ilegales de música, películas, videojuegos, programas de computación, ropa o productos farmacéuticos a precios ínfimos. Muchos de quienes compran en estos mercados negros lo ven como una picardía inofensiva, que en el peor de los casos afecta sólo a empresas multinacionales que ya ganan suficiente dinero. Pero pocos saben que la piratería intelectual no sólo afecta a las empresas extranjeras, sino también a las locales. En muchos casos, hace que potenciales innovadores ni siquiera intenten poner en marcha sus proyectos, o que nadie quiera financiarlos, ante la imposibilidad de competir con productos pirateados.
LAS LEYES DE QUIEBRAS QUE CASTIGAN EL FRACASO
Una de las principales trabas a la innovación que me señalaron muchos de los emprendedores que entrevisté para este libro son las anquilosadas leyes de quiebra de la mayoría de nuestros países, que hacen casi imposible que un innovador que fracasa en un proyecto pueda volver a levantarse, y hacer un segundo o tercer intento. En muchos países latinoamericanos, las leyes de quiebra convierten a los emprendedores que tuvieron que caer en la suspensión de pagos en verdaderos parias sociales, que quedan inhabilitados para iniciar cualquier nuevo negocio, en muchos casos no pueden ni siquiera emitir un cheque, y pueden perder hasta sus bienes personales. En eso, hay una diferencia enorme con los marcos legales de los países que alientan la innovación. En Estados Unidos y la mayoría de los países industrializados, las leyes permiten que una empresa se declare en cesación de pagos, sin perjuicio de que sus directores puedan abrir otra empresa ese mismo día. Además, la legislación estadounidense hace muy difícil que los acreedores de una empresa fallida puedan reclamar los bienes personales de los dueños o directivos de esa empresa, algo que es posible — y usual— en muchos países latinoamericanos. La tradición legal latinoamericana tiene su lógica — evitar el vaciamiento de las empresas—, pero al mismo tiempo produce situaciones absurdas, como prohibirles a los empresarios iniciar un nuevo emprendimiento hasta tanto terminen los procesos de liquidación de sus empresas quebradas, que pueden durar décadas. “En Argentina es difícil fracasar —me contó Emiliano Kargieman, el argentino que está produciendo los nano satélites que podrían revolucionar la industria aeroespacial—. Cerrar una empresa es físicamente y económicamente demandante: terminas con juicios durante años y el proceso es terrible. Tengo amigos que se fueron a otro país, porque no querían volver a pasar por eso de nuevo. Eso te inhibe de crear una empresa. Fracasar tendría que ser algo fácil. No sólo habría que lograr aumentar la tasa de natalidad de empresas, sino también habría que aumentar la mortalidad de las empresas. Lo importante es que puedas fracasar lo más rápido posible, para que puedas levantarte y hacer otra.”18 Los países que alientan la innovación tienden a alentar la reorganización en lugar de la liquidación de empresas, y a tener procesos sumamente rápidos para resolver casos de insolvencia. Varios países industrializados han establecido tribunales especiales para agilizar los procesos de reorganización o quiebra, y en algunos casos —como Corea del Sur— los procesos de reorganización ya se conducen por internet. En Singapur, el promedio de duración de un juicio de insolvencia —ya sea de reorganización, liquidación o quiebra— es de ocho meses, mientras que en Finlandia es de nueve meses. Comparativamente, en Ecuador el promedio es de cinco años y tres meses, en Brasil y Venezuela de cuatro años, en Argentina de dos años y siete meses, y en México de un año y siete meses, según