para adaptarse a estos cambios? La realización en Chile de la COP25 nos entrega una oportunidad para reforzar el mensaje de cuidado del agua que hemos venido inculcando en los regantes y en la población en general a lo largo de los años. Aumentar la disponibilidad de los recursos hídricos, pasa necesariamente por un cambio de mentalidad de los agricultores respecto a la necesidad de ser eficientes en el uso del agua. Esto debe ser entendido como una obligación y no como una posibilidad en la medida en que tenga recursos. Porque hay que tener claro que muchas acciones no requieren de grandes inversiones sino de prácticas sencillas que pueden incluir entre sus manejos culturales habituales. A nivel de infraestructura extra predial, en el caso de los agricultores que utilicen aguas superficiales para el riego, es de gran relevancia facilitar el flujo libre del agua a través de los canales de riego eliminando malezas, raíces de árboles y arbustos, así como el retiro de basura que puedan interferir con el libre escurrimiento del recurso hídrico. Otro aspecto relevante tiene que ver con evitar la pérdida

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Este es un tema de mucha importancia. Además de las inversiones en infraestructura, hay otros elementos que, si bien no están directamente dirigidos al mejoramiento o construcción de obras, inciden también en la seguridad de riego como son todo el trabajo que podemos hacer de forma conjunta para mejorar la distribución y el control del recurso.

A nivel intrapredial, existen múltiples opciones que permiten aumentar la disponibilidad de agua de riego para agricultores, y que van desde estanques de 5.000 litros hasta tranques que pueden inundar fácilmente varias hectáreas. Las alternativas dependen del recurso hídrico disponible, las características del terreno y del presupuesto. Otro punto importante es la tecnificación del riego, en general se ha demostrado que cualquier método de riego con algún grado de tecnificación muestra un mejor rendimiento en los cultivos y frutales que el riego por tendido o surcos. El agua es cada vez más escasa en época de riego, el plan contempla solo dos estudios de embalses en la región, ¿qué le propone usted a los regantes para poder embalsar agua en invierno y ocuparla en época de riego? 38

Los embalses son obras de gran envergadura y por eso significan cuantiosas inversiones en materia de recursos y también de tiempo. Nuestra región debe seguir insistiendo en la necesidad de construir embalses, sin embargo, el Gobierno a través de la CNR está explorando también otras alternativas para aumentar la capacidad de acumulación del recurso. En este sentido, tiene en su programa de obras menores el concurso nacional 29-2019 de obras de acumulación e infiltración por un monto de mil millones de pesos cuyas bases estarían disponibles en septiembre de este año, que busca ayudar al financiamiento de piscinas de infiltración para alimentar los acuíferos. Y también ya están publicadas las bases del concurso 53-2019 de su programa de

obras medianas que permite cofinanciar obras de hasta 250.000 UF. Este es un desafío importante porque son obras de una envergadura mayor a las que estábamos acostumbrados a financiar a través de la Ley, y es una respuesta para mejorar la capacidad de acumulación de aguas en el país. La gestión integral del recurso hídrico es fundamental, ¿es posible realizar convenios entre diversos estamentos para optimizar el agua? Como Gobierno estamos siempre dispuestos a una mayor y mejor coordinación y articulación entre los distintos actores relacionados con un tema en particular, en este caso, con la gestión del recurso hídrico. Como ustedes recordarán, la primera visita que realizó al Maule el nuevo Secretario Ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, incluyó un amplio recorrido por toda la región para reunirse con las organizaciones de agua y revisar con ellas cuáles eran las principales dificultades que enfrentaban, qué proyectos tenían en carpeta y qué ideas podían aportar para seguir mejorando la gestión del recurso. Además, en la región funciona de manera permanente la Mesa del Agua, presidida por el Intendente regional, que incluye a varios actores y que tiene un alcance más integral que la Comisión Regional de Riego que presidimos como Seremi de Agricultura y donde estamos sentados servicios del MOP, de Agricultura y de Desarrollo Social. Por último, la transversalidad del tema respecto del cuidado del agua nos permite conseguir muchas otras alianzas como por ejemplo la que ya comenté con el Gobierno Regional para mejorar la infraestructura de riego y con el propio Gobierno Regional, otras acciones para regularizar títulos de derechos de aprovechamiento de aguas.

