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MARZO ABRIL
Año de retos en Navantia
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Páginas 4 y 5
CCOO toma la calle y dice no a los recortes
Páginas 6 y 7
Cursos gratuitos para trabajadores del metal, autónomos y desempleados
Página 8
EDITORIAL
El pan de ayer es el hambre de hoy El PP implantó en la Región de Murcia un modelo económico, político, social, cultural, mediático, educativo y sanitario que nos ha llevado al paro masivo: más de 177.700 personas según la EPA Desde que ganó el Partido Popular las elecciones regionales y municipales en la Región de Murcia en el año 1995, con mayorías absolutas cada vez más abultadas, ha gobernado la Región de Murcia y sus principales ayuntamientos. Nada más ganar el PP, Valcárcel implantó el modelo económico, político, social, cultural, mediático, educativo y sanitario que nos ha llevado al paro masivo (más de 177.700 personas según la EPA) y al fracaso escolar más acentuado con un abandono del 40% frente al 32% de la media nacional (miles de jóvenes abandonaron sus estudios para irse a ese becerro de oro de la construcción) Se implantó un urbanismo sin planificación ni control, se proyectó construir 800.000 viviendas, la ley del suelo del Gobierno de José María Aznar del año 1998, más la leyes regionales de Ordenación del Territorio y de Costas, hicieron que el suelo se convirtiera en un valor especulativo, al invertirse ahorros, capitales, beneficios y plusvalías de empresas en suelo. Al firmar por los ayuntamientos convenios urbanísticos con adelantos de pago por los constructores sobre construcciones que no se han podido hacer, existen millones de metros cuadrados de solares sin edificar en las ciudades y pueblos, en su interior y en sus periferias, en zonas alejadas de las urbes donde se recalificó suelo rústico como urbanizable, hay solamente en la región cientos de millones de euros inmovilizados en suelo.
El enriquecimiento rápido de la era Aznar y del Valcarcelato creó una punta de consumo exacerbado y tóxico sostenido artificialmente por el sobreendeudamiento de las familias Existen 350.000 viviendas nuevas sin vender, sobrevaloradas en más de un 30% por la especulación, que inmovilizan miles de millones de capital ya que una parte de ellas fue construida con fines especulativos por ahorradores, empresarios para optimizar sus beneficios y plusvalías y hasta sus reservas de capital provocando la quiebra de sus empresas, el cierre y el paro. Se crearon miles de pequeñas empresas para acudir a esta demanda artificial de la construcción, creándose miles de puestos de trabajo cubiertos por trabajadores españoles desarraigados de otros sectores productivos, agricultura, hostelería, comercio, etc. Los vacíos dejados por los españoles en los sectores productivos para irse al ladrillo fueron cubiertos por inmigrantes, el 75 % de la mano de obra agrícola son trabajadores extranjeros, la hostelería, el comercio, el servicio doméstico, mano de obra poco cualificada y difícil de reciclar, también la inmigración acudió a la construcción, la población inmigrante creció en la Región en 250.000 personas.
El enriquecimiento rápido de la era Aznar y del Valcarcelato, la generación de plusvalías exageradas por la especulación, el incremento de la actividad de la construcción creando una demanda coyuntural y ficticia de mano de obra, encareciendo su precio, creó una punta de consumo de lujo de coche de alta gama (Mer cedes, Audi y BMW) Viviendas suntuarias, joyerías, opas, hostelería, más exceso de liquidez en los mercados, facilitó el encarecimiento de las hipotecas y su financiación, y el financiamiento de empresas descapitalizadas, así como el consumo exacerbado y tóxico sostenido artificialmente por el sobreendeudamiento de las familias, construyéndose centros comerciales que hoy tienen menos clientes, se abrieron comercios para atender esta fiebre del oro, se crearon miles de puestos de trabajo que hoy se han perdido.. Las entidades bancarias y de ahorro, daban créditos de consumo dentro de la hipoteca, sobre viviendas con sobreprecio agregado por la especulación y tasadas por su agencia de precios sobrevalorados, contando que el empleo del hombre y de la mujer de la unidad familiar, el aporte de parte de los ahorros de los padres, la degravación del 15 % de IRPF, el alargamiento del pago de las hipotecas hasta los 40 y 50 años, podían absorber estos precios, así que la afluencia del capital extranjero podía financiar estas quimeras del oro. Todo esto se viene abajo cuando se vislumbra que hay un exceso de viviendas superior, varias veces, a una demanda normal y estable, que sus precios no son asequibles a la mayoría de los demandantes y que son imposibles de financiar por los bancos y comunidades autónomas, lo que junto a la crisis económica mundial hace más difícil la financiación del mercado inmobiliario y de las empresas y del consumo agudizado por el agotamiento de la capacidad de endeudamiento de las familias. La Comunidad de Murcia, que se financiaba fácilmente con los ingresos coyunturales que propiciaba estas burbujas inmobiliarias y de crédito, por la mala gestión de Valcárcel que creó una estructura autonómica, con unos costos estructurales financiados con ingresos coyunturales, se encuentra hoy con un déficit presupuestario y una deuda pública que tiene dificultades de refinanciarse y, cuanto menos, crear más deuda. Se habla de 500 millones de euros para gastos corrientes, que aún teniendo la autorización del gobierno central, no hay seguridad de que la Comunidad Autónoma de Murcia pueda pagarla. Se ha utilizado los presupuestos de la comunidad de forma electoralista y clientelar y de intereses orgánico partidista para premiar adhesiones, se han construido infraestructuras viarias para favorecer el urbanismo salvaje, unir resort escalonados en varias localidades, urbanizaciones con campos de golf que no tienen demanda hoy. Antes de irse el Gobierno de Aznar en mayo de 2004, aprobó la autopista de peajes Cartagena Vera con la finalidad de llenar la costa de casas, lo que no se consiguió, aparte de tener pérdidas la concesionaria.
