Page 1

INTRODUCCIÓN

La Ordenança de Mesures per fomentar I garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, de ahora en adelante, Ordenança de Barcelona, fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona de fecha 24/01/2006 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. El proyecto de ordenanza fue aprobado en medio de una gran polémica y con la oposición de ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y la mayoría de entidades cívicas y sociales de la ciudad. La Universidad de Barcelona así como diversas personalidades del mundo de la política y representantes de instituciones criticaron duramente el texto. En el Estado español ninguna ordenanza había ido tan lejos con su afán regulador y sancionador. OBJETIVOS DE LA ORDENANZA En relación a los objetivos perseguidos por la ordenanza lo primero que se aprecia es que la forma en que se concibe el civismo y la convivencia por parte del Ayuntamiento revela un interés en salvaguardar los intereses de unos por encima de otros. Se potencia por encima de todo el modelo de la sociedad burguesa o pequeño burguesa de la ciudad de Barcelona. Una muestra es el párrafo 2º del artículo 1 del capítulo I del Título I , Disposiciones generales, en el que literalmente se recoge lo siguiente: “ La ciutat és un espai col—lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu I la tolerància.” Claramente y sin tapujos se prioriza un modelo de clase social que, como se dice, utiliza la ciudad como espacio de realización, sobre las clases marginales que molestan o perturban a esta realización. Sin duda se articula la ordenanza, tal y como se indica en ella, para una mayor eficacia. Se nos plantea la cuestión de si la eficacia como principio del Derecho administrativo entra en conflicto con las garantías que todo estado de derecho debe asegurar en los procesos sancionadores. Es más, analizando exhaustivamente la ordenanza no se aprecian materias que no estuviesen reguladas anteriormente (daños a mobiliario urbano, respeto al descanso de los ciudadanos…) aunque en otros ámbitos del derecho. No es intrascendente que los daños al Patrimonio Histórico son los únicos que la Carta Magna obliga a legislar penalmente o que las inmisiones, acústicas en este caso, incluso las legítimas sean alegables en procesos civiles, de lo que estamos teniendo una jurisprudencia reciente y rica. Seguramente cuando la ordenanza habla de eficacia, se refiere a la superposición del principio de veracidad de la sanción administrativa, ante las garantías procesales en materia penal y civil, que “ralentizan” la actuación de la administración. RELACIÓN DE LA ORDENANZA CON LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, incluida dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. Las ordenanzas son una expresión de la potestad normativa, que por ser administraciones públicas, corresponde a las Entidades Locales. Además es consecuencia de la autonomía de los municipios garantizada por la Constitución Española, los cuales, a través de las ordenanzas, regulan las materias de su competencia. Son de aplicación en el término al que afecten y sus mandatos no se pueden dispensar de forma individualizada.


Existen dos tipos de reglamentos, los independientes, que regulan materias no ordenadas por normas con rango de ley, y los ejecutivos o técnicos cuyo objetivo es desarrollar una norma que requiere de un cierto margen en su desarrollo y actualización temporal. En nuestro caso, nos referimos sin duda al segundo género, ya que todos los dercho que afecten al ciudadano están en mayor o menor manera desarrollados en la Constitución. Sin embargo, para varias entidades de juristas y de derechos humanos, en la Ordenanza de Barcelona, se va más allá de sus competencias locales y afecta al modelo constitucional de distribución de potestades públicas. En especial, en el ámbito sensible de derechos y libertades ciudadanas. Por esto, se interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del cual muchos municipios están en la actualidad pendientes de su desenlace.

Debemos comentar primero aspectos generales de todo el texto y su intencionalidad. Lo que consideramos más inaceptable es que el texto haya sido redactado cargado de términos subjetivos – como “el normal desenvolvimiento de las actividades de ocio”, “degradación visual del entorno urbano”, etc. -, además de habérsele dado a numerosos artículos una amplia discrecionalidad a la hora de poder ser aplicados. Esto significa que, al no estar claramente tipificadas las infracciones, el ámbito en el que se puede aplicar es tan amplio que permite sancionar actividades que para nada suponen actos incívicos, como toda forma de mendicidad o arte de calle. Criminaliza duramente la pobreza, al perseguir explícitamente a toda aquella persona que malvive “prestando pequeños servicios no solicitados”, esto es, vender pañuelos en los semáforos, limpiar cristales, limpiar botas, vender rifas, hacer teatro de calle y pasar la gorra, etc, etc, etc. Creemos que es una aberración afrontar el problema de la exclusión social intentándola quitar de las calles a base de persecución y sanciones. Así lo único que conseguimos es excluirlos aún más y aumentar, si cabe, el problema. Este texto sigue el modelo norteamericano de “tolerancia cero” con los mendigos. Se quita de en medio lo que no gusta ver. No podemos consentirlo. Además, supone un claro atentado a la libertad de expresión y de difusión de ideas, al incapacitar a los movimientos sociales, políticos y culturales sin recursos económicos (la inmensa mayoría) a utilizar el espacio público como medio gratuito y libre de difusión de ideas y convocatorias, al imponer una fianza a toda organización de eventos sociales, políticos y culturales y al no permitir la colocación de carteles y otros materiales de difusión en el espacio público, incluso en inmuebles abandonados, en estado ruinoso o en total desuso, así como la colocación de pancartas en tu propio balcón. Todo para mantener limpio el escaparte que el turismo y l@s acomodad@s gustan contemplar, incluso si ello conlleva darle un puntapié a los derechos y libertades de l@s ciudadan@s.

la NO aprobación de esta ordenanza para nada supone que los comportamientos verdaderamente incívicos vayan a dejar de ser perseguidos, pues TODOS están ya recogidos en anteriores normativas, así como en el Código Penal. Sencillamente no podemos tolerar que se metan en el mismo saco elementos sociales, políticos y culturales que, lejos de suponer actos incívicos, son el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.


Los cambios normativos habidos en los últimos años han cambiado esta capacidad y las ley otorga a las Corporaciones Locales una amplia autonomía para dictar normas de carácter sancionador. [0].- ya nos deja entrever la naturaleza sancionadora del texto, aunque posteriormente se contradice, como ya veremos. El objetivo fundamental de la presente ordenanza es el de preservar los espacios públicos como un exponente de convivencia y civismo, en los que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de trabajo y de esparcimiento, con respeto a la dignidad y a los derechos de los otros y de las otras, armonizando la pluralidad de expresiones y las diversas formas de vivir y disfrutar la Ciudad.[1].- Absoluta contradicción con lo que posteriormente desarrolla el texto, donde las libertades básicas del libre uso del espacio público para el desarrollo de iniciativas ciudadanas se ve duramente recortado. Esta ordenanza es pues, el resultado de refundir y actualizar, mejorándolas, las distintas normativas contenidas en otras vigentes en Barcelona [2].- Se reconoce que la mayoría de las normativas contenidas en el texto ya están vigentes sobre todo en lo que se refiere a los artículos de comportamientos realmente incívicos. Por otro lado también son conductas que están tipificadas en el código penal, (pintadas, daños…etc). esto significa que aunque un juez te absuelva de esa falta o delito el ayuntamiento puede seguir el procedimiento de esta ordenanza para multarte. El problema es que se intercalan con normativas sobre cuestiones que no suponen en ningún momento actos incívicos, como practicar deporte en la calle o mendigar, que son referencias en el establecimiento de mecanismos que permitan la prevención y corrección de aquellos fenómenos complejos que se manifiestan en el desarrollo de la convivencia ciudadana urbana. Fiel a la singularidad del modelo que se produce en la ciudad de Barcelona, esta ordenanza pretende constituirse en un instrumento efectivo con el que afrontar las nuevas –y no tan nuevas- situaciones y circunstancias que pueden afectar o alterar la convivencia a las que, como también sucede en cualquier otra ciudad europea, Barcelona no puede sustraerse.[3].- Europeización de nuestra cultura. Pretende homogeneizar nuestra cultura con la del resto de los países europeos. Pretende dar una respuesta equilibrada a dichas situaciones y circunstancias, basada en el reconocimiento del derecho de todos y todas a comportarse libremente en los espacios públicos, por un lado, y a garantizar el ejercicio de este derecho en libertad por otro.[4] Se vuelve a contradecir con el contenido general del texto. Pero, a la vez, por la ciudadanía se hace imprescindible asumir también que los deberes u obligaciones que la convivencia exige, están implícitos en el respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos de los demás, entre otros el del mantenimiento y conservación en las condiciones más adecuadas de lugar de encuentro, del espacio público. Todo ello no sólo debe enfocarse desde una perspectiva disciplinaria o sancionadora sino que también es conveniente que por el Ayuntamiento se promueva y fomenten las actividades colaboración y cooperación educadora y social, en definitiva, los valores de convivencia y de civismo en la Ciudad, así como la atención y apoyo de aquellas que lo puedan necesitar. [5].- contradicción con el punto [0]. Desde el punto de vista material, esta Ordenanza actúa dentro del ámbito de las competencias que le son propias al Ayuntamiento, a fin de evitar todas aquellas conductas que puedan perturbar la convivencia y corregir los comportamientos incívicos que se verifican en los espacios públicos. Tiene, pues, una naturaleza claramente transversal, al afectar un buen número de competencias locales con simultánea


incidencia en la estructura de responsabilidades políticas y del sistema administrativo municipal. Contempla una serie de disposiciones generales, en las que se enmarcan las líneas maestras de la política de convivencia que el Ayuntamiento de Barcelona pretende impulsar, en las que se define el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la normativa. Así, en su articulado se establece la finalidad, los fundamentos legales y los ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación de la Ordenanza así como los principios generales de Convivencia Ciudadana y Civismo, con los correspondientes derechos y deberes y las medidas de fomento y colaboración para la convivencia. También se regulan determinados aspectos relativos a la organización y autorización de actos públicos, cuando el desarrollo de los mismos puede afectar a la convivencia ciudadana.[6].- El Ayuntamiento se reserva la total autonomía para decidir si el acto público afectará a la convivencia ciudadana, concepto cargado de subjetividad y ambigüedad que está aún por definir. Esto se convierte en una herramienta “legal” muy peligrosa, ya que está basada en conceptos ambiguos y que puede ser aplicada según la tendencia política del partido que gobierne en el momento para reprimir actos políticos no afines a los suyos. Se establecen las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, sanciones e intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas. Incorpora, en sus diferentes capítulos, una estructura que define los fundamentos generales, las finalidades que se persiguen con cada regulación; asimismo, se establecen las normas de conducta que deben respetarse en cada caso y las sanciones que corresponden en caso de infracción a cada una de ellas, y, finalmente, en determinados supuestos, se prevén las intervenciones específicas que pueden activarse en caso de verificación. Se contemplan así mismo referencias a las agresiones a la dignidad de las personas, la degradación visual del entorno urbano (tanto por graffitis, pintadas y otras expresiones gráficas como por pancartas, carteles y pegatinas), [7].- La libertad de expresión y difusión de ideas queda totalmente condicionada a la estética. Será el gobierno de turno el que decida qué “degrada visualmente” el entorno urbano. Se establece la prohibición de usar el espacio público como medio gratuito y libre de difusión de ideas y convocatorias. el uso inadecuado del mobiliario de juegos en el espacio público, otros usos del mismo, la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública [8].- No se ofertan servicios públicos que prevengan el acto infractor, el consumo de bebidas alcohólicas [9].- Salvo en negocios privados, claro está, las actividades y prestación de servicios no autorizados [10].- Criminalización de la pobreza. La pobre gente que malvive vendiendo pañuelos en los semáforos, limpiando botas, exponiendo su arte en la calle a cambio de unas monedas y un largo etcétera de formas de mendicidad, reflejo de las duras condiciones de vida en la que tantísimas personas se ven inmersas, será prohibido y, para colmo, sancionado, el uso impropio e inadecuado del espacio público y su deterioro y degradación, las actitudes vandálicas y sus agresiones al mobiliario urbano, y el resto de conductas perturbadoras de la convivencia ciudadana (zonas naturales y espacios verdes y contaminación acústica). A la vista de todo lo expuesto con anterioridad, hay que indicar que la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, desarrollada por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (BOJA nº 31 de 15 de febrero de 2006), recoge en sus Títulos III, IV y V medidas referentes a la conservación y defensa de los bienes, prerrogativas de los Entes Locales, que son consecuencia del poder jurídico de la Administración, y las responsabilidades y sanciones al respecto. Por otra parte, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas recoge en su Título IV el uso y explotación de los bienes y derechos de dominio público y patrimoniales.