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de agua por infiltración a lo largo de canales de riego para lo cual es recomendable la implementación de revestimiento de canales.

Hay que recordar que el año 2012 el CDE interpuso una demanda por Mera Certeza que buscaba definir si Endesa podía realizar economías en la porción intermedia de la Laguna del Maule. Además, el año 2015, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y Enel firmaron un Convenio de Flexibilización que buscaba la recuperación de la Laguna del Maule y una mejor gestión del recurso hídrico. Este convenio contó con el apoyo de la Junta de Vigilancia del Río

Maule, pero lamentablemente no fue ratificado por el Gobierno Central ante la presión de un grupo de agricultores que se oponían a la modificación del Convenio de 1947 que regula el uso de las aguas de la Laguna del Maule, por lo que solo pudo realizarse por una temporada. En agosto del año 2017, el Sexto Juzgado de Santiago falla el Juicio de Mera certeza y señala que: “las economías que regula el artículo 8 del Convenio de 1947 suscrito entre las partes solo pueden hacerse efectivas en la porción superior de la Laguna del Maule”. Este hecho es aplaudido por los regantes quién en la voz del actual presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule señala que este fallo le da seguridad al riego y prioriza la agricultura. “Una sentencia como esta es tranquilizadora, pues nos demuestra la importancia que tienen la agricultura y sobre todo, nos dice que al agua es primordialmente para riego”.

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Conocido el fallo en segunda instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el Juicio de Mera Certeza entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Endesa, hoy Enel, conversamos con el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez, quien se mostró optimista pues este dictamen refleja que vienen trabajando por buen camino y los insta a seguir realizando diversas gestiones que permitan la optimización del recurso hídrico.

Además, el fallo da cuenta de la importancia de que los diferentes actores realicen un trabajo coordinado que busca abiertamente la recuperación de la Laguna del Maule y afrontar periodos de sequía, donde siempre los principales beneficiados serán los regantes. El presidente comentó que: “el considerando trigésimo tercero señala: “si bien se aplicó con el propósito de flexibilizar el Convenio de 1947, el mismo da cuenta del contexto de comportamiento de las partes al momento de enfrentar momentos de escasez del recurso hídrico,

tal y como lo han aseverado las partes de autos y encontrándose la Laguna del Maule en su porción intermedia, es decir, permite que Endesa utilice aguas de la porción intermedia de manera adicional en ese año de sequía en la región intermedia y restringe la extracción de las cuotas adicionales o economías de la Endesa cuando la aquella se encontrare en su porción superior.”” Carlos Diez es enfático en mencionar que: “Un punto muy importante que menciona el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago es la posibilidad de modificar el Convenio de 1947 con la conformidad de ambas partes, como lo señala en el considerando trigésimo segundo: “el mayor conocimiento obtenido durante la explotación de las lagunas del Maule y la Invernada, respecto de sus regímenes, y el de las corrientes que se regularizarán, aconsejaran hacer una revisión del presente convenio, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos de agua en uso combinado de riego y de energía eléctrica”. Este punto se vuelve de vital importancia, sobre todo en la época de cambio climático que enfrentamos y donde los especialistas del tema mencionan la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos y de realizar la mayor optimización posible del recurso hídrico. No se puede olvidar que en el Maule los regantes no han contado con el 100 por ciento de