El Aeropuerto de Corvera, que ha requerido más de 500 millones de euros de los cuales 225 millones se encuentran avalados por el Gobierno regional, nace con incertidumbres, estando a menos de 20 kilómetros del de San Javier, con una pista nueva de más de 3.500 metros y el de Alicante, muy bien comunicado por carretera.
Sin modelo alternativo En 15 años no se ha creado un modelo alternativo al ladrillo, con una base industrial sólida y con capacidad inversora, modernizadora, competitiva y fácil de adaptarse a la demanda y al desarrollo científico–técnico, con una mano de obra cualificada especializada y sustentada en una formación sólida y flexible capaz de r eadaptarse a los cambios productivos y tecnológicos. El sector turístico tiene carácter estacional (playa y sol), y la degradación de su entorno propicia la búsqueda de países y regiones alternativas. El turismo residencial ha fracasado en toda la línea por la dependencia de la economía mundial, en crisis y con profundos cambios.
En 15 años no se ha creado un modelo alternativo al ladrillo, con una base industrial sólida, con capacidad inversora y competitiva
La agricultura carece de especialización capaz de introducir una diferencia frente a las de otros países de dentro y fuera de la UE. Se produce en inver naderos en el norte de Europa, se abren los mercados a países de nuestro entorno y va desapareciendo la protección aduanera que protegía nuestra agricultura. No ha faltado el agua desde que llegó Zapatero al Gobierno, pero si el agua hubiese abundado, ¿para qué se hubiera usado?, para más ladrillo y para ampliar los terrenos de regadío. Tendríamos ahora más paro, más viviendas sin vender, más burbuja inmobiliaria, más capital inmovilizado en suelo y en viviendas sin vender, más excedente de producción agrícola difícil de colocar y más precios bajos sin compensar los costes de producción y sin poder competir con más paro agrícola y más exceso de mano de obra no cualificada o de baja cualificación difícil de reciclar fi
ALFONSO GÓMEZ BERRUGA
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CCOO gana la batalla y mantiene los incrementos salariales pactados en metalgráficas [ El 27 de enero, y tras celebrar dos huelgas sectoriales por la intención patronal de incumplir los acuerdos, se firmó la revisión de las tablas salariales de la industria metalgráfica tal y como se había pactado en el convenio] La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica se reunió en enero para revisar las tablas salariales tal y como se pactó en el convenio firmado en mayo de 2010. Finalmente, y a pesar de la inicial negativa de la patronal AME, la revisión se llevó a cabo en los términos establecidos en el convenio: se revisaron las tablas del año 2010 incrementándose en el 3% que alcanzó el IPC de 2010. A su vez estas se incrementaron en un 1,7% inicial para 2011. Además, el pago de atrasos derivados de la revisión de la tabla salarial de 2010 debe efectuarlo la empresa antes del 31 de marzo. Con carácter previo a la revisión, la patronal AME solicitó a la representación sindical (Federación de Industria de CCOO y MCA-UGT) la posibilidad de reconsiderar
los incrementos salariales pactados en el convenio, argumentando que el incremento del IPC se había producido principalmente en el último trimestre del año y la revisión, al ser con carácter retroactivo, afectaba a todo el año. La representación sindical se opuso y manifestó su intención decidida de revisar las tablas en las cuantías pactadas en el convenio, lo que se consiguió, no sin dificultades, tras la realización de dos huelgas sectoriales que tenían como objetivo principal mantener esta cláusula de revisión salarial. Esta actuación demuestra, una vez más, la falta de credibilidad y seriedad que tiene esta patronal, que alcanza un acuerdo en mayo de 2010 y unos meses más tarde trata de incumplirlo fi
TABLA SALARIAL POR NIVELES AÑO 2011 (INCREMENTO 1,70% SOBRE TABLAS 2010) NIVEL
SALARIO ANUAL
SALARIO MENSUAL (14 PAGAS)
HORA NOCTURNA
HORA EXTRAORDINARIA
1 30.097,04 2 22.810,23 3 22.543,84 4 20.829,83 5 19.628,54 6 18.517,82 7 17.815,37 8 16.892,10 CONTRATOS DE FORMACIÓN
2.149,79 1.629,30 1.610,27 1.487,84 1.402,04 1.322,70 1.272,53 1.206,58
21,5 16,29 16,1 14,88 14,02 13,23 12,73 12,07
21,59 18,58 16,78 15,77 14,17 13,28 12,98 12,42
1er AÑO 14.699,03 2º AÑO 16.612,57 OTROS CONCEPTOS DIETA COMPLETA MEDIA DIETA USO VEHÍCULO PROPIO AYUDA DE ESTUDIOS AYUDA MINUSVALIDO
1.049,93 1.186,61
10,50 11,87
10,62 11,68
50,30 25,12 0,30 19,42 136,64
La patronal intentó sin éxito que los sindicatos reconsideraran los incrementos salariales pactados
TABLA DEDUCCIONES EQUIVALENTES ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 2011 NIVEL
1 2 3 4 5 6 7 8
DESCUENTO P.A.P.
