Estrategias para el impulso de un nuevo modelo de política de vivienda en Castilla y León

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6. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN FUTURA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA CASTILLA Y LEÓN 6.1. Estrategias Normativas. Impulso del derecho a la vivienda Como se ha visto en este informe, la vivienda es un ámbito muy regulado y no parece a corto plazo necesario un cambio normativo, salvo esfuerzos puntuales de mejora y de armonización. Competencia de la Comunidad Autónoma, financiada por el Estado a través de instrumentos reglados, ya sean leyes sectoriales o reales decretos como los que formulan los Planes de Vivienda, pero materializada en los municipios (obligados por la Ley 9/2010 los mayores de 20.000 habitantes a elaborar sus propios planes de vivienda), la vivienda es una materia que exige lealtad institucional y colaboración por parte de las administraciones del Estado, La Comunidad Autónoma y los entes locales. En este sentido Castilla y León cuenta con la ventaja de una legislación específica que “regula el derecho a la vivienda” de todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma: la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León). Esta ley tiene como objeto “establecer las normas pertinentes para hacer efectivo en Castilla y León el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Este objeto/objetivo (hacer efectivo el derecho a la vivienda) ha de primar sobre su instrumentación. Como cualquier texto normativo que aborda una realidad dinámica (como la vivienda), la ley ha de considerase adaptable y ha de ser mejorada permanentemente, como ya se ha demostrado en algunas modificaciones puntuales (por ejemplo, con el título IV de la Ley 7/2014, de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación Urbana…), o en la normativa complementaria sobre desahucios. Como se especifica en su exposición de motivos, la Ley 9/2010“parte de unos principios que impregnan todo el texto normativo, dentro de los cuales debemos destacar el de la transparencia e igualdad en el acceso a una vivienda de protección pública; sin olvidar otros principios como el de la sostenibilidad, accesibilidad, habitabilidad y calidad de los edificios y viviendas”.

La primera estrategia es garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2010 del Derecho a la Vivienda de Castilla y León

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