sus derechos de agua hace más de siete años tras la sequía que se ha mantenido en el tiempo y que ya es una constante la disminución de caudales en la temporada de riego.” Esta ventana que deja abierta el fallo insta a los usuarios de agua a hacer una mejor gestión hídrica. “La verdad es que hago un llamado a la unión de los regantes, a dejar de lado los intereses personales, políticos o de cualquier índole, yo entiendo que podemos tener diferencias, pero lo que debe unirnos debe ser más fuerte, debemos trabajar por el agua, por poder regar no solo la próxima temporada sino que muchas temporadas más”, agregó el presidente. Para finalizar el presidente hizo un enfático llamado a las autoridades señalando que: “necesitamos Gobiernos que se hagan cargo de los nuevos desafíos climáticos y de riego, queremos líderes capaces de mirar más allá y que entiendan que el día que los regantes no tengan agua para la agricultura, serán ellos responsables por no haber hecho una adecuada gestión. Nosotros, los agricultores tenemos memoria y sabremos recordarles que tuvieron oportunidades que simplemente no las aprovecharon.”

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Carlos Diez, presidente JVRM

Endesa, hoy Enel apelaron esta sentencia y en febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en segunda instancia, comenta Carlos Diez, confirmando el fallo en primera instancia. Este fallo ratifica en casi su totalidad el fallo en primera instancia, salvo el pago de las costas por parte de Enel y señala abiertamente en sus considerando los beneficios del Convenio de Flexibilización y la prioridad de riego en el uso del agua de la Laguna de Maule. El presidente cita el considerando trigésimo treinta y nueve con el fin de demostrar lo anteriormente señalado: “la generación de las economías sí generan un uso eficiente de las aguas de la Laguna del Maule, siempre que suplan déficit los gastos deficitarios del Río Maule que, en su ausencia, correspondería extraerse del embalse del Maule, ayudando, de esta forma, a su recuperación.”

Francisco Saldías

El año 2011 por moción parlamentaria se inicia en el Congreso la Reforma al Código de Aguas con el Boletín N° 7.543-12, posteriormente y bajo el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se presentan una serie de indicaciones que vuelven a poner en discusión el tema. La reforma es aprobada en la Cámara de Diputados y pasa al Senado para ser analizada en las diferentes comisiones. La fuerte oposición ejercida por los regantes y agricultores logra detener los avances en la reforma de la ley con el fin de no perjudicar una actividad que es primordial no solo en nuestro país sino que en el mundo, como es la agricultura. Con la llegada del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se presentan una serie de nuevas indicaciones, las que en este minuto están siendo analizadas en la Comisión de Agricultura del Senado. Para conocer la opinión de los regantes conversamos con Francisco Saldías, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, quien ha estado al tanto de los

cambios y participando de diversas reuniones para conocer las indicaciones propuestas. ¿Existe una necesidad de reformar el Código de Aguas? Efectivamente, se ha llegado a un consenso que debe existir una modificación al Código de Aguas, como asimismo garantizar el derecho humano al agua, protección de glaciares y otras materias que requieren adecuarse a la creciente escasez hídrica, medio ambiente, cambio climático entre otros. El actual Gobierno envió diversas indicaciones al proyecto anterior, ¿cuál crees que es la más importante? Sin lugar a dudas de las indicaciones del Presidente Piñera, las más significativa, es la que vino a dar cierta tranquilidad por cuanto mantiene la tradición histórica de los derechos de aprovechamiento

¿Desde qué perspectiva analiza las indicaciones hechas?

¿Esto da tranquilidad al gremio de los agricultores?

Hablemos un poco más de los pequeños agricultores, ¿qué perjuicios pueden presentar ellos con estas indicaciones?

Por supuesto que no, esperemos que la reacción en el Congreso sobre debilitar el uso real de los derechos de aprovechamiento de aguas para el sector agrícola no vuelva a reflotar, de ser así, debemos reforzar los esfuerzos para dar a conocer el trabajo silencioso que realizan los agricultores en los sectores rurales y la importancia de contar con certeza jurídica de sus aguas al igual que la tierra, para que continúen siendo de libre transferibilidad, heredables, activo patrimonial ante créditos bancarios, arriesgar con inversiones que ha permitido un desarrollo impensables en este sector.