45,16 42,92 31,44 30,74 28,49 26,40 25,53 24,64
La actualización de las tablas del metal se retrasa Los salarios deben incrementarse en un 3,6%, dado el crecimiento de la inflación y el compromiso adquirido por la patronal en el convenio colectivo La Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia (FREMM) está retrasando la revisión salarial de 2010. El año pasado se produjo un incremento provisional de las tablas salariales del 1,4%, como resultado del 0,8% del IPC del ejercicio anterior más el 0,6 de incremento salarial acordado para ese año según el convenio colectivo del metal de la Región de Murcia. Finalmente, la inflación de 2010 quedó en el 3% más el 0,6% de incremento previsto por convenio. Por tanto, el incremento salarial para el año pasado debe ser del 3,6%. Si tenemos en cuenta que se aplicó el 1,4% provisional, falta por incorporar el 2,2% restante. Tradicionalmente la revisión siempre ha hecho a finales del mes de
enero. Al cerrar este periódico, y tras mantener varios contactos con la FREMM, la patronal seguía sin decidirse a actualizar los salarios según se comprometió en el convenio colectivo. La Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia advierte que si esta situación persiste en el tiempo, tomará las medidas de presión que considere oportunas e interpondrá un conflicto colectivo fi
Si la situación persiste, CCOO tomará las medidas de presión oportunas MURCIA SINDICAL
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SECTORES
CCOO tiene por delante seis Reto 1
Reto 2
Reto 3
Mejorar la carga de trabajo
Acabar con los continuos relevos en la dirección
Cerrar un buen convenio colectivo
La situación en lo que respecta a la carga de trabajo comienza a ser preocupante en las gradas, los talleres y las oficinas de Navantia. Por zonas geográficas, los astilleros de la Bahía de Cádiz (San Fernando, Puerto Real y Cádiz) son los que peor lo van a pasar en los próximos meses, pues se van a entregar las últimas unidades de patrulleras para la Armada venezolana y no hay en el horizonte nuevos proyectos, ya que la Armada española tiene el presupuesto bajo mínimos (la producción de cuatro nuevos buques de acción marítima -BAM- está en el aire) y en el mercado internacional no terminan de cristalizar las operaciones comerciales en curso, tanto en el naval militar como en el civil. En Ferrol se sigue avanzando en los programas de fragatas para Noruega y va a entregar las últimas unidades, mientras que el ambicioso programa de la Armada australiana conlleva que los barcos se construyan en el país oceánico. Por tanto, la carga de trabajo en Ferrol sólo llegará hasta el año 2014, mientras que su vecino astillero de Fene sigue sin despejar su futuro, dado que Bruselas continúa limitando las construcciones civiles en Navantia, sin poder superar el 20% de la facturación y limitada a los astilleros de Fene (La Coruña) y Puerto Real (Cádiz). La Dársena de Cartagena es la que tiene un mejor panorama, pues la serie de cuatro submarinos S80 actualmente en construcción en las gradas garantizaría el trabajo para gran parte de los 1.170 trabajadores de la plantilla hasta el año 2016. Sin embargo, se sufren continuos retrasos en la contratación por parte del Ministerio de Defensa de la gran carena que debe hacerse a los submarinos de la clase 70 (de los cuatro que tiene operativos España, este año deben entrar dos de ellos a reparar en el astillero cartagenero: el S72 y el S73). Todo este retraso deriva, una vez más, de los recortes presupuestarios del Gobierno español, que no termina de liberar las cantidades necesarias para que se puedan acometer determinadas obras, tanto de nuevas construcciones como de reparaciones y mantenimiento. También afecta este recorte presupuestario a las otras unidades productivas de Navantia Cartagena: la unidad de Reparaciones (la antigua Carenas), que da trabajo a un centenar de trabajadores y que, ante la sequía de pedidos por parte del Ministerio de Defensa, ha vuelto a recurrir al tradicional mercado civil de reparación de yates, y la unidad productiva de Motores (250 trabajadores) que es la que peor lo está pasando en este periodo 2010-2011, pues el plan renove de motores de la Armada sufre también una ralentización derivada de la falta de inversiones y pedidos. Ello ha tenido como consecuencia el comienzo de un rosario de despidos en las industrias auxiliares de Navantia Cartagena, que han llegado a dar trabajo a 924 personas en los meses punteros del año 2010 y que, sin embargo, van a atravesar momentos difíciles en cuanto al empleo en 2011fi