De la misma manera, la entrada en vigor de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, introduce un nuevo título XI en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local relativo a la potestad sancionadora de las Entidades Locales, que viene a solucionar los problemas que se planteaban a los municipios por el principio de legalidad en materia de infracciones y sanciones. En este sentido, hasta la entrada en vigor de dicha ley, a través de normas reglamentarias como las Ordenanzas, tan solo era posible concretar el cuadro de infracciones y sanciones establecido por la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992. Con la entrada en vigor de dicha Ley, los artículos 139, 140 y 141 establecen los criterios de antijuridicidad, que orientan y condicionan la valoración de cada municipio al tiempo de establecer los diferentes tipos de infracciones, criterios exigidos conforme a la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio, que estableció su fijación por Ley, a fin de que cada Ayuntamiento pueda establecer tipos de infracciones. Por otra parte hay que tener en cuenta Ley sobre Potestades Administrativas en materia de determinadas actividades de Ocio en los Espacios Abiertos de los municipios de Andalucía, aprobada por el Pleno del Parlamento los días 10 y 11 de octubre de 2006, que ha establecido medidas legales correctoras para que el desarrollo de las nuevas formas de interrelación social prospere a su nivel más alto de convivencia democrática, y que con su entrada en vigor afecta en buena medida al objeto de esta Ordenanza. Por último, y teniendo en consideración la política preventiva y la mediación, como la vía más adecuada para erradicar el vandalismo y hacer prevalecer los valores de la Convivencia y el mejor desarrollo de las Libertades Públicas, se establece la posibilidad de que los infractores puedan, previo consentimiento, sustituir las sanciones pecuniarias impuestas por otras medidas reeducativas como los trabajos en beneficio de la Comunidad. Asimismo, se recoge la responsabilidad económica solidaria de los padres o tutores, medida que en el ámbito del derecho privado viene recogida en el artículo 1.903 del Código Civil que establece la responsabilidad de los padres y tutores por los daños causados por los menores a su cargo y que en el ámbito del derecho sancionador, tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto en el en el párrafo 2º del apartado 3º artículo 130 de la Ley 30/1992, así como en el artículo 11.4 de la Ley sobre Potestades Administrativas en materia de determinadas actividades de Ocio en los Espacios Abiertos de los municipios de Andalucía del Parlamento de Andalucía. Es necesario, pues, disponer de un texto normativo que, a la vez de definir las conductas antisociales que deterioran y degradan nuestra ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos, promueva la convivencia democrática estimulando el ejercicio adecuado de las libertades individuales en todas sus formas de expresión, de movilidad, descanso, ocio, al tiempo que tipifique las infracciones y sanciones administrativas que de ellas se derivan. A la vista de todo lo expuesto, y en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, en materia de conservación y tutela de los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de protección del medio ambiente, y a fin de garantizar la correcta utilización y conservación de los espacios y zonas públicas de Barcelona, así como de sus instalaciones y elementos de mobiliario que garantizan el servicio y uso público, se redacta la presente Ordenanza.

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1. Objeto de la Ordenanza. Constituyen objetivos prioritarios de la Ordenanza: La prevención de actuaciones que alteren la convivencia ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal o adscritos al uso o servicio público y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de Barcelona frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto. La tipificación de las infracciones y sanciones derivadas de las actuaciones que, por acción u omisión, impidan y limiten la utilización de bienes, espacios o servicios públicos, o produzcan daños sobre bienes de dominio público o privado en suelo de uso público. La regulación de las potestades administrativas relacionadas con la aplicación y desarrollo de las actividades de ocio en los espacios abiertos de la ciudad de Barcelona, al objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana. Promocionar y dinamizar los espacios públicos para fomento de actividades culturales y sociales ligadas a su destino público y al interés general. [11].- Vuelve a contradecirse gravemente con lo expuesto a lo largo del texto. Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetiva. 1. Esta Ordenanza se aplica a todo el término municipal de Barcelona. 2. Comprenden el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza las medidas de protección que se refieren a la utilización y conservación de: a. Los bienes de uso o servicio público de titularidad municipal, tales como caminos, calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, señales de tráfico, vehículos de transporte urbano colectivo de viajeros y los elementos de mobiliario auxiliares al mismo, así como los demás bienes de la misma o semejante naturaleza, o pertenecientes a infraestructuras o equipamientos urbanos de propiedad municipal. b. Los edificios públicos, mercados, museos y centros culturales, centros de enseñanza pública, piscinas, zonas de deporte, polideportivos, cementerios, instalaciones provisionales o efímeras que se ejecuten con motivo de la celebración de algún acto o festividad. (Corpus, Feria de Abril, Semana Santa, Veladas y celebraciones populares), y en general, cualquiera otros bienes destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. Asimismo, los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas, que formen parte del mobiliario urbano de la Ciudad de Barcelona en cuanto estén destinados al uso público o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, vehículos y elementos del transporte público, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza. c. En cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbano, las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada,


tales como portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes de la misma o semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella [12].- supeditación de cualquier forma de expresión gráfica a la estética visual del entorno urbano, incluidas pancartas y banderas en balcones, como ya vimos en el comentario [7]. Resaltar que se aplica también a edificios privados, es decir, cualquiera. sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que correspondan a sus propietarios. d.- La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios o propietarias,arrendatarios o arrendatarias o usuarios o usuarias pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público, siempre con las limitaciones previstas en las leyes.

Artículo 3. Ámbito de aplicación subjetiva Esta Ordenanza se aplica a todas las personas que están en la ciudad de Barcelona, sea cual sea su concreta situación jurídica administrativa. Esta Ordenanza es aplicable a las conductas realizadas por los menores de edad, en los términos y con las consecuencias previstas en la propia Ordenanza y en el resto del ordenamiento jurídico. En los supuestos en que así se prevea expresamente, los representantes legales, o guardadores o guardadoras, también podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por los menores cuando concurra, por parte de aquéllos, dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia. Asimismo, en los supuestos en que así se prevea de manera expresa en la Ordenanza, ésta también será aplicable a los organizadores de actos públicos a los que se refiere esta Ordenanza. Artículo 4. Principios de actuación. 1. Principio de libertad individual. Todas las personas a las que se refiere el artículo anterior tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad y a ser respetadas en su libertad [13].- Vuelve a contradecirse gravemente con el contenido general del texto. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, así como del mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas para la propia convivencia. 2. Las actuaciones contempladas en esta Ordenanza se regirán siempre por el interés general de los ciudadanos de Barcelona. Para la garantía y protección de los objetivos que contemplan la presente Ordenanza, así como para el mantenimiento de la convivencia entre los ciudadanos de Barcelona, en la aplicación de sus disposiciones se estará principalmente al restablecimiento del orden y a la reparación del daño causado, pudiendo sustituir las sanciones de carácter económico, cuando sea posible y previo consentimiento del infractor, por acciones tendentes a la reparación del daño causado o por otras que contribuyan, por su carácter, a fomentar la conducta cívica entre los ciudadanos. 3. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes de los propietarios de los


bienes afectados, de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, reguladas por las leyes.

Artículo 5. Utilización de los elementos e instalaciones de uso y servicio público y del espacio público. 1. Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los espacios públicos de la ciudad y los servicios, las instalaciones y el mobiliario urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos. Concretamente se entienden comprendidos entre los espacios públicos, servicios, instalaciones y mobiliario urbano los siguientes: Los monumentos y fuentes ornamentales, así como los basamentos, pedestales, columnas, cruces, azulejos conmemorativos, hitos identificativos y farolas que se ubican o están instalados en los parques, calles, plazas, fachadas, que componen el paisaje urbano de la ciudad de Barcelona y su término municipal. Los árboles, arbustos, parterres y conjuntos florales, alcorques y toda clase de elementos, vegetales o no, afectos a los mismos. Las bocas de riego, tuberías, grifos destinados al riego y abastecimiento de agua en los parques y jardines. Tapiales, muretes, cancelas o cualquier clase de cerramiento fijo o portante, que delimiten permanente o esporádicamente las zonas de dominio público. Los bancos, pequeñas fuentes, hornacinas, placas, sillas, jarrones, elementos decorativos, marmolillos, pilarlias y demás elementos instalados y ubicados en calles, plazas y espacios públicos del término municipal. Las farolas, focos, grupos eléctricos, registros e instalaciones eléctricas, que garantizan el alumbrado público de la ciudad o cualquiera de sus elementos. Los contenedores destinados a residuos sólidos urbanos, papeleras, bocas e instalaciones de recogida neumática selectiva de residuos y demás elementos e instalaciones que garantizan la limpieza viaria. Los báculos, quioscos, cadenas, balaustradas, casetas, soportes publicitarios, rótulos identificativos de calles y del nomenclátor y demás elementos utilizados en las calles, parques y destinados a servir a los espacios y al uso público general. Paradas de autobuses, marquesinas, señales de tráfico, semáforos, estaciones de metro y sus elementos, termometría, barometría, destinados a garantizar y utilizar los servicios de tráfico y transporte. Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros, así como los elementos auxiliares o accesorios del mismo, tales como terminales de información a usuarios, empleados y de acceso a Internet, postes de paradas, soportes publicitarios de que consten, casetas de aseos, de venta de títulos de viaje, estancia de empleados y cámaras de televisión Las redes eléctricas, instalaciones de saneamiento y abastecimiento de la ciudad y sus tuberías, cables, registros, husillos, imbornales, grifos, bocas de incendio.


Las conducciones de telefonía y el cableado de banda ancha instaladas por las vías de la ciudad para garantizar los servicios de telefonía y comunicación, así como las instalaciones de suministro de gas. Estas instalaciones, si bien son de titularidad de las compañías privadas, al estar destinadas al servicio y uso del común de los vecinos en régimen de concesión, podrán ser objeto de protección por parte de este Ayuntamiento, y las actuaciones que impidan o dificulten estos suministros sancionadas por parte del Ayuntamiento, al afectar a la convivencia ciudadana, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades de cualquier índole que las compañías suministradoras puedan instar. Asimismo se incluyen los bienes de titularidad privada, en cuanto estén destinados al uso público o ubicados en suelo público, integrándose en los espacios públicos de uso común ciudadano, así como los bienes relacionados en las letras c y d del artículo 2 de la presente Ordenanza. 2. Todos los propietarios u ocupantes de inmuebles, edificios, construcciones, instalaciones, vehículos u otros bienes de titularidad privada están obligados a evitar que, desde éstos, puedan producirse conductas o actividades que causen molestias innecesarias a las demás personas.

Artículo. 6.- Custodia de bienes. El Ayuntamiento de Barcelona adoptará cuantas medidas fueren necesarias tendentes a restaurar el orden jurídico infringido y reponer los bienes al estado exigido por su destino, siendo responsable el personal municipal que tenga encomendada la gestión de estos bienes, de su explotación racional, conforme a lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Artículo 7.- Normas Generales. 1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadanas y el derecho a exigirlas. 2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme al destino de los mismos. 3. Todo ciudadano tiene el derecho y el deber de colaborar en la conservación y la defensa del patrimonio común de Barcelona, ya sea absteniéndose de la realización de actos dañosos y lesivos o denunciando los mismos a la autoridad municipal cuando se verifiquen.

CAPÍTULO II – MEDIDAS DE FOMENTO. SUBVENCIONES Y PREMIOS. Artículo 8.- Objetivo general de actuación. El Ayuntamiento promoverá las condiciones necesarias para favorecer y desarrollar las actitudes y actuaciones ciudadanas tendentes a desarrollar un plan de actuación integrado mediante la cooperación de la iniciativa pública y privada y la promoción de actividades tendentes a mejorar el civismo; la educación, la conciencia y la solidaridad ciudadana; con la valoración, cuidado y protección de los espacios públicos y del entorno donde se desarrolla la convivencia social y la vida ciudadana de Barcelona.