Siempre observo el Código de Aguas con una mirada desde las organizaciones de usuarios de aguas y regantes del sector agrícola en especial la protección de las aguas a los pequeños, que me ha tocado analizar y defender por muchos años, comenzando con el proceso de la reforma al Código de Aguas que se concretó el año 2005.

¿Qué comentarios tienen ustedes como organizaciones de usuarios de agua a las nuevas indicaciones?

Existe un gran número de agricultores que por generaciones riegan sus campos (derechos de aprovechamiento consuetudinarios) y carecen de títulos de dominio inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Pues bien, el artículo 4 Transitorio, establece un plazo máximo de dos años para que estos agricultores inicien los trámites de regularización, vencido este plazo se presumirá que dichas extracciones son clandestinas y en el evento de fiscalización, serán objeto de sanciones. Quedan exceptuados los que usan vertientes cuyas aguas nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad y las personas que cavan en suelo propio para satisfacer usos domésticos.

De acuerdo a lo consultado, puedo indicar que una vez más las indicaciones al Código de Agua ingresada por el Ejecutivo al Senado el 31 de enero de 2019, carecieron de diálogo y sociabilización previa con las organizaciones de usuarios de aguas, dirigentes gremiales y regantes representativos que se opusieron con firmeza a lo propuesto en el Gobierno anterior. Esta falta de diálogo le impide lograr un conocimiento acabado de los actores relevantes que a diario deben aplicar la ley con efectos prácticos y en terreno.

En cuanto a los agricultores que cuentan con sus derechos de aprovechamiento inscritos, una gran cantidad de ellos no los tienen perfeccionados, estimo que son más del 90% y de aprobarse las indicaciones estarán obligados a hacerlo, esto consiste en agregar a la inscripción vigente las características del derecho, Ej.: volumen por unidad de tiempo (litros por segundo), si se trata de un derecho consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, entre otros. Este procedimiento ha sido muy complejo por cuanto se debe realizar a través

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Reforma al Código de Agua, una mirada desde los regantes

de aguas que al igual que las tierras, sus dueños o propietarios las pueden usar, gozar y disponer libremente de ellas, en esta noble actividad agrícola. Recordemos que el Gobierno anterior propuso romper esta tradición, arrebatando estas esenciales garantías, lo que provocó movilización en varias zonas agrícolas del país, iniciadas y mantenidas por las organizaciones de usuarios de aguas, gremios agrícolas y una gran cantidad de agricultores que vieron una real amenaza de sus derechos.

¿Hay un desconocimiento de parte de las autoridades en este tema? Las Juntas de Vigilancia, Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas, han reconocido los derechos de aguas consuetudinarios – sin inscripción- con el mismo respeto de quienes los tienen inscritos. A su vez, los procesos de regularización representan un alto costo para los pequeños agricultores, los terrenos y sus derechos de aguas cada vez están más subdivididos, como la regularización hasta ahora es un proceso de tramitación mixta; muchos lo han intentado y han fracasado ya sea en la etapa administrativa ante la DGA o ante los tribunales de justicia después de una larga y costosa tramitación. En síntesis ocurre lo mismo con el perfeccionamiento para los agricultores medianos y grandes. 46

Lo ideal sería cuantificar estos casos y establecer políticas públicas que apoyen y faciliten estos trámites. Establecer plazos perentorios y tan cortos es desconocer la real magnitud del problema. Además, abre las puertas a los especuladores que siempre bien informados y asesorados puedan intentar inscribir las extracciones consuetudinarias, catalogando a los verdaderos usuarios como extractores de aguas clandestinas y con sanciones. ¿Qué aprensiones tienen las organizaciones de usuarios de agua a estas nuevas indicaciones? Son varias la verdad, la primera de ellas es la indicación del actual Gobierno en su artículo 134, que limita las oposiciones sobre las solicitudes de cualquier tipo, solo a los terceros titulares de derechos de aprovechamiento de aguas inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador