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A estos problemas hay que añadir la reciente sustitución del presidente de Navantia. El presidente saliente, Aurelio Martínez Estévez, ha sido designado por el Ministerio de Economía para dirigir el nuevo organismo de Loterías y Apuestas del Estado y ha sido sustituido por Luis Cacho Quesada. El comité intercentros ha desaprobado esta decisión de la SEPI, accionista única de Navantia, mostrándose muy crítico con una política continua de nombramientos, traslados y cambios de organigrama en Navantia que va en contra de la estabilidad y de la fijación de un rumbo claro, poniendo en peligro la situación de la compañía. CCOO piensa también que es inadecuado que una entidad de las dimensiones y complejidad de Navantia cambie de presidente cada poco tiempo; el actual ha permanecido en el cargo solo 16 meses fi
En lo que respecta a lo estrictamente sindical, CCOO tiene por delante un arduo año de trabajo. La negociación del IV Convenio Colectivo está enquistada después de que el anterior convenio caducase en 2009. El año 2010 ha sido el año de los recortes en la función pública y la reforma laboral, y aunque las empresas públicas se han salvado de las restricciones salariales que sí han afectado a los funcionarios, están experimentando de hecho una congelación salarial derivada de las instrucciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 2 de junio de 2010, facilitada por parte de la SEPI, según la cual “el incremento máximo permitido por todos los conceptos para 2010 en los convenios colectivos que se celebren, será del 0,3% sobre la masa salarial de 2009, considerada en términos homogéneos”. A la vista de esto, la dirección de la empresa manifiesta que con el coste de la antigüedad y de las asimilaciones previstas según convenio colectivo (cláusulas normativas), el coste económico se sitúa por encima del incremento del 0,3% previsto en las instrucciones mencionadas. Asimismo, la dirección de la empresa manifiesta que por los mismos motivos no se aplicaron en 2010 los ascensos/promociones. La comisión negociadora (compuesta por seis sindicatos y en la que CCOO ostenta la mayoría absoluta) tiene por consiguiente una difícil tarea, toda vez que la inflación de 2010 se ha acabado situando nada menos que en el 3%. La clásica aspiración de obtener incrementos iguales o superiores a la inflación con cláusula de revisión salarial está muy complicada, y será por tanto muy difícil conseguirla debido a la persistente crisis que padecemos y a la subsiguiente política restrictiva del Ministerio de Economía fi
SECTORES
nuevos retos en Navantia [ La negociación del IV Convenio Colectivo de Navantia está encallada. Por eso la comisión negociadora se ha planteado incidir en los aspectos sociales. Es la hora de plantear el necesario rejuvenecimiento de la plantilla, ya que no se han producido nuevos ingresos desde la promoción 1999-2001. La deseable incorporación de jóvenes será posible a través del contrato de relevo, que CCOO incluirá en su plataforma reivindicativa. De salir adelante, los trabajadores de 61 años podrán abandonar la empresa como jubilados parciales. La situación está cada vez más próxima. Una vez superados los años de las prejubilaciones, vuelve a haber en los astilleros trabajadores que superan los 58 años de edad ]