Concretamente, y sin perjuicio de las demás actuaciones que puedan acordarse: A) Llevará a cabo campañas informativas de comunicación para el fomento de la convivencia ciudadana y el civismo. B) Desarrollará las políticas activas necesarias para garantizar la convivencia, fomentar acuerdos y evitar el ejercicio de la ciudadanía irresponsable. A este efecto, el Ayuntamiento realizará tareas de mediación en los conflictos que puedan generarse por los usos diversos en un mismo espacio público. C) Estimulará el comportamiento solidario de los ciudadanos y las ciudadanas en los espacios públicos, a fin de que por los mismos se preste ayuda a las personas que la necesiten para transitar u orientarse, que hayan sufrido accidentes o que se encuentren en circunstancias similares. Se fomentarán también otras actitudes de solidaridad que contribuyan a que la ciudad sea más amable y acogedora, especialmente con las personas más vulnerables y más lo precisen. D) Realizará y/o impulsará medidas concretas de fomento de la convivencia y el civismo especialmente destinadas a la infancia, adolescentes y jóvenes de la ciudad, mediante el desarrollo de programas específicos en los centros docentes públicos de Barcelona. E) Promoverá el respeto a la diversidad cultural y religiosa, con el fin de evitar actitudes contrarias a la dignidad personal y comportamientos discriminatorios, especialmente de naturaleza xenófoba, racista, sexista u homófoba. F) Impulsará la subscripción de acuerdos o convenios de colaboración con entidades y asociaciones ciudadanas, culturales, sociales, empresariales, turísticas, deportivas o de cualquier otra índole, para fomentar entre sus miembros la colaboración activa con las diversas campañas e iniciativas a favor de la convivencia y el civismo en la ciudad, así como para dar a conocer y fomentar el respeto a sus normas básicas. Con el fin de garantizar la máxima eficacia de las actuaciones impulsadas o realizadas desde el Ayuntamiento para promocionar y fomentar la convivencia y el civismo en la ciudad, y siempre que se considere necesario en atención a las personas destinatarias y a su propia finalidad, las mencionadas actuaciones municipales podrán adaptarse a las circunstancias lingüísticas, culturales, sociales, religiosas o de cualquier otra índole de las personas a las que vayan destinadas a fin de que éstas puedan comprender adecuadamente los mensajes y asumir como propios los valores de convivencia y civismo

Artículo 10.- Ámbitos de actuación. Las líneas básicas de actuación tratarán de promover la actitud, mentalidad, y conciencia cívica necesaria para la protección del dominio y los espacios públicos, la solidaridad y el respeto ciudadano y la promoción y uso adecuado de los servicios públicos conforme al bien común y al interés general. Los ámbitos temáticos son: la sostenibilidad urbana, la limpieza; el ruido y el entorno ambiental, la tenencia de animales de compañía, la movilidad y la seguridad ciudadana, el buen desarrollo de la vida ciudadana y el normal desenvolvimiento de las actividades de ocio [16].- ¿quién tiene la capacidad de determinar qué es el “normal desenvolvimiento” de las actividades de ocio? Se vuelve a poner de manifiesto el uso abusivo de términos ambiguos y subjetivos, elementos “legales” que pueden convertirse en herramientas peligrosas en función de quienes las apliquen. No se puede consentir la


aplicación de una normativa que legitime la aplicación de términos subjetivos no tipificados. ES PELIGROSO!, la solidaridad, el conocimiento y valoración de los espacios públicos, calles, plazas, barrios, parques, fuentes, jardines y servicios públicos de Barcelona.

TÍTULO II. ACTUACIONES PROHIBIDAS. INFRACCIONES Y SANCIONES. CAPÍTULO PÚBLICOS

I.

Artículo 12.-

DISPOSICIONES

GENERALES

Y

AUTORIZACIÓN

DE

ACTOS

Usos y Actuaciones Prohibidas.

Se prohíbe cualquier actuación sobre los bienes protegidos enumerados en el artículo 5 de la presente Ordenanza, que sea contraria a su uso o destino, así como las que impliquen su deterioro, quiebra, arranque, doblado, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que ensucie, deforme, degrade o menoscabe su estética. [19].- Como vemos, la estética es un valor supremo en el sentido de esta normativa, incluso frente a toda forma de libre expresión y difusión de ideas.

Artículo 13.- Organización y autorización de actos públicos Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores que depositen una fianza o subscriban una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse. [20].- Gravísimo atentado contra los derechos de manifestación, libre expresión y libre uso del espacio público. Se supedita la realización de iniciativas y actividades sociales, culturales y políticas en el espacio público a la capacidad económica de la persona o colectivo que las realiza. Se responsabiliza al convocante u organizador de todo daño que pueda producirse en el desarrollo de la actividad y que sea causado por cualquiera de l@s asistentes. De este modo, si alguien quiere perjudicar al organizador del evento, tan sólo tiene que destrozar algo, ya que la responsabilidad siempre caerá sobre quien realiza la actividad. Vulnera, pues, gravemente el principio legal que sostiene que cualquier individuo es responsable último de sus propios actos. Recordamos que en Valladolid, los movimientos ciudadanos denunciaron este mismo artículo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, el cuál lo declaró ilegal y ordenó su retirada. Los organizadores de actos públicos, en atención a los principios de colaboración, corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios públicos utilizados no se ensucien y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación, reposición y/o limpieza. El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de actos festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios públicos en los que se pretendan realizar cuando, por las previsiones del público asistente, las características del propio espacio público u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la


convivencia o el civismo. En estos supuestos, siempre que sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los organizadores espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto. Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la decisión que corresponda. Artículo 14. Las infracciones contenidas en este capítulo tendrán la consideración de leves y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros. [21].- Una sanción “leve” puede alcanzar los 750 euros. Recordamos que el salario mínimo interprofesional es de 570’60 euros. Las sanciones son desorbitadas para una normativa que presume de fomentar la mediación frente a la sanción. Se pone de relieve el carácter recaudatorio de la misma.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Artículo 15. [22].- Este artículo es lo que se llama derecho sancionador simbólico, aunque no hay nada que objetar al reproche de estas conductas, que por otro lado ya están prohibidas en el derecho penal. 1. Queda prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias. 2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades. 3. En concreto, se prohíben las actitudes de acoso entre menores en el espacio público. Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas que actúen en el espacio urbano. 4. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad. Artículo 16.- Régimen de sanciones 1. Sin perjuicio de que los hechos sean constitutivos de infracción penal, la realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo precedente tendrá la consideración de infracción grave, y será sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros, salvo que el hecho constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación aplicable. 2. Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves, que se sancionarán con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, las conductas descritas en los apartados 2 y 3 del artículo precedente. Si dichas conductas fueran


realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que se encontraran en el lugar de los hechos y participaran, activa o pasivamente, en la realización de las conductas antijurídicas previstas en el artículo anterior. El hecho de que la conducta sea registrada por cualquier medio de grabación con el objeto de ser transmitida por cualquier medio de difusión supondrá que la sanción se impondrá en el grado máximo.

Artículo 17.- Intervenciones específicas Cuando las conductas contrarias a la dignidad de las personas o discriminatorias puedan ser constitutivas de ilícitos penales, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.

CAPÍTULO III : DEGRADACIÓN VISUAL DEL ENTORNO URBANO Artículo 18. Pintadas y grafismos 1. Quedan prohibidas las pintadas, escrituras, inscripciones o grafismos en los bienes públicos o privados protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, fachadas, monumentos o edificios públicos, árboles, vallas, farolas, señales e instalaciones en general y en transportes y vehículos municipales. Se excluyen de esta prohibición: Las pinturas murales de carácter artístico, que se realicen con autorización del propietario. Las que permita la Autoridad Municipal. 2. Asimismo se prohíbe la colocación o pegada de carteles y adhesivos, y cualquier actividad publicitaria, en los lugares no autorizados expresamente por el Ayuntamiento [23].- Ratifica lo que ya comentábamos en [7], en referencia a la supremacía de la “estética del entorno urbano”. Fija la posibilidad de que cualquier ciudadan@ sea impedido en su derecho a colocar el elemento de expresión que desee (pancartas, banderas,…) desde su fachada o balcón si se considera que “menoscaba” la estética urbana. Puede que seamos reticentes a la hora de creer que se aplicará o no, pero lo realmente peligroso es construir una normativa que legitima su aplicación. Volvemos a lo de antes: la herramienta legal ya está ahí, la aplicación dependerá del gobierno de turno en cada momento. A la misma vez, imposibilita la difusión de ideas y/o convocatorias mediante la pegada de carteles a todos aquellos colectivos sociales, culturales y políticos que no tienen la capacidad económica para difundir su actividad en los medios de comunicación (de coste inalcanzable para la mayoría), y que sólo pueden ejercer su derecho a la difusión de ideas mediante la pegada de carteles en inmuebles abandonados o vacíos, de estado ruinoso, como los más de 45.000 que existen en Barcelona, o en otros elementos del paisaje urbano cuando esto no supone el deterioro de los mismos o limitación en sus funciones, tales como contenedores de basura. Por tanto creemos que este artículo supone un grave atentado contra los movimientos sociales no afines a las políticas empleadas actualmente y sin recursos económicos, ya que recorta duramente su derecho legítimo a la difusión de ideas, recogido en la Constitución. De igual manera afectará a todxs lxs ciudadanxs que usan el espacio público para anunciarse o pronunciarse, como los típicos “busco piso” o “se necesita


asistencia a persona mayor” .y de forma especial en aquellos edificios calificados de histórico-artísticos, en los edificios públicos y en el mobiliario urbano. 3. Por resolución de la Junta de Gobierno Local se autorizarán las ubicaciones y soportes en que puedan llevarse a cabo las actividades descritas en los puntos 1 y 2 de este artículo. Artículo 19.- Régimen de sanciones 1. La realización de las conductas descritas en el artículo precedente tendrá la consideración de infracción leve, y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave. 2. Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 750,01 a 1.500 euros, las pintadas o los grafitos que se realicen: a) En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos. b) En los elementos de los parques y jardines públicos. c) En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes, salvo que la extensión de la pintada o el grafito sea casi inapreciable. En las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano, cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento. Las infracciones tendrán el carácter de muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, cuando se atente especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos.

Artículo 20.- Intervenciones específicas 1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, l@s agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales o medios empleados. [24].- Se da total potestad al agente de policía a secuestrar todo el material de difusión de manera CAUTELAR, es decir, incluso si no se ha detenido al “infractor” expresamente durante la realización del acto. Estas medidas “preventivas” se convertirán en herramientas con las que l@s agentes tendrán total libertad a la hora de sustraerte los materiales si “a su juicio” cree que vas a cometer la infracción. Esto es muy peligroso y se ratifica claramente en el artículo 36 de la presente Ordenanza. 2. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas. 3. Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial prevista en el artículo 626 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador.


CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES PIROTÉCNICAS Y FUEGOS Artículo 21. 1. Queda prohibido hacer fuego o realizar actividades pirotécnicas concentradas, múltiples o de especial intensidad en la vía pública. Cualquier actividad pirotécnica en fiestas populares, requerirá la preceptiva autorización de la Administración competente. 2. Quedan prohibidas la realización de actividades que produzcan emanaciones de gases tóxicos. 3. Queda especialmente prohibido el incendio de automóviles o de mobiliario urbano en el espacio público. 4. A los efectos de la presente Ordenanza y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrirse, así como de las medidas o acciones que puedan adoptarse por los titulares de los bienes afectados, se considera acto de vandalismo el deterioro, destrucción o la quema de los elementos del patrimonio urbano público o privado en la vía pública.

Artículo 22. 1. La realización de las actividades descritas en el artículo anterior tendrán la consideración de infracción grave sancionable con multa de hasta 750 euros. En el caso de que por actuaciones de utilización de fuego o por la emanación de gases tóxicos se ponga en peligro la salud física de los ciudadanos, la infracción tendrá la consideración de muy grave y será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 euros.

