La reforma a la legislación agraria en 1992, desprotegió a las tierras indígenas al despojarlas del carácter inalienable, inembargable e imprescriptible que habían tenido durante toda la época posrevolucionaria, en una lógica de destrucción de la apropiación colectiva de la tierra de ejidos y comunidades para su incorporación al mercado. Así lo expresa la Agenda de la Red “Todos los derechos para todas y todos” cuando dice: “La punta de lanza para la individualización y privatización de las tierras de propiedad social, lo constituye el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y su símil para el caso de las comunidades indígenas (PROCECOM). “Junto con las nuevas leyes agrarias, toda una generación de reformas a las leyes con incidencia en el sector rural, pero sin consultas legítimas, han venido a conformar nuevas amenazas al territorio indígena y sus recursos, por ejemplo: La ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF 25/02/05), la Ley de Aguas Nacionales (DOF 29/04/04), la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (DOF 18/03/05), la Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de Recursos Genéticos, aprobada en el Senado (DOF 27/04/05), la Ley de Propiedad Industrial (DOF 16/06/05) y la Ley Minera (DOF 28/04/05). “En todas ellas se fortalece la liberalización del acceso a los recursos en las tierras de propiedad social y se fragmentan de manera arbitraria los derechos a la tierra, al agua, al bosque, a los recursos genéticos, a los recursos del subsuelo, entre otros. “Derivado de la reforma al Artículo 27, el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (PROCEDE), impulsado en la última década va minando, aunque no sin resistencias, la propiedad colectiva de las tierras. Dicho programa pretende otorgar en propiedad individual las parcelas de cultivo de cada uno de los campesinos con el fin de incluirlas en el mercado. “En territorios en los que el PROCEDE ha sido implementado, se observa que si bien los ejidos y comunidades pueden decidir el régimen de tenencia de la tierra, las presiones económicas los han obligado a aceptar el programa y poner sus tierras como garantía de créditos agrícolas hasta el punto de verse obligados a venderlas. En el mejor de los casos, aun y cuando los indígenas retengan su parcela, la certificación individual de la tierra tiene como efecto perder el control de las tierras de uso común
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