2011 va a ser un año crucial en el devenir sindical de los astilleros públicos de Navantia y también un año lleno de retos para la Federación de Industria de CCOO. La empresa, con 5.530 trabajadores repartidos en tres zonas geográficas y siete centros de trabajo en la Ría de Ferrol, la Dársena de Cartagena y la Bahía de Cádiz (además de las oficinas centrales de Madrid), afronta un curso que será clave. Este año se tiene que firmar el cuarto convenio colectivo y celebrarse elecciones sindicales en todas las plantas del grupo, pues el mandato actual comenzó en 2007 con una jornada de huelga el miércoles 17 de marzo fi
Reto 4
Reto 5
Reto 6
Avanzar en las mejoras sociales
Incluir la construcción naval entre las profesiones penosas
Ganar las elecciones sindicales
Por todo ello, la comisión negociadora se plantea incidir en esta negociación en los aspectos sociales (ya que no se prevén lograr grandes avances en lo económico). Debido a la reciente reforma de las pensiones, es posible impulsar sus mejores aspectos. En concreto, va llegando la hora de plantear el necesario rejuvenecimiento de la plantilla de Navantia, en donde no se han realizado nuevos ingresos desde la última promoción de 1999-2001. Esta deseable incorporación de jóvenes será posible a través del contrato de relevo, que CCOO incluirá en su plataforma reivindicativa para la negociación colectiva en Navantia. Se podrá propiciar la salida en jubilación parcial de los trabajadores de la plantilla con 61 años, situación que está cada vez más próxima en el tiempo, ya que una vez superados los tiempos de las prejubilaciones en Navantia, vuelve a haber en los astilleros trabajadores que superan ya los 58 años de edad. Se trata de una modalidad de contratación y de jubilación que nunca hasta ahora había tenido que ser utilizada en los astilleros públicos pues los programas de prejubilaciones de mayores de 52 años de 1999 y 2004 habían hecho innecesario la inclusión de este mecanismo en el convenio colectivo fi
Ha de estudiarse también la posibilidad de incluir a la construcción naval dentro de las profesiones penosas, tóxicas y peligrosas que darían lugar a su inclusión en programas de jubilación anticipada, posibilidad abierta en la r efor ma de las pensiones negociada y aprobada por los sindicatos, el Gobierno y la patronal en enero de este año 2011, y que Comisiones Obreras debe intentar implementar fi
El último reto al que se va a enfrentar la Federación de Industria de CCOO es el de las elecciones sindicales. Los siete comités de empresa de los centros de trabajo de Navantia en Ferrol, Fene, Madrid, San Fernando, Puerto Real, Cádiz y Cartagena culminan su mandato en marzo de 2011 y CCOO debe echar el resto y volver a revalidar su mayoría en todos los órganos: comités de empresa, comité intercentros y comisión negociadora del convenio colectivo. Se enfrenta a otros sindicatos de clase (UGT), presentes también en todos los centros de trabajo; y a sindicatos nacionalistas como la CIG en los astilleros gallegos; o minoritarios, como la USTG en Galicia, el CAT en la Bahía de Cádiz y el CSI-CSIF en Cartagena. Ninguno de ellos tiene la visión global, la trayectoria, la constancia y el saber hacer que siempre ha tenido Comisiones Obreras a lo largo de la historia sindical de los astilleros militares y civiles tanto en la antigua Bazán como en la actual Navantia, y ello es algo que los trabajadores acabarán por refrendar en las urnas en las próximas elecciones sindicales. Sin embargo CCOO no puede bajar la guardia y toda la organización debe trabajar profundamente para conseguir ese necesario objetivo, intentando que el número de sus votantes sea igual o superior a su número de afiliados, el más alto de todos los que componen la masa afiliativa de Navantia, donde más del 50% de la plantilla está afiliada a Comisiones Obreras fi
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ACTUALIDAD
El Supremo da la razón a CCOO en la revisión salarial aplicada en la antigua Izar [ Finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gabinete Jurídico de CCOO en la revisión del complemento pactado a favor de los trabajadores prejubilados de Izar. Para recibir las cantidades que les adeuda la empresa, los afectados deberán presentar reclamaciones individuales ] Asamblea informativa realizada por CCOO para los trabajadores prejubilados de Izar en Cartagena.