CAPÍTULO V. ACTIVIDADES CONTRA EL MOBILIARIO URBANAS Y DE DETERIORO DEL ESPACIO URBANO

E

INSTALACIONES

Artículo 23.- Contenedores, Papeleras y Limpieza viaria. Queda prohibido: a. La manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios públicos. Asimismo su desanclaje, desplazamiento, vuelco, , vaciado de su contenido en el suelo, realizar inscripciones o adherir pegatinas o papeles en los mismos, y todas aquellas acciones que deterioren su estética o limiten su uso [25].- Por si no quedaba claro, se ratifica la superposición de la estética a la difusión de ideas. En ningún caso la pegada de carteles o pegatinas de difusión suponen un deterioro de los contenedores o limitan su uso. Es una mera cuestión de mantener la pulcra estética por encima de todo. , sin perjuicio de las establecidas en la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el municipio de Barcelona. b. El vertido, abandono o depósito de toda clase de productos en la vía pública, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, incluidos los residuos procedentes de la limpieza de la vía pública por los particulares, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del Medio Ambiente Urbano.. c. Satisfacer las necesidades fisiológicas o escupir en la vía pública o fuera de los servicios habilitados al efecto. [26].- La sinrazón de este apartado es más que


manifiesta en cuanto que por tod@s es sabido que los servicios de aseo en la vía pública en Barcelona son prácticamente inexistentes. En casi cualquier ciudad se encuentran más baños públicos que en Barcelona. Es de una desvergüenza mayúscula sancionar duramente este acto cuando no se ofrece ningún servicio que lo evite o prevenga, más aún cuando se presupone en el artículo que si los hay. Es obvio que orinar en la vía pública es un acto indeseable, pero es escandaloso que el Ayuntamiento no oferte este tipo de servício básico de primera necesidad a l@s ciudadan@s, siendo su responsabilidad. En esta ciudad, si te encuentras en la calle y necesitas hacer tus NECESIDADES, te encuentras obligado a solicitar el servicio en un establecimiento privado, en los que, en la mayoría de los casos, el uso está condicionado al consumo. Sobre las multas de hasta 750 euros por escupir al suelo… sobran los comentarios. d. El sacudido de ropas, alfombras o cualquier objeto similar sobre la vía pública desde balcones, ventanas o terrazas. e. El vertido de residuos vegetales desde balcones, ventanas o terrazas procedentes o derivados del arreglo de macetas o arriates, los cuales deberán evacuarse con los residuos domiciliarios. f. Efectuar el riego de plantas fuera del horario comprendido entre las 24 horas y las 8 horas del día siguiente sin guardar las debidas precauciones que eviten molestias a los vecinos o viandantes. g. El vertido de agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas. h. El vertido sobre la vía pública de desagües de aparatos de refrigeración. i. La falta de cuidado de los propietarios de animales que facilite las deposiciones de éstos en la vía pública o fuera de las zonas especialmente habilitadas para ello debidamente señalizadas. [27].- ¿Alguien conoce zonas especialmente habilitadas y debidamente señalizadas que faciliten las deposiciones para perros en esta ciudad..??

Artículo 24.- Fuentes, Farolas, Arquetas y Cuadros Eléctricos. 1. Queda prohibido realizar cualquier manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de las fuentes, que impida su normal funcionamiento, así como el vertido de jabones o detergentes, objetos o basuras en las mismas o su uso indebido, el atascado de sus conductos, la rotura de la iluminación, el baño, la práctica de juegos o introducirse en las mismas, sin la preceptiva autorización municipal. 2. Asimismo, queda prohibido realizar toda manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de las Farolas, Arquetas y Cuadros Eléctricos, que produzca la rotura de sus luminarias, báculos, basamentos, conexiones interiores, rotura o sustracción de tapas de registro, y otras similares que impliquen o impidan el normal funcionamiento de las instalaciones. Artículo 25.- Parques, Jardines, Árboles y Plantas Todos los ciudadanos están obligados a usar y disfrutar de los parques y jardines públicas respetando sus árboles, flores, plantas y fauna, así como las instalaciones y señalizaciones en ellos existentes, conforme al uso para el que están destinados. Se prohíbe toda conducta dañosa, perjudicial, o lesiva que produzca el menoscabo, deterioro o destrucción de cualquiera de los elementos, instalaciones o señalizaciones,


que se integran en los parques y jardines así como en sus árboles, flores y plantas, mediante su quiebra, arrancado o rotura de ramas, raspado o grabación de su corteza, el arrancado o corte de las flores, plantas o sus frutos. Igualmente se considerará infracción el vertido de sustancias, sólidas, líquidas o gaseosas aunque no resulten perjudiciales, así como la caza, pesca o maltrato de la fauna. Y en general queda prohibida toda actividad que tenga como resultado la producción de daños por un uso indebido en este tipo de recintos y sus instalaciones que estén previstas en la Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos del Municipio de Barcelona.

Artículo 26.- Otros comportamientos 1. Todas aquellas actividades u operaciones que puedan ensuciar las vías y espacios públicos quedan igualmente prohibidas, tales como el lavado de vehículos y maquinaria, su reparación o engrase en dichas vías cuando no sea absolutamente imprescindible, el vertido de colillas [28].- Ocurre como hemos comentado anteriormente: las papeleras no suelen estar equipadas con ceniceros y el mero hecho de tirar una colilla al suelo puede ser sancionado con hasta 750 euros. Sabemos que tirar colillas no es un acto positivo, pero encontramos que sanciones de este tipo son completamente desproporcionadas con respecto al acto infractor , envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el vaciado de ceniceros y recipientes y la rotura de botellas. 2. Se prohíbe la emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u horario, excedan de los límites que exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana, y se prevén en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA 243 de 18/12/2003), y en la Ordenanza municipal de protección del Medio Ambiente en materia de Ruidos y Vibraciones (BOP nº 95 de 26/04/2001, modificada por acuerdo plenario publicado en 3 Octubre 2006 en el BOP nº 229). 3. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su destino, siendo responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de dicho uso indebido en el acerado y calzada. Asimismo no podrá impedirse o dificultar, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas respectivamente, ni realizar competiciones o carreras de vehículos no autorizadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/92 o en la normativa sectorial sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 4. La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas especialmente acotadas [29].- La prohibición de practicar juegos o deportes en la vía pública es de los artículos más escandalosos de toda la Ordenanza. Más aún cuando su práctica se limita a lugares que tan siquiera se especifican. Nos parece lamentable semejante intento de recorte de libertades en el libre uso del espacio público. Da la impresión de que se pretende convertir las calles en meros lugares de tránsito donde toda práctica que no esté destinada al consumo queda prohibida. Si ya echábamos de menos a l@s niñ@s jugando en las calles, ahora pretenden prohibirlo directamente. Las circunstancias expuestas a continuación se refieren a la práctica de juegos y deportes DENTRO de esas “zonas debidamente acotadas”. , siempre que no concurra alguna de las siguientes circunstancias: A) Puedan causar molestias o accidentes a las personas. B) Puedan causar daños y deterioros a plantas, árboles, bancos y demás elementos y espacios urbanos señalados en los artículos 2 y 5 de esta Ordenanza.


C) Impidan o dificulten el paso de personas o interrumpan la circulación. D) Perturben o molesten de cualquier forma la tranquilidad pública. E) Los juguetes de modelismo propulsados por medios mecánicos sólo podrán utilizarse en los lugares expresamente señalizados al efecto. Artículo 27. Las infracciones contenidas en este capítulo tendrán la consideración de leves y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros. En el caso de que la infracción consista en causar impedimentos o dificultades al normal tránsito peatonal o de vehículos los agentes de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas de que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción que corresponda.

CAPÍTULO VI. APUESTAS Artículo 28.- Fundamentos de la regulación La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la salvaguarda de la seguridad pública, en la libertad de circulación de las personas y en la protección de los legítimos derechos de los usuarios o usuarias del espacio público, sobre todo de los colectivos especialmente vulnerables, como por ejemplo los menores. Artículo 29.- Normas de conducta Está prohibido en el espacio público el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con dinero o bienes, salvo autorización específica. [30].- Entendemos que es responsabilidad y libertad individual de cada persona la elección de aceptar o no la proposición de una apuesta o cualquier otro juego. Habría que diferenciar entre apuesta y estafa. Este artículo sería aceptable si solo se aplicase cuando la apuesta es ofertada a menores o discapacitados psíquicos, o con la clara intención de estafar. Encontramos bastante hipócrita este artículo en cuanto es el Estado el que se reserva el absoluto monopolio de los juegos de azar y sorteos, mientras criminaliza la práctica de éstos cuando son realizadas libremente por l@s ciudadan@s. Suponemos que este artículo va dirigido a la pobre gente que malvive de las pequeñas rifas y sorteos “no oficiales”. No vaya a ser que les roben la clientela a la ONCE. Artículo 30.- Régimen de sanciones 1. Tendrá la consideración de infracción grave, y se sancionará con multa de 750,01 a 1.500 euros, el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas de dinero o bienes. 2. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, el ofrecimiento de apuestas que comporten un riesgo de pérdida más allá de lo que es habitual en todo juego de azar, y, en cualquier caso, el juego del "trile". Artículo 31.- Intervenciones específicas Tratándose de la infracción consistente en el ofrecimiento de apuestas en el espacio


público, los agentes de la autoridad procederán a la intervención cautelar de los medios empleados, así como de los frutos de la conducta infractora.

CAPÍTULO VII: OTRAS CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO Artículo 32.- De las situaciones de riesgo, desamparo y mendicidad. mendicidad de menores.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de comunicar a las autoridades o a sus agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor. Asimismo, toda persona que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de manera habitual debe ponerlo en conocimiento de los agentes más próximos o de la autoridad competente, con la finalidad de que se adopten las medidas pertinentes. Quedan prohibidas las conductas que adoptan formas de mendicidad insistente, intrusiva o agresiva, así como organizada, sea ésta directa o encubierta bajo prestación de pequeños servicios no solicitados, o cualquier otra forma equivalente. [31].- Grave criminalización de la pobreza. Este artículo va claramente dirigido al sector más desfavorecido de la sociedad, aquell@s que se ven obligad@s a mendigar para sobrevivir. “Prestación de pequeños servicios no solicitados o cualquier otra forma equivalente” puede ser la venta de pañuelos en los semáforos por l@s inmigrantes, l@s limpiacristales y limpiabotas, aquell@s que hacen espectáculos de arte de calle y pasan la gorra para conseguir unas monedas, y un largo etcétera de casos en los que la prestación de ese “pequeño servicio” es la única forma de subsistir. Si esto se criminaliza y persigue, sólo les quedará el robo y el crimen como medio de vida. Es penoso que se creen normativas como esta frente a un sistema de asistencia social claramente deficitario e ineficaz. Quitar de en medio lo que no gusta ver, para que todo, así, de la sensación de armonía y pulcritud, de unas calles limpias de mendigos. Estas normativas siguen el modelo norteamericano de “tolerancia cero”, en el que la pobreza se convierte en un crimen a barrer de las calles a base de prohibiciones y persecución, en lugar de ser tratado como un grave problema de exclusión socialque requiere de la actuación de la Administración sobre la raíz del problema, con políticas sociales eficaces y constructivas.

Artículo 33.- Otras formas de mendicidad.

1. Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los espacios públicos. [32].- “Obstaculizar de manera intencionada el libre tránsito de l@s ciudadan@s” puede ser aplicado a cualquiera de las formas de mendicidad que ocupan un espacio en la calle, o bien a toda forma de arte de calle – malabaristas, mimos, teatrer@s, pintores, etc. – en las que l@s intérpretes usan un pedacito de calle para representar su arte y ganarse unas monedas. La amplia discreccionalidad con la que se carga la redacción del artículo puede legitimar la actuación contra cualquier forma de mendicidad o arte de calle. Insistimos, puede ser que en este momento no se aplique


con tanta dureza (o si), pero es muy peligroso que se cree una herramienta legal que posibilite el hacerlo.

2. El ofrecimiento de lugar para aparcamiento en el espacio público a los conductores de vehículos con la intención de la obtención de un beneficio económico por personas no autorizadas, será considerado en todo caso forma coactiva de mendicidad. [33].- No se puede pretender solucionar un problema social como el de los aparcacoches legislando esta conducta como coactiva. Esta actividad puede desarrollarse de manera coactiva o no. Evidentemente debe perseguirse lo primero, pero por los procedimientos democráticos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico penal, que ya contempla estas tipificaciones. Aunque se pueden dar conductas coactivas en este tipo de actividad, no se debe dejar de recordar que cada vez hay mas inmigrantes sin papeles que utilizan esto como medio de vida, sin coaccionar a nadie y que la redaccion de este artículo va a criminalizar, aún más, a este colectivo. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 232 del Código Penal, queda totalmente prohibida la mendicidad ejercida por menores o aquella que se realice, directa o indirectamente, valiéndose de menores o personas con cualquier tipo de discapacidad, física o mental.