de Bienes Raíces respectivo. Con esto impide completamente una defensa corporativa que representan las organizaciones de usuarios, como hasta ahora en su calidad de terceros que se sientan afectados en sus derechos. Además, en el artículo 141, se elimina a los que se sientan perjudicados y expresamente a las juntas de vigilancia. Como se podrá concluir se deja en la indefensión a los agricultores que no tienen sus derechos inscritos y tampoco podrán defenderse a través de la organización que siempre los ha reconocido como usuarios. Por otro lado, en el artículo 222, se propone: “Un reglamento del Ministerio de Obras Públicas determinará las condiciones y requisitos que se deberán tener en consideración en las votaciones, para salvaguardar los intereses de los comuneros minoritarios”, lo que deberá quedar establecidos también en los estatutos como lo sentencia el artículo 224. Creo que antes de proponer, la DGA puede perfectamente revisar la cantidad de reclamos que existen contra los directorios de las organizaciones de usuarios y podrá comprobar que son una cantidad mínima, de las cuales muy pocas son declaradas admisibles. Ahora esta indicación tiene mayores consecuencias que las mencionadas. ¿A qué se refiere usted con mayores consecuencias? Pues bien, esta indicación abrió la puerta para que los senadores de la Comisión de Agricultura del Senado, lo profundizaran proponiendo que los directores no pueden estar más de un periodo, que un regante pueda representar como máximo 10 acciones, que las votaciones se realicen de acuerdo a los asistentes a la asamblea y no de acuerdo a los votos. Hechos que van contra años de trabajo desinteresado de los directores que asumen un trabajo voluntario y dedicado al bien de todos los regantes. Por otro lado, se intercala los artículos 241 bis y 283 bis, precisando las responsabilidades personales de los directores que responderán solidariamente por perjuicios causados a la organización, quedando nulas toda estipulación de los estatutos y todo acuerdo de la junta que tienda a liberarlos o limitar su responsabilidad. A su vez, aclara que la DGA de oficio podrá fiscalizar el cumplimiento de

Efectivamente, se ha llegado a un consenso que debe existir una modificación al Código de Aguas. las obligaciones y funciones de las Organizaciones de Usuarios. Se debe considerar que el artículo 41 y 41bis; propone traspasar la autorización de la DGA a las Organizaciones, la aprobación de obras en cauces artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, ejemplo en canales que atraviesan ciudades o poblados en sectores rurales, cualquier resolución del directorio quedará expuesta a reclamos y denuncias de quienes se sientan perjudicados. Los juicios y procesos que pudieran interpretarse como doloso, serán defendidos por los directores en forma personal sin poder recurrir al respaldo de una asamblea, lo cual a mi juicio provocará alejamiento y desmotivación de muchos dirigentes. Finalmente, las indicaciones modifican el rol de las organizaciones en épocas de sequías, ¿qué opina usted sobre este hecho? En épocas de extraordinaria sequía, declarada la zona de escasez por el Presidente de la República, el artículo 314 aclara que el Decreto establecerá las condiciones, la vigencia de la medida, incluido el plazo en que se revisará su mantención, lo que someterá a la revisión del Panel de Expertos de Recursos Hídricos. Al no existir acuerdo de los usuarios para la redistribución de las

aguas superficiales la DGA podrá suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia, como también los seccionamientos de los ríos que comprenda el Decreto. El Panel de Expertos deberá recomendar con un informe técnico que incluya el modo en que se efectuará la redistribución de las aguas disponibles y los costos de la ejecución de la medida serán de cargo de las Juntas de Vigilancia. De acuerdo a la experiencia, las sequías siempre se han resuelto por las organizaciones de usuarios de agua y el apoyo de sus regantes. Frente a casos puntuales que hay intervención de la DGA, actúan ambos organismos en conjunto por un bien superior de consumo humano y distribución en alícuotas. Pretender que un Decreto establezca la vigencia o dejarlo supeditado a una revisión posterior, pudiendo suspender las atribuciones del Directorio por un plazo indeterminado y además que éste pague las medidas que resuelva un Panel de Expertos establecido en Santiago, me parece del todo inapropiado, tanto en su efecto práctico como operacional por cuanto se arrebata y desacredita completamente la labor del Directorio frente a sus asociados, personal y opinión pública. Siempre un Directorio tendrá uno o un mínimo que no esté de acuerdo por lo cual será muy fácil que no exista acuerdo para recurrir a estas medidas.