Industria de CCOO de la Región de Murcia experimentó una febril actividad a primeros de 2011 por la demanda interpuesta en los tribunales y ganada por el sindicato en relación a las cantidades retenidas indebidamente a los trabajadores prejubilados de Izar (antigua Bazán) en 2009 y 2010 referentes a 2008 y 2009, tras sendas revisiones de la inflación real. Centenares de afectados acudieron a los locales del sindicato en busca de información y para que se les tramitaran las demandas correspondientes. Los hechos se remontan a 2009, cuando Izar descontó de la nómina de los más de cuatro mil prejubilados de la empresa (que en 2004 tenía once centros de trabajo en toda España) el 0,6% de los ingresos de 2008, al haber finalizado la inflación de ese año en el 1,4% y habiéndosele adelantado doce meses antes un aumento salarial equivalente al IPC previsto, que era del 2%. La empresa, de ese modo, interpretaba por primera vez a la baja la cláusula de revisión salarial pactada en su expediente de regulación de empleo (por el que se prejubilaron en 2004). La misma operación se realizó en las nóminas de enero, febrero y marzo de 2010, en las que les descontó el 1,2% de los ingresos totales de 2009, al acabar la inflación en el 0,8% y haberles adelantado también un 2% con anterioridad. Este sindicato
entiende que las cláusulas de revisión salarial se redactaron para ajustar los sueldos al alza, no a la baja, pues no era ese el espíritu con el que se concibieron, para no perder poder adquisitivo. La respuesta fue inmediata. Se interpusieron una serie de demandas judiciales que comenzaron en Cartagena, donde los prejubilados de Bazán son más de 700. Los servicios jurídicos de CCOO, a instancia de Industria de CCOO de la Región de Murcia, planteó una primera demanda de cantidad en los Juzgados de lo Social de Cartagena a primeros de 2009. Posteriormente, MCA-UGT interpuso un conflicto colectivo en Madrid, referido solo a los expedientados en 2004, dejando incomprensiblemente fuera a los de 1999. La Audiencia Nacional dio la razón a la empresa, desestimando la demanda del sindicato. Posteriormente, un informe de los servicios jurídicos de CCOO sirvió para presentar un recurso que fue ganado en una sentencia del 22 de noviembre de 2010 del Tribunal Supremo, que (ahora sí) le daba la razón.
Dos asambleas en dos meses Industria de CCOO de la Región de Murcia convocó el 4 de enero una asamblea de afiliados prejubilados de
En la calle contra las políticas del Gobierno Trabajadores del sector del metal se manifestaron el 18 de diciembre por las calles de Murcia en contra de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno bajo el lema "Por el empleo, la negociación colectiva y la industria”. 6
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Izar (los nacidos entre 1943 y 1952) que salieron en los expedientes de 1999 y 2004, a quienes afecta por igual la demanda. Se les propuso establecer un protocolo de demandas individuales. Van a reclamar cantidades que giran en torno a 1.100 euros por persona, que incluyen el descuento de enero de 2009, la cantidad dejada de percibir ese año, lo que no se percibió en 2010, los descuentos de enero, febrero y marzo de ese ejercicio y la cantidad no percibida por ese concepto entonces, además del garantizado a partir de enero de 2011. La asamblea, conducida por el secretario general de Industria de CCOO de la Región de Murcia, junto al abogado del sindicato, tuvo una concurrida asistencia. Tomaron la palabra en varias ocasiones para aclarar dudas, ya que la cuestión era técnicamente compleja. Paralelamente, UGT difundió una circular a mediados de enero que anunciaba que la empresa estaba dispuesta a pagar tras un acto de conciliación celebrado el día 13 en el SIMA en Madrid y que, por lo tanto, no iba a ser necesaria la presentación de reclamaciones individuales (de hecho, ese sindicato no ha convocado a su afiliación para tal fin). A Industria de CCOO le sorprendió tal información, ya que tenía el acta de la reunión en la que la empresa no se avenía y expresaba su desacuerdo en la conciliación. Finalmente, se verificó que la información difundida por UGT no era correcta: en la nómina de enero se les pagó únicamente a los trabajadores del expediente la primera de las cinco cantidades adeudadas. A la vista de eso CCOO convocó una segunda asamblea el 3 de febrero para explicar la situación en que se encontraba el proceso después del cobro de la primera nómina de 2011. Este sindicato considera que la empresa todavía adeuda dinero a los trabajadores prejubilados de IZAR y de ello se informó en la asamblea, que fue aun más concurrida que la celebrada el 4 de enero. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia dejó claro una vez más que sigue siendo necesaria la presentación de reclamaciones individuales para que la empresa acabe abonando hasta el último euro, tanto para los expedientados en 2004, a los que les va a resultar fácil ganar el pleito, como a los de 1999, que no van a tenerlo tan fácil, al poder haber prescrito el plazo. El montante total de las cantidades adeudadas ascendería a 18 millones de euros que se repartirían entre los más de cuatro mil trabajadores prejubilados de los centros de la antigua Izar (Cartagena, Ferrol, Fene, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Madrid, Gijón, Sestao, Sevilla y Manises) fi
