1930-1983 alternaron gobiernos civiles y militares, lo cierto es que el poder real permaneció continuamente en manos de los uniformados. Basta con echar un veloz vistazo sobre ese medio siglo de vida argentina para convencerse de ello. El general Agustín P. Justo asumió como presidente en febrero de 1932, pero su triunfo en las urnas se debió a que Uriburu había vetado la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear, provocando la abstención del yrigoyenismo. Once años después un nuevo golpe de Estado, dirigido por los coroneles Eduardo Avalos, Enrique González, Emilio Ramírez y Juan Domingo Perón, derrocó al gobierno constitucional del doctor Ramón Castillo. Desde entonces Perón -él también un militar- se convertiría en figura omnipresente en la escena política argentina. Vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión durante el gobierno de facto del general Farrel, Perón fue elegido presidente en 1946 y -previa reforma de la Constitución- en 1952. Si bien los siguientes comicios tuvieron lugar seis años después, resulta casi una obviedad mencionar, llegados a este punto, que Perón no completó su segundo mandato y que las elecciones de 1958 fueron decididas por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. Entre otras medidas, el tándem Lonardi-Aramburu disolvió por decreto al partido peronista. Proscripto éste, triunfó en las urnas Arturo Frondizi, depositario efímero de los votos justicialistas que en las elecciones bonaerenses de marzo de 1962 retornarían a sus fuentes dándole la victoria a la fórmula Framini-Anglada. Nuevamente los militares, por ésta y otras razones, aparecieron en escena y derrocaron a Frondizi. Luego del breve interregno de Guido fue elegido Arturo Illia, gracias a la proscripción del peronismo -otra vez, los militares- y con apenas el 23% de los votos. El resto es historia reciente: las presidencias de los tres generales consecutivos (Onganía, Levingston y Lanusse) que gobernaron a la Argentina entre 1966 y 1973 y las sucesivas administraciones de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, lejos de afianzar el compromiso democrático no fueron sino el preludio del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Desde el 31 de octubre de 1983, sin embargo, el poder cambió de dueño. Ahora pertenece al pueblo, que otorga o quita el mandato a sus gobernantes. El sistema cambió radicalmente desde entonces, y el cambio fue fruto de un aprendizaje colectivo. Diversos síntomas indican que la transformación es profunda. Algunos son sutiles y muestran que la sociedad se ha sensibilizado contra cualquier insinuación de violencia. El hecho de que los guardaespaldas de una funcionaria hayan sido acusados de atacar a los fotógrafos de un semanario, por ejemplo, no hubiera sido noticia en los diarios de los años setenta por carecer de entidad: en aquel entonces se mataban quince o veinte personas por día. Otros signos son todavía más llamativos. Las dificultades económicas que el país enfrentó durante los gobiernos de Arturo Frondizi, Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón eran leves si se las compara con la situación que atravesó la Argentina en 1989, siendo presidente Raúl Alfonsín. Sin embargo a ningún sector de la opinión pública se le ocurrió que la solución fuese un golpe militar. Sin duda, los gobiernos de Frondizi, Illia y la señora de Perón fueron derrocados por dificultades económicas infinitamente menos graves que la hiperinflación desatada durante la presidencia de Alfonsín. El hecho de que en 1989 la posibilidad de un golpe militar ni siquiera haya sido sugerida indica, creo yo, que la primera lección -el respeto a la Constitución- fue absolutamente aprendida por la sociedad en su conjunto.
El segundo desafío 3