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de procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, deben aportar toda la documentación legal desde que se dio origen a la inscripción hasta el certificado de dominio vigente del propietario actual o solicitante. En este caso el artículo 11 Transitorio, otorga un plazo máximo de 3 años para obtener el certificado de la DGA e inscribirlo al margen de la inscripción. A partir de esa fecha el Conservador de Bienes Raíces no podrá realizar la inscripción de una transferencia de propiedad de derecho.

Como JVRM compartimos con ustedes algunas ideas compartidas con nosotros por Jorge Vergara Castro, profesional maulino, consultor independiente a nivel internacional en materias de conflictos, naturaleza y el agua, cuya mirada nos lleva a provocar una reflexión sobre el futuro y la importancia de adecuarse a los cambios en el río Maule.

“En el territorio del río Maule existen las bases organizacionales para mejorar la gestión conjunta. ”

En el marco de los acontecimientos actuales, hoy hay que pensar y poner en práctica la gestión moderna del agua del río Maule y su devenir al año 2100 (por provocar una mirada hacia el futuro).

Los países de la OCDE, a la cual Chile postulaba entonces (y hoy es miembro), nos llevaban bastante camino avanzado (y persiste hasta el día de hoy).

Hacia una gestión más moderna del uso del agua

En ese marco, y en mi carrera de investigador sobre asuntos de la naturaleza, me encontraba en México estudiando asuntos relacionados a la gestión del agua, la integración de los actores, sus beneficios, el rol del Estado, las partes interesadas y afectadas. Las instituciones y organizaciones implicadas. En fin, intentando comprender una gestión “moderna” del agua para Chile. Para muchos investigadores Latinos, el caso mexicano era interesante (aparte de la Agencia del Valle del Tenesse, que por asuntos de escala, economía y cultura es bastante lejano a la realidad local del sur de américa). Allí, el Estado apuntó a la creación de capacidades internas para la puesta en marcha de un modelo institucional que favoreciera la resolución de conflictos y la gestión del agua en sus 26 cuencas. Modelo institucional basado en la experiencia francesa. En términos concretos, la experiencia mexicana es interesante en muchos términos, sobretodo para constatar un hecho simple: las instituciones y organizaciones resuelven conflictos donde los hay, donde se visibilizan, o existe el ánimo de resolverlos. Históricamente las Agencias Estatales habían invadido todo el sistema social mexicano destinado

a la administración del agua. El Estado realizaba la distribución del agua de riego hasta el nivel predial. Lo mismo se había aplicado para la producción agropecuaria en zonas de riego con infraestructura construida por el Estado, dónde las agencias públicas podían inducir la estructura productiva, debido a fuertes y efectivas políticas que buscan la “seguridad alimentaria nacional”. No obstante, a fines del siglo XX, México inicia un proceso activo de inclusión de los usuarios a través de transformaciones de la Ley de Aguas Nacionales, que les permitieron participar cada día más en los procesos de toma de decisiones que se relacionan a la gestión del agua Nacional, desde espacios de comunicación público-privada hasta la conformación de organismos en los cuales la participación mínima de los usuarios está regulada por Ley. En la actualidad, aún se distingue entre los involucrados un consenso en cuanto a que “el proceso avanza, pero no ha concluido”. Es decir, estos procesos institucionales y organizacionales tienen una gran inercia. En el territorio del río Maule existen las bases organizacionales para mejorar la gestión conjunta. Existen evidencias del avance en la modernización en la gestión del agua, pero hay que avanzar