En aquellos casos de conductas que adoptan formas de mendicidad no previstas en los apartados anteriores que tengan raíz social, y respecto de las personas que incurran en las mismas, los agentes de la autoridad contactarán con los servicios sociales al efecto de que por los mismos se activen los recursos sociales existentes de conformidad con el contenido de los Planes y Programas municipales en vigor.

Artículo 34.- Régimen de sanciones

1. Cuando la infracción consista en el ofrecimiento de un lugar para aparcamiento por persona no autorizada, los agentes de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas de que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción que corresponda.

2. La realización de las conductas descritas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior es constitutiva de una infracción leve, y podrá ser sancionada con una multa de hasta 120 euros, salvo que los hechos puedan ser constitutivos de una infracción más grave. En todo caso, estas sanciones podrán ser sustituidas, de acuerdo con la legislación, por sesiones de atención individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencias o por cursos en los que se informará a las personas afectadas de las posibilidades de que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan apoyo y asistencia social. Esta sustitución en todo caso deberá contar con el consentimiento del afectado y, en su caso, del representante legal. 3. Si la mendicidad es ejercida por menores, las autoridades municipales prestarán a éstos, de forma inmediata, la atención que sea precisa, sin perjuicio de que se adopte el resto de las medidas que prevé, en su caso, el ordenamiento jurídico. Se considerará, en todo caso, infracción muy grave, y será sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, la mendicidad ejercida, directa o indirectamente, con acompañamiento de


menores o con personas con cualquier tipo de discapacidad, física o mental, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 232.1 del Código Penal. CAPÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN REPARACIÓN: CAUTELARES, PROVISIONALES Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS Artículo 35.- Disposiciones Generales La administración asegura el cumplimiento de la presente Ordenanza mediante el ejercicio de las siguientes potestades: La vigilancia, prevención, control e inspección de las conductas y actos sujetos a la presente Ordenanza La adopción de las medidas provisionales y cautelares necesarias. La reparación o restitución de los daños causados. La sanción de las infracciones administrativas. La Indemnización de daños y perjuicios causados. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan o vulneren las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las responsabilidades penales o de cualquier índole que de las mismas pudieran derivarse.

Artículo 36.- Medidas provisionales, cautelares y de restitución o reposición.

1. El Ayuntamiento, a través de los órganos competentes y en función del servicio o bien de dominio público afectado, adoptará, las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del servicio o el uso público y la restitución o reposición de la realidad física alterada. Estas medidas se adoptarán, con independencia de las sanciones que pudieran derivarse así como de las reclamaciones para exigir la responsabilidad civil o penal y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 2. En caso de urgencia grave o peligro evidente y a fin de garantizar la seguridad de personas y bienes, la Administración podrá adoptar las medidas de restitución con carácter urgente que estime conveniente para que se ejecute la actuación en un plazo no superior a 48 horas. La Administración podrá, subsidiariamente, adoptar las medidas necesarias y ejecutarlas sin más trámite, sin perjuicio de reclamar su reintegro económico a la persona o personas que resulten responsables Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia grave o peligro evidente siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en los bienes y las personas. 3. Al objeto de garantizar la reposición de la integridad física dañada o su agravación el Ayuntamiento podrá ordenar, con carácter provisional o cautelar, la adopción o ejecución de cuantas medidas sean necesarias para ello a las personas que resulten responsables sin perjuicio de las responsabilidades que puedan dimanar una vez tramitado el expediente administrativo correspondiente Estas medidas provisionales podrán consistir en:


a ) Exigencia de fianza o caución. b) Suspensión temporal de la autorización otorgada para el desarrollo de la actividad, de las prestaciones o los suministros de energía . c) Cierre temporal del local o instalación donde se produzcan los hechos constitutivos de infracción d) El desmantelamiento de la instalación cuando ello sea posible e) Incautación de los bienes directamente relacionados con los hechos que hayan dado lugar al procedimiento. Asimismo, los agentes o las agentes de la autoridad o el personal municipal autorizado, en el momento de levantar acta de denuncia y previa identificación de las personas, podrán adoptar medidas provisionales tales como el desalojo de los espacios, el precintado y comiso de los elementos materiales cualquiera que sea su naturaleza que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción. En estos casos, el Área municipal a quien competa la apertura del procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, ratificar o levantar la medida provisional adoptada. Si en el plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la ratificación de la medida, se considerará sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador 4. Igualmente, con carácter cautelar, los agentes de la autoridad, cuando a su juicio existan indicios claros de actos que pudieran dar lugar a infracciones tipificadas en esta Ordenanza y para garantizar la efectividad de estos, podrán adoptar las medidas expresadas en el párrafo siguiente para garantizar la paz, el orden público y el normal funcionamiento de bienes, servicios y espacios públicos. [34].- Este artículo es uno de los más peligrosos en cuanto a que se le otorga TOTAL potestad al agente de policía para establecer juicios personales según su criterio individual sobre si se va a cometer una infracción ANTES de que esta se produzca. No se puede castigar a nadie por algo que aún no ha cometido. No podemos olvidar que l@s agentes de policía son personas corrientes y no jueces, y que cada un@ aplicaría esta normativa según su criterio personal, vulnerando gravemente derechos y libertades basándose en su propio juicio individual. Ponemos como ejemplo el caso del joven que, el 29 de Septiembre, fue sancionado por “tenencia ilícita de armas”. La peligrosísima arma en cuestión era EL SILLÍN DE SU BICI, que portaba en la mano para que no se lo robaran. El sillín le fue sustraído y no lo volvió a recuperar. Todo porque el joven se encontraba intentando dialogar con un agente que le puso una multa de 300 euros a un amigo por beberse una TÓNICA, y el agente, “a su juicio”, pensó que el joven podría atacarle con el sillín. Puedes encontrar las pruebas gráficas en www.lacalleesdetodos.blogspot.com. Hasta un mismo compañero del agente en cuestión intentó quitarle el sillín para devolvérselo al joven y su compañero, en su ofuscación personal, rehusó. Esto es sólo un ejemplo de lo que puede ocurrir con este tipo de legislación “preventiva”. Para ello podrán disponer el precinto o desmantelamiento de la instalación, la inmovilización de vehículos, la identificación de las personas, el desalojo de los espacios donde se haya cometido un acto prohibido por esta Ordenanza o donde se observe la concentración de elementos y que puedan motivar estas medidas cautelares; el decomiso o incautación, con carácter preventivo, de los materiales que se estén utilizando para ocasionar el daño o que puedan poner en peligro la salud de las personas o integridad de los bienes. Estos materiales pueden ser: material pirotécnico, sustancias, pinturas, sprays, herramientas, vehículos a motor sin silenciador o tubo resonador, aparatos de música, bebidas alcohólicas. 5. Cuando las conductas o actividades constitutivas de infracción, que pueda calificarse


como grave o muy grave, se verifiquen mediante el uso o con motivo de la tenencia de animales de compañía en los espacios públicos que comporten riesgo o peligro para los viandantes, la medida provisional podrá consistir en la retirada de dichos animales y su ingreso en las dependencias municipales habilitadas para ello, sin perjuicio de la normativa contenida en la Ley 11/03 de 24 de Noviembre y demás que resulte de aplicación. 6. Los materiales decomisados o incautados quedarán precintados e identificados en las dependencias municipales durante el plazo de 10 días, en que podrán ser retirados, previa acreditación de la titularidad y pago de los gastos de ejecución y almacenaje correspondientes. En caso de no ser retirados por sus titulares, se procederá a su traslado al vertedero autorizado o para su reciclaje. En la retirada se realizará diligencia haciendo constar el nombre y apellidos del propietario o titular, o razón social si se trata de una empresa, D.N.I., domicilio, lugar donde se ha practicado el decomiso o incautación y tipo de elemento, concediéndole al interesado un plazo de diez días para recoger el elemento en cuestión previo pago de los gastos de ejecución y almacenaje correspondientes. De dicha acta se facilitará una copia al interesado.

Artículo 37.- De la responsabilidad por conductas contrarias a la Ordenanza cometidas por menores de edad, personas incapaces o sometidas a tutela.

1. De acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y demás normativa vigente, todas las medidas sancionadoras previstas en la presente Ordenanza que puedan afectar a los menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 2. Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño/a o adolescente, así como su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como asistencias a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora y su prestación tendrá carácter voluntario. A este efecto, se solicitará la opinión de los representantes legales, que será vinculante. 3. Los representantes legales de menores de edad, incapacitados o sometidos a tutela, infractores o infractoras, serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos con motivo de las infracciones cometidas. La responsabilidad solidaria quedará referida a los daños y perjuicios producidos por la acción infractora. 4. La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria (primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis. 5. La Policía Municipal intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de dieciséis años transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, los agentes municipales solicitarán su identificación, averiguarán cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le


conducirán a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus representantes legales y de la autoridad educativa competente, que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar. 6. Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza, se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver estas conductas, los representantes legales serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los representantes legales incurrirán en una infracción leve, y podrán ser sancionados, o en su caso aceptar las medidas previstas en el apartado ocho de este artículo. 7. En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor será también notificada a sus representantes legales. 8. Los representantes legales de menores infractores o infractoras, voluntariamente podrán asistir a las sesiones de atención individualizada o cursos de formación que, en su caso, se impongan como alternativa a la sanción pecuniaria impuesta por la comisión de infracciones.

Artículo 38.- De la Mediación. 1. El Ayuntamiento de Barcelona promoverá especialmente la mediación y la resolución alternativa de los conflictos como herramienta básica para una sociedad menos litigiosa y más cohesionada. 2. En los supuestos en los que las infracciones sean cometidas por menores, y con el objetivo de proteger los intereses superiores del niño o de la niña, se establecerá por parte del Ayuntamiento de Barcelona un sistema de mediación, que actuará con carácter voluntario respecto al procedimiento administrativo sancionador, con personal especializado al que serán llamados a comparecer los menores presuntamente infractores, sus representantes legales, así como, si procede, las posibles víctimas o personas afectadas por las conductas tipificadas como infracción en la presente Ordenanza. [35].- La mediación debe ser utilizada como herramienta de solución de conflictos en todos los casos, no solo con los menores. si la norma no tiene fin recaudatorio, como dice, la mediación debería ser preceptiva en todos los casos. 3. El Ayuntamiento de Barcelona procederá a designar mediadores/as que, en calidad de terceras personas neutrales, resolverán los conflictos de convivencia ciudadana siempre que los representantes legales del menor acepten que éste se someta a una solución consensuada entre el menor, sus padres y madres o tutores/as o guardadores/as, y la administración municipal, así como, si procede, las víctimas de la infracción. 4. La mediación tendrá por objeto que el menor infractor sea consciente del daño causado a la comunidad y perseguirá, tras una negociación entre las partes, un acuerdo sobre las medidas de reparación que deberán adoptarse en cada caso. 5. Este sistema de mediación podrá ser aplicado también, con carácter voluntario, a otras conductas y colectivos específicos. El órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá, por acuerdo motivado, y previa solicitud de la persona infractora o de los servicios sociales competentes, reconducir el procedimiento sancionador a un sistema de mediación o a la terminación convencional, siempre que la dimensión retributiva de la conducta infractora sea más eficaz a través de esta vía. 6. Cuando se adopte la mediación o la terminación convencional con alternativa al procedimiento sancionador, los acuerdos de reparación tendrán como objeto,


principalmente, las siguientes medidas alternativas: a. Sustitución de la multa por sesiones formativas -de carácter individual o colectivosobre convivencia ciudadana y civismo, participación en actividades cívicas u otros tipos de trabajo para la comunidad. b. En caso de inasistencia a las sesiones formativas, procederá imponer correspondiente sanción, en función de la tipificación de Ia infracción cometida.

la

c. La resolución que determine la participación en las sesiones formativas, en actividades cívicas, en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad deberá ser adoptada con el consentimiento previo del interesado como alternativa a las sanciones de orden pecuniario, salvo que la impusiera su carácter obligatorio. En todo caso, tendrán carácter obligatorio las medidas alternativas a la sanción prevista en el artículo 37.2 de esta Ordenanza.

