Los compromisos por lado de los ingresos también incluyen medidas para fortalecer la administración tributaria, en especial, los mecanismos de fiscalización y recaudación, así como eliminar disposiciones que faciliten la evasión fiscal. Además, se contempla el compromiso de evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias para eliminar los abusos.
2. Origen y Antecedentes del Proceso de Pacto Fiscal . Los principales actores nacionales e internacionales relacionados con el proceso de paz comparten la idea de que el desarrollo y suscripción del pacto fiscal constituye un hito en la historia de Guatemala, y están de acuerdo en que junto a los Acuerdos de Paz, representa uno de los esfuerzos más importantes de concertación social. Sin embargo, también existe la percepción de que, pese a su importancia política y a su contenido técnico, el Pacto Fiscal no ha alcanzado aún su objetivo fundamental: sentar las bases de una política fiscal de mediano y largo plazo y establecer un sistema fiscal moderno, eficiente y progresivo Para comprender los alcances del Pacto Fiscal, es necesario remontarse a las circunstancias en las que se originó. La primera es el incumplimiento, por parte del gobierno del PAN, del compromiso tributario incluido en los Acuerdos de Paz3. En este sentido, el pacto fiscal fue un recurso diseñado por la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (CA) para reencaminar al Estado hacia las metas tributarias que él mismo se fijó. La segunda se refiere a la dificultad de movilizar más recursos internos para financiar el desarrollo, debido a la resistencia de la sociedad y, en particular, del sector privado organizado a pagar impuestos. Esta oposición ha sido la causante del fracaso de al menos cuatro reformas tributarias implantadas en las ultimas dos décadas4. En este sentido, el Pacto Fiscal busca promover la concertación social para neutralizar, o al menos minimizar, el poder de veto de importantes sectores económicos, sociales y políticos y subsanar la relativa debilidad política del gobierno frente a esos sectores. La búsqueda de la concertación buscaba que el acto de formular e implementar la política fiscal se transformará en una responsabilidad de la sociedad y no solo del gobierno. Formalmente, el proceso del PF se originó en el Acuerdo de Recalendarización de la meta tributaria al año 2002 suscrito por la CA el 16 de octubre de 1998.Por esta razón, forma parte de los Acuerdos de Paz y es sujeto de la verificación internacional. La inclusión del PF como uno de los principales compromisos de dicho Acuerdo fue resultado de la negociación entre la CA y el gobierno a raíz de la solicitud realizada por éste último, en febrero de 1998, de recalendarizar la meta tributaria del 12% para el 20025 . Representó un importante paso en
3 Ver informes de Verificación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA. 4 Véase Palencia y Valdez (1999). 5 Las negociaciones se extendieron de febrero a octubre y resultaron difíciles por la posición del gobierno del PAN que no quería comprometerse con nuevos impuestos. Un importante sector del gobierno, incluido al Ministro de Finanzas Arévalo, se oponía fuertemente a la realización de un pacto fiscal. La salida de Arévalo y la llegada de Peter Lamport favoreció el proceso de diálogo, ya que este apoyó firmemente el Pacto Fiscal. Por lo demás, también había fuertes divisiones al interior de la CA, ya que los miembros no gubernamentales, como la URNG, no estaban dispuestos a darle un cheque en blanco al gobierno al aceptar la recalendarización sin algún compromiso de implementar la reforma fiscal. Además, MINUGUA tampoco aceptaba una recalendarización de la meta tributaria sin que existieran las suficientes garantías de cumplimiento y sin que se aplicaran medidas tributarias de corto plazo.
La suscripción del Pacto Fiscal
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