El rol del Estado en la Agricultura Familiar El actual gobierno democrático de Argentina decidió la construcción de un Estado fuerte, con políticas públicas que pongan al aparato estatal a disposición de la población, especialmente aquellos alejados de los procesos de desarrollo, con el objeto de generar inclusión social. El modelo de producción de la llamada "revolución verde", si bien generó aumentos de productividad desde el punto de vista económico, no fue sustentable social ni ambientalmente, lo que provocó la exclusión de grandes cantidades de agricultores que no alcanzaron la escala adecuada para incorporar los paquetes tecnológicos recomendados. La desregulación del Estado en todo lo referente a la cuestión agraria se convirtió en una política cuyas consecuencias fueron la desaparición y el empobrecimiento de cientos de miles de familias de agricultores. En Argentina el modelo productivo agroexportador ha sido durante mucho tiempo el gran beneficiado de las políticas de Estado. Desde 2004 en adelante, se han comenzado a registrar cambios en el sistema que apuntan al desarrollo rural a partir de un enfoque territorial que pone el énfasis en la promoción de la Agricultura Familiar. Entendemos que una política de Desarrollo Rural debe partir de la base de la recuperación de la capacidad regulatoria del Estado en todos los aspectos que hacen a la cuestión agraria tal como lo realizan los Estados más modernos del mundo. Desde este rol regulador del Estado, las políticas de Desarrollo Rural deben garantizar la inclusión de las familiar rurales en un proceso pleno de crecimiento y desarrollo. Para ello es necesario consolidar la independencia tecnológica, apoyando los procesos de generación y desarrollo participativo y asegurando el acceso de los sectores más desfavorecidos. El proceso de constante apoyo al desarrollo de la Agricultura Familiar está dando sus frutos con el desarrollo de una organización comprensiva de la mayoría del sector, el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), que contribuye a dar visibilidad e incidencia política para la búsqueda de alternativas de desarrollo para el sector. Se han logrado importantes avances en los últimos años. Dentro de estos antecedentes están la Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para Productores Minifundistas llevada adelante por el INTA, el Ministerio de Desarrollo Social, y las ONG como Incupo, Fundapaz, y la Secretaría de Agricultura de la Nación, así como la ejecución del Programa Social Agropecuario y Proinder y otros programas en algunas provincias, que contribuyeron a mejorar la situación del sector. El actual gobierno tomó la determinación de mejorar la institucionalidad de las estructuras destinadas a atender esta problemática y ha avanzado con la creación, dentro del INTA, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), con cinco institutos (IPAF) macrorregionales (NOA, NEA, Pampeano, Cuyo y Patagonia) y la creación, dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y posteriormente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que la contiene. Como desafíos de la actual institucionalidad aparece la necesaria generación de espacios
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