Artículo 39.- De la actuación inspectora. 1.- La Policía local o el personal municipal autorizado conforme a las disposiciones vigentes en la materia, estarán facultados para investigar, inspeccionar, reconocer y denunciar todo tipo de actos tipificados como infracción en la presente Ordenanza. 2.- Cuando se aprecie algún hecho que constituya una infracción a los preceptos de la presente Ordenanza, se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta, si procede, que deberá notificarse al denunciado. En dicho parte de denuncia o acta se consignarán los datos personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias que sirvan de base para la incoación por el órgano competente del correspondiente procedimiento sancionador, así como las medidas de valoración y reclamación de daños en su caso. 3. En el supuesto que las actuaciones tipificadas en este Título se realicen dentro de los recintos de Centros Cívicos, el Director del Centro podrá optar entre presentar una denuncia ante la Policía Local o realizar un acta donde se relacionen los datos identificativos del autor, lugar, hechos y daños producidos, y notificar dicha acta a los responsables con un trámite de audiencia de quince días. Transcurrido dicho plazo, con las alegaciones presentadas, se dará traslado a la Policía Local para que se tramiten las actuaciones correspondientes a las infracciones administrativas y a la reposición de daños.

Artículo 40.- Clasificación de las infracciones. 1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y leves, de acuerdo con lo previsto en los artículos correspondientes. 2. Además de las infracciones enunciadas en los artículos anteriores se considerarán infracciones muy graves: a. Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio público o su uso por otra u otras personas con derecho a su utilización, atendiendo al grado de intensidad de la perturbación ocasionada o del daño causado, así como aquéllas que impliquen una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no


subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992 de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. b. La reiteración de dos o más infracciones graves en el transcurso de un año. 3. Además de las infracciones enunciadas en los artículos anteriores se considerarán infracciones graves: a. Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio público o su uso por otra u otras personas con derecho a su utilización, en los que la intensidad de la perturbación ocasionada o del daño causado a la tranquilidad o el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, no se considere muy grave por no implicar un daño directo o no impedir el normal funcionamiento de la instalación o el bien. b. Maltratar animales. (posibilidad de incluir esta infracción en capítulo anterior) c. La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año. 4. Se considerarán infracciones leves las demás infracciones a las prohibiciones y obligaciones previstas en esta ordenanza que no constituyan infracción grave o muy grave.

Artículo 41.- Personas responsables. 1. Las personas físicas o jurídicas que por dolo, culpa, negligencia o aun a título de simple inobservancia, causen daños en los bienes de servicio o uso público de titularidad municipal o privada que formen parte del mobiliario, patrimonio o paisaje urbano de la ciudad de Barcelona, realicen actos de ocupación sin título habilitante [36].- Las personas y colectivos sociales, culturales y políticos que realizan en la ciudad estos actos de ocupación (tanto simbólicos como permanentes) en nada perjudican la pacífica convivencia. En nuestro ordenamiento existen tres vías diferentes (administrativa, civil y penal) para su restitución. Esto abriría una amplia discrecionalidad al Ayuntamiento para criminalizar determinadas conductas como la reclamación de una vivienda digna o la recuperación de espacios abandonados y en total desuso para la creación política, cultural, social y deportiva en la ciudad, ante la absoluta deficiencia de los mismos que existe actualmente. o contraríen su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas conforme a los criterios del artículo 43. 2. En el supuesto de que los autores de tales hechos sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, como responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad referida a los daños producidos y se les podrá repercutir no solo el importe de las sanciones que pudieran recaer, sino también, y en todo caso, la reparación de los daños causados y e su caso, la indemnización de daños y perjuicios. [37].- Los padres y tutores serán responsables de los daños de sus hijos, conforme al Código Civil, pero en ningún caso se pueden repercutir el importe de la sanción administrativa. Recordamos que este artículo fue anulado en Valladolid por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, debido a su carácter anticonstitucional. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36 y 37. 3. Los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se produzcan y están obligados a su reparación


o reposición. 4. Los responsables de la colocación o distribución de publicidad serán las personas físicas o jurídicas que consten como anunciadores y los autores materiales de la misma. En cualquier caso, dichos responsables están obligados a la retirada de todos los carteles y elementos colocados o esparcidos sin autorización. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria, repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. [38].-Habría que eximir de este artículo a las organizaciones ciudadanas y movimientos sociales que, sin ánimo de lucro, realizan acciones de difusión de ideas y convocatorias de actos sociales, políticos y culturales, siempre que la colocación de los carteles o cualquier material de difusión no incurra en el deterioro del lugar donde se colocan, o bien sean colocados en inmuebles ruinosos, abandonados o en deshuso, como ya apuntamos en el comentario [23].

Artículo 42.-

Carácter independiente de las multas.

1. Las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente. No obstante cuando se produzcan daños a varios elementos o instalaciones se podrá acumular las sanciones por cada uno de los bienes muebles o inmuebles objeto de daños, si este resultara probado.

2. Cuando se trate de infracciones en las que tengan por objeto o se produzcan con menosprecio a la dignidad de las personas, o infligiendo discriminación, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias, o dirigidas contra personas mayores, menores y personas con discapacidades, que se realicen por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción, por acción u omisión del deber de impedirlas, a todos las personas que integren el grupo que resulten identificados en el lugar de los hechos. Al responsable de dos o más infracciones tipificadas en esta Ordenanza se le impondrán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Artículo 43.- Graduación de las sanciones.

1. Dentro de los límites establecidos en esta Ordenanza, en la graduación de la sanción a aplicar regirá el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y en todo caso: a. la cuantía del daño causado, el beneficio que haya obtenido el infractor, la existencia o no de intencionalidad, la reincidencia en la infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año respecto de las que existan resoluciones firmes, las circunstancias personales y económicas, sociales y culturales. b. la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio


de los derechos de otras personas o actividades. c. la intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. d. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos. e. la intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público. f. la intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. [39].- El grado de intensidad de estos conceptos puede incurrir en valoraciones subjetivas. Nos preguntamos si se establecerá según el juicio del agente de policía que establezca la sanción, con lo que reiteramos lo dicho en el comentario [34]. Es a un juez a quien corresponden este tipo de valoraciones.

g. que la actividad infractora tenga como objeto o se dirijan contra personas mayores, menores y personas con discapacidades. h. que en la actividad se verifiquen actitudes de acoso entre menores o aquellas de que los mismos sean objeto en el espacio público. Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas cualquiera que sea la edad de éstas. i. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festival, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad. Artículo 44.- Infracciones cometidas sobre bienes de patrimonio Histórico y determinación de la responsabilidad civil.

1. Cuando en las infracciones a que se refiere el apartado anterior se cometan sobre bienes de los definidos en Ley 1/1991, de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA número 59, de 13/07/1991) y Reglamentos que la desarrollan, les serán de aplicación las multas establecidas en dicha normativa para cada clase de infracción 2. Con respecto al resto de las infracciones que afecten a la convivencia ciudadana recogidas en la presente Ordenanza, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se aplicarán las siguientes sanciones: Las infracciones leves se sancionarán con multas de 1 a 750 €. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 751 a 1.500 €. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multas de 1.501 a 3.000 €. Las posibles responsabilidades de carácter civil por daños se cuantificarán de acuerdo con informe emitido por el servicio Técnico responsable.


Artículo 45.- Reparación de daños y reclamación de daños y perjuicios.

1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados. La negativa a hacerlo dará lugar a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de su exacción económica de los gastos que ello acarree. 2. El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago, previa audiencia, en el plazo que se establezca. 3. Las reclamaciones de daños y perjuicios se aplicarán por el precio indicativo del elemento deteriorado o dañado, todo ello sin perjuicio a las reclamaciones civiles o penales a que hubieren lugar.

Artículo 46.- Procedimiento sancionador. 1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992 y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Todas las personas en Barcelona tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar la convivencia ciudadana en los espacios públicos, reconociéndose expresamente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la presente Ordenanza. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Cuando la denuncia vaya acompañada de solicitud de iniciación del correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento de Barcelona deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento. La persona denunciante podrá considerarse interesada y como tal le serán notificados los trámites del procedimiento incoado así como la resolución que en su día recaiga. En todo caso, cuando la naturaleza de la denuncia pueda acarrear un riesgo de cualquier tipo para el denunciante, el órgano instructor garantizará y velará por la confidencialidad y la protección de sus datos de índole personal. Cuando la persona denunciante se encuentre integrada en grupos o redes organizadas, en cuyo beneficio realice o desarrolle algún tipo de actividades antijurídica y denuncie a alguno o algunos de sus responsables, podrá serle aplicada la eximente de arrepentimiento y estará exento de responsabilidad administrativa a los efectos de la presente Ordenanza. La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará por el Alcalde al personal funcionario designado al efecto, sin que pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver. Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, el procedimiento sancionador será el establecido por la normativa municipal sectorial que resulte de aplicación. Supletoriamente, será de aplicación el procedimiento sancionador


previsto por la Junta de Andalucía para las actuaciones en espacios públicos y, en su caso, lo que regule la legislación del Estado. El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses para las infracciones muy graves y graves, salvo que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, en cuyo caso el plazo será de un mes y se tramitará por el procedimiento simplificado que se regula en el Capítulo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora

Articulo 47.- Terminación Convencional 1. Con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, se podrá solicitar por la persona responsable de la infracción, la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento, por la realización de trabajos o labores para la Comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción. 2. Las prestaciones se realizarán voluntariamente por el infractor bajo la dependencia directa de un tutor, nombrado por el área responsable de la actividad, que podrá ser la de Cultura, Juventud y Deportes, Vía Pública, Medio Ambiente o Bienestar Social. Las prestaciones podrán consistir en tareas de colaboración como: la adecuación de jardines y espacios públicos, la asistencia a personas de la tercera edad o discapacitados, la colaboración en actividades deportivas y culturales u otras análogas. La negativa a realizar la prestación o prestaciones sustitutorias impuestas dará lugar a la imposición de la sanción correspondiente. En ningún caso, las prestaciones en beneficio de la comunidad, podrán consistir en tareas propias del personal de la Corporación, o de Entidades o empresas dependientes. El tutor habrá de emitir un informe, en que se constate la efectiva realización de la prestación, a satisfacción de la persona responsable. El tiempo de duración de la prestación será proporcional y adecuado a la cuantía de la sanción. Medidas de carácter social. Cuando el presunto responsable del incumplimiento de la Ordenanza sea indigente o presente otras carencias o necesidades de asistencia social o de atención médica especiales o urgentes, los agentes de la autoridad que intervengan le informarán de la posibilidad de acudir a los servicios sociales o médicos correspondientes y del lugar concreto en el que puede hacerlo. En aquellos casos especialmente graves o urgentes, y con la finalidad hacer efectiva e inmediata la atención social o médica requerida, los agentes de la autoridad u otros servicios competentes podrán acompañar a la persona que la precisa a los mencionados servicios. Asimismo, siempre que sea posible, los servicios municipales intentarán contactar con la familia de la persona afectada para informarla de la situación y circunstancias en las que ha sido encontrada en el espacio público. Cuando estas diligencias se practiquen por agentes de la autoridad, se dará traslado de las mismas a los servicios municipales correspondientes, al objeto de que por los mismos se adopten las medidas oportunas y, en su caso, efectúen el seguimiento del mismo o lo pongan en conocimiento de la autoridad o administración competente.


Artículo 48.- Caducidad y prescripción.

A) Prescripción de las infracciones. 1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los dos años y las calificadas como muy graves a los tres años. 2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume. 3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de iniciación del procedimiento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más de un mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija. B) Prescripción de las sanciones. 1. las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 2. El plazo de prescripción de las sanciones se contará desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 3. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado de la iniciación del procedimiento de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si aquel está paralizado durante por más de un mes por causa no imputable al infractor. C) Caducidad: Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.

Artículo 49. Responsabilidad penal.

Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito o falta el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administrativa y la penal. La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior. Artículo 50.- Destino de las multas


El importe de los ingresos del Ayuntamiento en virtud de las sanciones impuestas se destinará a mejorar, en sus diversas formas y a través de varios programas, el espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia.

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.

Primera.- Para las conductas tipificadas como infracción relativas a la aplicación y desarrollo de las actividades de ocio en los espacios abiertos de la ciudad de Barcelona, se aplicarán de forma directa las medidas provisionales y sanciones tipificadas en la Ley sobre Potestades Administrativas en Materia de Actividades de Ocio en los Espacios Abiertos de los Municipios de Andalucía. Segunda.- Asimismo, mediante Resolución de la Alcaldía se podrán establecer las zonas del término municipal, en las que se acuerde desarrollar actividades de ocio en los espacios abiertos previstos en la citada Ley, así como las condiciones que deben cumplirse en las mismas para garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana. Tercera.- En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa municipal que resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Primera.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma.

