NUESTRO TRANSPORTE PÚBLICO
POLÍTICA POPULAR DE TRANSPORTE PÚBLICO
En el futuro, los sindicatos tendrán que luchar por el derecho de los trabajadores y los grupos de usuarios más dependientes del transporte público a participar en los debates sobre la financiación de los sistemas de TPL, su planificación y la supervisión de sus operaciones. Esto implica instar a las ATP y a los Gobiernos a que no se limiten a hacer nombramientos simbólicos de unos pocos representantes de la sociedad civil en los órganos de gobernanza y pongan en marcha procesos consultivos continuados que recaben la opinión de los trabajadores de primera línea y las personas que usan a diario el transporte público.94 También requiere la introducción de estructuras que incluyan a los sindicatos en la toma de decisiones económicas a todos los niveles, desde los lugares de trabajo hasta las instancias responsables de formular políticas. Sin embargo, para que los sindicatos puedan reivindicar tales procedimientos y estructuras, debemos tener claro qué vamos a poner sobre la mesa antes de sentarnos a ella. El presente informe pretende estimular el debate dentro de los sindicatos y entre ellos, de modo que puedan formular propuestas para una financiación y unos sistemas de TPL sostenibles y socialmente justos. Sus principales recomendaciones se resumen en el apartado final.
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FINANCIACIÓN PÚBLICA
VII. RECOMENDACIONES PARA UNA FINANCIACIÓN DEL TPL SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE JUSTA 1. Fondos de emergencia oportunos, justos y suficientes para los servicios de TPL. Los fondos de emergencia para el TPL ya se están agotando. Los Gobiernos deberían comprometerse a seguir aportando fondos para ayudar a los sistemas de TPL a superar una recuperación prolongada e incierta, sin exigir recortes generalizados en los puestos de trabajo y los servicios. 2. Fondos de emergencia para todas las ATP y los OTP. Tanto los operadores del sector público como los del privado deberían recibir los fondos de emergencia necesarios para mantener los niveles de servicios adecuados y conservar los puestos de trabajo, incluidos los subcontratados. 3. Condiciones y supervisión para garantizar que los fondos de emergencia se utilizan para proteger a los trabajadores y los usuarios. Se debería exigir a las ATP y los OTP que reciben ayudas económicas que protejan el empleo (recurriendo a los planes existentes de apoyo al empleo, la reducción de la jornada laboral y los programas suspensión temporal de empleo cuando estén disponibles) y que se sometan a las instancias de supervisión democrática con participación sindical. Se debería exigir a los operadores privados que suspendan el pago de dividendos y la recompra de acciones, que limiten el salario de sus ejecutivos y que se sometan a un control más estricto por parte de las autoridades locales. Los fondos de emergencia deberían utilizarse para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y los usuarios, así como para mantener los empleos y garantizar que los servicios siguen en funcionamiento.
Pueden verse ejemplos de estos procesos en TransitCenter, “What Transit
Agencies Get Wrong about Equity, and How to Get it Right” [En qué se equivocan las agencias de transporte público con respecto a la equidad y cómo acertar], 2020.
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