editorial
Un derecho restituido
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n 1984, en plena guerra desatada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno revolucionario organizó las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas en la historia de Nicaragua y Daniel Ortega fue electo Presidente con casi el 67% de los votos. Los nicaragüenses también eligieron a 90 diputados, que a su vez tenían como mandato redactar en dos años la nueva Constitución, que sustituiría al Estatuto de Derechos y Garantías promulgado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional el 20 de julio de 1979. Encabezados por el comandante Carlos Núñez Téllez (fallecido en 1990), durante 1985 los diputados de seis partidos (sandinistas, conservadores, socialcristianos, socialistas, liberales y comunistas), redactaron una propuesta de Carta Magna y luego la sometieron a una intensa y extensa consulta ciudadana, en los Cabildos que se realizaron en docenas de ciudades de todo el país. La nueva Constitución entró en vigor el 9 de enero de 1987. En sus 202 artículos, no hay restricción alguna al derecho ciudadano a elegir y ser electo para ningún cargo. Ni siquiera se menciona la palabra reelección. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pasó a la oposición en 1990, pero sus adversarios -unidos por el dinero y los intereses de Estados Unidos en la disuelta Unión Nacional Opositora (UNO)- no lograron el número de diputados suficientes para reformar la Constitución (56 de 90). Hasta 1994, un puñado de antiguos ministros, embajadores y altos funcionarios del gobierno de los 80, tenían el control de las estructuras partidarias, habían impreso una política revisionista al FSLN y en su nombre, pretendían claudicar ante la oligarquía y el imperialismo. En el congreso partidario de mayo de ese año, una mayoría aplastante los desalojó de sus cargos, y ellos optaron por desertar para formar otro partido, con la ilusión de derrotar a los sandinistas en las elecciones de 1996. De la bancada legislativa de 39 diputados electos en la papeleta del FSLN, 32 se marcharon. En 1995, hicieron un pacto prebendario con las fuerzas de la derecha y le dieron el número de votos suficientes para cumplir con el objetivo estratégico del imperialismo de reformar la Constitución, con lo cual sentaron las bases jurídicas del neoliberalismo, convirtieron los derechos sociales en mercancías y sembraron de obstáculos el camino del sandinismo para recuperar el poder político. Entre otras cosas, bajaron de la mayoría absoluta al 45% la cantidad de votos necesaria para ganar y si nadie lo lograba, inventaron la segunda vuelta, con la idea expresa de favorecer la unidad de la derecha para impedir el triunfo del FSLN y prohibieron la reelección continua, la cual limitaron a una sola en períodos alternos. Además, en venganza por la ruptura de la alianza con el gobierno de Violeta Chamorro, incluyeron una prohibición constitucional para no permitirle al yerno y a los hijos de la presidenta, optar a la Presidencia. De paso, tomaron control del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde donde se las ingeniaron para sacar de la competencia a otros tres candidatos que entorpecían sus pretensiones electorales. Después de catorce años, uno de tantos obstáculos ha sido anulado. El 19 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acogió un recurso de Daniel Ortega y 109 alcaldes a quienes les estaba impedido presentarse como candidatos, y restituyó al pueblo nicaragüense su derecho a elegir a quien quiera. Los argumentos en contra se caen por su propio peso. La CSJ no ha decidido que Daniel Ortega o los 109 alcaldes seguirán en su cargo eternamente, sino que les permite ser candidatos en las elecciones generales de 2011 y las municipales de 2012. Será el pueblo quien decida con su voto si los mantiene o no en sus cargos. Los enemigos del FSLN, entre ellos el gobierno norteamericano, deberían estar contentos. Ellos aseguran que Ortega es un pésimo presidente. Entonces, si es candidato, será fácil que lo derroten. Dicen que el procedimiento por la vía de la CSJ es nulo. Pero rabiaron de felicidad cuando lo aplicaron en Costa Rica y Colombia. La bancada sandinista quiso reformar la Constitución para instaurar el modelo de democracia directa y parlamentaria, y la derecha no quiso. Ahora, las fuerzas sandinistas y de la oposición están ante el desafío de crear las condiciones adecuadas para que unos y otros tengan las suficientes garantías y mecanismos transparentes para la competencia electoral, las votaciones y el escrutinio en los comicios futuros. Y eso implica, que el FSLN y sus opositores se pongan de acuerdo, reúnan por lo menos 56 votos en el parlamento y reformen la Ley Electoral, de rango constitucional, o redacten una nueva con sus respectivos jueces electorales. En otras palabras: o negocian, o negocian. Entre tanto, el pueblo está listo para votar y según todas las encuestas, ahora que ya no tiene prohibiciones, ya sabe por quién hacerlo.
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sept.-oct. 2009