DISPOSICIONES FINALES Primera.- Esta Ordenanza entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de Barcelona. Segunda.- En el plazo de cuatro meses desde su aprobación por el Pleno municipal y al objeto de difundirla, el Ayuntamiento realizará una edición de la misma especialmente preparada para ser distribuida ampliamente en diferentes puntos de la Ciudad, Oficinas de Atención Ciudadana, Centros Cívicos, educativos, estaciones de autobuses, trenes, aeropuerto, mercados de abastos, oficinas de turismo, hoteles y establecimientos de pública concurrencia, asociaciones y entidades vecinales. Tercera.- En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se procederá a la puesta en funcionamiento del órgano de participación ciudadana encomendado a la Delegación de Medio Ambiente mediante Resolución de Alcaldía 744/2006 de 28 de Noviembre, dictada en cumplimiento de las competencias previstas en el art. 41.d) de la Ley 7/2006 de 24 de Octubre de la Junta de Andalucía, sobre potestades administrativas en materia de actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.

Afecta directamente: - El principio de legalidad recogido en el artículo 25.1 de la CE que nos dice: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento


de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” En términos generales, el principio de legalidad en materia sancionadora cobra su mayor eficacia en el orden penal pero la garantía consagrada en el artículo 25.1 de la CE se proyecta, también, sobre la potestad sancionadora de la Administración. Sin embargo, en la actualidad, la diferencia entre los ordenamientos penal y administrativo ha perdido virtualidad por sus distintos efectos en cuanto a los bienes y derechos afectados. En relación con este precepto, la ordenanza es ambigua ya que establece sanciones para conductas o actividades que no están bien definidas por lo que estaría vulnerando el principio de legalidad del artículo 25.1 de la CE. En contradicción con el artículo 14 de la CE en cuanto se discrimina a los sectores más marginados, que son mayoritariamente los destinatarios de la Ordenanza. Asimismo la Ordenanza no garantiza el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la CE, por cuanto en un Estado de Derecho, todo lo que no está prohibido está permitido y el ciudadano lo tiene que saber de forma clara y precisa (principio de seguridad jurídica) Por último, hay que señalar que la ordenanza otorga un poder atípico a la policía y amplía su campo de acción hasta extremos difícilmente controlables e inimaginables hace unos años. Por ejemplo, la ordenanza incorpora facultades reconocidas por la controvertida ley de protección de seguridad ciudadana, la llamada ley Corcuera. En la actualidad, un agente de la Guardia Urbana podrá trasladar a la comisaría un ciudadano que no ha podido ser identificado por una simple infracción leve. Por otra parte, esta situación se agrava porque el texto utiliza una técnica jurídica basada en conceptos sancionadores demasiado abiertos y amplios, propio de la dinámica administrativa y policíaca de otras épocas. Vulneración de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se establecen en el Capítulo primero del Título IX los principios de la potestad sancionadora y en concreto en los siguientes: Artículo 127, principio de legalidad, en el que se dice que: la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. Punto tercero del Artículo 129, Principio de tipicidad, que establece que: las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Artículo 131, punto tercero, principio de proporcionalidad: En la determinación normativa del régimen sancionador así como en la imposición de sanciones por las Administraciones públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración. b) La naturaleza de los perjuicios causados c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.


IGUALDAD DE TRATO

La Ordenanza de Barcelona trata de perseguir los comportamientos de los colectivos más empobrecidos de Barcelona en defensa de: − El derecho a encontrar en la ciudad las condiciones para la realización personal, política, social, con las condiciones ambientales òptimas.


Conflicte Dret Fonamental vs Dret Fonamental Dret Fonamental vs Principis constitucionals

Solució Ponderació (doctrina jurisprudencial)

Forces social (econòmiques [loobies], ciutadanes...) Manca de representació de certs status social

Negociació i Integració

Valors

Canvi (reinterpretació de la Constitució i normativa derivada)

Eficàcia vs Garanties Constitucionals

Jurisprudencial

Derivació de matèries jurídiques D. Penal  D. Administratiu D. Civil  D. Administratiu


Consulta realizada BĂşsqueda en Jurisprudencia DĂ­a y hora: 07-12-2008 14:55:52 Relevancia: Texto: libertad de residencia y circulacion Resumen: Voces: Tribunal: "Tribunal Constitucional" Fecha desde: Normativa aplicada:

Fecha hasta:


Resultados obtenidos de Jurisprudencia Lista completa (18): 1.EXTRANJEROS: Derechos y libertades: regulación por ley: el art. 13.1 CE concede al legislador una notable libertad para regular los derechos de los extranjeros en España, pudiendo establecer determinadas condiciones para su ejercicio: en cualquier caso, tal regulación debe tener en cuenta: a) el grado de conexión de los concretos derechos que regula con las garantías de la dignidad humana que proclama el art. 10 CE; b) el contenido preceptivo del derecho, cuando éste venga reconocido a los extranjeros directamente por la CE; c) el contenido delimitado para el derecho en concreto por la CE y por los Tratados y Acuerdos internacionales. El legislador ha de respetar los límites impuestos ex art. 10.2 CE por los Tratados y Acuerdos internacionales, que le obligan a interpretar de acuerdo con ellos los derechos y libertades consagrados en la CE, si bien el Tratado o Acuerdo invocados no se convierten en sí mismos en canon de constitucionalidad de la regulación realizada; Derechos de reunión y manifestación, de asociación, a la educación no obligatoria, y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la justicia gratuita: distinción entre extranjeros residentes y extranjeros ilegales a efectos del ejercicio de tales derechos: inconstitucionalidad en la medida en que tal distinción vulnera los respectivos preceptos constitucionales en su contenido constitucionalmente declarado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por los Tratados y Acuerdos internacionales; Derecho a la libertad sindical: exclusión de los extranjeros que no hayan obtenido autorización de estancia o residencia en España: tal exclusión es inconstitucional por cuanto quiebra el contenido esencial del derecho; Derecho a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar: remisión de su regulación al reglamento: remisión constitucional por cuanto los preceptos impugnados no regulan ni desarrollan el derecho fundamental a la intimidad familiar: exoneración del deber de motivación de los actos denegatorios de visado: vulneración inexistente por cuanto no se trata de actos sancionadores; Principio de legalidad penal: supuesto «bis in idem» derivado de la acumulación de sanción penal y de expulsión: inexistencia: falta de identidad entre el fundamento de la sanción penal y el de la expulsión toda vez que las medidas persiguen la protección de bienes jurídicamente diferentes; Derecho a la libertad personal: internamiento por decisión judicial hasta el retorno al punto de origen: constitucionalidad en la medida que la decisión de internamiento queda a la libre decisión del juez; Derecho a no sufrir indefensión: plazo de cuarenta y ocho horas para alegar en el procedimiento preferente de expulsión: constitucionalidad del plazo en la medida que su brevedad se anuda al principio de celeridad del proceso. TC (Sala Pleno), sentencia núm. 236/2007 de 7 noviembre. RTC 2007\236

2.EXTRANJEROS: Entrada en territorio nacional: (para meter en nuevo código): denegación de entrada por no tener pasaporte dictandose orden de retorno al país de procedencia: procedimiento administrativo no sancionador al que no cabe aplicar las garantías del art. 24 CE: inadmisión.JURISDICCION Y PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO: Cuestiones generales: extensión y límites: cuestiones de jurisdicción y competencia: asuntos de extranjería: la determinación de la competencia es un tema de legalidad ordinaria: inadmisión. TC (Sala Segunda3ª), auto núm. 153/2005 de 18 abril. RTC 2005\153 AUTO


3.DERECHO FUNDAMENTAL A CIRCULAR POR EL TERRITORIO NACIONAL: Titulares: extranjero: denegación de entrada en España por no cumplir los requisitos legales: carencia de visado o residencia en vigor, y presentación de impreso del procedimiento de regularización de extranjeros de la Provincia de Tarragona obtenido de forma fraudulenta: errónea utilización de la vía del proceso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona para examinar la validez y eficacia de un acto admisnitrativo declarativo de derechos: violación inexistente.INDEFENSION: Ámbito: indefensión e irregularidades procesales: defecto formal: Jurisdicción y proceso contencioso-administrativo: proceso por denegación de entrada en el territorio nacional: notificación de la resolución denegatoria al interesado y no a su abogada: cumplimiento de los requisitos legales: inexistencia de indefensión material. TC (Sala Primera), sentencia núm. 72/2005 de 4 abril. RTC 2005\72

4.EXTRANJEROS: Derecho de asilo: «estatuto del peticionario»: derecho no constitucional; de configuración legal; «rango»: mandato expreso de regulación contenido en el art. 13.4 CE: no exige su tramitación y aprobación como ley orgánica: el art. 5.7.3º de la Ley 5/1984, de 26 marzo, ni desarrolla ni regula de forma directa y general el derecho a la libertad personal de los extranjeros, ni siquiera el derecho a la libertad del grupo de los solicitantes de asilo en frontera: restricción a la libertad de movimientos por un máximo de cuatro días que no impide el retorno del extranjero a su lugar de procedencia o su marcha hacia un tercer país con distinto régimen de entrada; «Garantías jurisdiccionales»: el hecho de que el solicitante de asilo no sea un «detenido» no le priva del derecho a la tutela judicial efectiva: rige el procedimiento de «habeas corpus» y ante una resolución administrativa de inadmisión a trámite de la solicitud de asilo disfruta de la tutela reforzada en el orden contencioso-administrativo con carácter suspensivo.DERECHO FUNDAMENTAL A CIRCULAR LIBREMENTE POR TERRITORIO NACIONAL: Titulares: extranjeros: solicitante de asilo: sólo disfruta del derecho fundamental a entrar y circular libremente por España en los términos que disponen los tratados y la ley.DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD: Ambito: extranjeros solicitantes de asilo: «tiempo de permanencia en dependencias adecuadas»: art. 5.7.3º de la Ley 5/1984, de 26 marzo: gozan del derecho a la libertad en los casos y formas previstos en la ley: situación legal de sometimiento de los solicitantes de amparo a un poder público. TC (Sala Pleno), sentencia núm. 53/2002 de 27 febrero. RTC 2002\53

5.DERECHO FUNDAMENTAL A CIRCULAR LIBREMENTE POR EL TERRITORIO NACIONAL: Titulares: los extranjeros son titulares de los derechos fundamentales establecidos en el art. 19 CE siempre que resulten reconocidos en los tratados o en la ley y en los términos de su reconocimiento en ellos. DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD: Garantías: libertad provisional: la LECrim no contiene una habilitación legal específica en cuanto a la prohibición de que los extranjeros abandonen el territorio nacional y la retirada del pasaporte. TC (Sala Segunda), sentencia núm. 169/2001 de 16 julio. RTC 2001\169


6.DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE ELECCION DE RESIDENCIA: Alcance: la libertad de residencia supone la libertad de habitar en un lugar determinado: el domicilio es siempre el lugar en el que se habita, si bien para configurarlo como tal, ha de estar cualificado por la presencia de determinadas notas o características: doctrina constitucional. Contenido: no hay dificultad para entender que la libertad de residencia no tiene por qué limitarse a fijar la propia residencia en un determinado espacio de amplitud mayor al del domicilio. Límites: la propiedad privada, en cuanto garantía institucional, constituye un primer y evidente condicionamiento al ejercicio de las libertades de residencia y de circulación. Jurisdicción y Proceso Civil: propiedad horizontal: comunidad de propietarios: actividades no permitidas: privación del uso del piso del que es cotitular: conducta personal molesta o perturbadora: resolución judicial que impone tal privación no incurre en lesión de ningún derecho fundamental: inexistencia. TC (Sala Primera), sentencia núm. 28/1999 de 8 marzo. RTC 1999\28

