NUESTRO TRANSPORTE PÚBLICO
POLÍTICA POPULAR DE TRANSPORTE PÚBLICO
Dado el carácter generalizado de la crisis, los Gobiernos, en su afán de evitar una cadena de quiebras, han dado prioridad en sus intervenciones a la rapidez frente a lo selectivo. Pero a medida que la crisis se prolonga, los Gobiernos podrían tratar de alinear más estrechamente las ayudas estatales con los objetivos políticos. Hasta ahora, las reivindicaciones de los sindicatos se han centrado en que las ayudas concedidas incluyan condiciones relativas al empleo. La AFL-CIO de los Estados Unidos, por ejemplo, exigió que todas las empresas que reciben asistencia mantengan los niveles actuales de mano de obra, los salarios y las prestaciones. La Confederación Europea de Sindicatos se opuso a que se concedieran ayudas estatales públicas a las empresas que despidieran a sus trabajadores y trabajadoras. Algunos sindicatos, como la Asociación de Sindicatos Británicos (TUC) y el DGB (Alemania), han añadido a sus reivindicaciones que el personal afectado por una reducción de su jornada laboral tenga oportunidades de capacitación y perfeccionamiento profesional.49 En el futuro, ampliar las reivindicaciones en cuanto a condicionalidad y supervisión puede abrir una vía a los sindicatos para impulsar una transición económica encaminada a lograr la justicia social, siempre que dichas revindicaciones se combinen con la necesidad permanente de intervenciones eficientes y amplias. Sobre la base de las prácticas existentes en materia de ayudas estatales y las reivindicaciones de los sindicatos de los Estados miembros de la OCDE, la Comisión Sindical Consultiva (TUAC) de la OCDE ha propuesto que las siguientes condiciones y estructuras de supervisión acompañen a las ayudas económicas de emergencia concedidas a las empresas privadas.50 • Protección del empleo y las condiciones; • Suspensión del pago de dividendos y de la recompra de acciones, e introducción de topes a los salarios de los ejecutivos; • Demostración de una conducta empresarial responsable, incluido cumplir efectivamente su deber de vigilancia. Desarrollar los planes de vigilancia debida contando con la participación de los sindicatos (las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales proporcionan un marco);
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FINANCIACIÓN PÚBLICA • Condiciones apropiadas para el sector que faciliten la transición a una economía con bajas emisiones de carbono; • Publicación de las prácticas fiscales corporativas; • Respeto de la negociación colectiva. En concreto, los planes de reestructuración deben negociarse con los sindicatos/representantes de los trabajadores y trabajadoras (la negociación a nivel de empresa debe ir acompañada de procesos de negociación a nivel sectorial/nacional y de una comunicación directa entre los Gobiernos y los representantes de los trabajadores); y • Sujeción a estructuras democráticas de control y rendición de cuentas, como la supervisión por parte de una junta independiente que incluya la representación sindical. Si bien estas reivindicaciones están dirigidas específicamente a las empresas privadas, podrían adaptarse a contextos en los que el TPL es gestionado y operado por entidades públicas y podrían servir como punto de partida para un TPL sostenible y socialmente justo en la era COVID.
7.
¿ESTÁN PROPICIANDO LOS FONDOS DE EMERGENCIA UNA REESTRUCTURACIÓN? Son muchos los Gobiernos que están utilizando la financiación como una vía para proceder a una reducción de los sistemas de TPL. El Gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ha exigido a TfL y al alcalde de Londres (en su calidad de presidente de la junta directiva de TfL) que aumenten las tarifas, suspendan las tarifas con descuento y someta a la compañía a un examen financiero independiente con el objetivo de identificar nuevas medidas de ahorro de costos. Los fondos concedidos a IDFM en Francia y al TPL en los Países Bajos cubren explícitamente solo una proporción de las pérdidas, lo que obligará a estas entidades a reducir sus presupuestos en el futuro. En particular, en los Países Bajos se exige a los OTP que colaboren con el Gobierno en un plan de transición que pretende lograr un ahorro de costos del 10 % al 15 %. En Ontario (Canadá), el Gobierno provincial ha considerado la posibilidad de utilizar contratos privados de microtránsito (servicios a demanda) para sustituir las rutas de autobús con escaso volumen de pasajeros, como condición para obtener fondos de ayuda.51 51 https://dailyhive.com/toronto/ontario-cities-replace-public-transit-private-car-companies
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