delitos de lesa humanidad, resultaría altamente sospechoso que se opongan pequeñas trabas administrativas o legales al reconocimiento de derechos constitucionales de una de las poblaciones que más ha sufrido con el conflicto y que cuya seguridad está hoy bajo seguimiento de los organismos del sistema interamericano de justicia. •
La vinculación del Naya y de su territorio a procesos fuera del control de la población incide negativamente en el reconocimiento de los derechos colectivos
La zona alta del Naya es un lugar estratégico en cuanto vía de paso desde la zona central de Colombia hacia las regiones abruptas y de difícil acceso de las selvas del Pacífico; su control es primordial como espacio estratégico desde un punto de vista militar15. En ese sentido, se trata de una región en disputa que usualmente acarrea violencias y represalias de uno y otro lado; también está vinculada económicamente a la violencia a través de cultivos de uso ilícito. Es consecuencia de lo anterior, que se ocasionen graves impactos en la seguridad alimentaria, en la paz social y en el medio ambiente, ya que se utiliza a la población como recurso económico para mantener la insurgencia vía el mantenimiento de cultivos de coca. A medida que se dilata la titulación de tierras colectivas del Alto Naya, este proceso amenaza con extenderse progresivamente por el resto de la cuenca. Este hecho podría utilizarse (de hecho se utiliza)16, como argumento para desestimar la titulación de las tierras colectivas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la terrible escalada de sufrimiento colectivo que origina la presencia en la región de los grupos armados, en particular cuando inducen coactivamente al cultivo de coca en la zona, introduce un elemento de mucho riesgo para los procesos de titulación, puesto que las tierras dedicadas a cultivos ilícitos podrían ser excluidas del derecho colectivo de los pueblos indígenas y comunidades negras por no cumplir la función social y ecológica, ni responder a prácticas tradicionales, que son requisitos que prescribe la ley para la titulación. De esta manera, la presencia de esta problemática, una de las que más lesiona los derechos humanos de la población del Naya (y una de las que más urge contrarrestar), lejos de impulsar la celeridad de los trámites de las gestiones que podrían debilitarla paulatinamente, se convierte en un argumento utilizado para justificar la negativa al reconocimiento del derecho a la tierra. El gobierno debiera comprender la situación de alto riesgo que vive la población indígena, afrodescendiente y campesina del Naya y que es necesario y urgente evitar la consumación de lo que para muchos alcanza niveles de genocidio. Un genocidio que se constituiría con todos los elementos del tipo penal que lo definen17, al conocer el gobierno nacional, vía las resoluciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana, el nivel de riesgo al que está sometida la población y la vinculación existente entre la violencia en el Naya y la desprotección legal de las tierras colectivas.
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