Informe sobre la Situación de los Derechos Políticos en el marco de las Elecciones Legislativas y Municipales celebradas el 11 de marzo de 2012
que se implementaba por primera vez en el país, además de negarle la posibilidad real para competir a cargos públicos. Esta debilidad normativa sumada a la falta de regulación en el acceso equitativo a los medios de comunicación, significa para las campañas electorales, que los institutos políticos contendientes y las candidaturas no partidarias no se encuentren en igualdad de oportunidades para acceder al electorado, aspecto importante que determina la base de un proceso electoral democrático, el cual apunta a la celebración de elecciones libres y competitivas134. Así, se observó un gasto desmedido y sin control alguno de propaganda electoral, que favoreció a los partidos políticos que contaron con mayores recursos económicos para desplegar sus estrategias y acciones proselitistas en los medios de comunicación social, limitando de esta manera, las oportunidades de los demás partidos y candidaturas no partidarias en sus aspiraciones a la redistribución del poder político y comunicar al electorado otras alternativas para captar sus preferencias. El establecimiento de limitaciones en el gasto de propaganda electoral se justifica desde la perspectiva de los derechos humanos, para asegurar que la libre elección del electorado no se vea afectada o que el proceso democrático quede perturbado por gastos desproporcionados a favor de cualquier candidato o partido135. En este sentido, el esquema normativo salvadoreño cuenta con una regulación general y escasa en el tema de financiamiento electoral.
134 IIDH. Tratados de Derecho Electoral Comparado de América Latina, Capítulo XXVII, la campaña electoral: publicidad/propaganda, período y prohibiciones, segunda edición 2007, página 734. 135 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos, Observación general número 25, artículo 25 La participación en los asuntos públicos y el derechos de voto, 57º período de sesiones, 1996, párrafo 19.
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