con la gente de izquierda tada por el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por intentar investigar dichos crímenes, nos indica el calado de estas ideas en los magistrados del poder judicial. La Justicia Universal significa un avance civilizatorio fundamental en la lucha contra la impunidad de los genocidas y de los gobernantes que cometen crímenes de lesa humanidad. Los crímenes cometidos por el régimen fascista de Franco, son de lesa humanidad y por lo tanto no pueden prescribir por el sólo motivo de existir una Ley de Amnistía aprobada previamente a la aprobación de la Constitución. La persecución y clarificación de los crímenes el franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático y que ayudará a cerrar las heridas de la Guerra Civil. Esta fuerza política se compromete a luchar con todas sus fuerzas para la consecución de estos objetivos Otro problema de calado es el distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a la ciudadanía, que se concreta su opacidad y las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Por otro lado las reformas realizadas no han mejorado sustancialmente el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que ésta se está convirtiendo en una organización donde prima la rapidez en lugar de la justicia, aun a costa de “expulsar” a los ciudadanos y ciudadanas de los Juzgados y de que el personal funcionario desconozcan el fondo de los procedimientos en curso. Democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano a la ciudadanía, debe ser un objetivo prioritario de la izquierda transformadora. Por último, alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio en aquellos casos en que los ciudadanos y ciudadanas no disponen de recursos suficientes. En diversas comunidades autónomas existen proyectos para trasladar la gestión de este servicio desde los Colegios de Abogados a los grandes despachos de abogados, limitando su alcance a colectivos mas reducidos. • La justicia gratuita es un derecho fundamental que debamos defender. El Turno de Oficio debe transformarse en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas, con recursos propios y/o externos.
6. SEGURIDAD PÚBLICA En los últimos años, nuevos fenómenos y realidades sociales emergen en una sociedad cada vez más compleja,
fruto de su propio desarrollo sustentado en unos principios económicos neoliberales que agudizan las desigualdades, rompen el crecimiento económico y dificultan la integración social. El fenómeno de la delincuencia no es ajeno a esta realidad compleja de la sociedad. La creciente desigualdad de rentas propicia espacios para el desarrollo de la delincuencia a escala global y local, y la aparición de nuevas conductas delictivas, unas vinculadas a la criminalidad económica y financiera (blanqueo de dinero, tráfico de drogas y armas, redes de corrupción...) y otros a la irrupción de algunas mafias y bandas criminales y de delincuencia internacionales, con nuevas tipologías en sus métodos de actuación y mucho más violentas. Hay, sin embargo, otros comportamientos delictivos, de carácter creciente, que forman parte de la evolución contradictoria de la sociedad y que precisan acciones reactivas y preventivas. En IU entendemos que el fenómeno de la inseguridad ciudadana y de la actividad delictiva solo es posible abordarlo desde una acción global e integral de conjunto, formando parte de una estrategia preventiva que aborde la educación y la formación, la asistencia social, las expresiones culturales y de convivencia, el urbanismo, el uso social de los espacios públicos, la política de vivienda social, la acción integral en barrios en situación de riesgo... Esta acción debe ser complementaria a las imprescindibles acciones policiales y a la justicia penal. La acción policial y penal no es incompatible con acciones preventivas. La experiencia europea nos dice que el incremento de detenidos en las prisiones no ha hecho reducir el número de hechos delictivos, por eso son precisas políticas públicas transversales de inclusión social y de prevención, unos servicios públicos de calidad y la reducción de los factores de riesgo. Trabajar, sin embargo, la inseguridad ciudadana solo desde la prevención de los factores de riesgo sería no solamente insuficiente sino también un error. Por ello, son imprescindibles unos cuerpos policiales próximos al territorio y a la ciudadanía y con la formación básica y especializada por hacer frente con profesionalidad y eficiencia de las diferentes expresiones delictivas que se producen.
1. Un modelo de seguridad pública Hace falta un modelo basado en la efectividad policial por encima de las especificidades corporativas, un modelo policial integrado más eficaz que contribuya a sumar esfuerzos, que favorezca la coordinación y cooperación policial y que responda a la demanda de la ciudadanía de la seguridad como un servicio público de calidad.
22 / programa marco autonómico. ELECCIONES 2011. IZQUIERDA UNIDA