Respecto a las viviendas en propiedad y las correspondientes hipotecas, podemos optar por dos indicadores: el número de expedientes sobre ejecuciones hipotecarias que entran en los juzgados o el importe de las hipotecas sin pagar50. Durante el primer trimestre de 2009 las ejecuciones hipotecarias por impago aumentaron un 112% con respecto al mismo periodo de 2008, y según las previsiones del CGPJ las ejecuciones de hipotecas pasarán de 15.411 en 2005 a una cifra estimada de 181.020 en 201051. Si bien estos datos no son definitivos (en tanto que para el año 2009, la cifra de ejecuciones es una previsión y sobre la morosidad de las hipotecas solo existen datos hasta el segundo semestre) nos indican claramente que el numero de personas que se ven despojadas de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca ha aumentado de manera considerable. Una estimación prudente consideraría que este tipo de casos se han multiplicado por cuatro desde el año 2007. Además, hay que considerar que por no deteriorar sus balances, los bancos están renegociando las hipotecas impagadas de formas muy diversas, casi todas ellas perjudiciales para los morosos, lo que hace que en las estadísticas no aparezcan realmente el número de familias que están sufriendo por su incapacidad para pagar las hipotecas. Otro elemento a destacar es la aparición de nuevas modalidades de Viviendas de Protección oficial (VPO) de precio concertado. Para ellas se fija un precio netamente superior a las de VPO anteriores y los niveles de renta fijados para acceder a ellas son superiores también52. Se publicitaron como un instrumento para que la “clase media” (de mayores ingresos) pudiera acceder a la VPO aunque en realidad se trate de dar salida a un exceso de vivienda libre construida durante la etapa del boom inmobiliario. Considerando que el problema de acceso a la vivienda no ha terminado con el estallido de la burbuja, debemos plantearnos cuales deberían ser las prioridades de la política de vivienda: permitir el acceso de la clase trabajadora a una vivienda o facilitar el proceso de acumulación en el sector de la construcción. Al respecto, resulta reveladora la nota de prensa en la que se anunciaba la reforma del Plan Vivienda 2005-2008 y el
45. Las cifras varían según el tasador. El Ministerio de vivienda dice que han bajado el 10% otras tasadoras privadas como Tinsa, que el 16% 46. Desahucios: expulsión judicial de la vivienda arrendada por falta de pago del alquiler. Ejecuciones hipotecarias: procedimiento judicial incoado por imposibilidad de hacer frente al pago de las hipotecas debidas por un préstamo hipotecario para compra de vivienda. 47. El País, 28-10-09 Economía. 48. Véase capítulo 3. 49. Cinco días 16-11-09 50. Ambos presentan defectos, pues en un caso tendremos una idea de las hipotecas que se reclaman judicialmente en general, no solo las que corresponden a vivienda, y en el otro sabremos que importancia tienen respecto al total las hipotecas para vivienda, pero no que traducción tienen en numero de viviendas que son desalojadas por falta de pago de la hipoteca. 51. Público, 14-7-09. 52. Véase capítulo 3. 53. Nota de prensa del 11-12-08. Ministerio de la Vivienda. Para un análisis más profundo de la burbuja y la crisis inmobiliaria ver Informe nº5: Auge y crisis de la vivienda en España.
aumento del precio concertado, donde se afirmaba que se hacia para: “favorecer la venta de viviendas libres que están actualmente en stock y que podrán ser vendidas como protegidas”53. Otro aspecto a mencionar es que ahora las viviendas en propiedad son muy difíciles de vender. Un fenómeno que perjudica a quienes han invertido en grandes proyectos inmobiliarios, lo que no nos debería preocupar demasiado más que por el paro que causan. Pero es que la dificultad en la venta perjudica a las familias que, por razones varias, necesitan venderlas. Además, las viviendas de segunda mano, que son las que venden las familias, han bajado de precio más que las nuevas. Ambos aspectos hacen que la riqueza que las familias consideraban que tenían sirva sólo para utilizarla directamente como vivienda, pero no como ahorro o seguro de riesgo. La orientación principal de la política de vivienda con la crisis sigue las líneas maestras ya conocidas: recorte de derechos de los inquilinos, y convertir lo que debería una política social en negocio para constructoras y promotoras. Otro aspecto a tener presente es la falta de una política que facilite u obligue a ocupar las viviendas que permanecen vacías. Parece lógico cuestionarse si es social, económica y ecológicamente racional construir todavía más viviendas sin antes procurar que las ya existentes se utilicen. Se acostumbra a oír y leer en los medios de comunicación que la crisis es un momento de oportunidades. Habría que ver para quién y para qué. Idealmente, esta podría ser la mejor oportunidad que tenemos las clases populares para resolver la lacra que supone, sobre todo para los jóvenes, enfrentar el acceso a la vivienda. Pero, aunque se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho constitucional de todos los ciudadanos, el parque de viviendas vacías y sin vender está en manos de entidades privadas, especialmente bancos y cajas, que están manteniendo los precios artificialmente altos para evitar perjudicar sus propios balances. Frente a esto, ¿Se puede permitir que se desahucie a un trabajador que ha estado levantando pisos desde sus cimientos durante los últimos 15 años? Se deben generar fórmulas urgentes para el uso de las viviendas vacías. Especialmente cuando los propietarios de estas están siendo rescatados con el dinero público. Si no es así la población excluida de sus derechos constitucionales deben hacerlos valer. La crisis no se ha aprovechado para facilitar el acceso de las familias a la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, sino para hacer todavía más imperiosas la necesidad del pago requerido por las mismas y facilitar los negocios de los capitales quebrantados por la crisis inmobiliaria. CRISIS Y ESTADO DEL BIENESTAR El contrato social de la postguerra de la II Guerra Mundial, consistía entre otros elementos que el Estado cubriría las necesidades de los trabajadores y las clases populares cuando el sector privado, el mercado, no pudiera o no quisiera hacerlo. De aquí el la ampliación en el tercer cuarto del siglo XX (1945-75) de lo que desde entonces se denomino el Estado del Bienestar. Los ingresos de los trabajadores se completan con los derechos de los mismos a que el sector público cubra las necesidades más importantes cuando éstas
103