A pesar de las malas condiciones climatológicas, miles de personas salieron a la calle ese día contra la política de recortes que defiende José Luis Rodríguez Zapatero. La manifestación comenzó a las seis y media de la tarde y terminó hora y media después, partiendo desde la plaza Fuensanta hasta la delegación del Gobierno, donde intervinieron los secretarios generales de CCOO y UGT. La Federación de Industria tuvo una amplia participación con trabajadores de las empresas más importantes de la región entre las que estaban Navantia, Mivisa, Pramac Iberica y Howden. CCOO rechazó las medidas del Gobierno y pidió que se retirara la reforma laboral que está destruyendo empleo y facilita el despido. Este sindicato consideró entonces que no era necesario reformar las pensiones de la manera que pretendía Zapatero y salió a la calle para defender la negociación colectiva fi
ACTUALIDAD
Los empleados públicos pagan la mala gestión del PP en la Región de Murcia [ Ley de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ley cuya justificación se ampara en la exigencia de control del déficit de las cuentas públicas comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, supone un durísimo recorte a las El pasado 23 de diciembre, la Asamblea Regional de Murcia, Parlamento Autonómico, aprobó, con los únicos votos a favor del grupo parlamentario popular, una “Ley de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Esta ley, promovida por el Gobierno regional, fue presentada como proposición de ley por el Partido Popular el día 22 de diciembre y tramitada de manera urgente y sin posibilidad de discusión ni presentación de enmiendas. Su presentación se produce tan sólo dos días después de que el mismo órgano legislativo aprobase los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia (en adelante CARM) por lo que, dado su contenido, en la práctica es una enmienda, o autoenmienda, a la totalidad de dichos presupuestos, que pasarán a la posteridad como los más efímeros de la historia constitucional española. La Ley, cuya justificación se ampara en la exigencia de control del déficit de las cuentas públicas comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, supone un durísimo recorte a las condiciones de trabajo, salariales, sociales y de representación, de los cerca de 60.000 empleados públicos de la Región de Murcia; y que repercutirá directamente en una merma de servicios públicos sobre todo en las áreas de educación, sanidad y políticas sociales. La norma aprobada por la Asamblea Regional murciana supone, en el grueso de su contenido, la derogación de todos los acuerdos y pactos en materia de relaciones laborales suscritos por la CARM desde el año 1998, hasta la actualidad. No solamente se reducen sensiblemente las percepciones salariales: 75 euros/mes para todos los docentes de los niveles no universitarios, 10% de reducción de los complementos de turnicidad para los empleados del Servicio Murciano de Salud reducción que viene a sumarse al recorte del 5% fruto del Decreto Ley 8/2010 del Gobierno de Zapatero, sino que se producen también recortes en prestaciones sociales ligadas al Plan de Acción Social (complementos de seguros médicos, ayudas a estudios, etc), una reducción del 25% del salario desde el primer día de baja médica, la ampliación de la jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, y una drástica reducción de los créditos horarios por representación de los trabajadores, en la línea de lo iniciado por la “lideresa” madrileña, Esperanza Aguirre. Se impone de esta manera un auténtico “estado de excepción laboral”; asistimos, no sólo a un ataque frontal a los derechos laborales, sino una auténtica aniquilación del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. El atraco contra el sector público murciano perpetrado por el Gobierno del Partido Popular sitúa en primer plano y desvela las intenciones y estrategias de los “populares” para hacer frente a la crisis. El Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel, un político mediocre cuyo único mérito ha sido sacar rédito político de los deméritos de la oposición, apoyándose en el crecimiento económico regional de la última década, cuyas bases se hunden (y se han hundido) en la especulación urbanística y en un “nacionalismo hídrico”, planteado como enfrentamiento con otras comunidades y con la bandera del trasvasismo como todo argumento, ha puesto, al igual que el Gobierno central, a los empleados públicos en el centro de la diana, convirtiéndolos en paganos de la crisis. El “milagro murciano”, que en la década 1996-2006 hizo que el PIB de la Región creciese por encima de la media nacional, se ha venido abajo como un castillo de nai-
condiciones de trabajo, salariales, sociales y de representación, de los cerca de 60.000 empleados públicos de la Región de Murcia; y que repercutirá directamente en una merma de servicios públicos sobre todo en las áreas de educación, sanidad y políticas sociales ]
La movilización continúa Tras la ruptura de las negociaciones, la movilización continúa: El pasado 10 de febrero, una nueva manifestación volvió a sacar a las calles de Murcia a más de 40.000 y para el 1 de marzo, fecha en la que debe entrar en vigor la modificación de la ley acordada con los sindicatos corporativos, está prevista una nueva jornada de protesta, la novena desde que comenzase el conflicto. La senda emprendida por el Gobierno regional murciano, y por el central, puede significar un camino de no retorno que termine consolidando la destrucción de todas las redes de protección social y de servicios públicos que tantos años tardó en construir nuestro país. La salida de la crisis, lo hemos dicho hasta la saciedad, no puede pasar por destruir tejido social, derechos sociales y laborales, por renunciar a conquistas que han costado décadas de lucha, por retroceder en derechos. Es necesaria una salida que identifique claramente a los responsables de la misma y que se afronte desde una perspectiva social y progresista fi