mucho más y de manera sustentable a mediano y largo plazo. Lo anterior, evidencia un riesgo (vulnerabilidad y amenaza) para el territorio, su población, su economía, su bienestar, dado que existe una alta vulnerabilidad por no contar con un diálogo de largo plazo que apunte a la cohesión social con fines compartidos (¿cómo vemos el territorio al futuro, al año 2100), junto con las amenazas del cambio global, las demandas socioeconómicas y ambientales. El diálogo es económico, social, político, ambiental. Los territorios que no han ocultado esta realidad (evidente), están mejor preparadas que el río Maule. No es tan solo un asunto de planificación de las inversiones (por lo pronto relevante), de mejoramiento y modernización de infraestructura. Es un asunto que vino para quedarse: la menor disponibilidad de agua. Es un problema estructural. Nos afecta a todos los ciudadanos, los empresarios, los agricultores, los políticos. Es un asunto de cohesión social. En Oceanía, es un tema que tuvieron que abordar. Como dicen en Chile: “ponerse rojos una vez, y no rosados mil veces”. No es tan solo un problema de centralismo, y normativo. Es un asunto que debe partir de acuerdos sociales. Otros ya lo comprendieron hace décadas, y sus discusiones

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A fines del siglo XX y sobretodo a inicios del siglo XXI era una preocupación el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua en Chile (intuyo que hasta hoy lo es). La agencia en dónde trabajaba me encargó diseñar un programa nacional sobre este tema. Un desafío importante.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos1 (Chile es miembro desde el año 2010)

Existen evidencias que existe un cambio en la estructura normal de precipitaciones de agua lluvia y nieve en la montaña del territorio. Quizás no es solo un cambio en los datos estadísticos, si no que algo más profundo, un cambio en el comportamiento de la naturaleza. Podríamos estar siendo observadores de un cambio rotundo a la baja.

Este escenario es más que probable, se está viviendo en lo cotidiano el día de hoy. Por este motivo, hay que poner el acento en que intercambios entre usos pueden permitir resguardar la seguridad y proteger los intereses sociales, ambientales y económicos. Cómo establecer mecanismos modernos que puedan operar bien en años secos (críticos) y como gestionar en años «normales» (nuevos), en un régimen habitual sobre el cual se tiene experiencia adquirida. Por ello, si se desea modernizar la gestión del agua del río Maule para el año 2100, hay que pensar hoy para poner en práctica e incidir de manera más sustentable en su devenir. Estamos atrasados. No es un problema tan solo de derechas e izquierdas, de empresarios y ciudadanos. Ya se ha perdido tiempo valiosísimo. Hay que pensar al futuro actuando HOY.

Desde el 2010, la OCDE ha aportado pruebas sobre las principales lagunas de gestión que obstaculizan la formulación y la implementación de políticas del agua. Las presiones globales ejercidas sobre el agua y sus sectores relacionados exigen la adopción de medidas, [por que entre otros:] los sistemas de gobernanza a menudo no están bien equipados para atender la creciente demanda, los desafíos ambientales, el continuo proceso de urbanización, la variabilidad climática y los desastres ocasionados por el agua. La gestión del agua dulce (superficial y subterránea), es una preocupación tanto global como local e involucra a una plétora de actores públicos, privados y sin fines de lucro en los ciclos de toma de decisiones, de políticas, y de proyectos.

Para encajar en el futuro, las instituciones (las organizaciones, las empresas, la sociedad)deben adaptarse a las circunstancias cambiantes, asimismo la voluntad política y la continuidad de las políticas son clave en la transición hacia prácticas más incluyentes y sostenibles.

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hoy están en un estado 3.0: los derechos de la naturaleza (Nueva Zelandia, Australia).

Fuente: OECD Principles on Water Governance, 2015

La política del agua es de por sí compleja y está estrechamente vinculada a los dominios que son fundamentales para el desarrollo, incluyendo la salud, el medio ambiente, la agricultura, la energía, la planificación espacial, el desarrollo regional y la mitigación de la pobreza.

1 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

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