7.TRIBUTOS: Principios constitucionales: principio de capacidad económica: la condición de no residente puede justificar desde la perspectiva del art. 31.1 CE un trato dispar, pues el tributo no es sólo un instrumento de recaudación, sino un medio para la consecución de políticas sectoriales: no es dable, sin embargo, al legislador localizar en una parte del territorio nacional y para un sector o grupo de sujetos un beneficio tributario sin una justificación plausible que haga prevalecer la quiebra del deber de contribuir sobre los objetivos de la redistribución de la renta: la disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no supera el juicio de constitucionalidad en el análisis de sus consecuencias por ser irrazonables y desproporcionadas.DERECHO COMUNITARIO: Obligaciones de los Estados miembros: Delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas: el sistema de distribución constitucional de competencias rige también para la ejecución del Derecho comunitario: ayuda estatal concedida a los no residentes que operan en el País Vasco y Navarra establecida en la Ley 42/1994: competencia de los Territorios Forales Vascos y de la Comunidad Foral de Navarra, al ser los titulares materiales de la competencia en materia tributaria.ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO: Principios Generales: libre circulación de personas y bienes: disposición adicional 8ª de la Ley 42/1994, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al limitar los beneficios tributarios a no residentes en una parte localizada del territorio nacional, País Vasco y Navarra, produce una fragmentación del mercado con quiebra de la necesaria unidad del orden económico. TC (Sala Pleno), sentencia núm. 96/2002 de 25 abril. RTC 2002\96

8.RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: Procedimiento: demanda: quien impetra el amparo constitucional debe proporcionar al TC la fundamentación fáctica y jurídicamente razonable, que se integra en el deber de colaborar con la justicia del TC: no le corresponde al TC construir de oficio las demandas.DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD: Jurisdicción y Proceso Penal: delito de desobediencia: orden de someterse a control de alcoholemia: puede realizarse tanto cuanto existen indicios de una previa conducción bajo los efectos del alcohol o de las otras sustancias, como cuando no se aprecian tales indicios: medida


de prevención general: inexistencia. TC (Sala Segunda3ª), auto núm. 152/1999 de 14 junio. RTC 1999\152 AUTO

9.DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE ELECCION DE RESIDENCIA: Titulares: extranjeros: carecen del derecho de residir en España, salvo lo que establezcan los tratados y la ley: licitud de que la Ley de Extranjería subordine el derecho a residir en España al cumplimiento de determinadas condiciones: los arts. 26.1, d) y 26.1, f) no vulneran el art. 19 CE: doctrina constitucional.PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL: Alcance: expulsión de extranjero: incumplimiento de los requisitos impuestos en la legislación de extranjería: no puede ser confundida con una pena. TC (Sala Primera1ª), auto núm. 331/1997 de 3 octubre. RTC 1997\331 AUTO

10 .DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE ELECCION DE RESIDENCIA Y CIRCULACION POR EL TERRITORIO NACIONAL: Alcance: la decisión de expulsar o extrañar a una persona del territorio nacional prohibiendo su regreso durante un período de tiempo, afecta directamente a la libertad de circulación que contempla el art. 19 CE, pudiendo vulnerarla o no, según el fundamento y alcance de la medida; Contenido: la libertad del legislador al configurar los derechos de los nacionales de los distintos Estados en cuanto a su entrada y permanencia es amplia, pero no absoluta: las leyes y tratados que regulan la circulación de extranjeros en España deben respetar el grado, limitado pero cierto, de libertad que reconocen los arts. 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Ejercicio: permisos de trabajo y de residencia: la Administración no puede expulsar a quien ha instado su expedición sin haber resuelto previamente si tiene derecho o no a obtener el permiso de residencia; Objeto: para ser respetuoso con la libertad de circulación la decisión de expulsión o extrañamiento debe fundarse en alguno de los supuestos previstos por la Ley de Extranjería u otro texto de igual valor; Titulares: los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y desplazarse por el territorio nacional: posibilidad de modulación en su ejercicio. TC (Sala Primera), sentencia núm. 94/1993 de 22 marzo. RTC 1993\94

11 .Recurso de amparo contra Auto de 24 julio de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimando recurso de queja y confirmando los dictados el 4 y 25 junio del mismo año por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, manteniendo la situación de libertad provisional con fianza del recurrente de amparo, procesado junto con otras personas como presuntos autores de delito monetario, con la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado instructor justificando dicha medida por la situación de rebeldía mantenida previamente por el solicitante de amparo durante la instrucción sumarial: discriminación en la aplicación de la Ley: vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley: inexistencia: adopción de medidas cautelares por el órgano judicial que no puede considerarse arbitraria o injustificada: vulneración del derecho fundamental a la libertad personal y seguridad: inexistencia: el mantenimiento de la medida cautelar de libertad provisional bajo fianza ha sido considerada necesaria por los órganos judiciales y ha sido adoptada en los casos y en la forma previstos en el Ordenamiento Jurídico: la inconstitucionalidad


de la previsión de sanciones penales privativas de libertad en la Ley 40/1979 no impide la adopción de medidas cautelares legalmente previstas en orden a asegurar la comparecencia a juicio de los procesados: doctrina constitucional: inexistencia, también, de lesión del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales: vulneración del derecho fundamental a la libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional: inexistencia: la obligación de comparecer periódicamente ante el Juez es una medida legalmente prevista, teniendo en cuenta, además, que se ha permitido al recurrente la comparecencia ante el Juzgado de la ciudad por él elegida como lugar de residencia; vulneración del derecho fundamental al honor y a la propia imagen: inexistencia: la adopción de medidas cautelares por el Juez, legalmente previstas, no producen una intromisión ilegítima en el derecho invocado: doctrina constitucional: desestimación del amparo. TC (Sala Primera), sentencia núm. 85/1989 de 10 mayo. RTC 1989\85

12 .RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: Objeto: exclusión: impugnaciones genéricas sobre la constitucionalidad de una Ley: Ley 12/1984, de la Comunidad de Murcia: falta de legitimación de la recurrente para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley, no habiendo considerado la Sala de la Audiencia Territorial plantear la cuestión de inconstitucionalidad: improcedencia.DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE ELECCION DE RESIDENCIA: Alcance: la libertad de una persona jurídico-privada de residir donde tenga por conveniente no le exime del pago de los impuestos legalmente establecidos: inexistencia.JUEGO: Régimen fiscal: tasa: sujeción: radicación de un casino en una Comunidad autónoma determinada: puede justificar un tratamiento fiscal distinto: vulneración inexistente del principio de igualdad. TC (Sala Segunda3ª), auto núm. 182/1986 de 26 febrero. RTC 1986\182 AUTO

13 .Recurso de amparo contra Sentencia de 7-2-1984 del Juzgado Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Palma de Mallorca confirmada por la de 17-101984 de la Audiencia Nacional, imponiendo medidas de seguridad: causa de inadmisión del recurso, que conduce a su desestimación, por incumplimiento del requisito contenido en el art. 44.1-c) de la LOTC: existencia: desestimación del amparo.Recurso de amparo constitucional: Invocación formal en el proceso del derecho constitucional vulnerado: Exigencia que permite a los órganos jurisdiccionales examinar, y en su caso, corregir la lesión del derecho fundamental: «iura novit curia»: el titular del derecho debe facilitar su protección; Improcedencia de un determinado formalismo: no debe tratarse de la invocación numérica de un artículo del texto fundamental, sino del derecho cuya violación se pretende cometida: sin embargo, no puede entenderse tal doctrina como un racionamiento del contenido del art. 44.1-c) de la LOTC: naturaleza subsidiaria del recurso de amparo; Debe ofrecerse base suficiente para que, en la vía judicial, pueda entrarse a conocer de las concretas vulneraciones aducidas, lo que requiere, al menos, una delimitación del contenido del derecho que se dice violado; Incumplimiento: desestimación del recurso por concurrir la causa de inadmisión, que en esta fase es de desestimación: doctrina constitucional.Derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales: Derecho a la ejecución de las sentencias: Doctrina constitucional; No puede implicar la realización de trabajos forzados, contra la prohibición expresa del art. 25.2 de la CE.Derechos fundamentales y libertades públicas: doctrina constitucional: constituye la esencia misma del régimen constitucional: no cabe


someter su protección en vía de amparo a formalismos desprovistos de significado en cuestión. TC (Sala Primera), sentencia núm. 34/1986 de 21 febrero. RTC 1986\34

14 .Recurso de amparo contra Sentencia 28-1-1984 del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Palma de Mallorca, confirmada por la Sala de Peligrosidad y Rehabilitación Social de la Audiencia Nacional en Sentencia de 28-9-1984: imposición de medidas de seguridad con anticipación a la punición de la conducta penal: concurrencia sobre un mismo hecho de pena y medida de seguridad: vulneración de los derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia: existencia: otorgamiento del amparo.Principio de legalidad: Penal: no caben medidas de seguridad sobre quien no haya sido declarado culpable del ilícito penal; «Non bis in idem»: no aparece constitucionalmente consagrado de manera expresa, pero nada impide reconocer su vigencia dentro del Ordenamiento: doctrina constitucional; Intimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones, recogidos en el art. 25, 1º de la CE.Derecho fundamental a la presunción de inocencia: vulneración: reiteración del «ius puniendi» del Estado respecto de unos mismos hechos y contradicción con el derecho fundamental, porque se estaría presumiendo culpable al recurrente antes de que en el proceso penal por delito se dilucidara su culpabilidad, al haberle impuesto previamente medidas de seguridad.Derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley: Alcance: garantiza a todo ciudadano un Juez que perteneciendo al orden jurisdiccional ordinario (con la excepción del art. 117, 5º de la CE) venga previamente determinado mediante la institución jurídica pública de las atribuciones jurisdiccionales y competenciales: doctrina constitucional; Jueces de Peligrosidad y Rehabilitación Social: órganos jurisdiccionales especializados, creados previamente por la norma jurídica que ha definido sus ámbitos jurisdiccionales y sometido a un régimen orgánico que garantiza los caracteres definidos que señala el art. 117, 1º de la CE. TC (Sala Segunda), sentencia núm. 23/1986 de 14 febrero. RTC 1986\23

15 .Recurso de amparo contra Sentencias del Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Palma de Mallorca de 14-2-1984 y de la Sala Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social de la Audiencia Nacional de 23-9-1984: invocación formal en el proceso del derecho constitucional vulnerado: omisión: desestimación del recurso.Recurso de amparo constitucional: invocación formal en el proceso del derecho constitucional vulnerado: alcance; Configuración: aunque no requiere la mención del artículo concreto de la Constitución en que se proclama el derecho, ni siquiera la de su nomen iuris, sí ha de ofrecer base suficiente para que en la vía judicial, pueda entrarse a conocer de las concretas vulneraciones aducidas, lo que requiere al menos, una delimitación del contenido del derecho que se dice violado. TC (Sala Primera), sentencia núm. 10/1986 de 24 enero. RTC 1986\10

16 .RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: Objeto: exclusiones: indemnización de daños y perjuicios por parte de la Administración pública y régimen de extranjería:


materias ajenas al ámbito de protección del recurso de amparo. TC (Sala Primera1ª), auto núm. 182/1985 de 13 marzo. RTC 1985\182 AUTO

17 .DERECHO FUNDAMENTAL A OBTENER LA TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES: Derecho a la ejecución de resoluciones judiciales firmes: exequátur: ejecución de sentencias extranjeras no contraviene ordenamiento procesal español. Jurisdicción y Proceso Civil: auto del TS que homologa sentencia de divorcio y de constitución de patria potestad de menor de Tribunal venezolano: vulneración inexistente de derechos fundamentales: inadmisión. TC (Sala Segunda4ª), auto núm. 276/1983 de 8 junio. RTC 1983\276 AUTO

18 .-

EXTRANJEROS: Expulsión del territorio: sanción de carácter potestativo: inconstitucionalidad: inexistencia: el precepto cuestionado cumple con las exigencias de predeterminación normativa y certeza que se derivan de los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los arts. 25.1 y 9.3 CE; Medidas cautelares: supuesto de residencia obligatoria en determinado lugar: inconstitucionalidad por vulneración del derecho fundamental a la libertad personal: inexistencia: medida que afecta a la libertad de residencia y circulación, legítimamente acordada en el marco de un procedimiento administrativo sancionador en materia de extranjería en la que se incluye el establecimiento de los requisitos y condiciones exigibles a los extranjeros para su entrada y residencia en España; Procedimiento preferente de expulsión: constitucionalidad: remisión a la doctrina de la STC 236/2007. TC (Sala Pleno), sentencia núm. 260/2007 de 20 diciembre. RTC 2007\260

Ordenança de civisme  

Ordenança de civisme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you