pes, sin que el Partido Popular, con una mayoría absoluta insultante (más de 30 puntos por encima del PSOE), sea capaz de alumbrar nuevas estrategias para construir unos cimientos más sólidos para la economía regional. El Partido Popular de la Región de Murcia ha tomado la decisión de que sea el personal del servicio público dependiente de la CARM quien pague, con recortes salariales y de derechos básicos, los platos rotos de la mala gestión del Gobierno; una gestión presidida por proyectos megalómanos (la única provincia española con dos aeropuertos, uno de ellos en construcción y otro, San Javier, infrautilizado.), y con unos presupuestos , desde 2009, ficticios y tramposos. El Presidente Valcárcel y su Gobierno han pretendido presentar la Ley como unas medidas coyunturales, pero la derogación planteada de los acuerdos supone automáticamente que quedan excluidos del ordenamiento jurídico, tratándose por tanto de una medida definitiva e irreversible, asumiendo la Asamblea Regional una capacidad derogatoria de la vigencia de tales pactos que es una extralimitación en el título competencial del que dispone la CARM para ordenar la función pública. Se vuelve a acudir a lo fácil, exprimir al personal público, buscar el enfrentamiento entre ciudadanía y empleados públicos, permitir el deterioro de los servicios públicos de educación, sanidad y políticas sociales, en vez de buscar otras vías, otras alternativas. Sabemos, y no es un descubrimiento, que el dictado de los mercados marca la estrategia. Murcia, al igual que Madrid, Galicia, Valencia, pueden estar constituyéndose en laboratorios de experimentación de la “estrategia popular”, esa que se calla, pero que poco a poco va abriéndose paso de la mano del campo allanado por el Gobierno central. La lógica que impera en la política del presidente Valcárcel es la misma que la que arguye Rodríguez Zapatero para imponer nuevos recortes en materia de pensiones y negociación colectiva, que se suman a una Reforma Laboral que sigue facilitando el despido y consagrando la temporalidad. Tras la aprobación de la Ley, en incluso el día antes, miles de empleados públicos se han echado a la calle en unas movilizaciones masivas, y algunas espontáneas, que han llegado a reunir en la capital murciana a cerca de 60.000 personas el pasado 25 de enero. La presión social ha obligado al Gobierno a iniciar negociaciones con las organizaciones sindicales representativas de los empleados públicos; si bien es cierto que algunas de ellas no tienen, en estos momentos, ni siquiera representación en sus propias Mesas Sectoriales. Desde un primer momento, las organizaciones más cercanas ideológicamente al Partido Popular, sobre todo CSIF, han intentado “maquillar” la Ley y resquebrajar la unidad sindical, llegando, por fin, el pasado 8 de enero a la ruptura de negociaciones, produciéndose la división entre la organizaciones que seguimos reclamando la derogación de la Ley: CCOO, UGT y STERM-Intersindical y quienes han terminado por apoyar una tímida modificación de algunos de sus aspectos, fundamentalmente los relacionados con temas estrictamente salariales; dejando sin tocar aquellos aspectos de la ley que han supuesto mayor rechazo social y que tienen que ver con la derogación de derechos y el aumento de la jornada laboral con la consiguiente perdida de empleo fi
ANTONIO RUBIO CALÍN SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE CCOO REGIÓN DE MURCIA
MURCIA SINDICAL
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Plan de formación del metal CCOO sigue trabajando por una mayor cualificación de los trabajadores La Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia extiende la formación a las zonas de Cartagena, Murcia y Lorca apostando por una mayor cualificación de los trabajadores y
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trabajadoras de su sector. Esta oferta formativa va destinada a quienes trabajan en empresas del metal, son autónomos o desempleadosfi
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Los compañeros de Mivisa Murcia reciben un curso de formación sindical El viernes 11 de febrero se celebró una jor nada de for mación con la sección sindical de CCOO en Mivisa Murcia en la que participaron 16 compañeros y compañeras. Las jornadas, que tuvieron lugar en el centro de formación que la Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia tiene en Cartagena, se dividieron en tres partes. En la primera se hizo un recorrido por la historia del sindicato Comisiones Obr eras y después se
abordó el capítulo de la contratación, en el que se entró a explicar con detalle cómo afecta la refor ma laboral a determinados tipos de contratos. En el transcurso de la jor nada también se dedicó un tiempo a abordar el acuerdo de pensiones, para terminar haciendo un repaso a la manera en que el sindicato se organiza internamente. Por la tarde los miembros de la sección sindical pudieron visitar las instalaciones de la empresa Navantiafi
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EDITA: Coordinadora de la Federación de Industria de CCOO de la Región de Murcia. C/ Alameda de San Antón, 4. 30205 Cartagena. Tel. 968 505 536. Fax. 968 503 666 CONSEJO EDITORIAL: Pedro Bernal Berlanga/Enrique Bruna Ros. REDACCIÓN: Pedro Bernal Berlanga/Nuria Silván/Arantxa Rochet. PRODUCCIÓN: Carmen de Hijes Depósito legal M-25757-2009. Tirada de este número 3.300 ejemplares